Jose Antonio Perez Mena
Expediente 2040/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2040/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Antonio Perez Mena
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, de los que se desprende, que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, con quien actúa legalmente, se procedió a celebrar la audiencia incidental sin la asistencia de las partes.Abierta dicha audiencia, el Secretario da lectura al escrito de demanda, a las demás constancias que obran en los presentes autos y con el informe previo rendido por la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, el cual fue registrado en el libro de correspondencia con el número 19890. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar, por rendido el informe con que se da cuenta, el cual se ordena agregar a los presentes autos y con fundamento en los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, celébrese la audiencia incidental de mérito.Se abre el período de pruebas, en el que la secretaría le hace saber al Juez que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno; con lo anterior se concluye la referida fase. Seguidamente, se apertura la etapa de alegatos, en el cual la secretaría no da cuenta con promoción alguna, con lo que se cierra la misma. Finalmente, al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe.Vistos, para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1524/2021-II, promovido por Jorge Froilán Vera y Centeno y Graciela Ojeda Avilés, contra el acto que reclaman al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, por violación a los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o:Único. En la demanda de amparo promovida por Jorge Froilán Vera y Centeno y Graciela Ojeda Avilés, solicitaron la suspensión definitiva en contra de los actos que reclamó del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, los cuales hicieron consistir esencialmente en la orden de desalojo de fecha seis de agosto del año en curso, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 404/2010 del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, en relación al predio marcado con el numero doscientos setenta y dos letra A, de la calle veintisiete, entre dieciocho y veinte, colonia centro, de la localidad de Motul, Yucatán, así como la falta de notificación del inicio, así como de todas las subsecuentes etapas relativas al juicio antes mencionado. C o n s i d e r a n d o:Primero. La Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, en su respectivo informe previo, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, consistente en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 404/2010 de su índice, sin prueba en contrario de la parte quejosa, por lo que al no haber materia sobre la que deba versar la suspensión definitiva, debe negarse la citada medida cautelar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo aplicable.Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 286, visible a página 237, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice:INFORME PREVIO. DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS CONTRA LO QUE EN EL SE AFIRMA, Y CONSECUENTEMENTE, NEGARSE LA SUSPENSIÓN SI SE NEGÓ LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, A NO SER QUE EN LA AUDIENCIA SE RINDAN PRUEBAS EN CONTRARIO.Segundo. La referida autoridad responsable, de igual manera en su informe previo, manifestó que es cierto el acto reclamado consistente en la orden de desalojo de fecha seis de agosto del año en curso, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 404/2010 de su índice, en relación al predio marcado con el numero doscientos setenta y dos letra A, de la calle veintisiete, entre dieciocho y veinte, colonia centro, de la localidad de Motul, Yucatán; por lo que se tiene por cierto el mismo para todos los efectos legales correspondientes.Tercero. Con fundamento en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva que solicita respecto del acto reclamado consistente en la orden de desalojo de fecha seis de agosto del año en curso, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 404/2010 del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Motul, Yucatán, en relación al predio marcado con el numero doscientos setenta y dos letra A, de la calle veintisiete, entre dieciocho y veinte, colonia centro, de la localidad de Motul, Yucatán, toda vez que ese acto tiene la naturaleza de consumado y en relación con el no procede conceder la mencionada medida cautelar, ya que esto equivaldría a darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia que se pronuncie en el juicio principal de donde derivan estos autos, al tenor de la tesis Jurisprudencial número 12, visible a foja 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncieCuarto. Ahora bien, ponderando la apariencia del buen derecho y no afectación al interés social, con fundamento en los artículos 128, 136, 138, 139 y 150 de la Ley de la Materia, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva respecto de las consecuencias del acto que reclama, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, no se entregue a favor de terceros, el predio marcado con el numero doscientos setenta y dos letra A, de la calle veintisiete, entre dieciocho y veinte, colonia centro, de la localidad de Motul, Yucatán, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio principal de donde derivan estos cuadernos incidentales. Lo anterior, tomando en cuenta que del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte que los quejosos son parte demandada en el juicio natural del que deriva el acto reclamado.De conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, la medida cautelar otorgada surte sus efectos, desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, a satisfacción de este Juzgado Federal, caución por la cantidad de $4,560.19 (cuatro mil quinientos sesenta pesos, con diecinueve centavos, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), o en cualquiera otra forma prevista por la ley, para resarcir de posibles perjuicios que se ocasionaren con motivo de la aludida suspensión.Para fijar la cantidad antes citada se ponderó que, para garantizar los perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo, que están representados por la pérdida o menoscabo que a la parte tercero interesada le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado.Entendiéndose entonces que en cuanto a los perjuicios, son las ganancias lícitas que obtendría la parte tercero interesada de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por este Juzgado para la resolución del juicio (seis meses), el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación.De ahí que debe destacarse que al veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, fecha