Jose Antonio Sanchez Bautista

Expediente 375/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
375/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Jose Antonio Sanchez Bautista
  • Jose Antonio Sanchez Bautista y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgados a las partes, a efecto de que desahogaran la vista ordenada en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I. Mediante escrito presentado el ocho y once de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************, por propio derecho y ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************. solicitaron el amparo y protección federal contra actos de los Magistrados de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. II. Efectos de la sentencia de amparo. De constancias de autos se advierte que en diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo, la cual se resolvió bajo los siguientes puntos resolutivos: "[1] Deje insubsistente la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Familiar ********************; y en su lugar emita otra diversa, en la que deberá reiterar las cuestiones ajenas a la presente protección, y en relación a lo que sí es: [2] i) En principio, debe delimitar que el recurso de apelación que se interpone en contra del auto de fija la pensión provisional, no puede tener el alcance de cancelar o dejar insubsistente la medida provisional decretada por el Juzgado de Primera Instancia; esto si en el momento en que se dictó, se acreditó plenamente el título en que se demandó. [3] ii) Atendiendo los vicios formales destacados en esta ejecutoria, resuelva congruente y exhaustivamente, con fundamentos y motivos suficientes, la cantidad que se deberá fijar por concepto de pensión provisional a favor de los tres acreedores del juicio de alimentos de origen. Para ello, deberá valorar las necesidades de cada uno, de conformidad con lo expuesto en esta resolución; y en relación a la menor, además debe considerar su interés superior. [4] Respecto de la capacidad del deudor alimentario tiene que considerar que cubre a sus diversos acreedores de alimentos ********************y ********************, (ajenos a la presente litis), un 25 % (veinticinco por ciento) y un 20 % (veinte por ciento) de los sueldos que percibe. En consecuencia, en la pensión que fije, tendrá que razonar los motivos por los cuales determine que el monto establecido no es humanamente imposible que lo cubra el demandado, haciendo ese derecho nugatorio o dificultando la propia subsistencia del deudor alimentario." Misma que causó ejecutoria el diez de octubre de dos mil veintidós y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable para los efectos precisados. III. Trámites de cumplimiento. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realizó lo siguiente: Mediante oficio 644, remitió copias certificadas de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca familiar ********************, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Análisis la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca familiar ******************** Efectos: (Ejecutoria de diez de octubre de dos mil veintidós). Trámites de cumplimiento: (Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad). [1] En sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca familiar ********************, dejó insubsistente la resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós. (Fojas 328 a 401 del juicio de amparo ********************y su acumulado ********************) [2]"...En relación a las pruebas supervinientes exhibidas por el demandado aquí apelante ********************, ante esta Sala Familiar, mediante escrito de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, consistentes en la copia certificada de la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, y del auto que la declara firme, de fecha ocho de noviembre del citado año, dictados en el expediente número 22/2021-III, relativo al juicio de divorcio incausado, tramitado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, documentales que al tratarse de actuaciones judiciales, en términos de lo dispuesto por el artículo 298 fracción VII, en relación con el 350 del Código Procesal Civil vigente, merecen plena validez probatoria, para tener por acreditado que se disolvió el vínculo matrimonial que unía al demandado con la actora. No obstante a lo anterior, se estima que las consecuencias legales que conlleva, el hecho de que las partes hayan disuelto el vínculo matrimonial que los unía, es una circunstancia que deberá ser analizada al momento de dictar la sentencia definitiva; lo anterior se considera así, porque el auto de radicación donde se fijó la medida provisional de alimentos, se dictó el veintitrés de junio de dos mil veinte, determinación que notificó al demandado el nueve de diciembre de ese mismo año, y el dieciséis de diciembre fue apelada por éste, además por auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió el testimonio de apelación por este Tribual de Alzada, y se dio término a los apelados para contestar los agravios expuestos por el demandado. La mencionada prueba fue ofrecida por el apelante ante esta Sala Familiar, mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, y se proveyó el catorce de enero de dos mil veintidós ordenándose dar vista con su contenido por un término de tres días. De los antecedentes narrados se advierte que, la disolución del vínculo matrimonial fue posterior al dictado de la medida provisional de alimentos, incluso, ulterior a la fecha en que el deudor alimentario interpuso el recurso de apelación, por ende, la circunstancia de que se haya disuelto el vínculo matrimonial que unía a las partes del presente juicio, no es materia de estudio del recurso de apelación que nos ocupa." (Fojas 375 vuelta de hoja a 376 vuelta de hoja ídem) [3]".Por otra parte, en cuanto al porcentaje de pensión alimenticia provisional, consistente en el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que obtiene el demandado en su fuente de trabajo, decretado en el auto recurrido, debe decirse que efectivamente le asiste la razón al recurrente de que dicho porcentaje atenta contra el principio de proporcionalidad que se debe acatar en los juicios de alimentos, dado que en el presente caso, el juez de primera instancia de forma errónea, tomó en consideración para fijar el monto de la pensión alimenticia tanto a la actora ********************, como a sus dos hijos, siendo que, como quedó establecido en los párrafos que anteceden, la actora hasta el momento en que se resuelve el presente recurso de apelación, no acreditó su urgente necesidad de percibir alimentos a su favor, en virtud de que basó su derecho a percibir alimentos en el hecho de ser cónyuge del demandado, sin que se desprendiera de los hechos de su demanda alguna circunstancia por la cual pudiera considerarse que tiene la necesidad urgente de recibir alimentos de parte de su cónyuge; por su parte, el demandado en esta segunda instancia acreditó que la actora percibe ingresos al ser trabajadora de la Secretaría de Salud. Por las consideraciones expuestas, se procede a realizar un nuevo análisis de los alimentos que, hasta este momento, deberán ser decretados en favor de los hijos de los ********************y la menor ********************., bajo las consideraciones siguientes: El artículo 397 del Código Procesal Civil vigente, establece que para fijar los alimentos, el natural debió analizar debidamente la capacidad económica del deudor alimentario, y las necesidades de sus dos acreedores alimentarios, partiendo de lo que obra en autos, por tratarse de una medida precautoria, toda vez que los alimentos se fijaron de forma provisional, es decir en tanto se desahoguen las probanzas aportadas por las partes del presente juicio o las que se hagan llegar al juicio, esto porque se corre el riesgo de que la cantidad fijada exceda la percepción total del obligado o que no sea suficiente para solventar las necesidades de quien tenga derecho a recibirlos; además, por regla general, la promoción de un juicio a efecto de exigir el suministro de alimentos, lógicamente presupone la imperiosa necesidad de recibirlos, porque la instauración de este procedimiento de naturaleza provisoria, urgente y de orden público, tiende a proteger la subsistencia del acreedor o acreedores alimentarios; por ende, hasta este momento procesal, la actora al comparecer a juicio a solicitar alimentos, en representación de su menor hija de iniciales ********************., tiene la presunción de necesitarlos, así como el acreedor mayor de edad hijo de los litigantes, quien se apersonó ante este Tribunal de Alzada a deducir sus derechos, y exhibió la constancia de estudios de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se aprecia se encuentra inscrito en el primer semestre de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, la que en términos de lo dispuesto por el artículo 298 fracción II, en relación con el 350 del Código Procesal Civil vigente, merece plena validez probatoria; por lo que también le asiste el derecho para percibir alimentos de parte de su progenitor al encontrarse estudiando; por ende, se deben tomar en cuenta los gastos que éstos acreedores realizan por concepto de alimentación, habitación, educación y salud, los que al tratarse de hechos notorios no necesitan ser probados, conforme a lo dispuesto por el artículo 267 fracción I del Código Procesal Civil vigente. Consecuentemente, la medida provisional de alimentos se fija como lo señala el dispositivo 563, párrafo segundo del Código Procesal Civil vigente, porque hasta este momento procesal del juicio, únicamente se toma como base la información que señala la peticionaria, en virtud de que los alimentos son una medida cautelar que se encamina a la protección dada por el legislador para garantizar la supervivencia, en este caso, de los dos acreedores alimentistas mientras se resuelve el juicio en el fondo. Por lo anterior, tenemos que, si el numeral antes precisado prevé el otorgamiento inmediato, debiéndose fijar los alimentos provisionales de acuerdo al arbitrio que la ley concede al juzgador para determinarla. Bajo ese contexto, tenemos que los alimentos deben decretarse de manera pronta, puesto que son de tracto sucesivo y permanentes, que se requieren de momento a momento, es decir se trata de alimentos consumibles, de ahí que aunque el juzgador no tenga mayores datos de la capacidad económica, deben estos decretarse, además que son de manera provisional y están sujetos a ser modificados ya sea durante el procedimiento o en sentencia definitiva, de ahí que es de mencionar que las partes tienen a salvo sus derechos para aportar sus respectivas pruebas