José Antonio Rico Rico
Expediente 724/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2016
Partes del expediente
- José Antonio Rico Rico
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de septiembre de dos mil dieciséis. PERSONALIDAD Se tiene recibida la demanda de amparo que promueve xxx, quien se ostenta como apodera legal de xxx; y exhibe el documento público consistente en escritura xxx; de diecinueve de agosto de dos mil quince; expedido en el Estado de Querétaro; que no tiene vigencia; en donde se advierte de la foja 13, que se le concede poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y administración en materia laboral; por tanto, en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad de la promovente xxx, como apodera legal de xxx. Se tiene por recibida la demanda de amparo signada porxxx, quien apodera legal de xxx; contra actos de: Primer Secretario de Acuerdos de la Segunda Ponencia en suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Sala Regional del Centro, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 724/2016-IV-C DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: Resolución de ocho de agosto de dos mil dieciséis que desecha la demanda de nulidad interpuesta. Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un medio de defensa establecido en la norma secundaria, en el caso, los preceptos 109 y 113 del Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, que establecen lo siguiente: ARTÍCULO 59. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del Magistrado Instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sala o Sección respectiva, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate. ARTÍCULO 60.- Interpuesto el recurso a que se refiere el artículo anterior, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de cinco días para que exprese lo que a su derecho convenga y sin más trámite dará cuenta a la Sala para que resuelva en el término de cinco días. El magistrado que haya dictado el acuerdo recurrido no podrá excusarse. De los enunciados normativo trascritos, se advierte que el acto reclamado, es recurrible mediante la reclamación. Ahora bien, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo; Idóneo; y Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo.Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, los medios de defensa -recurso de reclamación- reúnen dichos requisitos, pues este es efectivo, en razón que está previsto en las normas referidas, en sus numerales transcritos; es sencillo su trámite, pues basta un escrito de la parte afectada, en el que se haga valer el acto impugnado. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene en su caso como fin revocar o anular la los actos impugnados, ya que se tramita, con un escrito de expresión de agravios, ante la misma autoridad que emitió el acto, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate. Asimismo, el acto reclamado no encuadra dentro de alguna de las excepciones que prevé la fracción en estudio del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que: a) Que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Actos que afecten la libertad personal del quejoso, fuera de procedimiento; c) Ni de persona extraña al procedimiento. En este orden de ideas, resulta obligatorio para el aquí quejoso, agotar el recurso establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo antes de acudir al Juicio de amparo. En tal situación, se desecha la demanda presentada por Silvia Eugenia Barragán Castrejón, quien se ostenta como apodera legal de José Antonio Rico Rico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones en el domicilio ubicado en xxx; y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a las personas que indica toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene a la parte quejosa, oponiéndose a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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