José Antonio Rodríguez Gutiérrez
Expediente 2/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Antonio Rodríguez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de cinco años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, en cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Así, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua, seis de agosto de dos mil veintiuno. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 2/2021, promovido por *******, a través de su defensora *******, contra actos de la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el trece de enero de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado en esa misma fecha a este juzgado, *******, a través de su defensora *******, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y acto reclamado siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la C. Juez de Control para el Distrito Judicial Bravos, reclamó: La resolución de fecha nueve de diciembre del dos mil veinte, en la audiencia de revisión de medida cautelar, donde se resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva a mi defenso ******* y el resto de los co imputados, quienes se encuentran vinculados a proceso por los delitos de ******* y *******." SEGUNDO. Admisión de la demanda. En proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo, se registró dicha demanda de amparo con el registro estadístico 2/2021; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido el trámite del presente juicio de amparo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 63 y 107 de la Ley de Amparo; 33, fracción IV, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y apartado cuarto, fracción XVII, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa reclama: Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la audiencia de revisión de medida cautelar de nueve de diciembre de dos mil veinte, donde resolvió imponer prisión preventiva, dictada en la causa penal *******. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Resulta cierto el acto reclamado, porque la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Información que se corrobora con las documentales respectivas que el Juez responsable anexó a su informe, consistentes en registros audiovisuales compulsados en dos discos en formato DVD (disco versátil digital, por sus siglas en inglés), en el que se contiene video grabación de la audiencia de nueve de diciembre de dos mil veinte, y copia certificada de la transcripción de la citada audiencia reclamada, llevadas a cabo dentro de la causa penal de origen. Medios de prueba que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse de registros audiovisuales, en formato DVD, considerados descubrimientos de la ciencia, en tanto que las documentales son públicas, por contener trascripciones certificadas, realizadas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable el criterio 43/2013 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o aquellas que se adviertan, por ser una cuestión que debe analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de efectos del acto reclamado. Dicho artículo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se precisa que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. En ese sentido, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. En el segundo supuesto se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (V Región) 5o.19 P (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible a página 1946, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia (s) Común, Penal, Décima Época, registro 2022439, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. PARA QUE SE ACTUALICE DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA, EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN SU CONTRA, LO REVOQUE O MODIFIQUE Y DECRETE AUTO DE LIBERTAD. De la interpretación de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos del acto reclamado, a saber: a) Por revocación y, b) Por sustitución. El segundo supuesto se actualiza cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por ese motivo, el juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la segunda de las hipótesis respecto del auto de formal prisión dictado por el Juez de primera instancia, cuando éste, a su vez, se impugna a través del recurso de apelación, que previo al amparo lo resuelve el tribunal de alzada, cuyo sistema recursivo permite pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo de primera instancia. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia, lo que impide decidir la constitucionalidad del auto de formal prisión inicialmente reclamado. Así, para considerar que cesaron los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, es innecesario que el tribunal de alzada tenga que decretar auto de libertad, pues aun cuando se confirme o modifique el de primera instancia, los efectos del acto cesan, en razón de que son cancelados jurídicamente, y aunque materialmente sigan produciéndose consecuencias semejantes a las derivadas del acto reclamado, ahora éstas tienen su origen en el nuevo pronunciamiento, en razón de que la determinación de la situación jurídica depende de la decisión de segunda instancia, la cual dio firmeza a la anterior, y la sustituyó. Sin que ello implique un cambio en la situación jurídica de la persona, pues sigue teniendo la misma que ostentaba, aunque ahora con carácter de definitiva." Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.3o.C.92 K, publicada en la página 1491, tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165870, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". Ahora bien, en el presente asunto, la parte quejosa reclama la audiencia de revisión de medida cautelar de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal *******, en la cual, al impetrante *******, junto con otros coimputados, se le impuso la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, contenida en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, durante la tramitación de este juicio de amparo sobrevino la causal de improcedencia enunciada, ya que contra el acto aquí reclamado, la defensora particular del citado quejoso, interpuso recurso de apelación, el cual ya fue resuelto. En efecto, el juez responsable, entre diversas constancias, remitió copia certificada de la resolución de seis de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca *******, por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, donde se advierte que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa contra la audiencia de revisión de medida cautelar de nueve de diciembre de dos mil veinte, que resolvió imponer prisión preventiva, dictada en la causa penal *******, en la cual se impuso al citado impetrante, junto con otros coimputados; tal como se advierte a continuación de la constancia digitalizada: Del contenido de lo anterior, se aprecia que el seis de julio de dos mil veintiuno, en el toca penal *******, el Magistrado de la Segunda Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de apelación confirmó la resolución apelada por la parte quejosa contra la audiencia de revisión de medida cautelar de nueve de diciembre de dos mil veinte, que resolvió imponer prisión preventiva, dictada en la causa penal *******, donde se impuso al citado impetrante, junto con otros coimputados. Entonces, la audiencia de revisión de medida cautelar de nueve de diciembre de dos mil veinte, reclamada en el presente juicio de amparo, al haber sido recurrida en apelación, quedó procesalmente sustituida por la resolución recaída en dicho recurso, que en la especie confirmó dicha medida cautelar; situación procesal que permite establecer, para los fines de la procedencia del juicio de amparo, que han cesado los efectos de la audiencia de medida cautelar de primera instancia reclamada. Pues, partiendo de que la consecuencia jurídica natural de impugnar una determinación es que ésta -una vez revisada- sea modificada, revocada o confirmada; por lo que las consideraciones que rigen al respecto, son las de la resolución del recurso, dejando, por ende, sin surtir efectos legales propios la determinación recurrida. De ahí que, debe considerarse que la medida cautelar de prisión preventiva dictada en la audiencia de nueve de diciembre de dos mil veinte en la causa penal *******, por