durante la secuela del juicio que nos ocupa, mismas que serán valoradas y analizadas en el momento procesal oportuno. Sustenta la consideración anterior la tesis del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. PENSIÓN PROVISIONAL. SU MONTO SE FIJA SIN PERJUICIO DE LO QUE SE RESUELVA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).Se transcribe. Ahora bien, se estima que al estar involucrados en el asunto que nos ocupa el derecho alimentario de una menor de edad, se debe velar y respetar su interés superior, conforme a lo dispuesto por los numerales 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 387 y 388 del Código Civil vigente para el Estado de Guerrero, que establecen: Se transcriben Numerales de los que se desprende, que los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de vida satisfaciéndoles sus necesidades, como son comida, vestido, habitación, la atención médica, la hospitalaria y educación para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Ahora bien, respecto a los alimentos los artículos 392 y 397 del Código Civil vigente señalan: Se transcriben Preceptos que establecen que los padres están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos, además fijan las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales como ya se dijo, obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria, debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero además debe de tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen; pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el estatus social en que se desenvuelve y al que está acostumbrado. Esto con base a la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).Se trascribe Los lineamientos que se establecen en la jurisprudencia invocada, se observa que no fueron atendidos debidamente en el auto recurrido, porque no fueron analizados de manera precisa y concreta las particularidades de las partes del juicio, el entorno social en que se desenvuelven, como sus circunstancias particulares, lo que conlleva a que el auto recurrido, carezca de la debida motivación, por lo que al no existir reenvío en materia de apelación, este Tribunal de Alzada procederá a subsanar dicha omisión de la manera siguiente: Los alimentos provisionales cuyo monto aquí se analiza, están destinados para satisfacer las necesidades alimenticias de los dos hijos de los ********************y la menor ********************., quienes cuentan con diecinueve y catorce años de edad, la segunda de las nombradas, por su minoría de edad y el hijo mayor de edad al encontrarse estudiando sus estudios universitarios, tiene la imperiosa necesidad que el demandado les proporcione los recursos suficientes para cubrir sus necesidades alimenticias. Obligación que se deriva del artículo 392 del Código Civil vigente, el que establece: "Los padres estarán obligados a dar alimentos a sus hijos.". Ahora bien, si los alimentos en términos de lo dispuesto por el artículo 387 y 388 del Código Civil vigente, comprenden la comida, educación, vestido, habitación, asistencia médica y recreación, enseguida se analizarán cada uno de estos rubros para estar en condiciones de establecer el monto de pensión alimenticia provisional; lo que se hace de la siguiente manera. a) Comida: en la especie tenemos que los dos acreedores, como se dijo con anterioridad, en la actualidad cuentan con diecinueve y catorce años de edad, respectivamente, por lo que se estima deben alimentarse adecuadamente para lograr un óptimo desarrollo, por ello debe administrárseles tres comidas al día, que comprenden el almuerzo, comida y cena, por lo que al no demostrarse que tengan necesidad de llevar una dieta especial en su alimentación por prescripción médica. b) Educación: Respecto a este rubro la actora demostró que la menor ********************., en el ciclo escolar 2019-2020 se encontraba cursando el sexto año de educación primaria, tal como se desprende de la constancia de estudios expedida por el Director de la Escuela Primaria Primer Congreso de Anáhuac, de fecha diecisiete de junio de dos mil veinte; por su parte, el acreedor mayor de edad ********************, ante esta Sala Familiar exhibió su constancia de estudios donde se indica que es estudiante de la carreta de Ingeniera en Sistemas Computacionales durante el ciclo escolar comprendido del treinta de agosto de dos mil veintiuno al diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, informe rendido por la Jefa del Departamento de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Guerrero, documentales que en términos de lo dispuesto por el artículo 298 fracción II, en relación con el 350 del Código Procesal Civil vigente, se les otorga validez probatoria, para acreditar que los acreedores erogan gastos mensuales por compra de útiles escolares, uniformes, material escolar, y para contar con los medios tecnológicos necesarios para poder cumplir con sus actividades escolares, como es el caso del servicio de internet; gastos que al ser hechos notorios, en términos de lo dispuesto por el artículo 267, fracción I, del Código Procesal Civil vigente del Estado de Guerrero, no requieren ser probados. c) Vestido: No es un gasto que se considere excesivo, puesto que no se encuentra demostrado que los acreedores alimentarios del presente juicio, utilicen ropa o calzado especial, indicado por algún médico especialista; pero no por ello deben desestimarse las erogaciones que realizan por este rubro, porque este aspecto es totalmente indispensable en el desenvolvimiento de la vida en sociedad; más aún, que la menor hija de los hoy litigantes es menores de edad, por ende, está en pleno desarrollo físico, por lo que necesita ropa y calzado con mayor frecuencia que las personas adultas. d) Habitación: Por cuanto a este rubro, tenemos que la accionante no manifestó que junto a sus menores hijas eroguen gastos por concepto de renta; no obstante ello, se deben tomar en cuenta los gastos del hogar, los que implican cubrir los pagos por consumo de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, agua purificada, teléfono, internet, mantenimiento del hogar, la compra de gas doméstico, así como los productos de higiene y diversos enseres del hogar, de los que si bien la actora no ofreció pruebas para demostrar todas estas erogaciones, al tratarse de hechos notorios, en términos de lo dispuesto por el artículo 267 fracción I del Código Procesal Civil vigente, se estima que los acreedores realizan gastos considerables por este concepto. e) La asistencia médica: Por cuanto a este rubro, debemos decir que no se acredita que los acreedores alimentarios del presente juicio se encuentran afiliadas para recibir el servicio médico que brinda algún instituto de seguridad social; por ende, se debe tomar en cuenta los gastos que eroguen por este concepto, porque al ser el acceso a la salud un derecho humano contenido en el artículo 4º Constitucional, tienen el derecho de atenderse con médicos particulares si así lo estiman necesario, por la imperiosa necesidad de recibir atención médica de manera eficaz y oportuna cuando así se requiera. f). En La figura jurídica de los alimentos, también se comprenden los gastos de recreación, los que se encuentran previstos en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez"; por lo que al tener toda persona este derecho, por ser el esparcimiento parte del desarrollo físico, psicológico, emocional e intelectual; los acreedores alimentarios del presente juicio, deben contar con los recursos económicos necesarios para que puedan cubrir este rubro, para su buen desarrollo físico, psíquico e intelectual. Los rubros anteriormente analizados deben ser cubiertos con la pensión alimenticia que le corresponde proporcionar al demandado hoy apelante, los que se advierte no resultan ser extremadamente elevados. Particularidades de los acreedores alimentarios del presente juicio. Al respecto debe decirse, que su familia se encuentra desintegrada, al haberse acreditado en autos que sus progenitores se encuentran divorciados. También se estima que los acreedores tienen tendencias a superarse, porque se encuentran estudiando y el mayor de ellos ya cursa sus estudios profesionales. Por todo ello, se infiere que cuentan con buenas costumbres, por no desprenderse lo contrario. (Fojas 376 vuelta de hoja a 397 ibídem) [4]"...Por lo que toca a la posibilidad del demandado aquí apelante, cabe decir, que en esta etapa procesal no se tienen todos los elementos suficientes que permitan conocer a plenitud su capacidad económica; sin embargo, se toma en cuenta lo manifestado por la actora en su escrito de demanda, en relación a que el demandado, obtiene ingresos al laborar como maestro frente a grupo en el CBTIS número 1345 y en su segundo trabajo como administrativo en la Secretaría de Salud. Hecho que fue admitido por el aquí apelante en sus agravios. Lo expuesto por ambas partes se corroboró con los recibos de nómina que exhibió el propio demandado ante el Juzgado Primero de Distrito, al exhibir sus recibos de pago ante dicha autoridad, los que obran en las fojas de la 14 vuelta a la 17 vuelta del presente cuaderno auxiliar de amparo, de los que se advierte que actualmente el demandado obtiene antes de los descuentos de ley, en el trabajo de la Secretaría de Salud la cantidad de $7,793.34, y del trabajo como maestro del CBTIS, la cantidad antes de descuentos de ley de $32,644.51; documentales públicas que en términos de lo dispuesto por los artículo 298 fracción II, en relación con el 350 del Código Procesal Civil vigente, tienen plena validez probatoria, con la que se acredita que el demandado aquí apelante, cuenta con capacidad económica para cubrir las necesidades de alimentación de sus menores hijas. Ahora bien, no pasa desapercibido para los que juzgan, que el demandado además de los aquí acreedores alimentarios cuenta con dos acreedores alimentistas más, como lo son su hija de iniciales ********************a quien le otorga el veinticinco por ciento del salario y demás prestaciones que obtiene en sus centros de trabajo, tal como se encuentra acreditado, con la copia certificada de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, celebrada en el expediente ********************, donde quedó asentado el convenio suscrito por el aquí apelante y la señora ********************. También exhibió copia certificada de la cédula de notificación del juicio especial de alimentos número ********************del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, que le demandó su hijo ********************, a través de su apoderada legal ********************, donde se le condenó al pago del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que obtiene en sus centros de