de la presentación de la demanda en este juzgado, la aludida tasa tenía un rendimiento del 4.7502, a un plazo de 28 días, según se aprecia del Diario Oficial de la Federación.Por tanto, multiplicado ese porcentaje por el monto de la cantidad que se aprobó en la planilla de liquidación de veintinueve de agosto de dos mil trece, que según informa la autoridad responsable, asciende a $192,000.00 (ciento noventa y dos mil pesos, sin centavos, moneda nacional), misma cantidad resultante $9,120.38 (nueve mil ciento veinte pesos, con treinta y ocho centavos, moneda nacional), que se divide entre los doce meses del año, de lo que resulta la cantidad de $760.03 (setecientos sesenta pesos, con tres centavos, moneda nacional) y se multiplica por los seis meses que tardaría en resolverse en definitiva el presente asunto, arroja la cantidad de equivalente al interés semestral conforme a la citada tasa interbancaria de equilibrio de $4,560.19 (cuatro mil quinientos sesenta pesos, con diecinueve centavos, moneda nacional).Asimismo, en cuanto a los daños que se pudieran ocasionar a la parte interesada, además de la cantidad que se fijó para garantizar los posibles perjuicios, también deberá exhibir la cantidad correspondiente a los daños, por lo que la medida suspensional decretada surte efectos desde este momento, pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa no otorga dentro del mismo término de cinco días contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, a satisfacción de este Juzgado Federal, caución por la cantidad de $5,366.40 (cinco mil trescientos sesenta y seis pesos, con cuarenta centavos, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), o en cualquiera otra forma prevista por la ley, para resarcir de posibles daños que se ocasionaren con motivo de la aludida suspensión.Para fijar la cantidad antes citada se ponderó que para garantizar los daños ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que a la parte tercero interesada le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado. Por lo que, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, se toma como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que este juzgado considera que podría durar el juicio, que en el presente caso este juzgado considera sería de seis meses aproximadamente.De ahí que debe destacarse que al veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, fecha de la presentación de la demanda en este juzgado, el referido índice estaba en 5.590, según se aprecia de la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.Por tanto, multiplicado ese porcentaje por el monto de la cantidad que se aprobó en la planilla de liquidación de veintinueve de agosto de dos mil trece, que según informa la autoridad responsable, asciende a $192,000.00 (ciento noventa y dos mil pesos, sin centavos, moneda nacional), misma cantidad resultante de $10,732.80 (diez mil setecientos treinta y dos pesos, con ochenta centavos, moneda nacional), que se divide entre los doce meses del año, que arroja la suma de $894.40 (ochocientos noventa y cuatro pesos, con cuarenta centavos, moneda nacional) y se multiplica por los seis meses que tardaría en resolverse en definitiva el presente asunto, arroja la cantidad de equivalente al interés semestral conforme a la citada tasa interbancaria de equilibrio de $5,366.40 (cinco mil trescientos sesenta y seis pesos, con cuarenta centavos, moneda nacional).Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 71/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, jurisprudencia (Común), visible en l página 5, del rubro y texto siguientes:DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación.De igual forma apoya a la presente determinación, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 6/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 466, del Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Décima Época, registro 2014801, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente:PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), (1) de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.", estableció que para el cálculo de la garantía respecto de los perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión, es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. En relación con el indicador señalado, cabe tener en cuenta que el Banco de México expidió la Circular 3/2012, dirigida a las Instituciones de Crédito y a la Financiera Rural, relativa a las Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, de cuyos artículos 38, 39, 150 y 163, se advierte que las instituciones bancarias expresarán las tasas de interés y los rendimientos en términos anuales; que en las operaciones pasivas con tasas de interés variable, únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para determinarla, el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y que las tasas de interés que se obtengan conforme a lo previsto en el capítulo 'Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional', se expresarán en términos porcentuales anuales. Ahora bien, con base en las disposiciones citadas, es válido inferir que para efectos de fijar el monto de la garantía por los perjuicios que puedan ocasionarse al concederse la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia civil, la expresión de la tasa TIIE debe considerarse un porcentaje establecido en términos anuales, aunque no se prevea así expresamente en las publicaciones respectivas.Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 873 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dígase a la parte quejosa que en caso de que decida garantizar la efectividad de la medida cautelar concedida a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, por cada uno de los conceptos señalados deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que haga constar que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante.Asimismo, como lo establece el numeral 883 del Acuerdo General del Pleno antes invocado, la quejosa deberá indicar a la institución crediticia, que incluya en el referido instrumento de depósito, la leyenda en el sentido de que el depositante otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito. Por lo expuesto y fundado, se resuelve:Primero. Se niega a Jorge Froilán Vera y Centeno y Graciela Ojeda Avilés, la suspensión definitiva de los actos que reclama a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en los considerandos primero y tercero de esta resolución.Segundo. Se concede a Jorge Froilán Vera y Centeno y Graciela Ojeda Avilés, la suspensión definitiva del acto que reclama a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución.Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
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