el juez de control responsable, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, procesalmente quedó sustituido por la resolución de segunda instancia. Luego, de las hipótesis que precedentemente se dijo comprende la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la especie, se actualiza la establecida en el inciso b), al haber sido sustituido la audiencia de prisión preventiva reclamada emitido por el juez de control origen, por la nueva resolución dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, en la cual confirmó la resolución apelada. Sobre el particular, es oportuno citar la Jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 841, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Asimismo, resulta aplicable al caso la tesis 2o.P.4 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de 2017, Tomo IV, registro digital 2013461, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Asimismo, cobra aplicación al caso, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el mismo Tribunal Colegiado, localizada en la página 1492, tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165869, que expresa: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En consecuencia, en atención a lo antes expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, lo anterior con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis III.3o.C.23 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 410, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 199560, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." Por identidad jurídica sustancial de la materia, es de citarse, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Segunda Parte, página 61, correspondiente a la Séptima Época, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado." En ese sentido, una vez decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, la suscrita juzgadora está impedida jurídicamente para analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, pues de hacerlo tal proceder sería incongruente en virtud que la consecuencia principal del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. En apoyo de lo anterior, por las razones que la informan se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 244, del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 195741, del tenor literal siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Asimismo, se cita la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 409, del Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 204734, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE SU ESTUDIO. El juez federal no tiene por qué tomar en consideración las pruebas ofrecidas por el quejoso en el juicio de garantías, relacionadas con los conceptos de violación, si decide sobreseer, pues no existe razón jurídica para examinar y valorar las relativas al fondo del asunto." Además, si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio hermenéutico de pro persona o pro homine, el cual consiste por parte del Juzgador en interpretar las normas relativas a los derechos humanos conforme a la propia Constitución y a los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, a la luz del derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 del Pacto Federal; efectuando además un control de convencionalidad ex officio en el marco de las respectivas atribuciones, inaplicando las normas generales que se consideren violatorias de los derechos humanos contenidos en la normatividad precisada. Sin embargo, ello no implica que, en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe el que no se cumplan con los requisitos previstos en los ordenamientos internos como condición para emprender tal análisis, pues el respeto a las normas procesales, es precisamente la vía a través de la cual se garantiza una resolución adecuada. Por tanto, la incorporación del referido principio de interpretación no implica el dejar de observar los principios constitucionales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo considerado, en la parte que interesa, la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 1587, del Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como la tesis 1a CCLXXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así, el análisis del principio hermenéutico de pro persona o pro homine, en el juicio de amparo indirecto, únicamente puede efectuarse, una vez que se superen las causas de improcedencia del procedimiento constitucional, toda vez que el control de convencionalidad sólo puede aplicar respecto de cuestiones de fondo del amparo; pues de lo contrario, conllevaría a que por la sola circunstancia de que se alegue en la demanda de derechos fundamentales que el acto que se reclama produce violaciones a derechos humanos, tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo por esa sola circunstancia; lo cual haría nugatorias las causales de improcedencia del juicio de amparo establecidas por la legislación de la materia. Apoya lo considerado, la tesis VII.2o.C.30 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1306, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2, Materia Común, Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CONTROL EX OFFICIO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona, y de conformidad con el párrafo 339 de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) en el caso "Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos", las autoridades judiciales deben efectuar un control de convencionalidad ex officio en el marco de sus atribuciones y, por ende, deberán inaplicar las normas generales que, a su juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En este contexto, los Tribunales Colegiados de Circuito, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, máxime si deriva de un planteamiento específico de las partes, sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo se,R E S U E L V E:ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, a través de su defensora, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, por los motivos y razones expuestos en el último considerando de esta sentencia.NOTIFÍQUESELo resolvió y firma la licenciada *******, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el Secretario licenciado *******, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta secretarial, suscrito por la autoridad responsable Jueza de Primera Intancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento que se le formuló en auto de doce de julio del año en curso, y al efecto remite copia certificada del testimonio de la resolución de seis de los actuales, dictada en el toca **********/2021, del índice del Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua. En las relatadas circunstancias, agréguese a los presentes autos para los fines legales a que haya lugar, y con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********, con quien actúa y da fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; atento a su contenido, téngasele informando que el seis de julio del año en curso recibió el testimonio de la resolución dictada en el Toca **********/2021, por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en la que confirma la resolución que ordena la aplicación justificada de la prisión preventiva en contra del aquí quejoso, sin embargo, omite remitir las constancias con las que acredita su dicho. En las relatadas circunstancias, tomando en cuenta que podría actualizarse una causal de improcedencia que debe acreditarse fehacientemente, la cual es de orden público y de oficio para la suscrita; por tanto, con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, y 75, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al Juez responsable para que en un término de tres días, computado legalmente, remita a este juzgado copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el Toca **********/2021, anteriormente referido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 176291, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se le impondrá multa por cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para esta fecha y para su desahogo se señalan las once horas del seis de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el secretario **********, que autoriza y da fe. Doy fe.
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