José Antonio Penagos López

Expediente 238/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
238/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Penagos López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión ha transcurrido ....... sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. ....... se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ...... archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción,........

  2. Principal

    Audiencia y Sentencia Constitucional En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 238/2021-III, promovido por ... con apoyo en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y además privilegiando el trabajo a distancia a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, en el caso conferencia telefónica, con fundamento en lo previsto por el artículo 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la presente acta ante la presencia del licenciado ... Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria con quien actúa y da fe, licenciada ... sin la comparecencia personal de ninguna de las partes, ni representante de las mismas, la declaró abierta. Acto continuo, la Secretaria hizo relación y dio lectura de las constancias que obran en autos, consistentes en copias simples exhibidas por la parte quejosa del proveído de veinticuatro de septiembre dedos mil dieciocho, y la audiencia de calificación de pruebas de treinta de enero de dos mil veinte, emitidas en autos del Expediente Laboral 524/2018, del índice de la Junta responsable; y del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, así como copia certificada del auto de veintisiete de abril dedos mil veintiuno, emitido en autos del juicio de origen señalado anteriormente, misma que documental que remitió en apoyo a su informe de ley. El JUEZ DE DISTRITO ACUERDA: Téngase por hecha la relación y lectura de las constancias que obran en autos, y por rendidos el informe con justificación relacionado en la cuenta anterior, sin perjuicio que sea tomado en consideración al momento de dictar sentencia en el presente juicio de amparo. SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO. Donde la Secretaria hace constar que la parte actora, exhibió copias simples del proveído de veinticuatro de septiembre dedos mil dieciocho, y la audiencia de calificación de pruebas de treinta de enero de dos mil veinte, emitidas en autos del Expediente Laboral 524/2018, del índice de la Junta responsable; y del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, así como copia certificada del auto de veintisiete de abril dedos mil veintiuno, emitido en autos del juicio de origen señalado anteriormente, misma que documental que remitió en apoyo a su informe de ley. Seguidamente, SE ABRE EL PERIODO DE ALEGATOS. Haciendo constar que ninguna parte formuló los pertinentes. El JUEZ DE DISTRITO ACUERDA. Se cierra el periodo de alegatos. A continuación, el Juez de Distrito procede a dictar la sentencia correspondiente VISTOS; para resolver los autos relativos al juicio de amparo número 238/2021-III, promovido por ..., contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ESCRITO DE DEMANDA. Por escrito recibido el trece de abril de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y recibido el mismo día, a la oficialía de partes de este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ..., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que a continuación se precisan: La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos transgredidos los reconocidos en los artículos 5, 14, 16 y 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE DEMANDA Y TRÁMITE. El catorce de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, a quien por razón de turno le tocó conocer de la demanda planteada, la tuvo por recibida, la registró en el Libro de Gobierno bajo el número 238/2021-III, la admitió a trámite, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio la intervención que por ley corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud que las autoridades a quienes se les atribuye el acto reclamado se encuentran circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este Juzgado (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: La omisión del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de ordenar lo conducente para el desahogo de las pruebas ofrecidas en Audiencia de Ofrecimiento y Admisiónde Preubas, dentro del Expediente Laboral 524/2018, de su índice. Es aplicable, la tesis: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado, por así haberlo manifestado al momento de rendir su informe con justificación. Circunstancia que se ve corroborada con la copias certificada que remitió la autoridad responsable, consistente en el auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, emitido en autos del Expediente Laboral 524/2018, en el que se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la celebración de la totalidad de las probanzas ofertadas por la parte actora y demandada del juicio de origen en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, segundo párrafo. El valor jurídico del informe justificado encuentra apoyo en las jurisprudencias siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." amparo." CUARTO. IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Sirve de apoyo, por las razones que la integran, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." Así, quien resuelve considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer el juicio, en relación con el numeral 63, fracción V, del ordenamiento citado, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior." De una interpretación a los preceptos legales transcritos, se arriba a la convicción que la causal de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La referida improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el numeral 77, de la ley reglamentaria de los artículo 103 y 107, de la Constitución General de la República; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que en el caso, la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de ordenar lo conducente para el desahogo de las pruebas ofrecidas en Audiencia de Ofrecimiento y Admisiónde Preubas, dentro del Expediente Laboral 524/2018, de su índice; dejó de afectar su esfera jurídica, al cesar su actuación omisa, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto negativo de la autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la referida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite declarar insubsistente o sin efecto por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Bajo este tenor, se afirma que la citada causal de improcedencia se actualiza, pues, a la fecha de la presentación de la demanda de garantías, es decir, el trece de abril de dos mil veintiuno, era evidente la existencia del acto reclamado a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, al rendir su informe justificado, dicha autoridad informó que con mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dentro del Expediente Laboral 524/2018, señaló diversas fechas y horas para que tenga verificativo la celebración de la totalidad de las probanzas ofertadas por la parte actora y demandada en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el seis de diciembre de dos mil diecinueve; documental que adquiere valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202, primera parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Así, es indudable que ha cesado el efecto del acto reclamado consistente en la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de ordenar lo conducente para el desahogo de las pruebas ofrecidas en Audiencia de Ofrecimiento y Admisiónde Preubas, dentro del Expediente Laboral 524/2018, de su índice, supuesto que, como se dijo, de la constancias que remitió el Presidente de la Junta responsable, la cual ha sido valorada en términos de ley, quedó acreditado que mediante proveído de veintisiete de abril del año en curso, se señalaron diversas fechas y horas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes del juicio de origen. En tal virtud, es claro que tal situación actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, pues la omisión y la negativa de la que se dolían desapareció, de ahí que, el Juzgado señalado como autoridad responsable, dejó de agraviar las esferas jurídicas de aquéllas, en razón que el acto omisivo atribuido, ya no se encuentran surtiendo efectos. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la Jurisprudencia, del siguiente tenor: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Con lo anterior, quedó evidenciado que la autoridad Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, ordenó lo conducente para el desahogo de las pruebas ofrecidas en Audiencia de Ofrecimiento y Admisiónde Preubas, dentro del Expediente Laboral 524/2018, lo que trae como consecuencia la cesación de los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada. La razón que justifica el sobreseimiento de referencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que ya no afecta en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, atendiendo a que el acto reclamado se analiza en atención a la etapa en la que se ubique el procedimiento del cual emana, de lo cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su criterio 2a. CV/2013 (10a.), de la Décima Época, visible en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, estableció que los alcances de la protección constitucional en determinado juicio de amparo, deben atenderse en relación a la etapa procedimental en la que se ubique el acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo, a saber: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En ese orden de ideas, como se dijo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la mencionada Ley de la Materia. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 79 fracción V, y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ..., contra el acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, rindiendo informe con justificación; al efecto, agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda. Con apoyo en el citado numeral, póngase a la vista de las partes el informe de referencia, para que manifiesten lo que a su derecho estimen pertinente. Relaciónese en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón a su propia y especial naturaleza jurídica, la documental que anexa a su informe de la autoridad oficiante, correspondiente en copia certificada del proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, emitido en autos del expediente laboral 524/2018, de su índice, la cual será valorada al momento de dictarse la resolución que corresponda.

  4. Principal

    Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." Con lo anterior, dese vista a las partes, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, ordénese el archivo del expediente, como asunto concluido.

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