José Antonio Ortega Rivera
Expediente 1020/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Antonio Ortega Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, al advertirse que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la determinación dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, glósese a los autos el original del cuaderno incidental y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, como en el expediente principal se concedió el amparo, es susceptible de depuración, por lo que, se conservará la demanda y la sentencia respectiva. En términos de los puntos décimo primero, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ... Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1020/2018-I, promovido por JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, que quedó registrada con el expediente 1020/2018-I; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que inició conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde se verificó el acto de reclamado. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que el quejoso reclama la remoción, destitución o separación de su cargo como policía preventivo adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en virtud de que el veintitrés de junio del año en curso, se enteró por un compañero que lo buscaba una persona de esa Comisión, quien le indicó que el quejoso ya no podía laborar allí; posteriormente el veinticinco de junio siguiente recibió una llamada telefónica de Eusebio Sánchez Zúñiga, quien le indicó que ya no podía trabajar pero no le explicó los motivos. De igual forma se aprecia como causa de pedir que existe una violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues se le pretende separar del cargo como elemento preventivo adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado sin que se haya respetado su derecho de audiencia, defensa adecuada y debido proceso, pues debió ser llamado a juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el cual se respetaran las formalidades esenciales del procedimiento y al no haberse emplazado no sabe de qué se trata el asunto ni los motivos por los que ya no puede laborar como policía preventivo. De ahí que al atender a la pretensión objetiva formulada por el quejoso, concatenado a las constancias que integran este asunto, para así arribar al acto que en el caso efectivamente le causa agravio, se concluye que el acto reclamado que se analizará en este juicio de amparo es: El auto de veinte de junio de dos mil dieciocho dictado en el expediente administrativo UAI/PA/095/2015-11, suscrito por la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, mediante el cual, levantó la suspensión de ese procedimiento y ordenó notificar la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis emitida por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en el cual se le impuso al quejoso la remoción de la relación administrativa sin indemnización, así como su ejecución. Lo anterior se determina en esos términos, precisamente al atender los hechos narrados en la demanda, así como las constancias que remitieron las responsables, de las que se advierte que en las fechas que refiere como de conocimiento del acto, era esa actuación la que existía y ordenaba la materialización de la remoción que combate. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No obstante que las autoridades responsables Directora de Recursos Humanos; Directora General de la Unidad de Asuntos Internos y el Encargado de la Guardia del Cuartel General de la Torre Morelos, todos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado, negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de las constancias que anexó la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos a su informe justificado, se advierte la existencia del auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento administrativo UAI/PA/095/2015-11, mediante el cual, recibió el oficio del Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública, el cual, a su vez transcribe el auto de cinco de junio de este año, dictado en el juicio de nulidad TJA/1ªS/241/16 por el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el que le informó que recibió el oficio 251/2018, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, que negó el amparo a José Antonio Ortega Rivera, contra la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete de ese Tribunal de Justicia Administrativa (foja 4 del anexo I). Documentales públicas a las que se les atribuye valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales al haber sido certificadas por haber sido emitidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por tanto, se advierte la existencia del acto reclamado, que en este caso recae en el acuerdo emitido por la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos, y en su ejecución por la Directora de Recursos Humanos y en el Encargado de la Guardia del Cuartel General de la Torre Morelos, todos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado, pues en cualquier momento podían ejecutar la remoción del cargo al quejoso, lo que ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Motivo por el cual, se tiene por desvirtuada la inexistencia que hicieron valer las autoridades responsables. CUARTO. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia alguna que hubieran argumentado las partes o que este juzgado advierta de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación; destacando que en el particular no se actualiza la figura jurídica de la suplencia de la queja a que se refiere el ordinal 79 fracción V de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no constituye la determinación de inicio o la orden de remoción del elemento por incumplir con los requisitos de ingreso y permanencia, pues como se destacará dichos actos incluso ya fueron materia de sede constitucional, siendo que el acuerdo aquí reclamado sólo autorizó la ejecución de dicha medida (remoción). Cobra aplicación, aplicada en sentido contrario, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 7/2017 (10ª.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Décima Época, Página 12, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA." En efecto, el quejoso alega esencialmente como conceptos de violación, que se transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que: 1) Se le pretende separar de su cargo como elemento preventivo adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado sin que se haya respetado su derecho de audiencia, defensa adecuada y debido proceso, pues debió ser llamado a juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el cual se respetaran las formalidades esenciales del procedimiento y al no haberse emplazado no sabe de qué se trata el asunto ni los motivos por los que ya no puede laborar como policía preventivo. 