José Antonio Robles Ramos
Expediente 1959/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1959/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- José Antonio Robles Ramos
- Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrita a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vistas las certificaciones que anteceden, se advierte que obran físicamente y digitalizadas en el expediente electrónico las constancias de notificación correspondiente a la sentencia de quince de febrero de dos mil veintitrés, así como las notificaciones correspondientes del auto por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión Atento a lo anterior, remítanse los autos originales del juicio de amparo 1959/2022-IV el original del escrito de expresión de agravios en el que la parte quejosa, interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el quince de febrero de dos mil veintitrés, y una copia de éste, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir del presente auto. Sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes dela Unión. En otro aspecto, hágase disponible el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través de la herramienta "vincular con otro órgano". Hágase del conocimiento lo anterior a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE a fin de que realice la referida autorización.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos, de los cuales se advierte que no obra constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, relativa a la sentencia dictada el quince de febrero de dos mil veintitrés. Por lo tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales y con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta al Actuario Judicial de este juzgado de Distrito, para que practique de manera inmediata la notificación personal a la parte quejosa y al representante social del auto de quince de febrero de dos mil veintitrés
- Principal
Visto el escrito que suscribe en su carácter de Delegado de la Autoridad Responsable Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento adscrita a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el quince de febrero de dos mil veintitrés, en consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por interpuesto el aludido recurso de revisión. Una vez que obren la totalidad de las constancias de notificación de este proveído y de la sentencia dictada en autos, remítanse los autos originales del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, para los efectos a que haya lugar.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo * promovido por por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna; Comisión de Honor, Justicia y Servicio Profesional de Carrera; Coordinador de Visitaduría Dirección de Asuntos Internos y Auditoría Preventiva y Dirección de Asuntos Internos y Auditoria Preventiva Perteneciente a la Dirección General de Contraloría y Visitaduría, todos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. por su propio derecho, el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos de las autoridades precisadas y que más adelante se sintetizarán: SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia, fue turnada a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien por auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, ordenó registrarla bajo el expediente, admitió a trámite la demanda, pidió los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; asimismo, por auto de cinco de diciembre del mismo año, se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa y se tuvo por inexistentes a las autoridades denominadas Coordinador de Visitaduría Dirección de Asuntos Internos y Auditoría Preventiva y Dirección de Asuntos Internos y Auditoria Preventiva Perteneciente a la Dirección General de Contraloría y Visitaduría ambos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, finalmente, seguido en sus etapas procesales tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se combate un acto que se atribuye una autoridad que tienen su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional, asimismo el acto reclamado tiene su origen en materia administrativa, competencia que es correspondiente a este juzgado federal. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2021. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados consisten en: Al Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, donde se tiene por perdido el derecho a desahogar la prueba testimonial ofertada por el aquí quejoso dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa así como la ejecución de la resolución que pone fin a dicho procedimiento. A la Comisión de Honor, Justicia y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía del Estado de Jalisco la ejecución de la resolución que pone fin al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Comisión de Honor, Justicia y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía del Estado de Jalisco al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia que se les atribuye consistente en la ejecución de la resolución que pone fin al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa consecuentemente, es de tenerles por inexistente dicho