Jose Antonio Perez Sanchez
Expediente 925/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Antonio Perez Sanchez
- JOSE ANTONIO PEREZ SANCHEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia que sobreseyó el presente asunto, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó un documento en el presente asunto de los catalogados como no originales. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 20, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita, y con apoyo en el oficio ********************, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la consulta efectuada por diverso órgano jurisdiccional, respecto al citado instrumento normativo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Como se precisó en la certificación de cuenta, el documento exhibido por la parte quejosa en el presente juicio no está catalogado como original, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica a la fiscal adscrita.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el oficio, remitido por el Jefe de Célula de Mandamiento Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la AIC de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual pretende rendir su informe previo; lo anterior, toda vez que el diez de diciembre del año en curso, se dictó la interlocutoria que resolvió el presente incidente de suspensión. Por otra parte, en atención a que del oficio de cuenta se advierte que la autoridad oficiante, también refiere dar contestación al oficio 17357/2021 el cual corresponde al cuaderno principal de que deriva esta incidencia, con copia certificada de la misiva de cuenta, previo registro, acuérdese lo conducente en el citado juicio de amparo. Notifíquese.
- Incidental
SE DICTÓ INTERLOCUTORIA EN LA QUE SE DETERMINÓ: ...C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del normativo 48, en relación con el diverso 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 125 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Estudio de la medida cautelar. De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo, cuando se aduce afectación a un interés jurídico, se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. TERCERO. Solicitud de la medida cautelar -fijación de los actos a paralizar-. El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que la quejosa señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito, pues del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa solicitó la medida cautelar contra los actos privativos o restrictivos que reclama por los que se admitió la demanda, los cuales hizo consistir en: La orden de aprehensión, detención, presentación o comparecencia librada en su contra, así como su ejecución. Al respecto, no se inadvierte que el quejoso también reclamó la citación de que fue objeto ante la Agencia de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, en Irapuato, Guanajuato. Sin embargo, se precisa que, respecto del aludido acto se desechó la demanda, por lo que no procede pronunciarse al respecto. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La totalidad de autoridades responsables, con excepción del Jefe Grupo de la Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigación de la Aic. de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte, la parte quejosa no aportó medios de convicción tendentes a desvirtuar esa negativa, pues de las pruebas aportadas no se aprecia mandamiento de captura alguno. En ese orden, no obstante que el Jefe Grupo de la Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigación de la Aic. de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe previo, no se actualiza la presunción de certeza de los actos reclamados, pues ante la negativa expuesta por las autoridades ordenadoras y al asistirle el carácter de autoridad ejecutora, también resulta inexistente el acto de ejecución que se le atribuye. Por tanto, con fundamento en el artículo 138, de la Ley de Amparo, procede negarle la suspensión definitiva que solicita respecto de las citadas autoridades, por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo al particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 356 del tomo X, Octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "INFORME PREVIO, LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si la autoridad responsable niega los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos". Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *****, la suspensión definitiva, por las razones aludidas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
SE DICTÓ SENTENCIA EN LA QUE SE DETERMINÓ: ...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Ahora, en el caso, la totalidad de autoridades responsables, con excepción del Jefe Grupo de la Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigación de la Aic. de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. En congruencia con lo anterior, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo, lo que en la especie no acontece, pues de las pruebas aportadas no se aprecia mandamiento de captura alguno. Luego entonces, no obstante que el Jefe Grupo de la Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigación de la Aic. de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no se actualiza la presunción de certeza de los actos reclamados, pues ante la negativa expuesta por las autoridades ordenadoras y al asistirle el carácter de autoridad ejecutora, también resulta inexistente el acto de ejecución que se le atribuye. Así, se concluye que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables; en tal tesitura, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo. Notifíquese.
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