Jose Antonio Rojas Rivera

Expediente 301/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
301/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Jose Antonio Rojas Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa y tercero interesada, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto por las autoridades responsables. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 26/20001 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de 1 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243. amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Antecedentes. El ocho de noviembre de dos mil veintiuno2 , se dictó sentencia en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a José Antonio Rojas Rivera. Resolución que quedó firme el ocho de diciembre de dos mil veintiuno3 , por lo que se requirió a las responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el ámbito de sus atribuciones, atendiendo los siguientes efectos: ''SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. A efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que exigen la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa José Antonio Rojas Rivera, contra los actos que atribuyó al Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, así como a la propia junta, para que, en el ámbito de sus atribuciones: ?La junta responsable deje sin efectos todo lo actuado en el expediente laboral 1395/2019-2C, a partir del emplazamiento a juicio, únicamente por lo que hace al quejoso José Antonio Rojas Rivera, debido a que tales actuaciones son consecuencia del emplazamiento defectuoso, el cual al ser un acto viciado y por tanto nulo, implica que se lleve a cabo de nueva cuenta. Ello es así, al tratarse de actuaciones que son resultado lógico-causal del referido emplazamiento analizado, por lo que la junta responsable deberá dejar sin efectos tales actuaciones, como ha quedado precisado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/21 (registro 177771)4 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: 2 Fojas 65 a 75. 3 Fojas 92 a 94. 4 Difundida en la página 1305, Tomo XXII, correspondiente al mes de julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, registro 17771. "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Sin embargo, esta sentencia no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio practicados en el juicio de origen diversos al aquí analizado, para que estos se verifiquen de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, ni se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J.72/2011 (9a)5 , cuyo rubro y texto son los siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una 5 Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, tomo II, página 933, de la Décima Época, registro digital 160821. declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Acciones realizadas para cumplir el fallo protector. En ese tenor, mediante oficio marcado con folio 156866 , el Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, remitieron copia certificada del acuerdo dictado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, donde ordenó el Presidente en cuestión, dejar insubsistente -únicamente por el aquí quejoso-, todo lo actuado en el expediente laboral 1395/2019-2C, de su índice, así como la diligencia de emplazamiento practicada al aquí quejoso José Antonio Rojas Rivera dentro expediente laboral 1395/2019-2C, y señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, entre otras cuestiones ajenas a la concesión del amparo. Documental a las que le reviste valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; y que al haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus 6 Foja 99. funciones, gozan de la presunción de plena legalidad en cuanto a las aseveraciones contenidas en ellas. Se determina cumplida sentencia. En ese tenor, del examen de la citada constancia se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que cumplieron con los lineamientos precitados en la sentencia amparatoria. Se dice lo anterior, porque el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente -únicamente por el aquí quejoso-, todo lo actuado en el expediente laboral 1395/2019-2C, de su índice, así como la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso José Antonio Rojas Rivera dentro expediente laboral 1395/2019-2C, y señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, entre otras cuestiones ajenas a la concesión del amparo. De ahí que, de lo realizado por las autoridades responsables en confrontación con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, se pueda concluir válidamente que el fallo protector se encuentra cumplido en su totalidad, volviendo las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la transgresión efectuada por las responsables en contra de la parte quejosa. En atención a lo expuesto, se colige que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Archivo. Atento a lo determinado en párrafos previos, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de tomo de constancias. Por otra parte, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvase a la junta responsable el anexo consistente en copias certificadas relativas al expediente laboral 1395/2019-2C de su índice, por ser innecesaria su retención. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

