José Antonio Quiroz López
Expediente 137/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 28/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Antonio Quiroz López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
3. Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. De las actuaciones de este expediente, se advierte que mediante acuerdo del trece de los actuales, se ordenó el archivo de este asunto como destruible, sin embargo, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que este expediente es susceptible de depuración, pero se conservará el escrito inicial de demanda y la sentencia dictada en el juicio, así como las resoluciones emitidas que se haya interpuesto en autos; lo anterior para los efectos a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Carlos René Hernández Maza, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/1886/2021, suscrito electrónicamente por el Secretario Técnico de dicha comisión, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
3. Iguala de la Independencia, Guerrero, trece de julio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado procesal de actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia del doce de abril del presente año, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por ****, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo, y archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Se hace constar que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que el mismo no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los de tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo; por tanto, se previene al promovente del amparo, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de su notificación, comparezca en el local de este juzgado por sí o por persona autorizada, a recoger los documentos que haya exhibido en autos, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, en términos del artículo cuarto y vigésimo, fracción III, del citado acuerdo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de René Hernández Maza, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
3. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario hace constar las documentales ofrecidas por el quejoso y por la autoridad responsable. Sin pruebas pendientes que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos que deban ser relacionados. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 137/2020-3; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ****, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaría de la Defensa Nacional y otra autoridad, que hizo consistir en: VI. ACTO RECLAMADO. A). El despido o cese injustificado del que fui objeto como soldado. B). Como consecuencia de lo anterior, el pago de todos mis haberes y prestaciones que dejé de percibir como elemento de las fuerzas armadas. C). De igual modo que la autoridad señalada como responsable no selle mi cartilla militar con el "logo de desertor".". (fojas 6 a 18). El quejoso refiere que se violaron sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la mencionada ciudad, y mediante acuerdo del dos de septiembre de dos mil veinte, declinó competencia a los juzgados de distrito con residencia en Iguala, para que resolvieran lo que en derecho procediera (fojas 24 a 32). TERCERO. En acuerdo del nueve de septiembre de dos mil veinte, este órgano de control, por razón de turno, aceptó la competencia planteada, y asumió el conocimiento del juicio de amparo en cuestión; previa prevención admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (fojas 69 a 72). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclaman actos que pretenden comenzarse a ejecutar dentro de la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclamó el despido o cese injustificado del que fue objeto como soldado, el pago de sus haberes y prestaciones y que la responsable no selle su cartilla militar con el logo de desertor. Una vez que se ha establecido la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. TERCERO. En acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, previó requerimiento, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso de trece de octubre de ese año, y se tuvo por inexistente la autoridad que el quejoso denominó como "Teniente coronel de Caballería Comandante Accidental de Batallón", y se suspendió toda comunicación con la misma. CUARTO. Al rendir su informe justificado, el Jefe de Sección de Amparos de la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de la Defensa Nacional, negó los actos que se le reclaman; sin embargo, de las constancias que remitió con su informe justificado se advierte que es cierto. Lo que se corrobora con las copias certificadas del procedimiento administrativo iniciado contra ****, del índice de la citada responsable, las cuales tienen valor probatorio de acuerdo a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser emitidas por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley, y porque entre éstas se encuentra el mandamiento de captura reclamado. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Al no advertirse oficiosamente que se actualice alguna causa de improcedencia, y que tampoco las partes la hacen valer, se analiza la cuestión planteada. No se trascriben los conceptos de violación, sin que con ello pueda considerarse incongruente o incompleta la presente sentencia y sin que tampoco implique violación a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, que rigen el actuar del suscrito. Al caso, resulta aplicable, por identidad de razón, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, y del estudio de su concepto de violación, se advierte que el quejoso hace valer, esencialmente lo siguiente: Que no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual trascendió en el cese y despido de su cargo como soldado de la Secretaría de la Defensa Nacional, en consecuencia, la suspensión de sus prestaciones y el pago de sus haberes, aunado a que no se encuentra fundado y motivado el acto reclamado. Los motivos de disenso son infundados, sin que, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con lo que establece el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, este juzgador federal advierta alguna violación a los derechos humanos del impetrante; por lo tanto, debe negársele la protección constitucional que solicita. Para