José Antonio Osorio Reyes

Expediente 972/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
972/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
06/05/2016

Partes del expediente

  • José Antonio Osorio Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese sin mayor proveído a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 235/2015 (orden 373/2015), del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, a través del cual se solicitó se notificara al quejoso ***, el auto de ocho de julio de dos mil quince; ello es así pues mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis se realizó la valoración correspondiente al cumplimiento de las autoridades responsables del fallo protector; asimismo, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, por ser asunto concluido (foja 208 a 211). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de veintidós de septiembre de dos mil quince (fojas 86 a 96), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal, para los siguientes efectos: "[---] que se deje insubsistente la orden de traslado tildada de ilegal, y se regrese al interno José Antonio Osorio Reyes, al Centro Preventivo y de Readaptación Social en que se encontraba hasta antes de la violación reclamada, a fin de que se le restituya en el goce y disfrute de sus derechos individuales violados, como lo ordena el numeral 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido de que si la autoridad administrativa lo estima necesario, compurgando los vicios de fondo de los que adolecía la orden de traslado reclamada, dicte una nueva que deberá ser previamente autorizada por la autoridad judicial constitucionalmente facultada para ello." Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil quince (foja 105), se declaró que la sentencia había causado ejecutoria y al haberse otorgado el amparo a la parte quejosa con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, previos requerimientos realizados a las autoridades responsables, por oficio DGPRS/DTL/2013/2016 de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis el Director General de Prevención y Readaptación Social del gobierno del Estado de México informó a este órgano jurisdiccional que en cumplimiento a la sentencia de amparo dejó insubsistentes los oficios DGPRS/DTL/TD/0478/2015 de diecinueve de junio de dos mil quince y el diverso DGPRS/DTL/TD/610/2015 de tres de julio del mismo año, asimismo, mediante oficio DGPRS/DTL/2012/2016 ordenó el traslado del aquí quejoso del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Ixtlahuaca al similar de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, y para acreditar su dicho envió copia certificada de tales oficios. (Fojas 184 a 186) Posteriormente, mediante oficio recibido en este juzgado de distrito el tres de marzo de dos mil dieciséis, el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México, hizo del conocimiento el reingreso de José Antonio Osorio Reyes a partir del veintinueve de febrero de este año al centro preventivo de mérito, para lo cual envió copia certificada de diversas constancias para acreditar su dicho, entre ellas, la boleta de traslado, formato de estudio médico psicofísico y de lesiones realizado al quejoso, con lo cual dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo. (Fojas 191 a 195) Finalmente, el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México mediante oficio DGPRS/DTL/2088/2016 informó que remitía copia certificada del diverso en el que el Director del Centro Preventivo y Readaptación Social "Santiaguito" informaba que el ahora quejoso había ingresado por traslado definitivo al reclusorio referido. (Foja 203) En proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizara alguna manifestación. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió con los aspectos establecidos y satisficieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues la responsable dio contestación a las solicitudes realizadas, en estricto acatamiento a los argumentos vertidos en la sentencia de amparo. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Lo que se robustece con la jurisprudencia visible en la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2014, Tomo I, Libro 12, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno; se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual el Director General de Prevención y Readaptación Social, en atención al oficio 5157, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; lo anterior, toda vez que por auto de dos de marzo del año en curso se tuvo por recibido el diverso con número de control 4364, en el que dicha autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la misma.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio y anexo de cuenta, signado por el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, mediante el cual en atención al oficio 5158, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, anexando al efecto copia certificada de las constancias con las que acredita dicho cumplimiento. Ahora, del estado de los autos se advierte que por proveídos de veinticinco de febrero y dos de marzo del presente año, se tuvieron por recibidos los oficios registrados con control interno 04015 y 04364 enviados por las autoridades responsables Juez de Ejecución de Sentencias de Toluca, Estado de México y Director General de Prevención y Readaptación Social, mediante los cuales informaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, lo que se omitió dar vista a la parte quejosa, hasta en tanto la responsable indicada en el párrafo que antecede rindiera su cumplimiento respectivo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días exprese lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no desahogarse la vista en el término concedido, este Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente. Sobre el particular, es aplicable la Tesis 2ª./J.26/2000, visible a página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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