acto. Atendiendo lo anterior dicha negativa cobra relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos, porque, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, debe explicar las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe, en lo que la autoridad admite su existencia y aduce su constitucionalidad, más no, cuando esa autoridad niega categóricamente el acto que se le imputa, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. No pasa desapercibido para quien esto resuelve, que el accionante constitucional con el propósito de corroborar la existencia del acto atribuido a las autoridades responsables, en su demanda de amparo exhibió acuse original de fecha veintidós de agosto de dos mil veintidós, dirigido al Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco, documental que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo con esa constancia, no logra desvirtuar dicha negativa del acto que se les atribuye, habida cuenta que, con esta sólo se acredita la petición elevada a la responsable el veintidós de agosto de dos mil veintidós. Así, en esas condiciones, no existe medio de convicción alguno para desestimar las negativas de actos expuestas en párrafos precedentes, por lo que es evidente que no existen los actos que se les reclama. Consecuentemente, se desprende con certeza que no obra medio de convicción alguno que demuestre la existencia del acto reclamado a las autoridades responsables y dado que la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto a esas autoridades y el acto atribuido a ellas con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco, al rendir su respectivo informe justificado reconoció la existencia del mismo, el cual consiste en el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, donde se tiene por perdido el derecho a desahogar la prueba testimonial ofertada por el aquí quejoso dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa por lo que se tiene plenamente probado. QUINTO. Desestimación de las causales de improcedencia. Con relación a la causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable específicamente: El Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco: artículo 61, fracciones XII pues la autoridad refiere que el quejoso no cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de amparo y que los actos reclamados son de naturaleza intraprocesal por lo que no afectan los derechos sustantivos del accionante. Atento a lo anterior es de resaltar que resultan infundados dichos argumentos, ello por los fundamentos que enseguida se exponen. Con concordancia a la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de amparo y el artículo 107, fracción III, inciso B) aplicado en contrario sensu las mismas son infundadas, ello así dado que, la parte quejosa si cuenta con interés jurídico al formar parte del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Así las cosas, es de resaltar que en el auto de incoación del procedimiento de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ***, se hizo saber las sanciones que le podrían ser aplicadas, las cuales están previstas en el artículo 107 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, mismo que refiere: Consecuentemente, de llegar a dictar resolución en el procedimiento correspondiente y que la misma no sea favorable al quejoso, podría consumarse el acto reclamado y el gobernado sufriría una afectación a su esfera jurídica de imposible reparación, por tanto, atendiendo a lo antes narrado, resulta infundada dicha causal de improcedencia. Así, por lo que respecta al argumento referente a los actos de naturaleza intraprocesal, si bien no lo fundamentó con precepto legal alguno, quien esto resuelve lo vincula con la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Como se dijo dicha causal resulta infundada como a continuación se expondrá. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 167/2020, estableció supuestos en los cuales existe una excepción a la regla contra la improcedencia del juicio de amparo consistente en actos intraprocesales, como la admisión o inadmisión de las pruebas, como lo que se ventila en el presente caso. Así, la Primera Sala señaló como punto de partida, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus numerales 103 y 107, III, inciso b), así como el diverso artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que establecen que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Para un mejor entendimiento es importante definir qué se entiende por actos de imposible reparación. Pudiendo resumirse en dos características definitorias, a saber: Que produzcan una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, Que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Visto lo anterior es dable preparar el cimiento y estar en aptitud de determinar si la admisión o inadmisión de medios de prueba constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación; o mejor dicho, si puede o no constituir un acto de imposible reparación, pues esto es dable para la procedencia del juicio de amparo y su estudio de fondo en donde se encarga de evitar, y llegado el caso, enmendar, posibles violaciones a derechos humanos en el proceso, violaciones que así