trabajo en favor de su hijo mayor de edad ********************; documentales que al tratarse de actuaciones judiciales, en términos de lo dispuesto por el artículo 298 fracción VII, en relación con el 350 del Código Procesal Civil vigente, merecen plena validez probatoria, para tener por acreditado que el demandado, además de la pensión alimenticia fijada en el presente juicio, cuenta con otros dos descuentos de pensión alimenticia. Por otra parte, se estima deben ser tomados en cuenta los gastos que el apelante realiza para su propia subsistencia, los que al igual que los aquí acreedores comprenden la habitación, pago de servicios públicos del hogar como son: gas combustible, agua potable, energía eléctrica y enseres del hogar; asimismo eroga gastos por concepto de alimentación al cubrir sus tres comidas diarias, y los gastos para trasladarse a sus lugares de trabajo, asistencia médica y recreación, gastos que al ser hechos notorios no requieren ser probados, en términos de lo dispuesto por el artículo 267 fracción I del Código Procesal Civil vigente. Ahora bien, se estima que en el caso, se debe tomar en consideración que el principio de proporcionalidad a que se refiere el artículo 397 del Código Civil para el Estado de Guerrero, no fue atendido al determinarse por el juzgador de primera instancia el porcentaje relativo al cincuenta por ciento de los salarios y demás prestaciones que obtiene el demandado en sus fuentes de trabajo, sin que analizara debidamente la capacidad económica del deudor alimentario y la necesidad de los acreedores, por lo que se estima, que en el auto recurrido, se dejó de observar los principios de proporcionalidad y equidad para condenar al demandado al pago de la pensión alimenticia provisional impugnada. Por tanto, se estima que en el presente asunto, al condenar al apelante al pago de una pensión alimenticia provisional se debe analizar que el demando cuenta con otras dos pensiones alimenticias, de un veinte y un veinticinco por ciento de sus salarios, restándole un cincuenta y cinco por ciento de su salario, para hacer frente a las necesidades de sus hijos aquí acreedores y también para hacer frente a sus propias necesidades; en razón de que el concepto de alimentos, como se dijo con antelación, implica los gastos que se eroguen por comida, vestido, habitación, asistencia médica en casos de enfermedad, recreación, así como los gastos necesarios para proporcionar a los alimentistas algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia decretada en el auto impugnada, fue fijada de manera desproporcional, desatendiendo lo dispuesto en el artículo 397 del Código Civil del Estado de Guerrero, pues no debe perderse de vista que la proporcionalidad estriba, precisamente, en que los alimentos deben ser proporcionados en función de las posibilidades del que deba darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos, misma que deberá ser impuesta de manera proporcional a las posibilidades del deudor alimentario. Ello es así, ya que si bien en el ejercicio de la acción alimentaria se requiere que el acreedor demuestre no sólo su necesidad; asimismo, también debe ponderarse la circunstancia de que el deudor se encuentre en posibilidad económica de sufragarlos, lo que en el caso de mérito quedó acreditado, lo anterior tiene por objeto situar al juzgador en condiciones de fijar el monto de la pensión alimenticia que corresponda. Se afirma lo anterior, dado que de una recta interpretación del artículo 397 del Código Civil del Estado de Guerrero, es de establecerse un equilibrio entre los recursos del deudor y las necesidades del acreedor y a ello obedece el principio de proporcionalidad, a fin de determinar de una manera justa y equitativa para condenar al pago de alimentos, pues han de ser éstos proporcionados, pero debe tomarse en consideración no sólo los bienes o posibilidades económicas con que cuenta el deudor, sino también las necesidades de los acreedores que les permita su sustento en los aspectos biológico, intelectual y social, de esta manera el deudor debe proporcionar lo necesario para su vida, su salud y por tratarse de menores, para su educación, sin olvidar también las necesidades del propio deudor, circunstancias estas que atienden precisamente al principio de proporcionalidad a efecto de que se cumpla con todo su rigor. De lo anterior se colige que en el caso, también se debe analizar que porción le corresponde al deudor alimentario de sus ingresos mensuales que obtiene en sus dos fuentes de empleo, con la cual, como se dijo, también tiene que sufragarse sus propias necesidades personales. Lo anterior cobra sustento en la tesis aislada del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS, FIJACIÓN DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Se transcribe También es ilustrativa la tesis aislada II.1o.47 C (10a.), con registro digital 2012567, emita por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que este tribunal comparte, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Se transcribe Por ende, los principios de proporcionalidad y equidad que deben observarse a la hora de fijar el porcentaje de pensión alimenticia, atienden no solo a las necesidades de los aquí acreedores alimentarios, sino también a las necesidades del deudor alimentario JOSÉ ********************, quien como ya se dijo, con el sueldo que percibe tiene que sufragarse sus propias necesidades alimentarias. Por lo que, en el caso, la asignación de la pensión alimenticia provisional debe ser proporcional y equitativa, pues debe dividirse el ingreso del deudor entre sus aquí acreedores alimentarios, sus otros dos acreedores alimentarios quienes le demandaron pensión alimenticia de los cuales se fijó un veinte y un veinticinco por ciento de su salario, y el propio deudor alimentario, como lo manda el sentido de la ley, pues de otra forma se daría el caso de que al deudor alimentaria no cuente con los recursos indispensables para satisfacer sus propias necesidades alimenticias, verbigracia, alimentación, vestido, salud, calzado, esparcimiento, etcétera, como lo alega el apelante en sus agravios. Por lo anterior, es incuestionable que el Juzgador de Primera Instancia actuó de manera incorrecta en condenar al deudor alimentario al cincuenta por ciento de las percepciones que obtiene en sus dos fuentes de trabajo, al dejar de observar, en la especie, lo previsto por el artículo 397 del Código Civil del Estado de Guerrero, que dispone que los alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos, así como a la necesidad de quienes deben recibirlos, ya que no se tomó en consideración de que el deudor alimentario le debe corresponder también una cantidad suficiente para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, máxime que se encuentra separado de su familia; demás se debe de considerar que la actora al percibir ingresos, en términos de lo dispuesto por el artículo 392 del Código Civil vigente, también tiene la obligación de proporcionar alimentos a los aquí acreedores alimentarios. Lo anterior cobra sustento en la jurisprudencia XXI.1o. J/9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, con registro 197295, que dice : "ALIMENTOS. SU PROPORCIONALIDAD CUANDO AMBOS DEUDORES TRABAJAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO) Se transcribe Por otra parte, es de mencionarse que el porcentaje de pensión alimenticia se fija conforme a lo dispuesto por el artículo 397 del Código Procesal Civil vigente, que establece el principio de proporcionalidad en los alimentos, se debe aplicar del salario percibido y de todas las prestaciones a que tenga derecho el deudor alimentario; porque la base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformado por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, y, por regla general, sólo pueden formar parte de las deducciones excluidas de esa base salarial alimentaria, aquellas que se realizan por imperativo legal, como las fiscales, no así las contraídas personal y voluntariamente por el deudor alimentario. En estas condiciones, debemos entender por descuentos de ley, aquellas deducciones fijas que se le realizan, como son los correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR), por ende, es desacertado que alegue que al estársele realizando la retención de su salario derivado de la fijación provisional de alimentos, no se podrán realizar las deducciones correspondientes para que sean tomadas en consideración al momento de hacer su declaración del ejercicio fiscal, porque como se adujo, la pensión alimenticia fijada, se aplica previos descuentos de ley. Tal como se establece en las tesis del rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. DEDUCCIONES QUE DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN EN LA BASE SALARIAL QUE SIRVE PARA EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DECRETADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Se transcribe "ALIMENTOS. LA BASE SALARIAL QUE INTEGRA LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR NO INCLUYE LAS CANTIDADES POR DEDUCCIONES AL SALARIO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS QUE SATISFACEN NECESIDADES DEL ACREEDOR ALIMENTARIO O DEL PROPIO DEUDOR. Se transcribe En las anotadas condiciones, se advierte de los recibos de pago que constan en autos, que el demandado en su trabajo como administrativo en la secretaria de salud antes de los descuento de ley obtiene la cantidad de $7,793.34, la que al restarle el descuento de ley del ISR cuyo monto asciende a la cantidad de $2,435.34, se estima que el demandado en dicha fuente de empleo percibe la cantidad de $5,358 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100M.N.) de forma quincenal. Por su parte, el demandado en su segundo empleo como maestro del CBTIS obtiene de forma quincenal antes de los descuentos de ley la cantidad de $32,644.51, la que al descontarse los descuentos de ley como son el ISR $7,382.52, 1L $834.36, 2L $85.14, 3L 68.11, 4L $459.75 y 77 $7.26, obtiene como salario después de los descuentos de ley la cantidad aproximada de $23,807.35 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 35/100 M.N.) quincenales. Ahora bien, de acuerdo al análisis que ya se ha realizado respecto a las necesidades de las acreedoras y las posibilidades económicas del demandado, se arriba a la conclusión que el monto de la pensión alimenticia decretado en el auto recurrido, hasta el momento que se resuelve, debe ser modificado, tomando en consideración que la actora no acreditó la urgente necesidad de percibir alimentos de parte del demandado, y por ende, hasta este momento, no se le considerará como su acreedora, además también se debe considerar que el demandado cuenta con dos