José Antonio Reyes Soto

Expediente 1101/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1101/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • José Antonio Reyes Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diecisiete de septiembre dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó por una parte y por otra se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental. (IV)

  2. Principal

    Vistos los oficios de cuenta, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables Fiscal General del Estado y Comisario General de la Policía Ministerial del Estado, por conducto del Inspector General de Investigación de Grupos Especiales y de Guardias de la Comisaría General de la Policía Ministerial del Estado, informando sobre la suspensión de plano dictada el dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho; sin embargo, agréguense a los autos sin mayor proveído toda vez que en auto de diecisiete de septiembre siguiente, por una parte se desechó la demanda de amparo y por otra se tuvo por no presentada. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que mencionan y como lo dispone el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme al artículo 2º, segundo párrafo, el domicilio que señala para tal efecto la primera de la mencionadas....(IV)

  3. Principal

    Vista la razón actuarial de dieciséis de septiembre del año en curso, de la que se advierte que José Antonio Reyes Soto, sí ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre, y que Cristian Abel Jiménez Romo y/o Cristian Jiménez Romo, no ratificó la demanda de amparo presentada a su favor. Por tanto se tiene a José Antonio Reyes Soto promoviendo juicio de amparo, en contra de actos del Fiscal General del Estado de Aguascalientes y otras autoridades. -Desechamiento- Ahora bien, el análisis de la demanda, conduce a estimar que contra los actos reclamados, que atribuye José Antonio Reyes Soto a las responsables, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la misma, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1º.A.J/4, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", también cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, página 403, novena época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. Ahora bien, la parte promovente señala como actos reclamados a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Aguascalientes, Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes, Fiscal en Turno adscrito a la Fiscalía del Estado y Delegado de la Procuraduría General en el Estado, la incomunicación y tortura. Sentada la anterior premisa normativa, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados son materia de diverso juicio de control constitucional, que se encuentra pendiente de resolución. La fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, expresamente disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas (.); (.)." De lo dispuesto por el invocado numeral, se desprende que son dos los requisitos exigidos para que opere la causa de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución; y, b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y por el propio acto reclamado; aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas. Se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa, reclama actos que son materia del diverso juicio de amparo 1100/2018-III, que se tramita ante este mismo juzgado y que se encuentra pendiente de resolución, aspecto que se invoca como hecho notorio, por tener conocimiento del mismo por razón de la actividad jurisdiccional que se desarrolla, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.P. J25, consultable en la página 1199, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se lee: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO.. Sin necesidad de que deba glosarse copia certificada de las actuaciones relativas, puesto que su conocimiento deriva de la actividad jurisdiccional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que permite válidamente invocar como un hecho notorio, las actuaciones que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico. Al respecto de lo anterior, cobra aplicación, por mayoría de razón y por no contravenir las disposiciones de la vigente Ley de Amparo, la jurisprudencia 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Así, al tener a la vista el expediente 1100/2018-III, se advierte que éste fue promovido por José Antonio Reyes Soto, por conducto de Juana Soto Rojas, que señaló como autoridades responsables Fiscal General del Estado de Aguascalientes, Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes, Fiscal en Turno adscrito a la Fiscalía del Estado y Delegado de la Procuraduría General en el Estado, de quienes reclamó actos de incomunicación y tortura. Asimismo, dicho juicio de amparo, se admitió el diecisiete de este mismo mes y año, encontrándose pendiente de resolución. En ese tenor, basta ver las demandas de amparo tanto del presente procedimiento, como la del citado juicio de amparo 1100/2018-III, para advertir que: Fue promovida por la misma quejosa, es decir por José Antonio Reyes Soto, por conducto de Juana Soto Rojas. En contra de las mismas autoridades, es decir del Fiscal General del Estado de Aguascalientes, Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes, Fiscal en Turno adscrito a la Fiscalía del Estado y Delegado de la Procuraduría General en el Estado. Se combate el mismo acto, la incomunicación y tortura. Consecuentemente, el acto reclamado precisado, ya no puede dar lugar a un nuevo análisis en el presente juicio de control constitucional, pues es materia del diverso juicio de amparo 1100/2018-III, invocado como hecho notorio; por tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha de plano, de manera parcial, la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Así como la jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.. -Directo quejoso no ratifica demanda, se tiene por no presentada- Por otro lado, vista la diligencia de dieciséis de septiembre del año en curso, de la que se aprecia que el Actuario Judicial de la adscripción se entrevistó con el directo quejoso Cristian Abel Jiménez Romo y/o Cristian Jiménez Romo y que éste le manifestó que no era su deseo ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por María de Lourdes Cruz Santillán; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias dictadas en el presente asunto. -Razón actuarial- Ahora bien tomando en consideración la razón actuarial de diecisiete de septiembre del año en curso, en la que se hizo constar que no fue posible notificar los oficios 21431/2018 y 21432/2018 dirigidos al Fiscal en Turno adscrito a la Fiscalía del Estado y Delegado de la Procuraduría General en el Estado, ya que al constituirse en las oficinas de la Comisaría General de la Policía Ministerial del Estado, se le informó que las citadas autoridades no existen en el organigrama de la dependencia, agréguese a los autos sin mayor proveído, en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda promovida por Cristian Abel Jiménez Romo y/o Cristian Jiménez Romo, y por lo que se refiere a José Antonio Reyes Soto se desechó. -Habilitación de Horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Se notifica por lista a los quejosos José Antonio Reyes Soto y a Cristian Abel Jiménez Romo y/o Cristian Jiménez Romo la determinación que antecede.(IV)

