José Antonio Pérez Novelo

Expediente 900/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 27 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
900/2015
Año
2015
Actuaciones
27
Última actuación
18/11/2016

Partes del expediente

  • José Antonio Pérez Novelo
  • Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Quintana Roo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo, una vez transcurrido el plazo de cinco años; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita. Por lo anterior, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el dieciocho de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecisiete de octubre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación secretarial con la que se da cuenta, se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. Antecedentes del cumplimiento al fallo protector. I. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que en el primer punto resolutivo se sobreseyó y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Antonio Pérez Novelo (fojas 234 a 246), quedando de la siguiente manera: "PRIMERO. En términos del considerando tercero de este fallo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Antonio Pérez Novelo contra el acto reclamado al Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia, Órgano Auxiliar de Instrucción, Procurador General de Justicia del Estado y Director Administrativo, todos dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo; Director General de la Policía Ministerial y Director de la Policía Ministerial de la Zona Sur del, ambos de esta entidad federativa, toda vez que no son ciertos los actos que se les atribuyó. SEGUNDO. Con base en los argumentos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia, la Justicia de la Unión Ampara y Protege a la quejosa José Antonio Pérez Novelo contra los actos reclamados al Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretario General Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia y Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, consistente en la resolución de veinte de noviembre de dos mil quince, emitida dentro del procedimiento administrativo número PGEJ/CPHJ/REM/027/2015, para efectos de que: a) Deje insubsistente la resolución de veinte de noviembre de dos mil quince, que contiene la suspensión del cargo reclamado. b) Ponderando que al inicio del procedimiento (cuatro de noviembre de dos mil quince) aún no había sido notificado el quejoso de la resolución del Tribunal de Alzada, en que confirmó la sentencia absolutoria de veintiséis de enero del mismo año, otorgue a éste la garantía de audiencia, para que, en su caso, justifique, prueba o alegue sus inasistencias; y c) Hecho que sea, debidamente fundado y motivado, determine lo que estime conducente". ll. Por acuerdo de trece de mayo de dos mil dieciséis (foja 270), se tuvo por interpuesto el recurso de revisión del Secretario General Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad, en contra de la sentencia constitucional de veintiséis de abril del presente año, la cual previo sus trámites se remitió a la Alzada y quedó registrado con el número 231/2016, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo. lll. Al resolver el recurso de revisión interpuesto, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, determino lo siguiente: ""PRIMERO. Se deja firme el sobreseimiento decretado en términos del considerando tercero de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la resolución recurrida. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a José Antonio Pérez Novelo contra los actos que reclamó del Secretario General Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, Oficial Mayor y Director de Recursos Humanos, ambos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, consistentes en la suspensión preventiva, sin goce de sueldo, como agente de la Policía Ministerial del Estado, contenida en el oficio PGJE/CPHJ/REM/027/2015 de veinte de noviembre de dos mil quince". lV. Esto es, de la ejecutoria pronunciada en esencia el Tribunal de Alzada, como ya se apuntó; por una parte, dejó firme el sobreseimiento del amparo reflejado en el resolutivo tercero de la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil dieciséis y, por otra, se modificó y concedió la Justicia de la Unión solicitada por José Antonio Pérez Novelo, para los efectos precisados en el considerando noveno de la citada resolución, esto es, para que el Secretario General Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, Oficial Mayor y Director de Recursos Humanos, ambos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, realizaran lo siguiente: El Secretario General de Instrucción responsable, deje insubsistente el acto reclamado consistente en el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil quince reclamado. Dicte uno nuevo en el que reitere todo aquello que no es materia de la presente concesión, como lo es la procedencia de la suspensión temporal preventiva del quejoso en sus funciones como policía ministerial, hasta en tanto se resuelve lo relacionado con el procedimiento de remoción solicitado en su contra. No obstante lo anterior, la autoridad responsable deberá considerar que de una interpretación conforme del artículo 134 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, con el texto de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe garantizar al quejoso: Un ingreso mínimo para su subsistencia, hasta que se resuelva lo relativo al procedimiento de remoción solicitado en su contra. El acceso a un instituto de seguridad social, sin que se vean mermadas las cuotas respectivas. Para determinar el ingreso mínimo del elemento policíaco, la autoridad responsable deberá tomar en consideración que el quejoso tiene que cubrir sus necesidades básicas de sana alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras; por lo que deberá tomar como base el equivalente al 30% (treinta por ciento) de su ingreso real, el cual no debe ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución policiaca a la que pertenece, en términos de la parte final de la tesis aislada 2a. XVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la diversa tesis aislada XXVII.3o.8 CS (10a.) emitida por este Tribunal Colegiado. Hecho lo anterior, se deberá pagar de forma retroactiva al quejoso el ingreso mínimo de subsistencia a partir del día en que fue suspendido en sus percepciones económicas, con motivo de la resolución reclamada de veinte de noviembre de dos mil quince, hasta que resuelva su situación en relación con el procedimiento de remoción de mérito. V. Por acuerdo de treinta y uno de agosto (fojas 459-460) se recibió el oficio FGEUF25/01ª1/02432/2016 del Secretario General Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad, por el que informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente el auto de veinte de noviembre de dos mil quince, se reiteró la suspensión temporal preventiva impuesta al quejoso y ordenó garantizar el ingreso mínimo para su subsistencia, así como su