2) Que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, por lo que también se viola su garantía de legalidad y seguridad jurídica, lo anterior, porque al ser policía preventivo, se rige por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal y por el artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Es infundado el primer concepto de violación, y al respecto es conveniente citar el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 14.-.Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." El dispositivo constitucional precedente, señala que nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumpla las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo anterior establece las bases constitucionales del derecho fundamental de audiencia, que prescribe que la autoridad no puede despojar de manera permanente a las personas de su libertad, propiedades o derechos, arbitrariamente, sino únicamente mediante la interposición de un juicio en el que se resolverá si hay causas fundadas en la ley para privar al ciudadano de sus posesiones y/o prerrogativas, es decir, si es conforme a derecho castigarlo con el despojo de sus bienes materiales o inmateriales. En este sentido, el objeto del derecho humano de audiencia es que las autoridades no actúen de forma arbitraria, despojando de manera indiscriminada a los gobernados, es decir, es un freno que se impone a las autoridades estatales, y para ello, uno de los aspectos de este derecho fundamental son las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales constituyen un bloque de derechos mínimos que deben ser observados por los organismos jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales, a fin de llevar a cabo un juicio justo e imparcial; bloque que se encuentra constituidos por los siguientes derechos: 1) derecho a ser llamado a juicio; 2) derecho a aportar pruebas; 3) derecho a formular alegatos, y; 4) derecho a que se resuelva el juicio mediante el dictado de una sentencia que se pronuncie de manera exhaustiva sobre todos los puntos en conflicto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 11/2014 (10ª.), con registro 2005716, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Página 396, de rubro siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." Luego, es infundado el concepto de violación, en virtud de que el quejoso sí tuvo oportunidad de defenderse, ya que fue oído y vencido en juicio y se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior se concluye así, en virtud de que antes de emitir el acto reclamado, esto es, al auto de veinte de junio de dos mil dieciocho dictado en el expediente administrativo UAI/PA/095/2015-11, suscrito por la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el quejoso ya había compareció a dicho procedimiento a defender sus derechos. Tan es así que hizo valer recursos, medios de defensa e incluso el juicio de amparo, pues del expediente administrativo UAI/PA/095/2015-11, se advierte lo siguiente: Mediante resolución emitida el doce de febrero de dos mil dieciséis por el Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, impuso al quejoso la remoción de la relación administrativa sin indemnización. Contra dicha determinación JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA interpuso recurso de revisión que correspondió resolver al Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, quien por resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, confirmó la recurrida. Inconforme, el quejoso promovió juicio de nulidad ante el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, registrado con el número TJA/1ªS/241/16, que en sentencia dictada el trece de junio de dos mil diecisiete, sobreseyó en ese juicio. Además, de las constancias se advierte que el quejoso promovió juicio de amparo directo contra dicha resolución, sin embargo, no existe actuación alguna de la que se advierta el juicio de amparo, sino solo la referencia que la autoridades hacen a dicha controversia constitucional; razón por la cual, como hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene dicha información de la página de internet del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual, se observa que el juicio de amparo directo A.D. 351/2017, fue promovido por JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el cual, mediante sentencia emitida en sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho, resolvió negar la protección constitucional. De ahí que a dicha información se le otorgue valor pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código adjetivo federal civil, de aplicación supletoria a la ley de la materia, es aplicable la tesis aislada I.1º.A.14 K (10ª.) de la Décima Época, registro 2006082, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, materia común, página 1946, del rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. Así, de las citadas constancias se acredita que el solicitante de la protección constitucional compareció al procedimiento administrativo UAI/PA/095/2015-11, en el que se le impuso, la remoción de la relación administrativa sin indemnización, por lo que desde el momento en que compareció o se apersonó, el quejoso quedó materialmente incorporado a la relación jurídica procesal, en cuyo caso, estuvo en posibilidad de hacer valer los recursos y medios ordinarios de defensa previstos en la ley, para la preservación de sus intereses. Lo que sí realizó, puesto que promovió el juicio de nulidad ante el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el juicio de TJA/1ªS/241/16, el cual, en sentencia dictada el trece de junio de dos mil diecisiete, sobreseyó en ese juicio, y contra dicha determinación promovió juicio de amparo directo 351/2017, ante el Segundo Tribunal en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, el cual, mediante ejecutoria emitida en sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho, resolvió negar la protección constitucional. Es decir, tuvo conocimiento del procedimiento substanciado contra el peticionario de garantías que culminó con la sanción de remoción de su cargo, que a su vez se ordena cumplir en el acuerdo