José Antonio Rivas Granados
Expediente 1232/2017 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1232/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/07/2018
Partes del expediente
- José Antonio Rivas Granados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el auto de catorce de junio de dos mil dieciocho (folios 174 a 179), en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido.Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó en el juicio, a consideración del suscrito, este expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones I y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado con anterioridad, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Tocante al incidente de suspensión se considera que el original del mismo es depurable una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse el original del incidente de suspensión, en razón de que por una parte se negó y, por otra, se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, por actualizarse el supuesto previsto en el segundo párrafo de la fracción III del punto que se menciona, toda vez que se concedió. En atención al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre el plazo para su destrucción, remítase al legajo correspondiente. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por las partes que así lo hicieron en este juicio de amparo, requiéraseles para que acudan a este juzgado de Distrito a recogerlos, dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique.Apercibidos que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, mediante el cual cumple con el mandato judicial federal contenido en auto de doce del mes y año que transcurren. Agréguense al sumario para los efectos legales a que haya lugar el comunicado y anexo certificado de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de autos así como de las documentales remitidas por el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, se advierte diáfanamente que en el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados por la quejosa, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el canon 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63, de la citada ley de la materia, atento a las consideraciones siguientes. Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: --- I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; --- II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; --- III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; --- IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del lapso de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es inconcuso que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. En el caso, José Antonio Rivas Granados reclama ante esta instancia constitucional, en esencia, del juez, secretario ejecutor y notificador adscritos al Juzgado Segundo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el citatorio y el acta de requerimiento de pago, emplazamiento y embargo de diez de octubre de dos mil dieciséis, lo anterior dentro del juicio mercantil ejecutivo 2296/2016, en el que se demandó al ahora quejoso por diversas prestaciones. Pues bien, de la demanda de garantías el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen y de lo reprochado en esta sede de control constitucional el nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Luego, de las copias certificadas que remitió el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, se advierte que el hoy quejoso el nueve de febrero de dos mil diecisiete, celebró un contrato de donación ante el Notario Público Titular número veintitrés de Guadalajara, Jalisco, el cual quedó protocolizado en la escritura pública siete mil setecientos noventa y ocho, el cual quedó registrado bajo el folio real 2013830, del Libro 8354, sección 1, de la oficina 2 documento 25, orden 470554; con número de prelación 138964, acto consensual que se presentó para su registro el trece de febrero de dos mil diecisiete, quedando verificado el acto traslativo el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Documentales que gozan de plena eficacia con base en el precepto 202 del enjuiciamiento civil federal (aplicado supletoriamente, de acuerdo con el dispositivo 2°, párrafo segundo, de la legislación de la materia), por tratarse de reproducción de documentos públicos que ostentan certificación elaborada por funcionario en el ejercicio de su encomienda y con motivo de ella, que contienen la existencia regular de sellos y firmas que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado gozando de la más amplia libertad para su análisis considera que las mismas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis cuyos rubros son: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR" y "CERTIFICACIONES JUDICIALES". Así, se observa claramente en la boleta registral la existencia de la anotación de embargo sobre el inmueble que defiende el quejoso de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis. De lo anterior se colige que el aquí quejoso tuvo conocimiento de la existencia de lo reprochado que culminó con el embargo trabado sobre el bien inmueble que donó, desde el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, data en que se comprobó el acto traslativo de dominio y no el veintinueve de noviembre de ese mismo año como afirma. En ese contexto, si el impetrante tuvo pleno conocimiento de la existencia del juicio sobre el cual se trabó embargo del bien inmueble que donó y que defiende en este juicio de amparo, por lo menos, desde el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete; por tanto, el plazo para presentar la demanda de amparo empezó a correr a partir del día siguiente hábil conforme a lo establecido por el artículo 18 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, hasta el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, es claro que transcurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que su presentación es extemporánea y deben tenerse como tácitamente consentidos los actos que ahora se reclaman, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala" "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar" Sin que sea óbice a lo anteriormente determinado, el hecho de que el solicitante del amparo hubiera manifestado que tuvo conocimiento de los actos materia de reproche el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, y que por ello se torne presentado en tiempo el juicio de amparo que ahora intentan, pues lo cierto es que tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, por lo menos, desde el veinticuatro de marzo de ese mismo año. Ello, porque del análisis de la escritura en comento específicamente en la fracción I inciso c), del capítulo de declaraciones, se observa que el hoy quejoso declaró ante notario lo siguiente: "Que el inmueble se encuentra libre de todo gravamen, salvo el que aparece en el certificado inserto", luego, el impetrante tenía conocimiento del embargo del inmueble y de dónde provino esa orden. En tales condiciones, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que se sobresee en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de haber sobrevenido la causa de improcedencia precisada. Máxime que la causa de improcedencia, que se advierte, es notoria, manifiesta e indudable, y con ninguna prueba puede desvirtuarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto que se cita a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho. IV. Se recibe escrito. Finalmente, se tiene por recibido el ocurso signado por el autorizado en amplios términos de la parte tercera interesada y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas pretéritas. