José Antonio Quiroz Victoria

Expediente 1103/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1103/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Quiroz Victoria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada las PRUEBAS DOCUMENTALES que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmense el primer y segundo cuadernos de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. En atención a lo anterior, toda vez que de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el cuatro de diciembre del año en curso, es claro que el plazo de ocho días de vista a que se refiere el artículo 117 de la ley de la materia se encontraría transcurriendo; por tanto, en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que este juzgador determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la 2. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual, rinde informe previo; lo anterior, sin mayor trámite, en virtud de que por auto de quince de noviembre del año en curso, se proveyó lo conducente al informe que en términos análogos rindió vía telegráfica. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 1103/2023, promovido por ********************, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, la secretaria da cuenta que las partes no las ofrecieron; con lo que se declara cerrado el periodo de pruebas. ABIERTO EL DE ALEGATOS, la secretaria hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 1103/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. ********************, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar. 42 Cierto Veracruz, Veracruz 2. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz 45 a 49 Niega Xalapa, Ver. De las que reclama: Del 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz reclama: El acuerdo de fecha doce de octubre del año en curso, dictado dentro del juicio de alimentos ******************** del índice del juzgado responsable, en el cual señala fecha para la celebración de la audiencia incidental las diez horas del veinticuatro de noviembre del año en curso. De la 2. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, reclama: La omisión y/o abstención de no vigilar que los Servidores Públicos, cumplan con su deber oficial encomendado. En auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Al no existir pruebas ofrecidas por las partes, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados a la autoridad responsable 2. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz. La inexistencia referida, deriva de que la autoridad mencionada, al rendir su informe previo, negó la certeza de los actos a ella reclamados, sin que la parte solicitante de la protección constitucional, hubiere aportado pruebas para desvirtuar su negativa. Además, no existe en el expediente del incidente de suspensión que se resuelve, constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dichos actos reclamados, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por la autoridad responsable. En consecuencia, ante la negativa expresa de la autoridad responsable mencionada, respecto de los actos señalados como reclamados, sin que exista prueba en contrario, es inconcuso que debe negarse la medida cautelar solicitada en definitiva. Al caso, es aplicable la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuya publicación consta en la página 3754, del Tomo XLIV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS INEXISTENTES, CONTRA ELLOS NO PROCEDE LA SUSPENSION. Si las autoridades señaladas como responsables, niegan tener participación en el acto reclamado y esa negativa no está contradicha por prueba alguna en contrario, procede negar la suspensión por falta de materia". QUINTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, reconoció la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. SEXTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva con efectos restitutorios, a fin de que el juez responsable señale fecha de audiencia incidental dentro del plazo de ocho días, de conformidad con el artículo 540 segundo párrafo del Código de Procesal Civil de Veracruz, en contravención también con los numerales 163, fracción VI, 193 cuarto párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz. Lo anterior, en atención a los razonamientos establecidos por la tesis jurisprudencial de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.". Al respecto, con fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional y 128 de la ley de la materia, se niega la suspensión definitiva, puesto que de otorgarse se dejaría sin materia el juicio principal. Ciertamente, del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, así como de los diversos 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: Que la suspensión en el juicio de amparo participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio y a la vez evitar que se causen daños graves o irreparables a las partes o a la sociedad durante la tramitación del asunto, por lo que tiene como objeto preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate y para evitar que el acto reclamado cause daños o perjuicios a la parte quejosa hasta en tanto se decida sobre el derecho que pretende en el juicio y esto lo hace mediante medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios provisionales) dependiendo de la naturaleza y efectos del acto reclamado. A través de la suspensión se puede impedir la ejecución de determinados actos o efectos hasta en tanto se resuelve en definitiva el expediente principal, a fin de evitar daños o perjuicios irreparables al quejoso y conservar viva la materia del juicio, para lo cual es necesario analizar: a) La apariencia del buen derecho; b) Las posibles afectaciones al interés social; y, c) La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. El objetivo primordial de la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, previsto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, es mantener viva la materia de ese juicio, impidiendo que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole así los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. Sobre la aplicación de estos preceptos, resulta necesario citar la tesis jurisprudencial 1a./J.70/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 286, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Como se advierte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó el artículo 107, fracción X, primer párrafo, constitucional Federal, así como el precepto 147 de la Ley de Amparo y señaló que esos numerales dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Además, precisó dicha sala que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa, negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues, lo primordial es atender a las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, debido a que eso es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en mantener las cosas en el estado en que en se encontraban o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Cuidando en todo momento que el otorgamiento de la medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Bajo esa premisa, si en el caso el quejoso reclama, en esencia, el acuerdo de fecha doce de octubre del año en curso, dictado dentro del juicio de alimentos ******************** del índice del juzgado responsable, en el cual señala fecha para la celebración de la audiencia incidental las diez horas del veinticuatro de noviembre del año en curso, cuando conforme al artículo 540, segundo párrafo del Código Procesal Civil, establece que la misma deberá verificarse a los ocho días posteriores, por lo que pide la suspensión a efecto de que se señale la fecha de audiencia incidental dentro de los ocho días conforme a dicho numeral; por tanto, debe negarse la suspensión solicitada, porque de concederse la suspensión en los términos solicitados se agotaría la materia del juicio de amparo en lo principal, lo cual lo dejaría sin materia de análisis. Dicho de otro modo, atendiendo al fin que persigue la parte quejosa, respecto de los efectos de la medida cautelar que solicitó, material y legalmente no es posible su concesión, porque su otorgamiento coincidiría exactamente con lo que en su momento se resuelva en el juicio de amparo, pudiendo, de concederse tal medida, agotar o dejar sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Por esas razones, no es dable que, con motivo de la medida cautelar provisional, se ordene a la autoridad abandonar su resolución, pues, se tendrían que emitir consideraciones propias de un análisis de mayor profundidad, con mayores elementos de juicio, lo que es propio del análisis del fondo del asunto; todo lo cual, además desvanece toda posibilidad de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con el interés social. Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) (registro 2026730) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materias(s): Común, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." En ese contexto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución, por los motivos que se exponen en los considerandos cuarto y sexto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama remitido por la 2. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su INFORME PREVIO; por tanto, hágase del conocimiento a las partes, y relaciónese el mismo al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la mencionada ley. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

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