como pueden ocurrir fuera de un proceso, también pueden ocurrir dentro de uno, como puede ser la violación al derecho de ser oído y vencido en juicio con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas, así como el derecho al trabajo digno y socialmente útil previstos en los artículos 14, 17 y 123 Constitucionales. Asentado lo anterior para poder determinar si el auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa por el Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde se tiene por perdido el derecho a desahogar la prueba testimonial ofertada por el aquí quejoso es un "acto de imposible reparación", debe comprender los siguientes requisitos: Que la admisión o inadmisión de las pruebas exista en el plano de protección constitucional, es decir, que la ejecución de la admisión pueda implicar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por éstos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Así, una vez analizado lo anterior, se estima que en el presente juicio, no se actualiza la causal de improcedencia que refiere la autoridad responsable prevista en los artículos 61, fracción XXII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues con independencia de lo que se llegue a valorar con dicho medio de convicción al emitir la resolución definitiva, es de resaltarse que en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa está inmiscuida como sanción más grave la remoción con inhabilitación laboral como "Policía Investigador B", que desempeña actualmente el quejoso, por lo que dicho auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se tiene por perdido el derecho a desahogar la prueba testimonial ofertada por el aquí quejoso, al no desahogarse dicho medio de convicción, trasciende en el sentido de la resolución final, habida cuenta que, puede tener como resultado una violación al procedimiento en agravio del aquí doliente y que no se pueda subsanar con una reposición de procedimiento, pues como se indicó existe la imposibilidad de reincorporarlo en sus funciones, pues ello constituye una prohibición constitucional y en consecuencia se violentaría su derecho al debido proceso y derecho al trabajo contemplados en los artículos 14 y 123 Constitucionales, mismos que, como se indicó no podrán ser reparados. Por tanto, el acto aquí combatido puede tener consecuencias de imposible reparación, ello así, pues se reitera, que conforme al artículo 123, Apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de llegarse a concluir el procedimiento y en momento determinado decretar la remoción del quejoso en el carago de Policía Investigador B, existe la imposibilidad de reincorporarlo en sus funciones, pues ello constituye una prohibición constitucional, tal y como lo prevé la tesis número publicada el catorce de marzo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: SEXTO. Conceptos de Violación. Al no advertir diversa causa de improcedencia que se estudie de oficio, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado.- Son sustancialmente fundados, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa aunque para ello se deba suplir la deficiencia de la queja de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. El accionante constitucional refiere que no se respetaron las reglas del debido proceso y que la responsable de manera muy general fundamentó y motivó su actuar al dictar el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del Proceso de Responsabilidad Administrativo violentando así los artículos 14 y 16 constitucionales en su perjuicio. Ahora bien, se procede hacer una narración de los antecedentes para una mejor comprensión de la presente resolución. 1.- El trece de diciembre de dos mil veintiuno, se acordó la incoación de procedimiento de responsabilidad administrativa al aquí quejoso * Policía Investigador B, por el presunto cobro indebido de ***** centavos moneda nacional) por concepto de sobresueldo recibido en el periodo comprendido de marzo a noviembre de dos mil dieciocho, por estar adscrito a la nómina de Puerto Vallarta, Jalisco; y no desempeñar sus funciones físicamente en aquella localidad. 2.- El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se notificó al aquí quejoso la incoación del procedimiento administrativo. 3.- Por escrito presentado en la Fiscalía del Estado de Jalisco, recibido por la Contraloría Interna de dicha dependencia, el siete de abril de dos mil veintidós, dio contestación a la incoación del procedimiento en el cual ofertó como medios de convicción entre otros el marcado en el punto cuatro, consistente en el testimonio de Comandante de la Policía Investigadora en el distrito VIII con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, ello en términos del artículo 120 de Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 4.- Mediante oficio ***** direccionado a la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se solicitó informara si *era elemento activo de la institución; así en contestación a la referida misiva el veinticinco de abril de dos mil veintidós, por diversa minuta la citada directora de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, informó que es personal pasivo en virtud de su baja administrativa por término de contrato desde el primero de agosto del año dos mil veinte. 