José Antonio Reyes Lozano

Expediente 279/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 29 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
279/2023
Año
2023
Actuaciones
29
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Reyes Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    I. Causa Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. II. Valoración del expediente. III. Valoración del incidente de suspensión. SUSPENSIÓN CONCEDIDA. IV. Billete deposito. Sin que resulte procedente la devolución del billete de depósito ****** por la cantidad de tres mil pesos, exhibido por la parte quejosa para que surtiera efectos la medida suspensional decretada en autos, en virtud que se encuentra transcurriendo el plazo que señala el artículo 156 de la Ley de Amparo, con que cuenta la parte tercero interesada para promover el incidente a que se refiere dicho numeral. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y su anexo que remite el Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de siete de junio del dos mil veintitrés, anexa copia certificada del oficio 1192/2023 de nueve de junio de dos mil veintitrés, dirigido al Director de Seguridad Pública Municipal. Por otra parte, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual; además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. La parte quejosa reclama el proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 493/2022, por el Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, en el cual se le impuso un arresto por doce horas en la Dirección Municipal de Seguridad Pública, En el caso concreto, se materializa la causa de inviabilidad que señala la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia el cual prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La cesación de efectos ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que deje de existir la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior anula las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. En efecto, la causal referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis con registro digital: 266626, Sexta Época, Materia(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Volumen LXVIII, Tercera Parte, página 86, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, del oficio y anexo de cuenta se advierte que el juez responsable, giró el oficio 1192/2023 de nueve de junio de dos mil veintitrés, al Director de Seguridad Pública Municipal, en el cual le comunicó que dejó sin efectos la orden de arresto dictada el diez de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio ejecutivo mercantil 493/2022, con motivo de que se decretó la caducidad de la instancia en esa controversia. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno toda vez que se trata de documento público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que la violación alegada cesó jurídicamente en sus efectos, porque se dejó sin efectos el arresto ordenado en auto de diez de febrero de dos mil veintitrés. De ahí que no existe afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- En consecuencia, como opera la causal analizada, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA TRECE DE JUNIO DEL AÑO 2023 Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y su anexo que remite el Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de siete de junio del dos mil veintitrés, anexa copia certificada del oficio 1192/2023 de nueve de junio de dos mil veintitrés, dirigido al Director de Seguridad Pública Municipal. Por otra parte, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual; además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. La parte quejosa reclama el proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 493/2022, por el Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, en el cual se le impuso un arresto por doce horas en la Dirección Municipal de Seguridad Pública, En el caso concreto, se materializa la causa de inviabilidad que señala la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia el cual prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La cesación de efectos ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que deje de existir la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior anula las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. En efecto, la causal referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis con registro digital: 266626, Sexta Época, Materia(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Volumen LXVIII, Tercera Parte, página 86, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, del oficio y anexo de cuenta se advierte que el juez responsable, giró el oficio 1192/2023 de nueve de junio de dos mil veintitrés, al Director de Seguridad Pública Municipal, en el cual le comunicó que dejó sin efectos la orden de arresto dictada el diez de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio ejecutivo mercantil 493/2022, con motivo de que se decretó la caducidad de la instancia en esa controversia. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno toda vez que se trata de documento público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que la violación alegada cesó jurídicamente en sus efectos, porque se dejó sin efectos el arresto ordenado en auto de diez de febrero de dos mil veintitrés. De ahí que no existe afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- En consecuencia, como opera la causal analizada, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y su anexo que remite el Juez Tercero de lo Mercantil en esta ciudad, con el que da cumplimiento parcial al requerimiento formulado en proveído de fecha treinta de mayo de dos mil veintitrés y remite las constancias que le fueron solicitadas. Ahora bien, al oficio que se provee se acompaña copia certificada del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Juez responsable en el que se declaró que operó de plano la caducidad de la instancia y se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Por otra parte, de las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil ********************, que se acompañaron como complemento al informe justificado, se advierte que en auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, se impuso un arresto por doce horas (acto reclamado) a ********************, y con motivo de ello, giró el oficio **(sic), de catorce de febrero de esta anualidad, al Director Municipal de Seguridad Pública de esta ciudad, para que procediera a su ejecución; sin embargo, la autoridad responsable en el oficio de cuenta no informó si con motivo de la caducidad de la instancia en la controversia natural, ordenó la cancelación de dicho oficio. Por tanto, con fundamento en el numeral 62 de la Ley de Amparo requiérase al Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, informe si canceló el oficio **(sic) de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en el que ordenó al Director de Seguridad Pública de esta ciudad, materializar el mencionado medio de apremio, y de ser el caso remita en copia certificada las documentales que así lo acrediten. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo (unidad de medida de actualización), vigente en la Ciudad de México, lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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