acreedores alimentarios más, a quienes les otorga el veinte y veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que obtiene en su fuente de trabajo; en las anotadas condiciones, en esta segunda instancia se decreta el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que, previas deducciones de ley, percibe el demandado ********************, en forma quincenal, en su dos fuentes de trabajo (Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud), a favor de sus aquí acreedores alimentarios ******************** y la menor ********************. Porcentaje que traducido en cantidad liquida, por cuanto al sueldo de la Secretaría de Salud asciende a la cantidad de $1,875 quincenales, es decir $3,750 mensuales; por su parte, en el salario de la Secretaría de Educación Pública, asciende a la cantidad de $8,332.45, que en forma mensual asciende a la cantidad de $16,664.9. Montos que sumados ascienden a la cantidad aproximada de $20, 414.9 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PERSOS 90/100 M.N.) de forma mensual, cantidad que, hasta este momento procesal, se estima suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de los, hasta este momento, considerados dos acreedores alimentistas del presente juicio. Restándole al demandado un porcentaje del veinte por ciento para cubrir sus propias necesidades de alimentación; además debe decirse, que tiene expedido su derecho para solicitar la reducción de las dos pensiones alimenticias de sus otros dos acreedores alimentarios, a fin de contar con los emolumentos necesarios para cubrir todas sus necesidades alimenticias. No se pasa por alto mencionar, que la medida decretada por concepto de alimentos es provisional, y que puede variar y fijarse de forma más equilibrada con base a las pruebas que en su momento procesal ofrezcan las partes y las que se desahoguen de oficio, como lo manda el sentido de la ley, por lo que dicho monto se fija sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. En la inteligencia, de que las diversas percepciones variables que obtenga el demandado, como aguinaldo y prima vacacional y demás emolumentos que perciba, auxiliarán para la satisfacción de las necesidades alimenticias de los acreedores del presente juicio. Sin que se pierda de vista, que el monto de los alimentos ahora decretado, será complementado con lo que pueda aportar la madre de los acreedores, quien se acreditó también percibe ingresos, y que además, está obligada a proporcionarlos, conforme a lo dispuesto por el artículo 392 del Código Civil vigente, al referir que "los padres estarán obligados a dar alimentos a sus hijos"; obligación que ya viene cumpliendo al tenerlos bajo su cuidado, ya que en el caso de la menor acreedora, se estima que le brinda su tiempo para asistirla personalmente en su aseo personal diario, en la preparación de sus alimentos, de llevarla y traerla de la escuela, de cuidarla a que asista regularmente, así como de ayudarla con sus tareas, y de allegarle los elementos necesarios para su subsistencia, de asistirla cuando se enferme, además de darle amor y cariño, para que dicha infante tenga un óptimo nivel de vida, lo que se verá reflejado en su vida adulta como personas de bien. (Fojas 386 a 397 del juicio de amparo en que se actúa) Nota: Lo resaltado es propio. Del análisis de las constancias antes analizadas por la autoridad responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, las cuales se tuvieron por recibidas en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós; se precisa que con respecto al efecto precisado con el numeral [4], debe decirse que en relación al salario precisado por la parte quejosa ********************, (en el juicio de amparo ********************y su acumulado ********************), se obtiene que de las documentales que anexó a su demanda de amparo (fojas 25 a 27 del juicio de amparo en que se actúa), relativas al salario percibido por el aludido quejoso, se obtiene que es por la cantidad de $20, 951.41 (veinte mil novecientos cincuenta y un pesos 41/100 moneda nacional); sin embargo, la autoridad responsable al momento de resolver la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca familiar ********************, tomó en consideración el salario de $32,644.51 (treinta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 51/100 moneda nacional). En ese entendido, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, este órgano estimó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida y se requirió a la responsable para que realizara lo siguiente lo siguiente: Respecto de la capacidad del deudor alimentario tiene que considerar que cubre a sus diversos acreedores de alimentos ********************y ********************, (ajenos a la presente litis), un 25 % (veinticinco por ciento) y un 20 % (veinte por ciento) de los sueldos que percibe. En consecuencia, en la pensión que fije, tendrá que razonar los motivos por los cuales determine que el monto establecido no es humanamente imposible que lo cubra el demandado, haciendo ese derecho nugatorio o dificultando la propia subsistencia del deudor alimentario. Para cumplir con lo requerido con respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y al auto de dieciocho de noviembre del año anterior, la autoridad de responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, mediante oficio 732 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, remitió el auto de la misma fecha en el que realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós y en su lugar dictó otra en la que estimó equitativo distribuir la pensión alimenticia provisional entre los padres de los acreedores alimentarios de manera equitativa, decretando por concepto de pensión alimenticia el 35% únicamente a favor de los hijos de los promoventes, de los ingresos y demás prestaciones que reciba el demandado como trabajador del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBETIS 134) de Chilpancingo y como trabajador de la Secretaria de Salud en el Estado. Lo anterior lo acreditó con las copias certificadas de los autos de referencia, que adjuntó a sus oficios antes mencionados. IV. Análisis del cumplimiento. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que: Dejó insubsistente la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Familiar ********************; y en su lugar emitió otra diversa, en la que reiteró las cuestiones ajenas a la presente protección. Delimitó que el recurso de apelación que se interpone en contra del auto de fija la pensión provisional, no puede tener el alcance de cancelar o dejar insubsistente la medida provisional decretada por el Juzgado de Primera Instancia; esto si en el momento en que se dictó, se acreditó plenamente el título en que se demandó. Atendiendo los vicios formales destacados en esta ejecutoria, resolvió congruente y exhaustivamente, con fundamentos y motivos suficientes, la cantidad que se deberá fijar por concepto de pensión provisional a favor de los tres acreedores del juicio de alimentos de origen. Para ello, valoró las necesidades de cada uno, de conformidad con lo expuesto en la resolución dictada en autos; y en relación a la menor, además debe considerar su interés superior. Respecto de la capacidad del deudor alimentario consideró que debe cubrir a sus diversos acreedores de alimentos ********************y ********************, (ajenos a la presente litis), y razonó los motivos por los cuales determinó que el monto establecido no es humanamente imposible que lo cubra el demandado, haciendo ese derecho nugatorio o dificultando la propia subsistencia del deudor alimentario. V. En desahogo a la vista de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa manifestó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, manifestando que la responsable resolvió de manera parcial en beneficio de los terceros interesado. Asimismo, la parte tercera interesada señaló que la ejecutoria no estaba cumplida, en razón de que manifiesta que la responsable no fundamentó ni motivo la resolución de veinticuatro de noviembre del año anterior. VI. En contestación a las manifestaciones vertidas por la partes una vez analizadas las constancias, se advierte que la autoridad responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma, al haber dejado insubsistente el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Familiar ********************, emitió un nuevo auto en el que reiteró las cuestiones ajenas a la presente protección; también delimitó que el recurso de apelación que se interpone en contra del auto de fija la pensión provisional; además resolvió congruente y exhaustivamente, con fundamentos y motivos suficientes, la cantidad que se deberá fijar por concepto de pensión provisional a favor de los tres acreedores del juicio de alimentos de origen. Para ello, valoró las necesidades de cada uno, de conformidad con lo expuesto en la resolución dictada en autos; finalmente, respecto de la capacidad del deudor alimentario consideró que debe cubrir a sus diversos acreedores de alimentos ********************y ********************, (ajenos a la presente litis), y razonó los motivos por los cuales determinó que el monto establecido no es humanamente imposible que lo cubra el demandado, haciendo ese derecho nugatorio o dificultando la propia subsistencia del deudor alimentario. Todo lo anterior la responsable lo realizó con libertad de jurisdicción en lo que conforme a derecho consideró. En el entendido que la autoridad responsable estaba obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, cuyos efectos ya fueron precisados en párrafos precedentes, en ese sentido, las manifestaciones que vierte las partes en sus escritos de desahogo, no es materia del presente juicio. VI. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. VII. Archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. Por tanto, en términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión será DESTRUIDO; porque se negó la medida cautelar, en incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************y su acumulado ********************, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por periodo vacacional de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada el doce de diciembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6957/2022, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgados a las partes, a efecto de que desahogaran la vista ordenada en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I. Mediante escrito presentado el ocho y once de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************, por propio derecho y ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************. solicitaron el amparo y protección federal contra actos de los Magistrados de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. II. Efectos de la sentencia de amparo. De constancias de autos se advierte que en diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo, la cual se resolvió bajo los siguientes puntos resolutivos: "[1] Deje insubsistente la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Familiar ********************; y en su lugar emita otra diversa, en la que deberá reiterar las cuestiones ajenas a la presente protección, y en relación a lo que sí es: [2] i) En principio, debe delimitar que el recurso de apelación que se interpone en contra del auto de fija la pensión provisional, no puede tener el alcance de cancelar o dejar insubsistente la medida provisional decretada por el Juzgado de Primera Instancia; esto si en el momento en que se dictó, se acreditó plenamente el título en que se demandó. [3] ii) Atendiendo los vicios formales destacados en esta ejecutoria, resuelva congruente y exhaustivamente, con fundamentos y motivos suficientes, la cantidad que se deberá fijar por concepto de pensión provisional a favor de los tres acreedores del juicio de alimentos de origen. Para ello, deberá valorar las necesidades de cada uno, de conformidad con lo expuesto en esta resolución; y en relación a la menor, además debe considerar su interés superior. [4] Respecto de la capacidad del deudor alimentario tiene que considerar que cubre a sus diversos acreedores de alimentos ********************y ********************, (ajenos a la presente litis), un 25 % (veinticinco por ciento) y un 20 % (veinte por ciento) de los sueldos que percibe. En consecuencia, en la pensión que fije, tendrá que razonar los motivos por los cuales determine que el monto establecido no es humanamente imposible que lo cubra el demandado, haciendo ese derecho nugatorio o dificultando la propia subsistencia del deudor alimentario." Misma que causó ejecutoria el diez de octubre de dos mil veintidós y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable para los efectos precisados. III. Trámites de cumplimiento. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realizó lo siguiente: Mediante oficio 644, remitió copias certificadas de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca familiar ********************, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Análisis la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca familiar ******************** Efectos: (Ejecutoria de diez de octubre de dos mil veintidós). Trámites de cumplimiento: (Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad). [1] En sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca familiar ********************, dejó insubsistente la resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós. (Fojas 328 a 401 del juicio de amparo ********************y su acumulado ********************) [2]"...En relación a las pruebas supervinientes exhibidas por el demandado aquí apelante ********************, ante esta Sala Familiar, mediante escrito de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, consistentes en la copia certificada de la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, y del auto que la declara firme, de fecha ocho de noviembre del citado año, dictados en el expediente número 22/2021-III, relativo al juicio de divorcio incausado, tramitado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, documentales que al tratarse de actuaciones judiciales, en términos de lo dispuesto por el artículo 298 fracción VII, en relación con el 350 del Código Procesal Civil vigente, merecen plena validez probatoria, para tener por acreditado que se disolvió el vínculo matrimonial que unía al demandado con la actora. No obstante a lo anterior, se estima que las consecuencias legales que conlleva, el hecho de que las partes hayan disuelto el vínculo matrimonial que los unía, es una circunstancia que deberá ser analizada al momento de dictar la sentencia definitiva; lo anterior se considera así, porque el auto de radicación donde se fijó la medida provisional de alimentos, se dictó el veintitrés de junio de dos mil veinte, determinación que notificó al demandado el nueve de diciembre de ese mismo año, y el dieciséis de diciembre fue apelada por éste, además por auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió el testimonio de apelación por este Tribual de Alzada, y se dio término a los apelados para contestar los agravios expuestos por el demandado. La mencionada prueba fue ofrecida por el apelante ante esta Sala Familiar, mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, y se proveyó el catorce de enero de dos mil veintidós ordenándose dar vista con su contenido por un término de tres días. De los antecedentes narrados se advierte que, la disolución del vínculo matrimonial fue posterior al dictado de la medida provisional de alimentos, incluso, ulterior a la fecha en que el deudor alimentario interpuso el recurso de apelación, por ende, la circunstancia de que se haya disuelto el vínculo matrimonial que unía a las partes del presente juicio, no es materia de estudio del recurso de apelación que nos ocupa." (Fojas 375 vuelta de hoja a 376 vuelta de hoja ídem) [3]".Por otra parte, en cuanto al porcentaje de pensión alimenticia provisional, consistente en el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que obtiene el demandado en su fuente de trabajo, decretado en el auto recurrido, debe decirse que efectivamente le asiste la razón al recurrente de que dicho porcentaje atenta contra el principio de proporcionalidad que se debe acatar en los juicios de alimentos, dado que en el presente caso, el juez de primera instancia de forma errónea, tomó en consideración para fijar el monto de la pensión alimenticia tanto a la actora ********************, como a sus dos hijos, siendo que, como quedó establecido en los párrafos que anteceden, la actora hasta el momento en que se resuelve el presente recurso de apelación, no acreditó su urgente necesidad de percibir alimentos a su favor, en virtud de que basó su derecho a percibir alimentos en el hecho de ser cónyuge del demandado, sin que se desprendiera de los hechos de su demanda alguna circunstancia por la cual pudiera considerarse que tiene la necesidad urgente de recibir alimentos de parte de su cónyuge; por su parte, el demandado en esta segunda instancia acreditó que la actora percibe ingresos al ser trabajadora de la Secretaría de Salud. Por las consideraciones expuestas, se procede a realizar un nuevo análisis de los alimentos que, hasta este momento, deberán ser decretados en favor de los hijos de los ********************y la menor ********************., bajo las consideraciones siguientes: El artículo 397 del Código Procesal Civil vigente, establece que para fijar los alimentos, el natural debió analizar debidamente la capacidad económica del deudor alimentario, y las necesidades de sus dos acreedores alimentarios, partiendo de lo que obra en autos, por tratarse de una medida precautoria, toda vez que los alimentos se fijaron de forma provisional, es decir en tanto se desahoguen las probanzas aportadas por las partes del presente juicio o las que se hagan llegar al juicio, esto porque se corre el riesgo de que la cantidad fijada exceda la percepción total del obligado o que no sea suficiente para solventar las necesidades de quien tenga derecho a recibirlos; además, por regla general, la promoción de un juicio a efecto de exigir el suministro de alimentos, lógicamente presupone la imperiosa necesidad de recibirlos, porque la instauración de este procedimiento de naturaleza provisoria, urgente y de orden público, tiende a proteger la subsistencia del acreedor o acreedores alimentarios; por ende, hasta este momento procesal, la actora al comparecer a juicio a solicitar alimentos, en representación de su menor hija de iniciales ********************., tiene la presunción de necesitarlos, así como el acreedor mayor de edad hijo de los litigantes, quien se apersonó ante este Tribunal de Alzada a deducir sus derechos, y exhibió la constancia de estudios de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se aprecia se encuentra inscrito en el primer semestre de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, la que en términos de lo dispuesto por el artículo 298 fracción II, en relación con el 350 del Código Procesal Civil vigente, merece plena validez probatoria; por lo que también le asiste el derecho para percibir alimentos de parte de su progenitor al encontrarse estudiando; por ende, se deben tomar en cuenta los gastos que éstos acreedores realizan por concepto de alimentación, habitación, educación y salud, los que al tratarse de hechos notorios no necesitan ser probados, conforme a lo dispuesto por el artículo 267 fracción I del Código Procesal Civil vigente. Consecuentemente, la medida provisional de alimentos se fija como lo señala el dispositivo 563, párrafo segundo del Código Procesal Civil vigente, porque hasta este momento procesal del juicio, únicamente se toma como base la información que señala la peticionaria, en virtud de que los alimentos son una medida cautelar que se encamina a la protección dada por el legislador para garantizar la supervivencia, en este caso, de los dos acreedores alimentistas mientras se resuelve el juicio en el fondo. Por lo anterior, tenemos que, si el numeral antes precisado prevé el otorgamiento inmediato, debiéndose fijar los alimentos provisionales de acuerdo al arbitrio que la ley concede al juzgador para determinarla. Bajo ese contexto, tenemos que los alimentos deben decretarse de manera pronta, puesto que son de tracto sucesivo y permanentes, que se requieren de momento a momento, es decir se trata de alimentos consumibles, de ahí que aunque el juzgador no tenga mayores datos de la capacidad económica, deben estos decretarse, además que son de manera provisional y están sujetos a ser modificados ya sea durante el procedimiento o en sentencia definitiva, de ahí que es de mencionar que las partes tienen a salvo sus derechos para aportar sus respectivas pruebas durante la secuela del juicio que nos ocupa, mismas que serán valoradas y analizadas en el momento procesal oportuno. Sustenta la consideración anterior la tesis del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. PENSIÓN PROVISIONAL. SU MONTO SE FIJA SIN PERJUICIO DE LO QUE SE RESUELVA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).Se transcribe. Ahora bien, se estima que al estar involucrados en el asunto que nos ocupa el derecho alimentario de una menor de edad, se debe velar y respetar su interés superior, conforme a lo dispuesto por los numerales 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 387 y 388 del