5.- En audiencia de desahogo pruebas y formulación de alegatos de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ordenó citar por su conducto al citado testigo ******ello dadas las manifestaciones vertidas por el procesado aquí quejoso, citación que se intentó practicar en dos ocasiones trece de junio y veintiuno de julio, ambos de dos mil veintidós. 6.- Así, por auto de diez de agosto de dos mil veintidós, se requirió a para efecto de señalar el domicilio donde pudiera ser localizado y notificado el testigo apercibido que de no hacerlo o de resultar inexacto el mismo, se declararía perdido el derecho al desahogo de dicha testimonial. 7.- En acatamiento a dicho requerimiento, el aquí quejoso por conducto de su abogado, por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, manifestó bajo protesta de decir verdad desconocer el domicilio del testigo solicitando se le proporcionara el mismo para que por sus propios medios los hiciera comparecer a la referida probanza. 8-. En contestación a la petición solicitada por el aquí quejoso, el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco, manifestó imposibilidad de proporcionar el domicilio de registrado en su base de datos, ello en virtud de que, refirió, es información confidencial con nivel de seguridad alto, asimismo le informó, que al no haberse obtenido resultado positivo al intentar citar el testigo, de conformidad al artículo 363 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, requirió a para que él hiciera comparecer al testigo ***el día nueve de septiembre de dos mil veintidós, a las instalaciones de la dependencia, apercibido que de no presentarlo se le declararía perdido el derecho al desahogo de la testimonial. 9.- Finalmente, el nueve de septiembre de dos mil veintidós, en la continuación de la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos, la autoridad instructora hizo efectivo el apercibimiento y en términos del artículo 120, penúltimo párrafo, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, tuvo por perdido el derecho al desahogo de la prueba. (Acto aquí combatido Narrado los antecedentes, conviene señalar que el derecho fundamental de audiencia constituye un principio consagrado en la Constitución Federal, que establece que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio, por los trámites legales y siguiendo para tal efecto las formalidades esenciales del procedimiento. Luego, debe decirse que en materia administrativo-laboral, tal principio adquiere relevancia dada la necesaria defensa del patrimonio y del trabajador; además de que de éste emanan dos consecuencias importantes, a saber: que la resolución pronunciada en un proceso administrativo sólo afecta a las personas que fueron denunciadas o procesadas en el mismo y que el inculpado en ese proceso debe ser citado de manera necesaria para que concurra a defender su causa, porque sería ilegal imponer sanción alguna a quien no ha sido parte en el proceso en que la resolución se dicta, o bien, que dicho proceso sea llevado de manera irregular. Por tanto, el principio de legalidad previsto en el artículo 14 constitucional consiste en que todo procedimiento llevado ante los tribunales previamente establecidos se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por otra parte, con relación a la debida fundamentación y motivación conforme a lo previsto en el artículo 16 constitucional, las autoridades en el ámbito de su respectiva competencia se encuentran obligados a dictar sus determinaciones en forma escrita, de manera fundada y motivada; esto es, se deben señalar las razones, argumentos y causas que justifiquen una determinación, así como los preceptos legales en que se sustente, resolviendo el problema jurídico sometido a su consideración. Pues bien, la garantía de fundamentación y motivación se encuentra colmada cuando la resolución cuenta con un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En ese contexto, como se adelantó, resultan sustancialmente fundados, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues analizados los argumentos utilizados por la autoridad responsable, en el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, mismo que son vinculados al auto de nueve de septiembre de la misma anualidad, en el cual manifiesta imposibilidad de proporcionar el domicilio de *al quejoso, ello en virtud de que es información confidencial con nivel de seguridad alto, y de conformidad al artículo 363 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, el propio quejoso debía hacer comparecer al testigo el día nueve de septiembre de dos mil veintidós, a las instalaciones de la dependencia, apercibido que de no presentarlo se le declararía perdido el derecho al desahogo de la testimonial y en consecuencia, al no hacer llegar al testigo se le hizo efectivo dicho apercibimiento al incoado, se advierte que dicho actuar no se apega a lo establecido por el artículo 363 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues no existe una adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable al caso. A fin de sustentar lo anterior, es necesaria la transcripción del artículo 120, penúltimo