  4. Principal

    ****Vista la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Cruz Santillán en favor de José Antonio Reyes Soto y Cristian Abel Jiménez Romo y/o Cristian Jiménez Romo, contra actos del Fiscal General del Estado y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 1101/2018-IV. - Localización del quejoso y ratificación de demanda - Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo y 126, de la Ley de Amparo; previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado: se constituya en el lugar donde se encuentran recluidos los directos quejosos José Antonio Reyes Soto y Cristian Abel Jiménez Romo y/o Cristian Jiménez Romo, y en caso de no localizarlos, deberá buscarlos en los separos de Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, "C4", de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, Centro de Reinserción Social Aguascalientes y Zona Militar. En el supuesto de que los agraviados se encuentren detenidos en alguno de los lugares mencionados y los encargados o custodios se nieguen a ponerlos ante su presencia, o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentran en los mismos, se deberá apercibir a dichos encargados o custodios que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato de suspensión. En el caso de que los buscados no se encuentren en los citados separos, y se le informe al Actuario que se encuentran en diverso lugar, o él advierta o tenga conocimiento que le indique que se encuentran en sitio distinto; se autoriza a dicho funcionario para que se traslade al lugar que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Una vez que el Actuario localice a los directos quejosos deberá notificarles este proveído y requerirlos para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifiesten por sí o por su representante legal si ratifican o no el escrito con que se da cuenta, apercibidos en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado; igualmente deberá asentar en la razón que levante: 1. El estado general de la integridad física de los quejosos; 2. Las condiciones de las instalaciones en que se encuentren privados los quejosos, o donde sean entrevistados por el Actuario; 3. Si observa o tiene conocimiento de actos de tortura física o psicológica o tratos inhumanos sufridos por los quejosos, cuestionando sobre ello a los afectados, así como respecto a cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular. -Suspensión de plano- En términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: 1. Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. 2. Ataques a la libertad fuera de procedimiento. Si la detención de la parte quejosa, es efectuada por alguna autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público: para el efecto de que sin demora cese la detención y se ponga al peticionario de amparo en libertad. Salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede: para que la parte agraviada quede a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. 3. Afectación de la libertad personal por orden del Ministerio Público. Si los directos quejosos se encuentran a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede: para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sean puestos en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En caso distinto a los anteriores y en el supuesto de que la detención de los quejosos haya obedecido por caso urgente, se concede la suspensión para que los quejosos sean puestos en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. - Obligación de la autoridad responsable de informar cumplimiento a la suspensión de plano - La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ... Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. .. Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. - Autorizados - Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Omar García Aguilar y Luis Antonio Porras Villanueva por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de derecho o abogado, conforme al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Luis Alberto Moreno Rosas, esto con base en el artículo 12 último párrafo de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado la quejosa. - Habilitación y autorizaciones - A efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo se habilitan días y horas inhábiles, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo.

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