Código Civil vigente para el Estado de Guerrero, que establecen: Se transcriben Numerales de los que se desprende, que los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de vida satisfaciéndoles sus necesidades, como son comida, vestido, habitación, la atención médica, la hospitalaria y educación para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Ahora bien, respecto a los alimentos los artículos 392 y 397 del Código Civil vigente señalan: Se transcriben Preceptos que establecen que los padres están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos, además fijan las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales como ya se dijo, obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria, debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero además debe de tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen; pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el estatus social en que se desenvuelve y al que está acostumbrado. Esto con base a la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).Se trascribe Los lineamientos que se establecen en la jurisprudencia invocada, se observa que no fueron atendidos debidamente en el auto recurrido, porque no fueron analizados de manera precisa y concreta las particularidades de las partes del juicio, el entorno social en que se desenvuelven, como sus circunstancias particulares, lo que conlleva a que el auto recurrido, carezca de la debida motivación, por lo que al no existir reenvío en materia de apelación, este Tribunal de Alzada procederá a subsanar dicha omisión de la manera siguiente: Los alimentos provisionales cuyo monto aquí se analiza, están destinados para satisfacer las necesidades alimenticias de los dos hijos de los ********************y la menor ********************., quienes cuentan con diecinueve y catorce años de edad, la segunda de las nombradas, por su minoría de edad y el hijo mayor de edad al encontrarse estudiando sus estudios universitarios, tiene la imperiosa necesidad que el demandado les proporcione los recursos suficientes para cubrir sus necesidades alimenticias. Obligación que se deriva del artículo 392 del Código Civil vigente, el que establece: "Los padres estarán obligados a dar alimentos a sus hijos.". Ahora bien, si los alimentos en términos de lo dispuesto por el artículo 387 y 388 del Código Civil vigente, comprenden la comida, educación, vestido, habitación, asistencia médica y recreación, enseguida se analizarán cada uno de estos rubros para estar en condiciones de establecer el monto de pensión alimenticia provisional; lo que se hace de la siguiente manera. a) Comida: en la especie tenemos que los dos acreedores, como se dijo con anterioridad, en la actualidad cuentan con diecinueve y catorce años de edad, respectivamente, por lo que se estima deben alimentarse adecuadamente para lograr un óptimo desarrollo, por ello debe administrárseles tres comidas al día, que comprenden el almuerzo, comida y cena, por lo que al no demostrarse que tengan necesidad de llevar una dieta especial en su alimentación por prescripción médica. b) Educación: Respecto a este rubro la actora demostró que la menor ********************., en el ciclo escolar 2019-2020 se encontraba cursando el sexto año de educación primaria, tal como se desprende de la constancia de estudios expedida por el Director de la Escuela Primaria Primer Congreso de Anáhuac, de fecha diecisiete de junio de dos mil veinte; por su parte, el acreedor mayor de edad ********************, ante esta Sala Familiar exhibió su constancia de estudios donde se indica que es estudiante de la carreta de Ingeniera en Sistemas Computacionales durante el ciclo escolar comprendido del treinta de agosto de dos mil veintiuno al diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, informe rendido por la Jefa del Departamento de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Guerrero, documentales que en términos de lo dispuesto por el artículo 298 fracción II, en relación con el 350 del Código Procesal Civil vigente, se les otorga validez probatoria, para acreditar que los acreedores erogan gastos mensuales por compra de útiles escolares, uniformes, material escolar, y para contar con los medios tecnológicos necesarios para poder cumplir con sus actividades escolares, como es el caso del servicio de internet; gastos que al ser hechos notorios, en términos de lo dispuesto por el artículo 267, fracción I, del Código Procesal Civil vigente del Estado de Guerrero, no requieren ser probados. c) Vestido: No es un gasto que se considere excesivo, puesto que no se encuentra demostrado que los acreedores alimentarios del presente juicio, utilicen ropa o calzado especial, indicado por algún médico especialista; pero no por ello deben desestimarse las erogaciones que realizan por este rubro, porque este aspecto es totalmente indispensable en el desenvolvimiento de la vida en sociedad; más aún, que la menor hija de los hoy litigantes es menores de edad, por ende, está en pleno desarrollo físico, por lo que necesita ropa y calzado con mayor frecuencia que las personas adultas. d) Habitación: Por cuanto a este rubro, tenemos que la accionante no manifestó que junto a sus menores hijas eroguen gastos por concepto de renta; no obstante ello, se deben tomar en cuenta los gastos del hogar, los que implican cubrir los pagos por consumo de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, agua purificada, teléfono, internet, mantenimiento del hogar, la compra de gas doméstico, así como los productos de higiene y diversos enseres del hogar, de los que si bien la actora no ofreció pruebas para demostrar todas estas erogaciones, al tratarse de hechos notorios, en términos de lo dispuesto por el artículo 267 fracción I del Código Procesal Civil vigente, se estima que los acreedores realizan gastos considerables por este concepto. e) La asistencia médica: Por cuanto a este rubro, debemos decir que no se acredita que los acreedores alimentarios del presente juicio se encuentran afiliadas para recibir el servicio médico que brinda algún instituto de seguridad social; por ende, se debe tomar en cuenta los gastos que eroguen por este concepto, porque al ser el acceso a la salud un derecho humano contenido en el artículo 4º Constitucional, tienen el derecho de atenderse con médicos particulares si así lo estiman necesario, por la imperiosa necesidad de recibir atención médica de manera eficaz y oportuna cuando así se requiera. f). En La figura jurídica de los alimentos, también se comprenden los gastos de recreación, los que se encuentran previstos en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez"; por lo que al tener toda persona este derecho, por ser el esparcimiento parte del desarrollo físico, psicológico, emocional e intelectual; los acreedores alimentarios del presente juicio, deben contar con los recursos económicos necesarios para que puedan cubrir este rubro, para su buen desarrollo físico, psíquico e intelectual. Los rubros anteriormente analizados deben ser cubiertos con la pensión alimenticia que le corresponde proporcionar al demandado hoy apelante, los que se advierte no resultan ser extremadamente elevados. Particularidades de los acreedores alimentarios del presente juicio. Al respecto debe decirse, que su familia se encuentra desintegrada, al haberse acreditado en autos que sus progenitores se encuentran divorciados. También se estima que los acreedores tienen tendencias a superarse, porque se encuentran estudiando y el mayor de ellos ya cursa sus estudios profesionales. Por todo ello, se infiere que cuentan con buenas costumbres, por no desprenderse lo contrario. (Fojas 376 vuelta de hoja a 397 ibídem) [4]"...Por lo que toca a la posibilidad del demandado aquí apelante, cabe decir, que en esta etapa procesal no se tienen todos los elementos suficientes que permitan conocer a plenitud su capacidad económica; sin embargo, se toma en cuenta lo manifestado por la actora en su escrito de demanda, en relación a que el demandado, obtiene ingresos al laborar como maestro frente a grupo en el CBTIS número 1345 y en su segundo trabajo como administrativo en la Secretaría de Salud. Hecho que fue admitido por el aquí apelante en sus agravios. Lo expuesto por ambas partes se corroboró con los recibos de nómina que exhibió el propio demandado ante el Juzgado Primero de Distrito, al exhibir sus recibos de pago ante dicha autoridad, los que obran en las fojas de la 14 vuelta a la 17 vuelta del presente cuaderno auxiliar de amparo, de los que se advierte que actualmente el demandado obtiene antes de los descuentos de ley, en el trabajo de la Secretaría de Salud la cantidad de $7,793.34, y del trabajo como maestro del CBTIS, la cantidad antes de descuentos de ley de $32,644.51; documentales públicas que en términos de lo dispuesto por los artículo 298 fracción II, en relación con el 350 del Código Procesal Civil vigente, tienen plena validez probatoria, con la que se acredita que el demandado aquí apelante, cuenta con capacidad económica para cubrir las necesidades de alimentación de sus menores hijas. Ahora bien, no pasa desapercibido para los que juzgan, que el demandado además de los aquí acreedores alimentarios cuenta con dos acreedores alimentistas más, como lo son su hija de iniciales ********************a quien le otorga el veinticinco por ciento del salario y demás prestaciones que obtiene en sus centros de trabajo, tal como se encuentra acreditado, con la copia certificada de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, celebrada en el expediente ********************, donde quedó asentado el convenio suscrito por el aquí apelante y la señora ********************. También exhibió copia certificada de la cédula de notificación del juicio especial de alimentos número ********************del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, que le demandó su hijo ********************, a través de su apoderada legal ********************, donde se le condenó al pago del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que obtiene en sus centros de trabajo en favor de su hijo mayor de edad ********************; documentales que al tratarse de actuaciones judiciales, en términos de lo dispuesto por el artículo 298 fracción VII, en relación con el 350 del Código Procesal Civil vigente, merecen plena validez probatoria, para tener por acreditado que el demandado, además de la pensión alimenticia fijada en el presente juicio, cuenta con otros dos descuentos de pensión alimenticia. Por otra parte, se estima deben ser tomados en cuenta los gastos que el apelante realiza para su propia subsistencia, los que al igual que los aquí acreedores comprenden la habitación, pago de servicios