párrafo, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, mismo que dice: Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco: "Artículo 120. El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia con la correspondiente notificación al elemento operativo de que se ha instaurado en su contra el mismo, haciendo de su conocimiento lo siguiente. En el caso de la prueba testimonial, cuando los testigos sean servidores públicos de la dependencia serán citados por la instancia que instruya el procedimiento; en el caso de que los testigos sean personas ajenas a la institución el oferente, deberá presentarlos el día y hora señalados para el desahogo de la diligencia; en caso de no presentarlos se le tendrá por perdido el derecho al desahogo de la prueba. Será supletorio para el presente procedimiento el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco." Visto lo que antecede, es de resaltar en lo que aquí interesa, que el procedimiento de responsabilidad administrativa: Se iniciará de oficio o por denuncia con la correspondiente notificación al elemento operativo de que se ha instaurado en su contra, Con relación a la prueba testimonial, cuando los testigos sean servidores públicos de la dependencia serán citados por la instancia que instruya el procedimiento. En el caso de que los testigos sean personas ajenas a la institución el oferente, deberá presentarlos el día y hora señalados para el desahogo de la diligencia Será aplicado de manera supletoria al procedimiento el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Ahora bien, como se ve, el precepto legal trascrito, regula el trámite de citación a los testigos, pero lo hace de una manera muy genérica, esto es, deja lagunas jurídicas, pues no prevé el supuesto, en que el oferente de la prueba, manifieste bajo protesta de decir verdad la imposibilidad de hacer comparecer a los testigos, por situaciones ajenas al oferente, no obstante a ello, si prevé la aplicación supletoria de diversa legislación, como es el caso, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues el último párrafo del citado numeral 120 lo establece textualmente. Pues es de resaltar que la supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico. Asentado lo anterior, es de acudir al artículo 363 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mismo que se aplica de manera supletoria a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, el cual dice: En caso de que el señalamiento de domicilio de algún testigo resulte inexacto, se impondrá al promovente una multa equivalente hasta treinta días de salario mínimo general, vigente para el lugar del juicio, en el momento de imponerse la misma, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad en que hubiere incurrido, debiendo declararse desierta la prueba testimonial. El oferente de la prueba podrá sustituir sus testigos por causa justificada, siempre que lo solicite dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento de ésta y hasta el momento de la audiencia, cuando la causa sea conocida en ese momento y no se haya declarado perdido su derecho para ello." En concordancia con el artículo antes transcrito, con los antecedentes y de las propias manifestaciones de la parte quejosa, se advierte que la autoridad instructora no aplicó debidamente la ley supletoria al procedimiento, esto así, porque como se vio, el incoado aquí quejoso desde el ofrecimiento de la prueba en su escrito de contestación al procedimiento y en el diverso escrito de veintidós de agosto de dos mil veintidós, manifestó bajo protesta de decir verdad su imposibilidad para hacer comparecer al testigo, pidiendo que la propia autoridad lo citara, exponiendo las razones y motivos de esa imposibilidad, sin que los motivos expuestos deban probarse, ya que tal extremo, no lo exige la ley, pues el mismo artículo establece solamente la manifestación bajo protesta de decir verdad. Al caso, el Agente del Ministerio Público instructor, al dar contestación a la petición elevada por el quejoso refirió la imposibilidad de proporcionar el domicilio del testigo con el argumento de que es información confidencial con nivel de seguridad alto; sin embargo, este juzgador estima injustificado tal razonamiento, pues la autoridad responsable a fin de facilitar el desahogo de la prueba testimonial estaba obligada a realizar todas las gestiones que tiene a su alcance para hacer comparecer al testigo, pues de lo contrario, se le dejaría la carga procesal al oferente, que como se vio, efectivamente no está a su alcance hacer comparecer al ciudadano, pues manifestó bajo protesta de decir verdad desconocer su domicilio, por lo que tenerle por perdido el derecho al desahogo de dicha probanza, lo dejó en estado de indefensión, ello por cuestiones inimputables al oferente. Descuella de lo anterior que, la autoridad responsable aplicó de manera incorrecta el artículo 363 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al apercibir al incoado, ya que el artículo en ninguno de sus párrafos establece el apercibimiento que le fue realizado al quejoso, esto es, declararle perdido el derecho al desahogo de la prueba testimonial. Al contrario dicho numeral reza que "cuando la parte