José Antonio Romero Saavedra
Expediente 2295/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2295/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Antonio Romero Saavedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio remitido en línea por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual se le hizo de su conocimiento la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de seis de marzo de dos mil veintitrés, igualmente, informa que se admitió el citado recurso y se registró bajo el número ******************** de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la Delegada de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), con sede en la Ciudad de México, mediante el cual solicita que las notificaciones que se ordenen en los presentes autos, se realicen en el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones en el propio oficio; por lo tanto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la referida autoridad el señalado en el mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO-TERCERO INTERESADO. Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado en línea por José Antonio Romero Saavedra, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de marzo del año en curso. En consecuencia, se tiene al ocursante interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se agrega a estos autos una copia del escrito de agravios de cuenta y distribúyanse las demás entre las partes. Acontecido lo anterior, en términos del artículo 89 de la Ley de la Materia, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se encuentre integrado debidamente, remítase el presente expediente, con el original y copia del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, para que la citada Superioridad acuerde lo que legalmente proceda. Asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se pone a su disposición el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del juicio de amparo 2295/2022-V. En el entendido, que con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y el numeral 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ha hecho disponible el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante la opción vincular con otro órgano, restando que la superioridad, realice la vinculación correspondiente; es decir, no se remiten las copias certificadas conducentes del presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 2295/2022-V, promovido por José Antonio Romero Saavedra, contra actos del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veintiséis siguiente, José Antonio Romero Saavedra, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de tres de octubre de dos mil veintidós, previo cumplimiento a la prevención efectuada, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, así como solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General Número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos que tienen ejecución material dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, cabe precisar que la parte quejosa reclama lo siguiente: -La resolución emitida por la autoridad responsable el veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de investigación P3/802/2019, mediante el cual admitió diversos medios de prueba en la etapa de investigación complementaria. Tercero. Actos existentes. Es cierto el acto reclamado al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo precisó al rendir su informe justificado. Cuarto. Actualización de causal de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113 todos de la Ley de Amparo. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 107. ..El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando los actos reclamados sean de imposible reparación. Sin embargo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, que por regla general no tiene ejecución de imposible reparación, pues no afectan de manera inmediata alguno de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Magna, sino que solo producen afectaciones adjetivas reparables en sentencia definitiva, la vía idónea para combatirlas es el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c) Constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, entre otros casos, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. En efecto, los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y que por ende son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna; siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. En el presente caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, en la carpeta de investigación P3/802/2019 de su índice, en el que admitió diversos medios de prueba en la etapa de investigación complementaria. En ese contexto, debe señalarse que contra dicho acto no procede el amparo indirecto, toda vez que constituye un acto intraprocesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que no afecta de manera directa o inmediata alguno de los derechos humanos garantizados por la Carta Magna, ya que la admisión de pruebas en la etapa de investigación complementaria, por sí sola no tiene como consecuencia inmediata la afectación irreparable de alguno de sus derechos fundamentales, pues la investigación complementaria está sujeta a control judicial y, de acuerdo con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el justiciable, hasta antes de presentada la acusación, tiene la posibilidad de exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales considera necesarios los actos de investigación solicitados al fiscal investigador y que, de manera previa, le rechazó. Por lo que, la determinación de la Fiscalía de realizar actos de investigación en dicha fase procesal no constituye un acto que resuelva de manera definitiva la cuestión, ya que los efectos que pudiera causar sobre los derechos del imputado podrán ser reparados si éste o su defensa reitera, ante el Juez de Control y antes de la presentación de la acusación, la petición de diligencias de investigación que negó realizar el Ministerio Público; además, sigue existiendo la posibilidad de que el asunto se resuelva a favor de sus intereses. Es aplicable al caso en su parte conducente, el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable con el número de registro digital: 2024277, Undécima Época, Materias Común, Penal, Tesis: I.4o.P.2 P (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3363, que dispone lo siguiente: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LLEVAR A CABO ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN ESA ETAPA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Hechos: El Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación acordó no favorable la solicitud de la defensa del imputado, durante la etapa de investigación complementaria, de llevar a cabo actos de investigación. Esta determinación fue reclamada por éste en el juicio de amparo indirecto. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque la representación social no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, determina que contra la negativa del Ministerio Público de llevar a cabo actos de investigación en la etapa de investigación complementaria en el sistema penal acusatorio, es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no constituir un acto de imposible reparación. Justificación: La negativa ministerial de realizar las diversas diligencias indagatorias formuladas por el quejoso durante el proceso penal (que deben realizarse en la etapa de investigación complementaria), por sí sola no tiene como consecuencia inmediata la afectación irreparable de alguno de sus derechos fundamentales, pues la investigación complementaria está sujeta a control judicial y, de acuerdo con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el justiciable, hasta antes de presentada la acusación, tiene la posibilidad de exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales considera necesarios los actos de investigación solicitados al fiscal investigador y que, de manera previa, le rechazó. Así, la negativa de la Fiscalía de realizar actos de investigación en dicha fase procesal no constituye un acto que resuelva de manera definitiva la cuestión, ya que los efectos que pudiera causar sobre los derechos del imputado podrán ser reparados si éste o su defensa reitera, ante el Juez de Control y antes de la presentación de la acusación, la petición de diligencias de investigación que negó realizar el Ministerio Público; además, sigue existiendo la posibilidad de que el asunto se resuelva a favor de sus intereses." Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 61, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el epígrafe: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de amparo no establece que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia constitución señala la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos, procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Por lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, Se resuelve: Primero. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Antonio Romero Saavedra, contra actos del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente vía electrónica. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Georgina Pacheco Hernández, el día de hoy seis de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitió las labores del juzgado, que autoriza y da fe.
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