José Antonio Paredes Pérez
Expediente 36/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Antonio Paredes Pérez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que se desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto por el quejoso ************.
- Principal
A sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil del Décimo Sexto Circuito, por medio del cual acuse recibo del diverso comunicado por el que se le remitió la demanda original y anexos que presentó ************, toda vez que este órgano de control constitucional se declaró incompetente de plano para conocer de dicha demanda. Asimismo, se tiene a la oficiante informando que previo a la admisión de la demanda de mérito, requirió al juez responsable, a efecto de que cumpla con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo.
- Principal
A sus autos el escrito que signa el quejoso ************, por el cual interpone recurso de queja contra la determinación de dieciocho de enero pasado, en la que éste órgano jurisdiccional se declaró incompetente y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 99 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, el escrito de expresión de agravios, así como copias certificadas de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto. Infórmese a la superioridad que en acuerdo de dieciocho de los actuales éste juzgado federal se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por el quejoso, ya que el acto reclamado lo hizo consistir en la resolución de ocho de diciembre de dos mil quince, emitida por la Juez Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, en la que dirimió el recurso de revocación instaurado por el agraviado, confirmando el proveído de diecisiete de noviembre pasado, además determinó que era improcedente dar entrada a la demanda que entabló en oposición de tercero a la ejecución de la sentencia emitida en el expediente 471/2012, por lo que se estimó que éste tribunal carece de competencia legal para conocer de tal reclamación, dado que en términos de lo dispuesto en el ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio intentado, la cual es susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por **********, por su propio derecho; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número de expediente 36/2016. Ahora bien, de su contenido se advierte que el promovente reclama la resolución de ocho de diciembre de dos mil quince, emitida por la Juez Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante la cual dirimió el recurso de revocación instaurado por el agraviado, confirmando el proveído de diecisiete de noviembre pasado, además determinó que era improcedente dar entrada a la demanda que entabló en oposición de tercero a la ejecución de la sentencia emitida en el expediente 471/2012; por lo que se estima que éste juzgado carece de competencia legal para conocer de tal reclamación, dado que en términos de lo dispuesto en el ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio intentado, la cual es susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Es aplicable la tesis número 1a. II/92, de la Octava Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, del semanario Judicial de la Federación, con registro número 206167, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Lo anterior tiene sustento en los artículos 47, 170, fracción I, y 176 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen: "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito o ante un Tribunal Unitario de Circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán, carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda." "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." (Lo resaltado es de este juzgado). "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." "Artículo 176.- La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:- - I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento.". Conforme a dichos preceptos, los actos que deben ser promovidos en la vía directa, competencia de los órganos jurisdiccionales mencionados, son las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio, como se reprodujo en líneas anteriores. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (...) La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.". Así de los preceptos transcritos, se advierte que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en las propias resoluciones o durante la secuela del procedimiento, se promoverá en vía de amparo directo. Luego, como la competencia se erige como un derecho fundamental de legalidad y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; debe estimarse que, si en el cúmulo de atribuciones jurisdiccionales de los juzgados de distrito no se encuentra la concerniente al conocimiento de los juicios de amparo directos, resulta cierto, que para defender el enunciado de principio de legalidad, tutelado en el artículo 16 constitucional, este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, pues al constituir el acto reclamado la resolución que puso fin al juicio sin resolverlo en lo principal; en términos de lo dispuesto en los numerales antes trascritos, el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por los argumentos jurídicos que la sustentan y por analogía de razón es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 16/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2002-PL, entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 10, del Tomo XVIII, de la Novena Época, Julio de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido literal siguiente: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías". Asimismo, apoya a lo anterior, las jurisprudencias emitidas emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 346 y 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII y IX, respectivamente, de rubros siguientes: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO." y "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, en el Estado de Guanajuato, para que tenga a bien resolver si confirma o revoca la presente determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/94, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 43, Tomo I, Novena Época, Mayo de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente". Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese el acuse de recibo correspondiente, en el que se informe sobre la determinación tomada respecto de la presente resolución. Se hace del conocimiento de las partes que el numeral 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***, de esta ciudad, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, en virtud de que no cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación de cuenta.
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