Jose Antonio Robles Sanchez

Expediente 1170/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1170/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Jose Antonio Robles Sanchez
  • JOSE ANTONIO ROBLES SANCHEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el que desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Escrito inicial de demanda signado por José Antonio Robles Sánchez por propio derecho. Vista la demanda de amparo que promueve José Antonio Robles Sánchez, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla y otra autoridad, atento a su contenido; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 1170/2018. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, de contenido siguiente: El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, dispone:Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo indica: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la invocada Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (...) V.-Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). La trascripción anterior permite considerar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente algún derecho sustantivo, tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad; por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en cómo influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora bien, el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos Tiene aplicación, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Agosto de 1999, página 9, de rubro: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Ahora bien, la parte quejosa reclama esencialmente el auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del proceso 3/2017, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tecali de Herrara, Puebla, en el que declara desiertas las siguientes pruebas: Careos que se practicarían entre el aquí quejoso y la testigo de cargo Ana Belén Gutiérrez López. Interrogatorio que la defensa del aquí quejoso realizaría a la testigo de cargo ya mencionada. Careos que se practicarían entre la testigo de cargo Ana Belén Gutiérrez López con la testigo de descargo Violeta Flores Téllez. Atento a lo anterior, resulta evidente que la determinación reclamada en el juicio de amparo, del que deriva este expediente, no participa del carácter de imposible reparación, dado que dicha determinación no conlleva la afectación a un derecho sustantivo de la parte quejosa, habida cuenta que se trata de un acto de naturaleza procesal que sólo afecta, en su caso, derechos adjetivos, supuesto en el cual, por regla general, no resulta procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, esos derechos procesales tampoco son afectados en grado predominante o superior, en cuyo supuesto, pudiera, por excepción, resultar procedente el juicio de amparo biinstancial, pues tan sólo hace surgir la posibilidad de que pudiera llegar a ocurrir una afectación, pero ésta se actualizaría al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influya o sea tomada en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado; de ahí la necesidad de esperar hasta la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, con la sola condición de que se afectaren las defensas del quejoso y trascendieran al resultado del fallo adverso, sobre el entendido de que se satisfagan los presupuestos de procedibilidad de la acción de amparo respectivos. Ello es así, porque la violación que llegare a cometerse en el dictado de la determinación reclamada, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio resultan, finalmente, favorables a los intereses de la parte quejosa, con lo que jurídicamente desaparecerían las violaciones que se hubieren cometido en su contra. Bajo esa perspectiva, aun cuando dicha resolución la parte quejosa la estima inexacta, ésta no tiene el carácter de irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, por lo que no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se hayan declarado desiertas ciertas pruebas, no lo priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio, por lo que de no ser así, este tipo de actos, en caso de no obtener sentencia favorable, podrán ser impugnados junto con la sentencia en amparo directo, al tratarse de violaciones procesales cuya procedencia se da únicamente cuando se afecta la defensa de los contendientes y trascienden al resultado del fallo. En las relacionadas condiciones, se concluye que el auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del proceso 3/2017, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tecali de Herrara, Puebla, en el que se declararon desiertas las pruebas ya mencionadas; como ya se dijo, no es un acto que se encuentre dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que no causa perjuicio directo a los intereses de la misma, ya que no le depara perjuicio alguno, lo cual se podría determinar en todo caso hasta en tanto la autoridad responsable emita la sentencia correspondiente y se establezcan las afectaciones directas que el mismo cause al impetrante, por ende, en el supuesto de que dicho acto le cause algún perjuicio, lo deberá impugnar a través del juicio de amparo directo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/209, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1060, de rubro: VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. En razón de lo expuesto, como se había adelantado, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Isaac Rojas Álvarez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación.

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