acceso al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Vl. Mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciséis (foja 493), se recibió el oficio FGE/VFZS/OAI/0260/2016, del Secretario General Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en vía de cumplimiento a la ejecutoria, informa de las gestiones realizadas respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, que realizó el pago de ingreso retroactivo al aquí quejoso tomando en consideración una percepción quincenal de $3, 733.00 (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 MN), por un ajuste de nómina, lo que representa el 102% de sus percepciones, previas deducciones de contribuciones fiscales y por obligaciones familiares, asimismo, que ingresó al quejoso al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. Asimismo, en acuerdo de veintinueve de septiembre inmediato anterior, se recibió el oficio FGE/DFG/1259/2016 del Director Jurídico de Vinculación Institucional Zona Sur, por el que remitió diversas constancias relacionadas con el cumplimiento del fallo protector (fojas 481 a 490). Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". VII. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte el Tribunal de Alzada determinó que el Secretario General Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad, autoridad responsable al momento de emitir el acto reclamado, debió salvaguardar el ingreso mínimo del quejoso, a fin de que tuviera acceso a los servicios de seguridad social en la institución que corresponda ya que el derecho humano del hoy quejoso a la protección del salario y a la seguridad social no se encuentra restringido en la Constitución, por ello se decretó que la responsable, realice lo siguiente: l. "El Secretario General de Instrucción responsable, deje insubsistente el acto reclamado consistente en el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil quince reclamado. ll. Dicte uno nuevo en el que reitere todo aquello que no es materia de la presente concesión, como lo es la procedencia de la suspensión temporal preventiva del quejoso en sus funciones como policía ministerial, hasta en tanto se resuelve lo relacionado con el procedimiento de remoción solicitado en su contra. lll. No obstante lo anterior, la autoridad responsable deberá considerar que de una interpretación conforme del artículo 134 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, con el texto de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe garantizar al quejoso: Un ingreso mínimo para su subsistencia, hasta que se resuelva lo relativo al procedimiento de remoción solicitado en su contra. El acceso a un instituto de seguridad social, sin que se vean mermadas las cuotas respectivas. Para determinar el ingreso mínimo del elemento policíaco, la autoridad responsable deberá tomar en consideración que el quejoso tiene que cubrir sus necesidades básicas de sana alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras; por lo que deberá tomar como base el equivalente al 30% (treinta por ciento) de su ingreso real, el cual no debe ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución policiaca a la que pertenece, en términos de la parte final de la tesis aislada 2a. XVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la diversa tesis aislada XXVII.3o.8 CS (10a.) emitida por este Tribunal Colegiado. lV. Hecho lo anterior, se deberá pagar de forma retroactiva al quejoso el ingreso mínimo de subsistencia a partir del día en que fue suspendido en sus percepciones económicas, con motivo de la resolución reclamada de veinte de noviembre de dos mil quince, hasta que resuelva su situación en relación con el procedimiento de remoción de mérito. Efectos que, como se precisó con antelación, acontecieron en la especie; dado que de las constancias remitidas por el Secretario General Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad, se evidencia que el veinticinco de agosto del presente año dejó insubsistente el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil quince, y esa misma data, reiteró todo lo que no fue materia de revisión y decretó la suspensión temporal del quejoso y ordenó garantizar el ingreso mínimo de subsistencia, así como el acceso al Instituto de Seguridad Social. Estos últimos aspectos se cumplieron con el pago de ingreso retroactivo al aquí quejoso tomando en consideración una percepción quincenal de $3, 733.00 (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 MN), por un ajuste de nómina, lo que representa el 102% de sus percepciones, previas deducciones de contribuciones fiscales y por obligaciones familiares, asimismo, que ingresó al quejoso al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, manifestó que se encuentra activo con número de seguridad social 80007817200. De modo que con ello, quedaron subsanados los vicios formales detectados en la primigenia resolución y es evidente que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector al quedar satisfechos sus efectos. En tales circunstancias se declara cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, segundo y tercer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que se advierta exceso o defecto, o imposibilidad con el cumplimiento del fallo protector. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 201, fracción I, y 202, del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa, por el término de quince días, a fin de que si es su deseo interpongan recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del numeral 196 de la ley de la materia.

  3. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el cuatro de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de tres de octubre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario General Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa de las gestiones realizadas respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, que realizó el pago de ingreso retroactivo al aquí quejoso tomando en consideración una percepción quincenal de $3, 733.00 (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 MN), por un ajuste de nómina, lo que representa el 102% de sus percepciones, previas deducciones de contribuciones fiscales y por obligaciones familiares, asimismo, que ingresó al quejoso al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. Asimismo, en acuerdo de veintinueve de septiembre inmediato anterior, se recibió el oficio FGE/DFG/1259/2016 del Director Jurídico de Vinculación Institucional Zona Sur, por el que remitió diversas constancias relacionadas con el cumplimiento del fallo protector. En mérito de lo anterior, y por cuanto este Juzgador estima contar con documentos que evidencian la actividad de la responsable tendentes a cumplir con la sentencia de amparo, se da vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos que obran en autos.

  4. Principal

    Se tiene a las autoridades responsables informando las medidas tomadas en acatamiento a la ejecutoria de amparo

Quedan 23 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano