José Antonio Pérez Chávez

Expediente 423/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
423/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • José Antonio Pérez Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación adquirió firmeza procesal. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Dado que se certificó que en este expediente la parte quejosa exhibió documentos considerados como originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En consecuencia, de conformidad con el numeral 18 cuarto párrafo del citado Acuerdo General, los documentos referidos quedan a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo de noventa días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Para su devolución, el quejoso deberá estar a lo acordado por este juzgado en auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós Transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales correspondientes, el escrito Ignacio Santiago González, autorizado en términos amplios del quejoso José Antonio Pérez Chávez, por medio del cual solicita la devolución de los anexos que exhibió con su escrito de demanda y designa autorizados para que les sean entregados. Al respecto, se advierte que los anexos exhibidos por la parte quejosa con su escrito de demanda, se consideran originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En consecuencia, de conformidad con el numeral 18 cuarto párrafo del citado Acuerdo General, el documento referido y anexos exhibidos con el escrito de demanda, quedan a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo de noventa días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, se ordena que el quejoso o su autorizado, acuda al presente órgano jurisdiccional y previa cita, que deberá agendar desde la modalidad del programa "Agenda OJ", a que se refiere el artículo 6 del propio Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido que quienes ingresen deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de acceso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 423/2022. Desechamiento. El suscrito considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por José Antonio Pérez Chávez, contra la omisión del Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de dar respuesta al escrito que la quejosa presentó en la oficialía de partes dicha autoridad el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual solicitó la actualización de su pensión. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, dado que se advierte que esta instancia es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque, en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal hipótesis tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso concreto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5°, fracción II y 107 fracción II, todos de la Ley de Amparo; ya que los actos de los cuales se duele la quejosa derivan de una relación en plano de igualdad y no de supra a subordinación. Los preceptos legales invocados textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.". Del análisis de tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, así como por Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, precisa que tiene el carácter de autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También, de conformidad con la última fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente por motivos que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. De ahí que si el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en este caso la causa operaría en atención a que la autoridad señalada como responsable no tiene dicho carácter. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable, en los que ha precisado que ésta es aquélla que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. En ese sentido, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese contexto, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Así, es preciso destacar que, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, es necesario el estudio de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, cuyo análisis se requiere para acreditar la naturaleza de los actos que por esta vía se impugnan. Sobre el particular, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel y, para dirimir sus controversias deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, como ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos y garantías para su protección como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En el caso, el quejoso en su demanda señala como autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y como acto reclamado, el siguiente: La omisión del Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de dar respuesta al escrito que José Antonio Pérez Chávez presentó en la oficialía de partes dicha autoridad el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual solicitó la actualización de su pensión. En ese tenor, es evidente que no se está en presencia de un acto de autoridad, ya que entre la aquí justiciable y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de amparo, ya que se están reclamando prestaciones de seguridad social, como lo es la actualización de pensión. Por tanto, a la referida autoridad no le reviste el carácter de responsable, pues los actos que se controvierten se refieren a cuestiones inherentes que le atañen a la peticionaria de amparo como trabajadora y asegurada; en ese supuesto, se está en un plano de igualdad, y los actos controvertidos no deben estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En las relatadas condiciones, a juicio de este órgano jurisdiccional los actos reclamados en la presente instancia constitucional no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a la su naturaleza. En efecto, tratándose del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal, que reclama la parte quejosa en la presente instancia, la naturaleza jurídica de la relación entre el formulante de la petición y el servidor público a la que ésta se dirige es determinante para efectos de la procedencia del juicio de amparo; derivado de que dicho derecho fundamental cuyo titular es el gobernado en general, implica la facultad de acudir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, entre otros, por virtud del cual el Estado, a través de sus autoridades, tienen como obligación de dar una respuesta por escrito a la solicitud del justiciable. De este modo, el derecho de petición tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como garantía, supone una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de gobierno del Estado, obligado como tal a dar contestación por escrito y en breve término al particular. Por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito, y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Sustenta a las anteriores consideraciones la jurisprudencia P./J. 42/20, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 189914, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Derivado de lo anterior, es que se concluye que el acto aquí reclamado, consistente en la omisión