que ofrece su testimonio manifieste bajo protesta de decir verdad no poder por sí misma hacer que se presenten. El juez ordenará la citación." supuesto aplicable a la presente Litis. Por tanto, la autoridad instructora en cumplimiento a lo previsto en el multicitado artículo 363 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria, debió asumir la responsabilidad de la citación y no dejarle la carga de la comparecencia al oferente, pues este último expuso sus motivos, manifestando bajo protesta de conducirse con verdad desconocer el domicilio del testigo, por tanto, la autoridad en su actuar restringió en perjuicio del quejosos su derecho a la adecuada defensa, habida cuenta que, -y esto es lo relevante-, debió proporcionar los domicilios del testigo que tuviera en su poder y ordenar citarlo en los mismos. Máxime que, como se dijo, resulta injustificado que la responsable se haya negado a proporcionar el domicilio del testigo, bajo el argumento de que se trataba de información confidencial de alto riesgo, pues en todo caso, debió utilizar directamente esa información (domicilio del testigo) y citarlo al desahogo de la prueba testimonial. No es óbice lo anterior, el hecho de que obre en autos del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, dos actas de imposibilidad para notificar al referido testigo pues de las mismas se advierte que se realizaron el trece de junio a las catorce horas con cuarenta y siete minutos; y, el veintiuno de julio a las quince horas con veintiocho minutos, ambos del año dos mil veintidós, pues, con la finalidad de logar la comparecencia del testigo a fin de desahogar la prueba a su cargo, debió aplicar de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, con el fin de habilitar días y horas inhábiles acorde al artículo 55 de la ley referida, ello con el fin de tener por agotado el domicilio de referencia y tratar de hacer comparecer al testigo. En efecto, resultan insuficientes los motivos de imposibilidad de notificación descritas en las actas de fecha trece de junio y veintiuno de julio, ambos del dos mil veintidós, pues por una parte, no se advierte que el actuario hubiese establecido que no era el domicilio del testigo, tampoco se evidencia que el inmueble se encuentra en desuso o deshabitado, menos aún se desprende que haya investigado con los vecinos tal aspecto, ello así dado que de la misma razón actuarial, existe indicio de que el ateste de referencia si vive en ese lugar, pues se le permitió el paso a un condominio privado, dado que el notificador manifestó el motivo de su visita y dio los datos de la persona buscada, en congruencia, de no ser la persona que se busca se le hubiese informado que no vive en ese lugar, desde la caseta de vigilancia, asimismo, no se acudió en horas y días inhábiles a fin de cerciorarse de que en ese domicilio no habita el testigo; de ahí que, para tener por agotado dicho domicilio la autoridad responsable, debió habilitar días y horas inhábiles, para que el notificador, realizara la citación del testigo a fin de lograr su comparecencia. De lo antes expuesto, es lógico y jurídico señalar que el Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco, no cumplió con los principios rectores del procedimiento consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales los cuales textualmente dicen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." En esas condiciones y ante lo fundado del concepto de violación antes precisado en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección de la justicia de la Unión a *** contra actos del Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco, para que en el ámbito de sus facultades: 1.- Deje insubsistente el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa 2.- Dicte otro en el que atendiendo a los puntos de la presente resolución, ordene nuevamente la citación del testigo haciendo uso de todas las medidas que estime necesarias a fin de lograr su comparecencia, habilitando para ello, días y horas inhábiles, en la inteligencia que, primero deberá ordenar dicha citación, en el domicilio que le fue proporcionado originalmente, pero en días y horas inhábiles; y si no logra citar al ateste en dicho domicilio, deberá proporcionar el domicilio al quejosos o utilizar el resto de los domicilios que obren en su poder y seguir los lineamientos indicados, esto es, habilitar días y horas inhábiles, para lograr por todos los medios que estén a su alcance, la comparecencia del testigo; y, por ende el desahogo de la prueba testimonial ofertada por el aquí quejoso. 3.- Hecho lo anterior determine lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1o, fracción I, 73 a 76 de la ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo por lo que ve al Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Comisión de Honor, Justicia y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía del Estado de Jalisco, por las razones y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La justicia de la Unión ampara y protege a **** contra actos del Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento Adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
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