sostener tal aseveración, conviene destacar que mediante oficio S.A/11819/15262 del veintinueve de septiembre de dos mil veinte (foja 132), el General de Brigada Apolinar Juan Morales Ángeles, solicitó al General de División de la Primera Región Militar, El Chivatito, con sede en la Ciudad de México, fuera emplazado, entre otros, ***** (foja 134), para continuar con el trámite de rescisión de contrato de enganche, por haber faltado injustificadamente por 72 horas consecutivas a sus labores, en consecuencia la baja del instituto armado. Mediante emplazamiento del cinco y seis de octubre de dos mil veinte (foja 138), se hizo del conocimiento al aquí quejoso el procedimiento iniciado en su contra para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la rescisión del contrato de enganche, y de proceder, su respectiva baja del instituto armado, por haber faltado injustificadamente por 72 horas al 26/o Batallón de la Policía Militar. Por oficio S.A/13241/16887 del veintiséis de octubre de dos mil veinte (foja 139), el General de Brigada *****, solicitó al General de División, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se continuara con el trámite de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ahora bien, debe verificarse si el procedimiento seguido contra el quejoso en especial el emplazamiento colmó o no los requisitos esenciales en respeto a los derechos fundamentales de quienes en ellos intervienen, los cuales están contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su parte conducente, a continuación se transcriben: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". El artículo transcrito, a efecto de respetar el derecho de audiencia del gobernado, de manera previa a la privación de propiedades, posesiones o derechos, exige la obligación por parte de las autoridades de respetar las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, dar oportunidad al gobernado de exponer lo que considere conveniente a la defensa de sus intereses. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 25, del Informe 1974, Parte II, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 805383, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTÍA DE. En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de derechos, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses; obligación que resulta inexcusable aun cuando la ley que rige el acto reclamado no establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la Constitución Federal impone a todas las autoridades tal obligación y, consecuentemente, su inobservancia dejaría a su arbitrio decir acerca de los intereses de los particulares, con violación de la garantía establecida por el invocado precepto constitucional". El derecho público subjetivo en cuestión y la forma en la que se plasma en el texto constitucional, no debe interpretarse de una forma estricta sino atendiendo al sistema que integra, por lo que el derecho de audiencia se colma siempre y cuando el gobernado tenga la oportunidad de defenderse de todo acto de privación proveniente de la autoridad, aunque no sea a través de un juicio ante un tribunal propiamente dicho, pues no debe soslayarse que dentro del sistema de división de poderes adoptado por nuestro régimen primario, es posible que órganos formalmente diversos a los judiciales, efectúen actividades jurisdiccionales. En ese orden de ideas, el artículo 170, fracción II, apartado G, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, establece: "Artículo 170. La baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, del activo de dichas Instituciones y procederá por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional en los siguientes casos: (.) II. Procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional: (.) G. Para los Soldados y Cabos, por la rescisión del contrato de enganche o del de su renovación, otorgándoles la garantía de audiencia por quince días hábiles en los términos del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, los artículos 42, fracción IX, y 43, fracción III, del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, establecen lo siguiente: "Artículo 42. En los Contratos de Enganche que celebre la Secretaría de la Defensa Nacional deberán constar como causales de rescisión sin responsabilidad alguna para la Secretaría, las siguientes: (.). IX. Faltar injustificadamente por setenta y dos horas consecutivas a la Unidad, Dependencia o Instalación en donde preste sus servicios; Artículo 43. El Contrato de Enganche de los Soldados y Cabos o su renovación, se rescindirá conforme al procedimiento siguiente: (.). III. Si el interesado se ubica en la causal prevista en la fracción IX del artículo 42 de este Reglamento, será notificado mediante publicación en la Orden General de la plaza de México, para los mismos efectos previstos en la fracción II de este artículo; (.)". Los numerales transcritos definen la baja de los miembros activos de las fuerzas armadas y precisa el mecanismo de su procedencia lo que ocurrirá, entre otros supuestos, por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, cuando el elemento falte injustificadamente por setenta y dos horas consecutivas a la Unidad, Dependencia o Instalación en donde preste sus servicios, sin responsabilidad imputable a la Secretaría de la Defensa Nacional; en dicho caso, será oído, otorgándoles la garantía de audiencia por quince días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga. Como puede observarse, del texto del dispositivo transcrito en primer término, se observa el establecimiento de un procedimiento que culminará con el acuerdo de baja definitiva del militar del instituto armado, que implica la pérdida del derecho a reclamar prestaciones o beneficios con base en el tiempo de servicios que se tuvo. Ahora, de la confrontación de lo expuesto con los antecedentes relacionados, se advierte que la notificación de ****, del inicio del procedimiento de rescisión de contrato, no contraviene los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, en tanto que se le notificó en términos de los artículos 42, fracción IX y 43, fracción III, ambos del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tal como se advierte de las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable (foja 138), concediéndole los quince días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara necesarias, conforme a lo establecido el artículo 170, fracción II, apartado G, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es de apoyo, a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 1605, Tomo XXX, agosto de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 166663, de rubro y texto siguientes: "EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE DISCIPLINA RELATIVA PARA QUE EL MILITAR MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA, DEBE CONTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE COMUNIQUE LA CONVOCATORIA AL CONSEJO DE HONOR DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE PRESTANDO SUS SERVICIOS. No reporta utilidad alguna al quejoso el que se le hubiere otorgado el término de quince días naturales a que se refiere el artículo 36, último párrafo, de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en respeto a la garantía de audiencia, cuando ya había sido juzgada su conducta por el Consejo de Honor y acordado solicitar su baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; mucho menos le sería de utilidad que el mencionado término empezara a contar a partir de la notificación del acuerdo emitido por el secretario de la Defensa Nacional por el cual determinó su baja, pues dicho término debe contarse a partir de la fecha en que se comunique al interesado la convocatoria al Consejo de Honor del lugar en que se encuentre prestando sus servicios como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en razón de que así podrá preparar su adecuada defensa y ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes; de tal manera que al levantarse el acta mediante la cual el Consejo de Honor juzgue la conducta del interesado, éste tenga la oportunidad no sólo de hablar por sí o por quien compareciere en su defensa, sino también de exhibir y desahogar las pruebas que lo ameriten". Por tanto, se respetó el derecho de previa audiencia del quejoso por medio de notificación que se publicó en la Orden General de la plaza de México, como lo estable el mencionado artículo del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, dándole oportunidad al interesado, para que dentro del lapso de quince días manifestara lo que estimare conveniente en su defensa. Posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, fracción II, apartado G, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el General de Brigada, solicitó al Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, continuar con el trámite de baja del aquí quejoso ****, del ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como elemento militar (foja 139). Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, Tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 200234, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". De modo que contrario a lo sostenido por el quejoso, no se infringieron las formalidades esenciales del procedimiento y en especial su derecho de audiencia, pues sí se garantizó el conocimiento del inicio del procedimiento administrativo sobre la procedencia o no de su baja. En otro aspecto, el impetrante llevó a cabo diversas manifestaciones encaminadas a evidenciar que el acuerdo reclamado, no se encuentra fundado y motivado. En este sentido, conviene tomar en consideración que el primer párrafo del artículo 16 Constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". En concordancia con lo expuesto, en lo relativo a que los actos de autoridad deben encontrarse debidamente fundados y motivados, debe decirse que el primer aspecto (fundamentación), consagra la obligación de expresar con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, sustentados en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta, de tal manera, que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite. Por motivación del acto de autoridad se entiende indicar las circunstancias especiales, causas inmediatas y modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Así, la motivación implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos, configurándose las hipótesis normativas. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 238212, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En la especie se advierte que la autoridad responsable sí señaló los fundamentos legales en los cuales se basó para dictar el acuerdo de baja que se reclama, invocando los artículos 170, fracción II, apartado G, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 42, fracción IX y 43, fracción III, del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, asimismo, adujo los motivos por los cuales consideró que el caso concreto se adecuaba a la norma. Se afirma lo anterior, pues de la simple lectura de la resolución reclamada, se advierte que dicha baja obedeció a que el quejoso fue encontrado responsable del delito de deserción. De las constancias remitidas por la autoridad, se advierte lo infundado de los motivos de disenso expresados por el ahora quejoso en su demanda de amparo, ya que la responsable señaló las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación, sin que el aquí quejoso, haya manifestado su inconformidad. En este sentido, con base a lo hasta aquí considerado, contrario a lo que aduce el impetrante, la autoridad responsable no transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 43, Número 64, abril de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 216534, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado". En las relatadas condiciones, dada la ineficacia de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** *** ***, por propio derecho, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de J. Dorian Cabrera Hernández, Secretario quien da fe. Doy Fe.
- Principal
3. Iguala de la Independencia, Guerrero, cinco de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el Subjefe Jurídico, Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ausencia temporal del Jefe de dicha oficina, quien actúa en representación del General Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual remite diversas documentales; lo que se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como corresponda. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de J. Dorian Cabrera Hernández, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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