públicos del hogar como son: gas combustible, agua potable, energía eléctrica y enseres del hogar; asimismo eroga gastos por concepto de alimentación al cubrir sus tres comidas diarias, y los gastos para trasladarse a sus lugares de trabajo, asistencia médica y recreación, gastos que al ser hechos notorios no requieren ser probados, en términos de lo dispuesto por el artículo 267 fracción I del Código Procesal Civil vigente. Ahora bien, se estima que en el caso, se debe tomar en consideración que el principio de proporcionalidad a que se refiere el artículo 397 del Código Civil para el Estado de Guerrero, no fue atendido al determinarse por el juzgador de primera instancia el porcentaje relativo al cincuenta por ciento de los salarios y demás prestaciones que obtiene el demandado en sus fuentes de trabajo, sin que analizara debidamente la capacidad económica del deudor alimentario y la necesidad de los acreedores, por lo que se estima, que en el auto recurrido, se dejó de observar los principios de proporcionalidad y equidad para condenar al demandado al pago de la pensión alimenticia provisional impugnada. Por tanto, se estima que en el presente asunto, al condenar al apelante al pago de una pensión alimenticia provisional se debe analizar que el demando cuenta con otras dos pensiones alimenticias, de un veinte y un veinticinco por ciento de sus salarios, restándole un cincuenta y cinco por ciento de su salario, para hacer frente a las necesidades de sus hijos aquí acreedores y también para hacer frente a sus propias necesidades; en razón de que el concepto de alimentos, como se dijo con antelación, implica los gastos que se eroguen por comida, vestido, habitación, asistencia médica en casos de enfermedad, recreación, así como los gastos necesarios para proporcionar a los alimentistas algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia decretada en el auto impugnada, fue fijada de manera desproporcional, desatendiendo lo dispuesto en el artículo 397 del Código Civil del Estado de Guerrero, pues no debe perderse de vista que la proporcionalidad estriba, precisamente, en que los alimentos deben ser proporcionados en función de las posibilidades del que deba darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos, misma que deberá ser impuesta de manera proporcional a las posibilidades del deudor alimentario. Ello es así, ya que si bien en el ejercicio de la acción alimentaria se requiere que el acreedor demuestre no sólo su necesidad; asimismo, también debe ponderarse la circunstancia de que el deudor se encuentre en posibilidad económica de sufragarlos, lo que en el caso de mérito quedó acreditado, lo anterior tiene por objeto situar al juzgador en condiciones de fijar el monto de la pensión alimenticia que corresponda. Se afirma lo anterior, dado que de una recta interpretación del artículo 397 del Código Civil del Estado de Guerrero, es de establecerse un equilibrio entre los recursos del deudor y las necesidades del acreedor y a ello obedece el principio de proporcionalidad, a fin de determinar de una manera justa y equitativa para condenar al pago de alimentos, pues han de ser éstos proporcionados, pero debe tomarse en consideración no sólo los bienes o posibilidades económicas con que cuenta el deudor, sino también las necesidades de los acreedores que les permita su sustento en los aspectos biológico, intelectual y social, de esta manera el deudor debe proporcionar lo necesario para su vida, su salud y por tratarse de menores, para su educación, sin olvidar también las necesidades del propio deudor, circunstancias estas que atienden precisamente al principio de proporcionalidad a efecto de que se cumpla con todo su rigor. De lo anterior se colige que en el caso, también se debe analizar que porción le corresponde al deudor alimentario de sus ingresos mensuales que obtiene en sus dos fuentes de empleo, con la cual, como se dijo, también tiene que sufragarse sus propias necesidades personales. Lo anterior cobra sustento en la tesis aislada del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS, FIJACIÓN DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Se transcribe También es ilustrativa la tesis aislada II.1o.47 C (10a.), con registro digital 2012567, emita por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que este tribunal comparte, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Se transcribe Por ende, los principios de proporcionalidad y equidad que deben observarse a la hora de fijar el porcentaje de pensión alimenticia, atienden no solo a las necesidades de los aquí acreedores alimentarios, sino también a las necesidades del deudor alimentario JOSÉ ********************, quien como ya se dijo, con el sueldo que percibe tiene que sufragarse sus propias necesidades alimentarias. Por lo que, en el caso, la asignación de la pensión alimenticia provisional debe ser proporcional y equitativa, pues debe dividirse el ingreso del deudor entre sus aquí acreedores alimentarios, sus otros dos acreedores alimentarios quienes le demandaron pensión alimenticia de los cuales se fijó un veinte y un veinticinco por ciento de su salario, y el propio deudor alimentario, como lo manda el sentido de la ley, pues de otra forma se daría el caso de que al deudor alimentaria no cuente con los recursos indispensables para satisfacer sus propias necesidades alimenticias, verbigracia, alimentación, vestido, salud, calzado, esparcimiento, etcétera, como lo alega el apelante en sus agravios. Por lo anterior, es incuestionable que el Juzgador de Primera Instancia actuó de manera incorrecta en condenar al deudor alimentario al cincuenta por ciento de las percepciones que obtiene en sus dos fuentes de trabajo, al dejar de observar, en la especie, lo previsto por el artículo 397 del Código Civil del Estado de Guerrero, que dispone que los alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos, así como a la necesidad de quienes deben recibirlos, ya que no se tomó en consideración de que el deudor alimentario le debe corresponder también una cantidad suficiente para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, máxime que se encuentra separado de su familia; demás se debe de considerar que la actora al percibir ingresos, en términos de lo dispuesto por el artículo 392 del Código Civil vigente, también tiene la obligación de proporcionar alimentos a los aquí acreedores alimentarios. Lo anterior cobra sustento en la jurisprudencia XXI.1o. J/9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, con registro 197295, que dice : "ALIMENTOS. SU PROPORCIONALIDAD CUANDO AMBOS DEUDORES TRABAJAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO) Se transcribe Por otra parte, es de mencionarse que el porcentaje de pensión alimenticia se fija conforme a lo dispuesto por el artículo 397 del Código Procesal Civil vigente, que establece el principio de proporcionalidad en los alimentos, se debe aplicar del salario percibido y de todas las prestaciones a que tenga derecho el deudor alimentario; porque la base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformado por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, y, por regla general, sólo pueden formar parte de las deducciones excluidas de esa base salarial alimentaria, aquellas que se realizan por imperativo legal, como las fiscales, no así las contraídas personal y voluntariamente por el deudor alimentario. En estas condiciones, debemos entender por descuentos de ley, aquellas deducciones fijas que se le realizan, como son los correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR), por ende, es desacertado que alegue que al estársele realizando la retención de su salario derivado de la fijación provisional de alimentos, no se podrán realizar las deducciones correspondientes para que sean tomadas en consideración al momento de hacer su declaración del ejercicio fiscal, porque como se adujo, la pensión alimenticia fijada, se aplica previos descuentos de ley. Tal como se establece en las tesis del rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. DEDUCCIONES QUE DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN EN LA BASE SALARIAL QUE SIRVE PARA EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DECRETADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Se transcribe "ALIMENTOS. LA BASE SALARIAL QUE INTEGRA LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR NO INCLUYE LAS CANTIDADES POR DEDUCCIONES AL SALARIO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS QUE SATISFACEN NECESIDADES DEL ACREEDOR ALIMENTARIO O DEL PROPIO DEUDOR. Se transcribe En las anotadas condiciones, se advierte de los recibos de pago que constan en autos, que el demandado en su trabajo como administrativo en la secretaria de salud antes de los descuento de ley obtiene la cantidad de $7,793.34, la que al restarle el descuento de ley del ISR cuyo monto asciende a la cantidad de $2,435.34, se estima que el demandado en dicha fuente de empleo percibe la cantidad de $5,358 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100M.N.) de forma quincenal. Por su parte, el demandado en su segundo empleo como maestro del CBTIS obtiene de forma quincenal antes de los descuentos de ley la cantidad de $32,644.51, la que al descontarse los descuentos de ley como son el ISR $7,382.52, 1L $834.36, 2L $85.14, 3L 68.11, 4L $459.75 y 77 $7.26, obtiene como salario después de los descuentos de ley la cantidad aproximada de $23,807.35 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 35/100 M.N.) quincenales. Ahora bien, de acuerdo al análisis que ya se ha realizado respecto a las necesidades de las acreedoras y las posibilidades económicas del demandado, se arriba a la conclusión que el monto de la pensión alimenticia decretado en el auto recurrido, hasta el momento que se resuelve, debe ser modificado, tomando en consideración que la actora no acreditó la urgente necesidad de percibir alimentos de parte del demandado, y por ende, hasta este momento, no se le considerará como su acreedora, además también se debe considerar que el demandado cuenta con dos acreedores alimentarios más, a quienes les otorga el veinte y veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que obtiene en su fuente de trabajo; en las anotadas condiciones, en esta segunda instancia se decreta el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que, previas deducciones de ley, percibe el demandado ********************, en forma quincenal, en su dos fuentes de trabajo (Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud), a favor de sus aquí acreedores alimentarios ******************** y la menor ********************. Porcentaje que traducido en cantidad liquida, por cuanto al sueldo de la Secretaría de