José Antonio Pérez y Nochebuena

Expediente 360/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
360/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • José Antonio Pérez y Nochebuena

Actuaciones

  1. Principal

    ....se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TREINTA DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de demanda presentada por José Antonio Pérez y Nochebuena, Álvaro Alcántara Varela, Fermín Beltrán Ramírez, Arturo Acosta Lozada y Manuel Oliva Mora, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales. RADICACIÓN. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo, con el número 360/2018/IV-B. REPRESENTANTE COMÚN. Como lo solicitan los promovente del amparo, con fundamento en lo estipulado por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a José Antonio Pérez y Nochebuena. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegral de la demanda de amparo se advierte que los promoventes señalan como acto reclamado: La resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, emitida en autos del expediente 713/IV/2017 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en la que la responsable declaró improcedente el embargo precautorio promovido por José Antonio Pérez y Nochebuena, en bienes del co-demandado físico Martín Castañeda Marín. En concordancia con ello, este Juzgado de Distrito considera que en el caso en particular se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo , la cual evidencia que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, dicho numeral se refiere a los medios ordinarios de defensa establecidos por la ley a favor de las partes, y que deben agotar o hacer valer antes de intentar el juicio constitucional, para cumplir con el principio de definitividad, con excepción de lo establecido en dicho precepto. Al respecto, del contenido de los artículos 616, 849, 850, 851 y 852 , todos de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que tratándose de actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares, procede el recurso de revisión, el cual será resuelto por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje o la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente cuando se interponga contra actos del presidente de dichas Juntas. Por ello, la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, emitida en autos del expediente 713/IV/2017 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en la que la responsable declaró improcedente el embargo precautorio promovido por José Antonio Pérez y Nochebuena, en bienes del co-demandado físico Martín Castañeda Marín, es susceptible de impugnación mediante el recurso de revisión, tal y como se desprende de lo establecido en los artículos 616 y 849 de la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, debe precisarse que es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto se trata de la resolución de una providencia cautelar, y de los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, se advierte que es atribución exclusiva del Presidente de las Juntas Especiales y de Conciliación y Arbitraje, conocer y resolver las mismas. De lo expuesto se colige que el acto reclamado es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, después de agotar el medio de defensa ordinario previsto en la ley laboral, pues contra los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede el recurso de revisión, en términos del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, mediante el cual puede modificarse revocarse o nulificarse. De ahí que en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, la peticionaria de amparo, previamente a la presentación de su demanda, debió agotar el recurso de revisión establecido por la ley que rige el acto. Es aplicable a lo anterior por sus consideraciones, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. De igual manera, sustenta lo anterior, la tesis número X.1o.71 L , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que establece: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SU PROCEDENCIA NO SE LIMITA A LOS ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO O CONVENIO. La procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no se limita a los actos dictados en ejecución de laudo o de convenio, sino que dicho numeral dispone expresamente que también procede, entre otros casos, contra los dictados en las providencias cautelares, que en términos del numeral 857 de dicho ordenamiento son el arraigo y el secuestro provisional, y acorde con el diverso precepto 858 de la propia ley laboral pueden decretase desde el momento de la admisión de la demanda o durante la sustanciación del juicio, sin que sea obstáculo a lo anterior que el capítulo XIV del título catorce de la ley obrera, dentro del cual se encuentra el numeral que prevé el mencionado recurso, se denomine "De la revisión de los actos de ejecución", toda vez que como se mencionó, de la remisión del referido artículo 849 a los numerales 857 y 858 de dicha ley, se advierte que el recurso de revisión es procedente, además, contra actos dictados en las providencias cautelares." Entonces, si contra los actos emitidos por el Presidente de la Junta responsable como lo es la procedencia de una medida precautoria, procede el recurso de revisión previsto en la normatividad laboral, por ello, la resolución reclamada carece de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tales actos presidenciales reclamados, por lo tanto, el presente juicio deviene improcedente. Cabe señalar, que como ya se dijo, la quejosa, es parte en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, por lo que no se ubica en las hipótesis de excepción a que se refiere la fracción XVIII del precepto 61 de la ley de la materia, esto es, que se trate de una persona extraña al procedimiento natural, sea en forma total o por equiparación, pues la quejosa es parte demandada en el juicio natural del cual deriva el embargo precautorio. Sin que en el caso opere alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en tanto que no afectan, la vida, la libertad o alguno de los señalados en el artículo 22 constitucional, no es una orden privativa de libertad, la quejosa no se ostenta como tercero extraño ni se trata del auto de vinculación a proceso. En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del dispositivo 61, en relación con el diverso artículo 113, de la Ley de Amparo, conduce a concluir que debe desecharse de plano la demanda de garantías por ser notoria e indudable su improcedencia. Asimismo, se cita en apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado de su parte en los amplios términos que establece el artículo 12 de la ley de la materia a José Ignacio Vergara López, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario de juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe...

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