Jose Antonio Resendiz Martínez

Expediente 775/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
775/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Jose Antonio Resendiz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. I. Regulariza destino archivístico. Vista la cuenta, toda vez que por auto de dieciocho de marzo del año en curso, se estableció que este expediente es susceptible de depuración; sin embargo, lo anterior, dado que en este asunto se resolvió decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el destino archivístico del expediente, únicamente para efecto, de establecer que es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, lo que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. I. Cambio de Titular. Como se advierte de la certificación, mediante oficio SEADS/52/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de trece de enero de dos mil veintiuno, se acordó la readscripción del juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias, a este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, ello, de conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, titulada "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. III. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el artículo 18 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LA RAZÓN LEVANTADA EN AUTOS EL 26/01/2021, SE NOTIFICA POR LISTA LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO ESENCIAL DICE: "...Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en los diversos considerativos tercero y quinto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.".

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, a veintiocho de diciembre de dos mil veinte V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 775/2020-V, promovido por ****, contra actos del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil veinte en el buzón OCC J.D., recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, al día siguiente y turnado a este Juzgado el nueve de octubre siguiente, ****, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos y autoridades que se especifican más adelante. SEGUNDO. El quejoso narró los antecedentes del acto reclamado; invocó los preceptos constitucionales que consideró transgredidos; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, se registró el expediente con el progresivo 775/2020-V, en el Libro de Gobierno y se previno al quejoso para que precisara las autoridades responsables y los actos que pretendía atribuirles. Una vez cumplido lo anterior, en acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda 1 de amparo por los actos y autoridades que adelante se señalarán, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. Satisfechas las exigencias legales en la integración y tramitación del presente asunto, la audiencia constitucional relativa, tuvo inicio al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución que ahora se pronuncia; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclama un acto que se verificó dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo 2 dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda de amparo. En apoyo a lo anterior tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". 3 Así, atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, se tienen en el presente juicio como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridades responsables: a) La Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. b) Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. c) Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Querétaro. Actos reclamados:  La orden de reducción al 30% del salario del quejoso durante el procedimiento disciplinario CHJ/PD/***/2020 seguido en su contra ante el Consejo de Honor y Justica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como su ejecución; medida decretada en acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte dentro del procedimiento apuntado. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan de inconstitucionales, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del 4 procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio sea procedente. En este contexto, toda vez que la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, negó categóricamente la expedición y/o ejecución de la orden de reducción al 30% del salario del quejoso durante el procedimiento disciplinario CHJ/PD/***/2020 seguido en su contra, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio con respecto a dicho acto, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 170, visible a fojas 281 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Volumen Común al Pleno y a las Salas, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el 5 sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Aunado a que el quejoso no ofreció prueba alguna que desvirtuara tal negativa, siendo que es a dicha parte, a quien corresponde la carga de la prueba; por tanto, este órgano federal reitera, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa en cuanto al acto y autoridades referidos. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado; toda vez que al rendir su informe justificado el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro y la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Querétaro, aceptaron respectivamente la orden y ejecución de la reducción de salario apuntada, lo que además se corrobora con las documentales que acompañó la primera de dichas autoridades, consistentes en copias certificadas del procedimiento disciplinario CHJ/PD/***/2020, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de amparo, en términos del artículo 2º. del último ordenamiento citado. Lo anterior encuentra sustento además, en la tesis de Jurisprudencia número 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Apéndice 1917-Septiembre 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: 6 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.-Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También resulta aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. De autos no se revela que alguna de las partes hubiese propuesto la improcedencia del juicio de amparo; sin embargo, esta juzgadora advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado relativo a la orden de reducir al 30% el salario del quejoso, al presentar su demanda de amparo después del plazo de quince días con que contaba para ello. En efecto, el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos 7 tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando se promueve después de la conclusión de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, en cuyo caso se entenderá que el quejoso consiente tácitamente los actos reclamados. En efecto, por regla general, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Ahora bien, a fin de resolver el asunto es necesario cuestionarse, a partir de qué momento debe computarse el mencionado plazo de quince días. Esta interrogante admite tres posibles respuestas, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de la materia, a saber: Regla uno, inicia a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Regla dos, corre a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento de ellos o de su ejecución. Regla tres, el plazo inicia a correr a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostentó sabedor de los mismos. El supuesto consistente en que el plazo para ejercer la acción de amparo corre a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación (regla uno) es aplicable para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales y contemplen el medio de la notificación a las 8 partes involucradas. Es aplicable la Jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos 9 casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En cambio, la segunda regla, es aplicable a los casos que no se prevé la notificación como medio legal de comunicación procesal para dar a conocer los actos emitidos por la autoridad -como pueden ser actos no jurisdiccionales- y a los procedimientos que sí la prevén, pero no puede realizarse a quien se ostenta interesado por no ser parte de la relación jurídica procesal -tercero extraño-. En tanto que la tercer regla, entraña una confesión del conocimiento de un acto de autoridad que transgrede los derechos públicos subjetivos del gobernado. Es aplicable, por las razones que la integran, la tesis 71, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los 10 mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". En el caso se actualiza la regla uno, conforme a la cual el plazo de quince días con que el quejoso contaba para presentar su demanda inició a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación personal del acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, emitido en el procedimiento disciplinario CHJ/PD/***/2020 seguido en contra del quejoso ante el Consejo de Honor y Justica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que se ordenó como medida precautoria la reducción al 30% del salario del quejoso durante la tramitación de dicho procedimiento. Es así porque de las constancias que obran en autos se desprende que el acuerdo reclamado se notificó de manera personal al quejoso el veintiséis de agosto de dos mil veinte, notificación que surtió efectos el mismo día en que se practicó, en términos de lo que indica el artículo 168 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario de la Secretaría 11 de Seguridad Ciudadana Del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro1; por lo que el plazo de quince días a que refiere el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, transcurrió del veintisiete de agosto al veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Sin que pueda considerarse que la orden de descuento reclamada, sea de tracto sucesivo, pues si bien es cierto que sus efectos se materializan cada vez que se hacen los descuentos al salario del quejoso, ello no se traduce en una circunstancia que haga que el referido plazo pueda computarse cada fecha en que sufre tales descuentos, dado que es el acuerdo que la decreta el que contiene los motivos y fundamentos de esa determinación y desde ahí se materializa la afectación del quejoso. Es aplicable por las razones que la integran la tesis XVII.1º.31C, sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL ACUERDO O RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA NO ES DE TRACTO SUCESIVO, POR LO QUE EL TÉRMINO PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO Y NO DESDE CADA MOMENTO EN QUE SE ACTUALIZA LA OBLIGACIÓN DE PAGARLA. El acuerdo o resolución en que se decreta el pago de una pensión alimenticia no es de tracto sucesivo y, por tanto, la demanda 1 Artículo168. Las notificaciones surtirán efectos el día en que hubieran sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación; se contarán por días hábiles, excepto en los casos que por disposición legal deban computarse por horas, pues éstos se contarán de momento a momento. En las notificaciones por edictos, se tendrá como fecha de notificación, la de su última publicación. 12 de amparo debe promoverse dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, computado a partir de que se notifique el mismo al interesado; pues si bien es cierto que los efectos de ese acuerdo o resolución se materializan cada vez que se hacen los descuentos al obligado, los cuales sí poseen esa naturaleza de tracto sucesivo, ello no se traduce en una circunstancia que haga que el referido plazo pueda computarse a partir de cada fecha en que deba pagarse la pensión, dado que es el acuerdo o resolución que la decreta el que contiene los motivos y fundamentos de esa determinación por los que se verifica el descuento respectivo en los ingresos del obligado. De ahí que no sea factible estimar que cada vez que se actualiza la obligación de pagar la pensión, pueda promoverse amparo dentro del plazo computado a partir de cada uno de esos momentos". Luego, si la demanda se presentó el siete de octubre de dos mil veinte en el buzón OCC J.D., y se recibió al día siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, es evidente que se presentó después del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, al concurrir el motivo de improcedencia previsto en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 13 (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en los diversos considerativos tercero y quinto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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