Salud asciende a la cantidad de $1,875 quincenales, es decir $3,750 mensuales; por su parte, en el salario de la Secretaría de Educación Pública, asciende a la cantidad de $8,332.45, que en forma mensual asciende a la cantidad de $16,664.9. Montos que sumados ascienden a la cantidad aproximada de $20, 414.9 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PERSOS 90/100 M.N.) de forma mensual, cantidad que, hasta este momento procesal, se estima suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de los, hasta este momento, considerados dos acreedores alimentistas del presente juicio. Restándole al demandado un porcentaje del veinte por ciento para cubrir sus propias necesidades de alimentación; además debe decirse, que tiene expedido su derecho para solicitar la reducción de las dos pensiones alimenticias de sus otros dos acreedores alimentarios, a fin de contar con los emolumentos necesarios para cubrir todas sus necesidades alimenticias. No se pasa por alto mencionar, que la medida decretada por concepto de alimentos es provisional, y que puede variar y fijarse de forma más equilibrada con base a las pruebas que en su momento procesal ofrezcan las partes y las que se desahoguen de oficio, como lo manda el sentido de la ley, por lo que dicho monto se fija sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. En la inteligencia, de que las diversas percepciones variables que obtenga el demandado, como aguinaldo y prima vacacional y demás emolumentos que perciba, auxiliarán para la satisfacción de las necesidades alimenticias de los acreedores del presente juicio. Sin que se pierda de vista, que el monto de los alimentos ahora decretado, será complementado con lo que pueda aportar la madre de los acreedores, quien se acreditó también percibe ingresos, y que además, está obligada a proporcionarlos, conforme a lo dispuesto por el artículo 392 del Código Civil vigente, al referir que "los padres estarán obligados a dar alimentos a sus hijos"; obligación que ya viene cumpliendo al tenerlos bajo su cuidado, ya que en el caso de la menor acreedora, se estima que le brinda su tiempo para asistirla personalmente en su aseo personal diario, en la preparación de sus alimentos, de llevarla y traerla de la escuela, de cuidarla a que asista regularmente, así como de ayudarla con sus tareas, y de allegarle los elementos necesarios para su subsistencia, de asistirla cuando se enferme, además de darle amor y cariño, para que dicha infante tenga un óptimo nivel de vida, lo que se verá reflejado en su vida adulta como personas de bien. (Fojas 386 a 397 del juicio de amparo en que se actúa) Nota: Lo resaltado es propio. Del análisis de las constancias antes analizadas por la autoridad responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, las cuales se tuvieron por recibidas en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós; se precisa que con respecto al efecto precisado con el numeral [4], debe decirse que en relación al salario precisado por la parte quejosa ********************, (en el juicio de amparo ********************y su acumulado ********************), se obtiene que de las documentales que anexó a su demanda de amparo (fojas 25 a 27 del juicio de amparo en que se actúa), relativas al salario percibido por el aludido quejoso, se obtiene que es por la cantidad de $20, 951.41 (veinte mil novecientos cincuenta y un pesos 41/100 moneda nacional); sin embargo, la autoridad responsable al momento de resolver la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca familiar ********************, tomó en consideración el salario de $32,644.51 (treinta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 51/100 moneda nacional). En ese entendido, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, este órgano estimó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida y se requirió a la responsable para que realizara lo siguiente lo siguiente: Respecto de la capacidad del deudor alimentario tiene que considerar que cubre a sus diversos acreedores de alimentos ********************y ********************, (ajenos a la presente litis), un 25 % (veinticinco por ciento) y un 20 % (veinte por ciento) de los sueldos que percibe. En consecuencia, en la pensión que fije, tendrá que razonar los motivos por los cuales determine que el monto establecido no es humanamente imposible que lo cubra el demandado, haciendo ese derecho nugatorio o dificultando la propia subsistencia del deudor alimentario. Para cumplir con lo requerido con respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y al auto de dieciocho de noviembre del año anterior, la autoridad de responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, mediante oficio 732 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, remitió el auto de la misma fecha en el que realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós y en su lugar dictó otra en la que estimó equitativo distribuir la pensión alimenticia provisional entre los padres de los acreedores alimentarios de manera equitativa, decretando por concepto de pensión alimenticia el 35% únicamente a favor de los hijos de los promoventes, de los ingresos y demás prestaciones que reciba el demandado como trabajador del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBETIS 134) de Chilpancingo y como trabajador de la Secretaria de Salud en el Estado. Lo anterior lo acreditó con las copias certificadas de los autos de referencia, que adjuntó a sus oficios antes mencionados. IV. Análisis del cumplimiento. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que: Dejó insubsistente la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Familiar ********************; y en su lugar emitió otra diversa, en la que reiteró las cuestiones ajenas a la presente protección. Delimitó que el recurso de apelación que se interpone en contra del auto de fija la pensión provisional, no puede tener el alcance de cancelar o dejar insubsistente la medida provisional decretada por el Juzgado de Primera Instancia; esto si en el momento en que se dictó, se acreditó plenamente el título en que se demandó. Atendiendo los vicios formales destacados en esta ejecutoria, resolvió congruente y exhaustivamente, con fundamentos y motivos suficientes, la cantidad que se deberá fijar por concepto de pensión provisional a favor de los tres acreedores del juicio de alimentos de origen. Para ello, valoró las necesidades de cada uno, de conformidad con lo expuesto en la resolución dictada en autos; y en relación a la menor, además debe considerar su interés superior. Respecto de la capacidad del deudor alimentario consideró que debe cubrir a sus diversos acreedores de alimentos ********************y ********************, (ajenos a la presente litis), y razonó los motivos por los cuales determinó que el monto establecido no es humanamente imposible que lo cubra el demandado, haciendo ese derecho nugatorio o dificultando la propia subsistencia del deudor alimentario. V. En desahogo a la vista de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa manifestó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, manifestando que la responsable resolvió de manera parcial en beneficio de los terceros interesado. Asimismo, la parte tercera interesada señaló que la ejecutoria no estaba cumplida, en razón de que manifiesta que la responsable no fundamentó ni motivo la resolución de veinticuatro de noviembre del año anterior. VI. En contestación a las manifestaciones vertidas por la partes una vez analizadas las constancias, se advierte que la autoridad responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma, al haber dejado insubsistente el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Familiar ********************, emitió un nuevo auto en el que reiteró las cuestiones ajenas a la presente protección; también delimitó que el recurso de apelación que se interpone en contra del auto de fija la pensión provisional; además resolvió congruente y exhaustivamente, con fundamentos y motivos suficientes, la cantidad que se deberá fijar por concepto de pensión provisional a favor de los tres acreedores del juicio de alimentos de origen. Para ello, valoró las necesidades de cada uno, de conformidad con lo expuesto en la resolución dictada en autos; finalmente, respecto de la capacidad del deudor alimentario consideró que debe cubrir a sus diversos acreedores de alimentos ********************y ********************, (ajenos a la presente litis), y razonó los motivos por los cuales determinó que el monto establecido no es humanamente imposible que lo cubra el demandado, haciendo ese derecho nugatorio o dificultando la propia subsistencia del deudor alimentario. Todo lo anterior la responsable lo realizó con libertad de jurisdicción en lo que conforme a derecho consideró. En el entendido que la autoridad responsable estaba obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, cuyos efectos ya fueron precisados en párrafos precedentes, en ese sentido, las manifestaciones que vierte las partes en sus escritos de desahogo, no es materia del presente juicio. VI. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. VII. Archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, en su totalidad, porque se concedió la protección constitucional. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. Por tanto, en términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión será DESTRUIDO; porque se negó la medida cautelar, en incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************y su acumulado ********************, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por periodo vacacional de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada el doce de diciembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6957/2022, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso José Antonio Sánchez Bautista, en atención a su contenido, se le tienen por hechas sus manifestaciones en relación a lo informado por la autoridad responsable Secretario de la Mesa de Amparo de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; lo anterior, sin perjuicio de tomarse en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Braulio Pérez Orbe, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte tercera interesada, (en el juicio de amparo 375/2022 y su acumulado juicio de amparo 508/2022), mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto de la vista de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós y por hechas sus manifestaciones en relación a lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; lo anterior, sin perjuicio de tomarse en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

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