José Antonio Ramírez Olivo
Expediente 1814/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1814/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/02/2017
Partes del expediente
- José Antonio Ramírez Olivo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
I.-ESTADO. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por la que se sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobiernoy archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III, del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de relevancia documental.
- Principal
I.-RESUELVE:UNICO.-SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO
- Principal
I.-Vista la certificación de cuenta y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hiciera mediante proveído de quince de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 28 a 29), por el que se le requirió a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Director General de Registro y Control Documental; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fuera conminado y se continúa con la secuela procedimental en los términos que fue planteada inicialmente.
- Principal
I. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales conducentes, el escrito signado por Manuel Carlos Contreras González, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual amplía su demanda de amparo, al señalar como nueva autoridad responsable a la Dirección General del Registro y Control Documental. Atento a lo anterior, no ha lugar a tener por desahogada la ampliación de mérito en atención a que la vigente Ley de la materia no faculta expresamente a los autorizados de las partes a desahogar las prevenciones que a éstos se hicieran cuando se trata de ampliación de la demanda, puesto que es un acto personalísimo que solo puede realizar quien signa el libelo constitucional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En tales condiciones, dígasele a la parte quejosa que sigue subsistente el apercibimiento decretado en proveído de quince de diciembre de dos mil dieciséis (foja 28 a 29).
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