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO: Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa, el auto de catorce de junio de dos mil dieciocho, por el cual se tiene por recibido el oficio signado por el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, mediante el cual cumple con el mandato judicial federal contenido en auto de doce del mes y año que transcurren. Agréguense al sumario para los efectos legales a que haya lugar el comunicado y anexo certificado de cuenta. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de autos así como de las documentales remitidas por el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, se advierte diáfanamente que en el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados por la quejosa, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el canon 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63, de la citada ley de la materia, atento a las consideraciones siguientes. Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: --- I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; --- II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; --- III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; --- IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del lapso de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es inconcuso que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. En el caso, José Antonio Rivas Granados reclama ante esta instancia constitucional, en esencia, del juez, secretario ejecutor y notificador adscritos al Juzgado Segundo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el citatorio y el acta de requerimiento de pago, emplazamiento y embargo de diez de octubre de dos mil dieciséis, lo anterior dentro del juicio mercantil ejecutivo 2296/2016, en el que se demandó al ahora quejoso por diversas prestaciones. Pues bien, de la demanda de garantías el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la existencia del juicio de origen y de lo reprochado en esta sede de control constitucional el nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Luego, de las copias certificadas que remitió el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, se advierte que el hoy quejoso el nueve de febrero de dos mil diecisiete, celebró un contrato de donación ante el Notario Público Titular número veintitrés de Guadalajara, Jalisco, el cual quedó protocolizado en la escritura pública siete mil setecientos noventa y ocho, el cual quedó registrado bajo el folio real 2013830, del Libro 8354, sección 1, de la oficina 2 documento 25, orden 470554; con número de prelación 138964, acto consensual que se presentó para su registro el trece de febrero de dos mil diecisiete, quedando verificado el acto traslativo el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Documentales que gozan de plena eficacia con base en el precepto 202 del enjuiciamiento civil federal (aplicado supletoriamente, de acuerdo con el dispositivo 2°, párrafo segundo, de la legislación de la materia), por tratarse de reproducción de documentos públicos que ostentan certificación elaborada por funcionario en el ejercicio de su encomienda y con motivo de ella, que contienen la existencia regular de sellos y firmas que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado gozando de la más amplia libertad para su análisis considera que las mismas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis cuyos rubros son: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR" y "CERTIFICACIONES JUDICIALES" . Así, se observa claramente en la boleta registral la existencia de la anotación de embargo sobre el inmueble que defiende el quejoso de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis. De lo anterior se colige que el aquí quejoso tuvo conocimiento de la existencia de lo reprochado que culminó con el embargo trabado sobre el bien inmueble que donó, desde el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, data en que se comprobó el acto traslativo de dominio y no el veintinueve de noviembre de ese mismo año como afirma. En ese contexto, si el impetrante tuvo pleno conocimiento de la existencia del juicio sobre el cual se trabó embargo del bien inmueble que donó y que defiende en este juicio de amparo, por lo menos, desde el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete; por tanto, el plazo para presentar la demanda de amparo empezó a correr a partir del día siguiente hábil conforme a lo establecido por el artículo 18 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, hasta el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, es claro que transcurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que su presentación es extemporánea y deben tenerse como tácitamente consentidos los actos que ahora se reclaman, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala" "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar" Sin que sea óbice a lo anteriormente determinado, el hecho de que el solicitante del amparo hubiera manifestado que tuvo conocimiento de los actos materia de reproche el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, y que por ello se torne presentado en tiempo el juicio de amparo que ahora intentan, pues lo cierto es que tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, por lo menos, desde el veinticuatro de marzo de ese mismo año. Ello, porque del análisis de la escritura en comento específicamente en la fracción I inciso c), del capítulo de declaraciones, se observa que el hoy quejoso declaró ante notario lo siguiente: "Que el inmueble se encuentra libre de todo gravamen, salvo el que aparece en el certificado inserto", luego, el impetrante tenía conocimiento del embargo del inmueble y de dónde provino esa orden. En tales condiciones, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que se sobresee en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de haber sobrevenido la causa de improcedencia precisada. Máxime que la causa de improcedencia, que se advierte, es notoria, manifiesta e indudable, y con ninguna prueba puede desvirtuarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto que se cita a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho. IV. Se recibe escrito. Finalmente, se tiene por recibido el ocurso signado por el autorizado en amplios términos de la parte tercera interesada y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas pretéritas.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio y anexos que remite el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al cual adjuntó el juicio de amparo 1232/2017, un cuaderno de pruebas, así como la ejecutoria pronunciada en la revisión principal 42/2018, en la cual se advierte que dicho tribunal determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, se ordena reponer el procedimiento, en el juicio de amparo indirecto 1232/2017, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco" Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Acúsese recibo de estilo. Glósese cuaderno de antecedentes. En consecuencia, súmense a los autos el testimonio de referencia y el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; en el entendido que únicamente deberán conservarse las posteriores al acuerdo en el que se ordenó remitir el recurso de revisión y todas aquellas actuaciones originales; para evitar una duplicidad innecesaria de constancias. Se requiere constancias. Ahora bien, como la superioridad ordena en la resolución recibida en líneas anteriores, requiérase al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, con fundamento en el artículo 17 Constitucional que establece entre otras cosas que la justicia es pronta, remita copias certificadas, completas y legibles de la totalidad de la última escritura pública registrada a folio real 2013830, así como su correspondiente certificado de existencia o inexistencia de gravamen del folio en cita, toda vez que resultan necesarias para la substanciación y resolución de este asunto. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la ley de Amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
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