José Antonio Pérez Villa
Expediente 715/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/08/2019
Partes del expediente
- José Antonio Pérez Villa
- Delegado de la Fiscalía General de la República, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de unode agosto de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, pronunciado dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; se declara que dicho acuerdo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales; en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio del lista el acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve que dice: Tijuana, Baja California, uno de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-V en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia autentificada de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002320/2019, consistente en el informe policial homologado y solicitud de audiencia de control de detención al Juez de Control en turno, así como los autos de radicación y resolución dictada dentro de la causa penal 559/2019, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Documental e información a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En primer término, conviene precisar que las causales de improcedencia del juicio de amparo, al ser un presupuesto procesal de orden público, deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , cuyo rubro y contenido son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." Ahora, como punto de partida, resulta oportuno señalar que las causales de improcedencia en un juicio de amparo son de orden público, lo que quiere decir que la sociedad encuentra interés en que los mismos sean tramitados únicamente respecto de aquellos actos que la ley autoriza, y como consecuencia, ante la actualización de alguna de ellas en cualquiera que sea la instancia procesal, su estudio debe ser preferente lo aleguen o no las partes, extremo que encuentra sustento en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así pues, al atender el contenido del oficio de cuenta y actuaciones que integran el presente juicio reclamado, se advierte que en la especie se surte una causal de improcedencia indudable y manifiesta, en virtud de un cambio de situación jurídica, atendiendo la naturaleza de los actos reclamados. Para una mejor apreciación de lo que aquí se vislumbra y corroborar la operatividad del aserto anterior, en primer término, conviene destacar que el contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" El texto del precepto trascrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En torno a la causal de improcedencia transcrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Del criterio anterior, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en las partes que interesan, se colige, que para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así, el quejoso José Antonio Pérez Villa, ratificó la demanda presentada a su favor únicamente por los actos que reclamó del Delegado de la Fiscalía General de la República en Baja California, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en privación ilegal de la libertad e incomunicación. Respecto de lo cual, como se advierte de las constancias que se analizan, el directamente agraviado fue puesto a disposición de autoridad judicial competente, como emerge de la copia certificada de la solicitud de audiencia inicial (audiencia de control y puesta a disposición) que obran en la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002320/2019, el catorce de junio de esta anualidad, a las nueve horas con nueve minutos, la cual fue radicada en esa misma data por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, bajo causa penal 559/2019 y, según lo informado por la autoridad ministerial, se decretó auto de vinculación en contra del antes mencionado por el hecho que ley señala como delito previsto y sancionado en el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Así entonces, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia de mérito, dado que como ya se dijo, los actos reclamados que se hicieron consistir en privación ilegal de la libertad e incomunicación, ha producido ahora un cambio de situación jurídica, de lo cual es dable concluir que con motivo de su presentación ante el Juez de control antes mencionado, para sujetarse al procedimiento, al haberse decretado en su contra auto de vinculación a proceso, acto que no forma materia de la litis inicialmente planteada en el presente juicio, lo cual ha generado una situación en la que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional. De ahí que, cuando se impugne como acto reclamado en un amparo indirecto un acto privativo de la libertad, y el mismo se sustituya por el pronunciamiento del auto de vinculación a proceso, se está en presencia de un cambio de situación jurídica, y por tanto opera la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirva de apoyo a lo anterior la tesis II.2o.P.20 P(10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, visible en la página 1287, Décima Época, registro 2002240, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." Apoya a los razonamientos expuestos la tesis XVII.1o.P.A.51 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Tomo XXIX, Marzo de 2009. Novena Época, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XVII en concordancia con el numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la parte conducente del auto de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, en lo relativo al señalamiento de la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano judicial. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis número 2a./J.10/2003 , que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Corolario a lo anterior, cabe decir que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no dejan en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con las constancias allegadas a efecto de que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse el citado precepto legal a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, dado que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que el quejoso esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, pues este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los quejosos no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Apoya esta consideración, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región , cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, NO ES DABLE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA PARA EFECTO DE REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE LA OTORGUE, EN TANTO, CON EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZAR EL SOBRESEIMIENTO RESPECTIVO Y, POR ENDE, NO SE DEJA INAUDITO AL IMPETRANTE DE TUTELA FEDERAL. La porción normativa en consulta dispone que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. De ahí, se desprende la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de amparo (conocedores tanto del indirecto, como del directo), de dar vista al accionante cuando adviertan, de oficio, que pudiese actualizarse en el asunto correlativo una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes; en amparo en revisión, esa obligación surge cuando el Tribunal Colegiado de Circuito observa que el juicio que examina es improcedente, siempre y cuando la causal de que se trate no haya sido examinada por el a quo en la sentencia recurrida; con ello, se le otorga la oportunidad de que aporte los elementos necesarios con el ánimo de desvirtuar el impedimento técnico que pudiese, a la postre, derivar en el sobreseimiento del juicio, privilegiando de esa manera el acceso a la justicia y, por ende, el estudio de fondo que amerite el controvertido constitucional de que se trate que es, precisamente, la esencia de las reformas constitucionales en protección a los derechos fundamentales de los gobernados, del cual deriva la nueva Ley de Amparo que ahora se aplica. Además, se evita que el impetrante, en todos esos supuestos, tenga que agotar necesariamente el recurso de revisión para controvertir el aspecto de improcedencia actualizado en primera instancia, puesto que lo que la norma pretende es que esté en aptitud de desvirtuar la causal de improcedencia advertida de oficio con el fin de que el Juez de amparo se pronuncie sobre el fondo de la controversia planteada ante su jurisdicción. De modo que, si el a quo omite dar la vista de que se trata, es claro que se trastoca el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor; sin embargo, no es dable revocar la sentencia recurrida para reponer el procedimiento en aras de que se observe el numeral en cita, dado que el derecho de defensa del quejoso se encuentra privilegiado en la sede de revisión, ya que el Tribunal Colegiado de Circuito está facultado para examinar, a la luz de los agravios correspondientes (y en los casos en que proceda suplir la deficiencia de la queja), las consideraciones que adopte el Juez de Distrito en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, por lo que el quejoso no queda inaudito, ni se le deja en estado de indefensión; así pues, si el sobreseimiento es correcto, habrá de avalarse, si no, quedará insubsistente para dar paso al estudio de fondo del asunto. Asimismo, es importante señalar, que la causa de improcedencia por las que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto son: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Notifíquese personalmente.
- Principal
requiérase nuevamente a la autoridad Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Célula II-V, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, informe la situación jurídica del agraviado y remita copia certificada completa y legible de las constancias relacionadas con el acto reclamado, así como de las necesarias para la solución del presente juicio constitucional.
- Principal
Agréguese el escrito presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mismo que será relacionado en la audiencia constitucional que en este juicio se celebre, como lo solicita, una vez que se emita la sentencia constitucional en el presente juicio, expídasele copia certificada de la misma, requiérase a la autoridad Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Célula II-V, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, informe la situación jurídica del agraviado antes mencionado, y remita copia certificada completa y legible de las constancias relacionadas con el acto reclamado, así como de las necesarias para la solución del presente juicio constitucional.
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