José Antonio Ramírez Delgadillo y Otros.
Expediente 786/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Antonio Ramírez Delgadillo
- José Antonio Ramírez Delgadillo y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veinticinco de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por *** y otros. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
gréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 226/2023, número de orden 1086/2023, de este índice; atento a las constancias que remite, se tiene notificada a la parte quejosa del proveído de veinticinco de julio del año en curso. Dese de baja la referida comunicación en el libro de gobierno respectivo para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el cual transcribe el acuerdo plenario de diecinueve de julio del año en curso, dictado en el amparo directo 129/2023 de ese índice, donde el citado órgano colegiado declaró ser legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Édgar Grande Alba y otros, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 786/2023-VIII. Acúsese recibo de estilo. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 13, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Édgar Grande Alba. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo (cosa juzgada). Este precepto establece: ... Esto implica la inmutabilidad de una decisión por haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera definitiva en sede jurisdiccional, y a su vez, haber quedado firme dicha determinación. Al actualizarse la cosa juzgada sobre una cuestión litigiosa se extingue la facultad de las partes para hacer valer las mismas pretensiones en un juicio posterior, dada la existencia de un pronunciamiento al respecto que debe considerarse la verdad legal y no es posible destruir sus efectos. Por consiguiente, la existencia de la cosa juzgada obliga a cualquier órgano jurisdiccional a no tramitar un nuevo juicio en el que se deduzcan las mismas pretensiones, pues ello posibilitaría que la autoridad judicial se pronuncie en dos ocasiones sobre la misma cuestión y, con ello, que se dicten sentencias contradictorias, con la inseguridad jurídica que esto ocasionaría. Esta institución también es aplicable al juicio de amparo, porque es inadmisible estudiar en dos ocasiones un solo acto, dada la posibilidad de dictar resoluciones contradictorias y, con ello, destruir la firmeza de la emitida en primer lugar. La fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente siempre que la ley o acto reclamado haya sido materia de otro juicio de amparo en el que exista sentencia firme. Esto depende de tres condiciones: (a) Identidad de quejoso, es decir, que ambos juicios sean promovidos por la misma persona; (b) Que se dirija contra las mismas autoridades, y (c) Que se señale el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. En el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia en estudio, porque es un hecho notorio para este juzgado que al acto que aquí reclamado fue materia del juicio de amparo indirecto 648/2023-IV de este índice, también instado por los mismos quejosos, según se precisa enseguida: a) Identidad de los quejosos. Se encuentra probada, en razón de que el presente sumario es promovido por Édgar Grande Alba, José Antonio Ramírez Delgadillo, Geovanny Fernando Ortega Romero y Juan Carlos de Lucio Delgadillo, al igual que el diverso juicio de amparo 648/2023-IV de este índice. b) Identidad de las autoridades responsables. En ambos juicios tienen el carácter de autoridades responsables el Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y el Juez de Control de Pénjamo, Guanajuato. c) Identidad del acto reclamado En ambos juicios el acto reclamado es la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca de apelación 44/2023-O, en la que modificó la determinación que el Juez de Control responsable que emitió en la audiencia intermedia de diez de marzo del año en curso, relativa a la causa penal 1P2321-294, para el efecto de que en dicho proceso se admita como medio probatorio la testimonial a cargo de Daniel Ramírez Valencia. Es decir, el acto reclamado fue materia del juicio 648/2023-IV, que instaron los mismos quejosos en contra de las mismas autoridades responsables y por los mismos actos. En efecto, en dicho juicio de amparo, por auto de quince de junio de este año, esta juzgadora desechó de plano la demanda de amparo promovida por los aquí quejosos, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, por estimarse que el acto reclamado indicado no es de imposible reparación, ya que la determinación que admitió la prueba testimonial precitada es un acto intraprocesal que puede ser reparado en definitiva, en caso de que los promoventes obtengan sentencia favorable. Asimismo, dicha determinación causó estado mediante proveído de diez de julio pasado. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XI (cosa juzgada), se desecha de plano la demanda de amparo. Téngase como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Salinas Martínez, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a Fernando García Islas, por no contar con ese registro. Ahora, toda vez que este acuerdo debe notificarse de manera personal a la parte quejosa y en vista de que el quejoso Édgar Grande Alba (representante común) se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social, con residencia en San Felipe, Guanajuato, el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado tenga a bien comisionar a quien corresponda se constituya en legal y debida forma en el centro de reclusión y notifique al quejoso la presente determinación, corriéndole traslado con la versión electrónica que se anexa. se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-
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