José Antonio Rubio Frasco

Expediente 1249/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1249/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Rubio Frasco

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 6024/2023, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, cuatro cuadernos de prueba, consistentes en copias certificadas de la causa penal ********************, y el testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en los autos de la revisión ********************; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve. ".PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************contra el acto reclamado y autoridad precisados en el considerando primero de esta ejecutoria, para los efectos contenidos en el considerando sexto de la sentencia que revisa." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión derivado del presente asunto y el cuaderno de antecedentes y tomando en consideración que este último está integrado por copias de las principales constancias del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se agreguen al presente expediente; por tanto, glósese únicamente al presente asunto, las constancias practicadas dentro de dicho cuaderno de antecedentes y no así las copias simples con las que se formó. Ahora bien, tomando en consideración que el citado Tribunal de Alzada confirmó la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintitrés, por este juzgado, en la que se se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en relación con los puntos especificados en la sentencia emitida en el presente juicio, es decir, realice lo siguiente: ". I. Dejar insubsistente la resolución reclamada del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal número ********************, y II. En su lugar, emita una nueva resolución, en la cual, siguiendo los lineamientos plasmados en la presente sentencia, sin libertad de jurisdicción, determine que, atendiendo al delito que se encuentra acreditado en la causa penal ********************, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, atribuido al inculpado, ahora quejoso ********************, consistente en el injusto de abuso de confianza equiparado, previsto por el artículo 322 y sancionado por el numeral 320, quinto párrafo, del Código Penal del Estado, vigente en la época de comisión de ese injusto, ha operado la prescripción de la acción penal en dicho asunto, en los términos precisados en esta sentencia, en la inteligencia de que ello será únicamente por lo que se refiere al aludido quejoso. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una multa a la autoridad responsable, por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el precepto 267, fracción I, de la ley de la materia. Ahora bien, atento a que en términos del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, los juzgadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no tienen superior jerárquico a quien requerirle para que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, por tratarse de órganos absolutamente autónomos en el ejercicio de su función jurisdiccional; motivo por el cual se apercibe a las autoridades responsables a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias" Por otra parte, devuélvase al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en copias certificadas de la causa penal ********************, que remitió como complemento a su informe justificado, con las que se formaron cuatro cuadernos de prueba. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; consecuentemente, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1249/2023. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del artículo 107, en relación con el ordinal 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte; "ARTÍCULO. 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes al procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;" Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. Acto Reclamado: Lo constituye el Auto de fecha 30 treinta de agosto del año 2023 dos mil veintitrés, pronunciado por el Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del Juicio Ordinario Civil número 422/2021, promovido por el Licenciado Fernando Valdez Zarco en cuanto apoderado jurídico del señor Mauricio Frasco Rodríguez, sobre Incumplimiento de Contrato Verbal de Prestación de Servicios Profesionales." En el caso concreto, el citado acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 607, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la jurisprudencia número 613, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De ahí que, si los actos que reclama la parte promovente consistente en el auto de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, pronunciado por el Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del Juicio Ordinario Civil número 422/2021, promovido por el Licenciado Fernando Valdez Zarco en cuanto apoderado jurídico del señor Mauricio Frasco Rodríguez, sobre incumplimiento de Contrato Verbal de Prestación de Servicios Profesionales, en el que se declaró improcedente la petición de decretar la caducidad de la instancia; resulta inconcuso, que sólo constituyen meras transgresiones a derechos adjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la litis planteada, pues su única consecuencia es que se continúe con el trámite del juicio natural en la etapa correspondiente, hasta el dictado de la resolución definitiva en el Juicio Ordinario Civil número 422/2021, que de serle favorable a la impetrante, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido; y, en caso contrario, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas, podrían hacerla valer, en su caso, cuando recurran la sentencia que ponga fin al juicio de origen, ya que el acto reclamado se encuentra dentro de las violaciones al procedimiento a que se refiere el artículo 172, fracción V, de la Ley de la materia, que refiere que se considera violadas las leyes del procedimiento y que afecta las defensas de la parte agraviada cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. Tiene aplicación por analogía a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 94/2008, visible en la página 256, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada.". Así como la diversa jurisprudencia número 2a./J.23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página número 593, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ..., colonia ... de Morelia, en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ..., toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números ..., que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho. Por otro lado, se autoriza en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12, de la ley de amparo, esto es, en términos restringidos a respecto a Lucas Rubio Frasco, hasta en tanto acredite la profesión de licenciado en derecho por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Sirve de apoyo la tesis número 2a. VIII/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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