  2. Principal

    hago constar que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno a la parte tercero interesada Alma Carolina García Vargas, en el juicio de amparo 301/2021-VII, por medio de lista de estrados, que dice:Tijuana, Baja California, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa y tercero interesada, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto por las autoridades responsables. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 26/20001 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de 1 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243. amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Antecedentes. El ocho de noviembre de dos mil veintiuno2 , se dictó sentencia en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a José Antonio Rojas Rivera. Resolución que quedó firme el ocho de diciembre de dos mil veintiuno3 , por lo que se requirió a las responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el ámbito de sus atribuciones, atendiendo los siguientes efectos: ''SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. A efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que exigen la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa José Antonio Rojas Rivera, contra los actos que atribuyó al Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, así como a la propia junta, para que, en el ámbito de sus atribuciones: ?La junta responsable deje sin efectos todo lo actuado en el expediente laboral 1395/2019-2C, a partir del emplazamiento a juicio, únicamente por lo que hace al quejoso José Antonio Rojas Rivera, debido a que tales actuaciones son consecuencia del emplazamiento defectuoso, el cual al ser un acto viciado y por tanto nulo, implica que se lleve a cabo de nueva cuenta. Ello es así, al tratarse de actuaciones que son resultado lógico-causal del referido emplazamiento analizado, por lo que la junta responsable deberá dejar sin efectos tales actuaciones, como ha quedado precisado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/21 (registro 177771)4 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: 2 Fojas 65 a 75. 3 Fojas 92 a 94. 4 Difundida en la página 1305, Tomo XXII, correspondiente al mes de julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, registro 17771. "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Sin embargo, esta sentencia no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio practicados en el juicio de origen diversos al aquí analizado, para que estos se verifiquen de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, ni se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J.72/2011 (9a)5 , cuyo rubro y texto son los siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una 5 Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, tomo II, página 933, de la Décima Época, registro digital 160821. declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Acciones realizadas para cumplir el fallo protector. En ese tenor, mediante oficio marcado con folio 156866 , el Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, remitieron copia certificada del acuerdo dictado el trece de diciembre de dos mil veintiuno, donde ordenó el Presidente en cuestión, dejar insubsistente -únicamente por el aquí quejoso-, todo lo actuado en el expediente laboral 1395/2019-2C, de su índice, así como la diligencia de emplazamiento practicada al aquí quejoso José Antonio Rojas Rivera dentro expediente laboral 1395/2019-2C, y señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, entre otras cuestiones ajenas a la concesión del amparo. Documental a las que le reviste valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; y que al haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus 6 Foja 99. funciones, gozan de la presunción de plena legalidad en cuanto a las aseveraciones contenidas en ellas. Se determina cumplida sentencia. En ese tenor, del examen de la citada constancia se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que cumplieron con los lineamientos precitados en la sentencia amparatoria. Se dice lo anterior, porque el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente -únicamente por el aquí quejoso-, todo lo actuado en el expediente laboral 1395/2019-2C, de su índice, así como la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso José Antonio Rojas Rivera dentro expediente laboral 1395/2019-2C, y señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, entre otras cuestiones ajenas a la concesión del amparo. De ahí que, de lo realizado por las autoridades responsables en confrontación con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, se pueda concluir válidamente que el fallo protector se encuentra cumplido en su totalidad, volviendo las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la transgresión efectuada por las responsables en contra de la parte quejosa. En atención a lo expuesto, se colige que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Archivo. Atento a lo determinado en párrafos previos, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de tomo de constancias. Por otra parte, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvase a la junta responsable el anexo consistente en copias certificadas relativas al expediente laboral 1395/2019-2C de su índice, por ser innecesaria su retención. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

  3. Principal

    hago constar que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno a la parte tercero interesada Alma Carolina García Vargas, en el juicio de amparo 301/2021-VII, por medio de lista de estrados; asimismo, se le da vista con el oficio y anexos que refiere el proveído que se le notifica, que dice: Tijuana, Baja California, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento a sentencia. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, por sí y en representación de la Junta, así como el actuario judicial adscrito a dicha junta, todos con sede en esta ciudad; y en atención a su contenido, se les tiene informando sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en este asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, por el plazo de tres días hábiles legalmente computados, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

  4. Principal

    Alexa Monserrat Alonso Armenta, actuaria judicial adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, hago constar que en esta fecha notifico a la parte tercero interesada Alma Carolina García Vargas la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, por medio de lista que se fijó en los estrados de este órgano jurisdiccional, con lo cual queda debidamente notificada en términos del artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo: "Resolutivo: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Antonio Rojas Rivera, en contra de los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo; por los fundamentos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de este fallo".

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