José Antonio Rangel Hernández

Expediente 1034/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1034/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Rangel Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    PRAL 1034/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el uno de junio de dos mil veintitrés, firmada y autorizada el veintiuno del mismo mes y año, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo promovido por ********************, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Precisión. Resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo al que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, para las autoridades responsables, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de sus datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Destino y archivo reciente. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, archívese este expediente como definitivamente concluido; y, conforme con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, vigente en términos del artículo noveno transitorio del referido acuerdo general, al haberse dictado sentencia de sobreseimiento, sin que exista auto alguno por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, este expediente es DESTRUIBLE; así, será conservado en este Juzgado de Distrito durante tres años, contado a partir de la fecha en que se emite este acuerdo, una vez cumplido ese plazo, se procederá a su destrucción, y el acta de baja documental se remitirá dentro de los treinta días naturales siguientes, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 6. Devolución de documental a la parte quejosa. Ahora, toda vez que la parte quejosa exhibió I] un talón de envió por correos de México, con número de registro MN708047290MX, II] rótulo de envío de correspondencia con registro MC450865102MX y III] oficio de la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social, de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, dirigido a dicho agraviado. Ante ello, con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la citada parte procesal, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esa documental; para ello se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, sino se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, será destruida junto con este expediente que es destruible. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 1034/2022 MESA 2 Visto, para resolver el juicio de amparo número 1034/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito recibido el dos de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, ******************************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 6, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro y admisión de la demanda. En proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 1034/2022, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló alegatos, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, modificado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y dado que el acto reclamado implica una omisión que en el momento de presentación de la demanda se materializaba en el lugar en el que el aquí quejoso se encontraba recluido (Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca) y en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, consiste en un oficio fechado el veintidós de julio de dos mil veintidós, en el que se dio respuesta a las peticiones que formuló mediante un escrito enviado el seis del mismo mes y año; que atribuye a la I) Secretaría de Bienestar y II) titular de la Dirección General de Bienestar y Cohesión Social de esa Secretaría, residentes en la ciudad de México. Tercero. Inexistencia del acto reclamado respecto de una autoridad responsable. La autoridad responsable Secretaría de Bienestar, residente en la ciudad de México, por conducto del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales, negó la existencia del acto que se le combate; al respecto, señaló que la Secretaría de Bienestar no emitió el oficio que el quejoso reclama en esta instancia constitucional, pues este último fue emitido por la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social de esa Secretaría. En consecuencia, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto de la Secretaría de Bienestar, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. - Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No es óbice a esta resolución, que en el escrito de demanda, el agraviado señale que el ocurso en el que solicitó se le proporcionara información pública lo dirigió al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, residente en la ciudad de México, actualmente Secretaría de Bienestar, en virtud que, para efectos de este juicio de amparo, es autoridad responsable la que materialmente emite el acto; de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista. Al caso es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, tomo II, primera parte, julio-diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 206531, Octava Época, que reza: "AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERÁRQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo". Por tanto, si el oficio reclamado fue emitido por la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, es ésta la autoridad responsable y no su superior jerárquico. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Por cuanto hace a la diversa autoridad responsable, titular de la Dirección General de Bienestar y Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, con sede en la ciudad de México, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto que se le reclama, consistente en el oficio fechado el veintidós de julio de dos mil veintidós, toda vez que no rindió su informe justificado, pese haber quedado notificada de su petición el treinta de diciembre de dos mil veintidós. Existencia que se corrobora con la documental remitida por el titular de la Unidad del Abogado General de la Secretaría de Bienestar, residente en la ciudad de México, por conducto del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales -promoción con folio 5474-, consistente en el oficio de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197, 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, del que se advierte fue emitido por la referida Dirección General. Quinto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, se procede a analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. -- - - (.) El artículo 5, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo condiciona la procedencia del juicio de amparo a la existencia de un agravio personal y directo en la esfera de derechos del quejoso; indicando con ello la necesaria afectación de sus intereses, como un elemento fundamental del principio de instancia de parte agraviada. Ahora, el interés jurídico que prevé la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo hace referencia a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados y que la procedencia del juicio de amparo requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquiera otra clase. De ahí que un acto reclamado en amparo causa perjuicio a una persona física o jurídica, cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos. Esto es, la procedencia de ese medio de defensa extraordinario contra un determinado acto de autoridad se encuentra sujeta a que se acredite que el acto lesiona la esfera jurídica de derechos del quejoso; a contrario sensu, será improcedente cuando no se demuestre esa afectación jurídica; de tal suerte que, como lo preceptúa el artículo 5 de la Ley de Amparo, sólo puede promover el juicio de amparo la parte a quien perjudique. En consecuencia, la promoción de ese juicio constitucional sin acreditar que el acto reclamado lesiona la esfera de derechos del gobernado será improcedente por falta de interés jurídico, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que deberá sobreseerse el juicio, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de este último ordenamiento legal. De lo expuesto por el quejoso en la demanda, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como de las constancias remitidas por el titular de la Unidad del abogado General de la Secretaría de Bienestar, residente en la ciudad de México, por conducto del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales, justipreciadas con anterioridad, se advierte como antecedentes del asunto, los siguientes: 1. Por escrito enviado vía postal el seis de julio de dos mil veintidós el aquí quejoso ********************************solicitó al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, residente en la ciudad de México, actualmente Secretaría de Bienestar, le expidiera de manera impresa y gratuita: "a) Un listado de todas las asociaciones civiles y fundaciones, adscritas al registro federal de las organizaciones de la sociedad civil a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento adscrita al Instituto Nacional de Desarrollo Social; listado donde se aprecie: 1. Nombre de la asociación civil o fundación; 2. Nombre del titular de la asociación civil o fundación; 3.- Dirección física y número de teléfono de la asociación civil o fundación. 4. Objetivo de ayuda o meta, propósito, objetivo, fin, de la asociación civil o fundación; b) Formatos impresos de los requisitos establecidos por la Ley Federal del Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil -LFFAROSC- para inscribir o dar de alta una asociación civil o fundación; c) Formatos de los formularios para dar de alta una asociación civil o fundación; d) Toda la información, necesaria, oportuna y suficiente en formato impreso, para poder dar de alta de forma práctica y efectiva una asociación civil o fundación ante la autoridad competente; y, e) Copia simple de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC);" Pidiendo que se hiciera de esa forma (impresa y gratuita), ya que, dijo, era una persona que se encontraba privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, Cps-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y, en consecuencia, se ubicaba en una condición de vulnerabilidad para obtener esa información. 2. Mediante oficio emitido el veintidós de julio de dos mil veintidós, la Dirección General de Bienestar y Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, residente en la ciudad de México, atendió las peticiones que el aquí quejoso le realizó en el citado ocurso y le: - Proporcionó los hipervínculos en los que se puede consultar la información pública que requiere. - Indicó que el formato de inscripción de una asociación civil o fundación la puede consultar en el Catálogo Nacional de Trámites, Servicios e Inspecciones y Regulaciones de todo México, otorgándole, para tal efecto, una liga electrónica. - Solicitó designara una persona para que se pusiera en contacto con el personal del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de que lo asesoraran de manera gratuita en las dudas que tuviera respecto a la constitución e inscripción a una agrupación civil y para obtener información de estas últimas; y, - Refirió que no era procedente expedirle dicha información de manera impresa, dado que, a su consideración, el hecho de que se encontrara privado de su libertad no era una condición de vulnerabilidad, sino una limitación, por lo que podía designar a una persona para consultarla. 3. En un escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el aquí quejoso hizo del conocimiento de este Juzgado de Distrito que egresó del centro penitenciario en el que se encontraba recluido, por lo que actualmente se encuentra en libertad y señaló un domicilio en la ciudad de Oaxaca para recibir notificaciones, así como autorizados para tal efecto. El quejoso señala como motivo de disenso, que la autoridad responsable vulnera sus derechos fundamentales de acceso a la información, legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 6, 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que, aduce, el oficio que emitió el veintidós de julio de dos mil veintidós y que reclama en este juicio de amparo, no está debidamente fundado y motivado, pues el hecho de que se encontrara privado de su libertad y recluido en un centro penitenciario lo situaban en una condición de vulnerabilidad, por lo que debió otorgarle la información que requirió de manera impresa y no a través de hipervínculos y direcciones electrónicas como lo hizo. Ahora, no obstante que el agraviado tiene el derecho de combatir a través del juicio de amparo actos de autoridad, por mandato expreso del artículo 5, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo; sin embargo, se sujeta a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual viene a constituir un principio fundamental que tutela a la materia de amparo, esto es, que el juicio constitucional debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus derechos fundamentales. Lo anterior es así, pues un principio general de procedencia del amparo es el agravio personal y directo, es decir, que la ley o el acto afecte algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de las personas. En el caso, el quejoso *****************, a la fecha presentación de la demanda de amparo -dos de septiembre de dos mil veintidós-, se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, Cps-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, pero, posteriormente, durante el trámite de este juicio de amparo egresó de ese centro de reclusión y actualmente se encuentra en libertad; por lo que si alega que la resolución reclamada vulnera sus derechos fundamentales, dado que, al encontrarse compurgando una pena restrictiva de la libertad en un centro penitenciario, no tenía acceso a internet, ni forma de imprimir la información que le fue proporcionada mediante hipervínculos; sin embargo, con motivo de su libertad, ya no se afectan esas prerrogativas, toda vez que puede tener acceso a los medios necesarios para consultar la referida información; razón por la que carece de legitimación activa para promover el juicio de amparo contra la determinación que reclama. En esas condiciones, por actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo invocada, procede sobreseer en el juicio, con apoyo, además, en el artículo 63, fracción V, de la ley de Amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *********************** contra el acto reclamado, consistente en el oficio fechado el veintidós de julio de dos mil veintidós, que atribuye a la I) Secretaría de Bienestar y II) titular de la Dirección General de Bienestar y Cohesión Social de esa Secretaría, residentes en la ciudad de México; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano de control constitucional. Conste Gmzr*Sergio. Razón. En esta fecha se giraron los oficios 13734 y 13735 a las autoridades correspondientes. Conste.

  3. Principal

    PRAL. 1034/2022 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese un oficio del jefe del Centro de Atención al Público del Servicio Postal Mexicano, residente en la ciudad de Oaxaca, mediante el que remite copia del seguimiento dado al registrado postal MN680105701MX, que ampara la entrega del oficio 6749/2023, dirigido al titular de la Unidad del Abogado General de la Secretaría de Bienestar, residente en la ciudad de México e informa que se encuentra con un mensajero para ser entregado a este Juzgado; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 1034/1022 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. 1° Estado de autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de ocho de mayo del año en curso se ordenó dar vista al quejoso con la documental relacionada con el acto reclamado, que remitió el titular de la Unidad del Abogado General de la Secretaría de Bienestar, residente en la ciudad de México, por conducto del subdirector de Amparos y Asuntos Especiales; lo que le fue notificado el once del mismo mes y año. 2° Diferimiento de la audiencia constitucional. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de que el agraviado se imponga del contenido de esa prueba con la anticipación debida, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las nueve horas con treinta y dos minutos del uno de junio de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. 3° Notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen los oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite; con excepción de las partes procesales a quienes deban notificarse vía electrónica o interconexión. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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