de dar contestación por parte de la autoridad que señala como responsable, no puede considerarse un derecho público subjetivo consagrado en el artículo 8 de la constitución federal, derivado de que la solicitud que realiza, va encaminada a cuestiones laborales, específicamente la solicitud actualización de pensión, por ende, es que se advierte entre el peticionario y el ente a quien fue dirigida la solicitud, un plano de coordinación, derivado de la calidad de asegurador de la que señala como autoridad responsable. Por lo que la omisión atribuida de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, al ente correspondiente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que señala como responsable, no tienen naturaleza de autoridad en la petición que pretende la parte quejosa; porque si bien el instituto mencionado forma parte de la administración pública, lo cierto es que la solicitud a él presentada corresponde a una circunstancia entre dicho órgano y sus asegurados, lo que hace que el carácter conforme al que se eleva ante él una petición, en el caso particular carezca de la naturaleza requerida para considerarlo autoridad para efectos del amparo, debido a que la propia petición se trata de una solicitud de actualización de pensión, por lo que de igual forma, se evidencia que la naturaleza de la solicitud resulta en una cuestión laboral, donde se solicita a éste último la defensa de un derecho laboral. Entonces, en un plano de coordinación, el cual como ya se dijo es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en un mismo nivel. Encuentra fundamento a lo anterior, por las consideraciones ahí contenidas, la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 165782, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 303, de contenido: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." De igual forma, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Además, la procedencia es una condición necesaria para el desarrollo de esta instancia e indispensable para resolver de fondo de la litis constitucional y por ende, debe ser analizada de manera oficiosa por el juzgador, tal como lo prevé el numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese orden, para determinar la procedencia de esta acción constitucional se debe atender exclusivamente a la naturaleza del acto reclamado, lo cual se puede determinar mediante el análisis de los efectos solicitados, los hechos narrados y las pruebas aportadas. Ahora bien, dado que el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación de dar contestación al escrito que José Antonio Pérez Chávez, presentó ante la oficialía de partes de la responsable el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual solicitó la actualización de su pensión, en ese orden, para inconformarse sobre su interpretación y cumplimiento debe acudirse previamente al juicio contencioso administrativo, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 3 fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se advierte que los actos reclamados son actos administrativos que causan un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones I a IV del numeral 3º en cita. Ello, porque si bien es cierto que la parte quejosa no podría presentar el recurso de revocación ante la propia autoridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a falta de la respuesta que refiere, también lo es que, no existe otra circunstancia que le impida promover el juicio contencioso administrativo para modificar o revocar los actos reclamados, y eso tampoco requiere mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, para otorgarle la suspensión -con independencia de que los actos sean o no suspendibles-. Apoya esta conclusión, por las razones que lo integran, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), de rubro y texto: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. En consecuencia, al disponer el más alto Tribunal del país que los citados conflictos surgidos deben resolverse en los juicios contenciosos administrativos, se demuestra que la parte quejosa tiene a su alcance un medio de defensa legal por el cual los actos reclamados pueden ser revocados, modificados o nulificados e incluso obtener la suspensión de los mismos y al no haberlo hecho así, se surten las causales de improcedencia que prevé el numeral 61, fracciones XX y fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción II y 107 fracción II, todos de Ley de Amparo, de la Ley de Amparo; por lo que resulta improcedente el presente juicio de garantías. Conclusión que no vulnera el derecho de acceso a la justicia, ya que el acceso a la tutela judicial efectiva no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales de las vías jurisdiccionales. Apoya a lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". En razón de lo antes expuesto, al actualizarse en forma patente y manifiesta las causales de improcedencia previstas en las fracciones XX y fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción II y 107 fracción II, todos de Ley de Amparo del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Determinación que se estima no deja en estado de indefensión a la parte quejosa ni le causa agravio, en virtud que una vez que cause estado esta determinación, se dejará a su disposición la documentales en originales que exhibió en el trámite de este asunto, a fin de que esté en posibilidad de acudir ante la autoridad competente a promover la instancia que estimen pertinente; considerando a su vez, que este fallo no constituye cosa juzgada respecto del fondo del asunto. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Atendiendo al Acuerdo general 21/2020, que rige las actividades jurisdiccionales en esta modalidad de contingencia sanitaria, y al deber de privilegiar el trabajo a distancia y las comunicaciones digitales, en relación con los artículos 3º y 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "SAGI850505" que menciona para la consulta del expediente electrónico y para recibir notificaciones, de conformidad con los numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 que rige del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Instrúyase a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las gestiones administrativas correspondientes, a efecto que los referidos usuarios puedan consultar el expediente y para que se realicen las notificaciones por la vía electrónica, tal como lo solicita. En ese sentido, no ha lugar a tener como domicilio físico para recibir notificaciones el que indica, ya que sus notificaciones se harán de forma electrónica con el usuario que ha proporcionado. Asimismo, téngasele autorizando con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Ignacio Santiago González, debido a que se encuentra dado de alta en el sistema computarizado para el Registro único de profesionales del derecho, y como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas restantes, por así haberlo solicitado el quejoso expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.

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