José Antonio Ramírez
Expediente 1112/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1112/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje
- José Antonio Ramírez
Actuaciones
- Principal
mesa 1 a pral, 1112/2016- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos de este juicio de amparo, por cuanto que ha transcurrido el término que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución de fecha treinta y uno de agosto de este año (fojas 33 a 36), en la que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Por otra parte, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de accedo a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Adriana Cruz Matus, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. - OMZ
- Principal
notificacion a la quejosa.-Número de expediente: 1112/2016 Acuerdo: ° PRAL. 1112/2016 1-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, glósense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, los oficios números 844 y 843, suscritos por el presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad; mediante los cuales rinde informe justificado; en consecuencia, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Por otra parte, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental de la autoridad citada, la copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis en el incidente de liquidación del expediente 430/2006, de su índice; la que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, vistos los autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se hizo consistir en (foja 2): "la negativa u omisión en emitir la RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN en el expediente 430/2006, promovido por JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ en contra del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL." Respecto del cual, con fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis (fojas 15-19), previo cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en auto de catorce de ese mes (foja 9), se admitió a trámite la demanda presentada por la referida parte quejosa el trece de julio de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes Común, turnada el mismo día a este Juzgado (foja 2); posteriormente, en párrafos precedentes se tuvo al presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, rindiendo los informes justificados solicitados a él y a la referida Junta, haciendo del conocimiento de este Juzgado lo siguiente: INFORME DEL PRESIDENTE, POR SÍ. ".En efecto, es niego (sic) el acto reclamado que se atribuye, toda vez que como Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no me corresponde dictar la resolución dentro del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN dentro del presente expediente, siendo que es a la Junta como grupo colegiado a quien corresponde la emisión de la resolución del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN respectivo. (.)." INFORME DEL PRESIDENTE, A NOMBRE DE LA JUNTA ESPECIAL. ".En efecto, es cierto en parte el acto reclamado que se nos atribuye, por cuanto a que efectivamente en la fecha de la presentación de la demanda de amparo promovida PROMOVIDO (sic) POR JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ, por conducto de su apoderado ERASTO CELIS LUIS, no se había dictado resolución dentro del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN promovido por el actor, en el expediente 430/2006 del índice de esta Junta, sin embargo en fecha 17 de agosto del año 2016, se dictó laudo en el expediente 430/2006 promovido por ANTONIO RAMÍREZ JOSÉ vs IMSS Y OTROS." (.)." (Lo resaltado es propio de este Juzgado). Además, al segundo oficio de cuenta, en el que el presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, rindió informe justificado a nombre del referido órgano jurisdiccional, se anexó copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis en el incidente de liquidación del expediente 430/2006, de su índice, constancia que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, de la cual se advierte que en este juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que, textualmente, establece: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En el caso, de la copia certificada remitida se advierte que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, esto es, trece de julio de dos mil dieciséis (foja 2), existía el acto reclamado, pues la junta responsable no había emitido resolución interlocutoria alguna en el incidente de liquidación promovido en el expediente laboral 430/2006; empero, aquél cesó en sus efectos cuando la autoridad responsable el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis (foja 25) dictó la resolución correspondiente. Por ello, es inconcuso que cesaron los efectos del citado acto reclamado, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Circunstancia que impone SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA ESTE JUICIO DE AMPARO, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61 de dicho ordenamiento legal, ya que, en el caso, desapareció la violación alegada por la parte quejosa, restituyéndose a la misma en el pleno goce de su derecho fundamental violado. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, cause agravio al peticionario de amparo o lo prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la tesis número XIV 1° 13K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. De igual forma, con fundamento en lo que previene el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio por lo que hace al acto reclamado al presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en virtud de que el mismo negó la existencia del acto que le reclamó el quejoso. Por tanto, al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 25), esto es, diez horas con cinco minutos del veinte de septiembre de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Adriana Cruz Matus, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. *Jnps
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Mesa 1-A Pral. 1112/2016-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada la audiencia constitucional para hoy; sin embargo, aún no fenece el plazo que otorga el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las autoridades responsables rindan su informe justificado, toda vez que quedaron notificadas de su petición el diez de este mes, como se aprecia de la constancia de notificación que obra en autos (foja 21); en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Adriana Cruz Matus, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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* PRAL. 1112/2016 1-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, el escrito signado por ERASTO CELIS LUIS, en su carácter de apoderado del quejoso JOSÉ ANTONIO RAMIREZ, mediante el que cumple el requerimiento formulado en proveído de catorce de julio del año en curso y, al respecto, precisa que también señala como autoridad responsable al presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, de quien reclama "la omisión sin justificación para emitir la resolución interlocutoria respecto del incidente de liquidación que ordenó abrir en el laudo de fecha once de noviembre del año dos mil trece en el juicio laboral del expediente 430/2006. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Sin que sea necesario formar nuevamente expediente y anotar su ingreso en el libro de gobierno, en razón de que se actúa en el mismo en el que se hizo el requerimiento de catorce de julio de este año (fojas 8-11). Sin que sea procedente tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haberlo solicitado la parte quejosa (foja 3). Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba la notificación correspondiente; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del numeral 117 invocado, se solicita a las autoridades responsables que al rendir su informe justificado: a) acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean íntegras y legibles. Apercibidas que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, se les impondrá multa equivalente al importe de cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, se solicita a las responsables comuniquen si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con el acto reclamado; en su caso, precisen el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la ley de la materia. Por cuanto a las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que refiere la quejosa, se tienen por anunciadas, sin que haya lugar a perfeccionarlas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; por lo que, prácticamente no tienen desahogo, es decir, que no tienen vida propia; como así lo ilustra la tesis XX. 305 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registrada con el número 209572, visible en la página 291, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la legislación invocada, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que anexa el peticionario de amparo a su demanda, consistentes en 1) copia con firmas autógrafas y sello original del acuerdo de quince de junio de dos mil quince, dictado dentro del expediente 430/2006, del índice de la responsable, 2) así como los acuses de recibo originales de dos escritos que se presentaron ante la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, los días seis de noviembre de dos mil quince y doce de febrero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Así también, hágase del conocimiento de la representante social de la adscripción, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la actuaría de este Juzgado, por lo que se ordena darle la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA", misma que se invoca por ser acorde a esa disposición legal, en términos del artículo sexto transitorio de la ley invocada. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su representante, y con una copia de la demanda de amparo promovida, córrasele traslado y emplácesele a juicio en su carácter de tercero interesado, para que si a sus intereses conviene, se apersone a esta vía constitucional. En términos del arábigo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ERASTO CELIS LUIS, en virtud de que se encontró registrada la cédula profesional expedida a su nombre que lo acredite como licenciado en derecho, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a. CCXVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 184, tomo XXVI, Octubre de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SU DESIGNACIÓN SE ENTENDERÁ OTORGADA DE MANERA AMPLIA CUANDO NO SE ACOTE EXPRESAMENTE Y SE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA EJERCER LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE ESE NUMERAL". Así como la tesis XXI.1o.P.A.50K,sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1384, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes, con excepción de la parte quejosa, que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Sin que, en el caso, haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa este auto admisorio, acorde a la jurisprudencia número 72, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 58, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO EN QUE SE FIJE FECHA PARA LA". Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10ª) de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas que en este juicio sólo les serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Alejandro Ruiz Korsi, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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