aquí combatido, por ello, no quedó inaudito, pues ejerció su derecho de audiencia ya que agotó el medio de defensa que prevé la ley, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Esto es, tuvo oportunidad de construir una defensa, siendo que al comparecer al procedimiento de origen y promover el juicio de nulidad, subsanó cualquier vicio respecto al derecho fundamental de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis con registro 228696, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Octava Época, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, materia administrativa, página 482, del rubro: "NOTIFICACION, CONVALIDACIÓN DE LA." Por otra parte, en el segundo concepto de violación, el quejoso alega substancialmente que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los principios de fundamentación y motivación que consagra el artículo 16 del Pacto Federal; sin embargo, dichas consideraciones también resultan infundadas. En efecto, el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el primer párrafo lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". De dicho precepto se advierte que todo acto de molestia debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también debe señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Resulta aplicable la Jurisprudencia con registro 238212, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, con el rubro: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION." Además, resulta importante hacer una distinción entre indebida motivación y falta de motivación; por ende, debe especificarse que la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se expone motivos, pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto; en cambio, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos; asimismo, la falta de fundamentación difiere de la indebida fundamentación en la medida en que la primera implica la ausencia total de preceptos que sustenten la actuación de la autoridad en el acto reclamado, mientras que la segunda conlleva una falta de adecuación, entre el texto de los preceptos citados en el acto y los motivos que justifican su emisión. Por los principios jurídicos que contiene, se invoca la jurisprudencia I.3º.C. J/47, con registro170307, que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, consultable en la página 1964, con el epígrafe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.". En cualquiera de los casos, la falta o indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, transgrede lo dispuesto en el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional. En esas condiciones, contrario a lo puntualizado por la parte quejosa, el acto que por esta vía se reclama consistente en el proveído de veinte de junio de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el expediente administrativo UAI/PA/095/2015-11, no carece de fundamentación y motivación, pues al analizar dicha determinación, se advierte que la responsable transcribió la parte conducente del oficio emitido el diecinueve de junio de este año, por el Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública, y le remitió copia simple del auto de cinco de junio pasado, dictado por el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el juicio de nulidad TJA/1ªS/241/16, el que transcribió en el acto reclamado, en dicha transcripción se citaron los preceptos legales que estimó aplicables al caso, para establecer que la sentencia dictada en el citado juicio había causado ejecutoria y, por ello, debería ejecutarse, ordenando notificar la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis; lo que aconteció el veintisiete de junio siguiente fecha en que fue notificado el quejoso. Luego, en virtud de que se trata del auto en el que se ordena la ejecución de la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis emitida por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en el cual se le impuso al quejoso la remoción de la relación administrativa sin indemnización, y al notificar éste se transcribió la propia resolución en la que se citaron los preceptos legales aplicables al caso, para que se diera fiel cumplimiento, por ello, se aprecia que los fundamentos legales fueron señalados desde la resolución que el quejoso combatió mediante el juicio de nulidad TJA/1ªS/241/16 y el juicio de amparo directo 351/2017, en el Segundo Tribunal en Materias Penal y Administrativa de este Decimoctavo Circuito. Asimismo, se observa que en el acto reclamado se expusieron las razones y motivos por los que determinó proveer en los términos antes señalados, lo anterior se afirma, dado que de la simple lectura de la determinación reclamada, se desprende que en virtud de que el Tribunal Administrativo emitió el acuerdo de cinco de junio del año en curso, en el que determinó que en el juicio de nulidad TJA/1ªS/241/16, había causado ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en ese juicio y, al haberse resuelto el juicio de amparo directo promovido por JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA, en el que negó la protección constitucional contra la sentencia del juicio de nulidad; razón por la cual, se encontraba en aptitud legal de levantar la suspensión del procedimiento administrativo UAI/PA/095/2015-11, para ejecutar la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis emitida por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, por lo que ordenó notificar al quejoso dicha resolución; aspectos que se estiman suficientes para motivar el acto de autoridad combatido. Ello es así, pues acorde a la reseña anterior se aprecia la adecuación fáctica de las normas invocadas desde la resolución definitiva de remoción y su posterior orden de acatamiento aquí combatido; así como la exposición de los hechos que justificaron su mandato al derivar precisamente de la declaratoria de firmeza indicada. Por tanto, debe concluirse que la responsable cumplió con las exigencias constitucionales de fundamentación y de motivación que debe contener un acto de autoridad. En consecuencia, toda vez que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resultaron infundados, y advertirse en este aspecto no se actualiza la suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acuerdo dictado por la responsable el veinte de junio de dos mil dieciocho dictado en el expediente administrativo UAI/PA/095/2015-11 por la Directora General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Negativa que se hace extensiva a las autoridades Dirección de Recursos Humanos y Encargado de la Guardia del Cuartel General de la Torre Morelos, ambos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado, toda vez que los actos no les fueron reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo expuesto y fundado, se, RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA, contra los actos y las autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez, que da fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1020/2018-I, promovido por JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, que quedó registrada con el expediente 1020/2018-I; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que inició conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde se verificó el acto de reclamado. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que el quejoso reclama la remoción, destitución o separación de su cargo como policía preventivo adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en virtud de que el veintitrés de junio del año en curso, se enteró por un compañero que lo buscaba una persona de esa Comisión, quien le indicó que el quejoso ya no podía laborar allí; posteriormente el veinticinco de junio siguiente recibió una llamada telefónica de Eusebio Sánchez Zúñiga, quien le indicó que ya no podía trabajar pero no le explicó los motivos. De igual forma se aprecia como causa de pedir que existe una violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues se le pretende separar del cargo como elemento preventivo adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado sin que se haya respetado su derecho de audiencia, defensa adecuada y debido proceso, pues debió ser llamado a juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el cual se respetaran las formalidades esenciales del procedimiento y al no haberse emplazado no sabe de qué se trata el asunto ni los motivos por los que ya no puede laborar como policía preventivo. De ahí que al atender a la pretensión objetiva formulada por el quejoso, concatenado a las constancias que integran este asunto, para así arribar al acto que en el caso efectivamente le causa agravio, se concluye que el acto reclamado que se analizará en este juicio de amparo es: -El auto de veinte de junio de dos mil dieciocho dictado en el expediente administrativo UAI/PA/095/2015-11, suscrito por la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, mediante el cual, levantó la suspensión de ese procedimiento y ordenó notificar la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis emitida por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en el cual se le impuso al quejoso la remoción de la relación administrativa sin indemnización, así como su ejecución. Lo anterior se determina en esos términos, precisamente al atender los hechos narrados en la demanda, así como las constancias que remitieron las responsables, de las que se advierte que en las fechas que refiere como de conocimiento del acto, era esa actuación la que existía y ordenaba la materialización de la remoción que combate. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No obstante que las autoridades responsables Directora de Recursos Humanos; Directora General de la Unidad de Asuntos Internos y el Encargado de la Guardia del Cuartel General de la Torre Morelos, todos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado, negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de las constancias que anexó la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos a su informe justificado, se advierte la existencia del auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento administrativo UAI/PA/095/2015-11, mediante el cual, recibió el oficio del Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública, el cual, a su vez transcribe el auto de cinco de junio de este año, dictado en el juicio de nulidad TJA/1ªS/241/16 por el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el que le informó que recibió el oficio 251/2018, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, que negó el amparo a José Antonio Ortega Rivera, contra la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete de ese Tribunal de Justicia Administrativa (foja 4 del anexo I). Documentales públicas a las que se les atribuye valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales al haber sido certificadas por haber sido emitidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por tanto, se advierte la existencia del acto reclamado, que en este caso recae en el acuerdo emitido por la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos, y en su ejecución por la Directora de Recursos Humanos y en el Encargado de la Guardia del Cuartel General de la Torre Morelos, todos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado, pues en cualquier momento podían ejecutar la remoción del cargo al quejoso, lo que ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Motivo por el cual, se tiene por desvirtuada la inexistencia que hicieron valer las autoridades responsables. CUARTO. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia alguna que hubieran argumentado las partes o que este juzgado advierta de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación; destacando que en el particular no se actualiza la figura jurídica de la suplencia de la queja a que se refiere el ordinal 79 fracción V de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no constituye la determinación de inicio o la orden de remoción del elemento por incumplir con los requisitos de ingreso y permanencia, pues como se destacará dichos actos incluso ya fueron materia de sede constitucional, siendo que el acuerdo aquí reclamado sólo autorizó la ejecución de dicha medida (remoción). Cobra aplicación, aplicada en sentido contrario, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 7/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Décima Época, Página 12, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA." En efecto, el quejoso alega esencialmente como conceptos de violación, que se transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que: 1) Se le pretende separar de su cargo como elemento preventivo adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado sin que se haya respetado su derecho de audiencia, defensa adecuada y debido proceso, pues debió ser llamado a juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el cual se respetaran las formalidades esenciales del procedimiento y al no haberse emplazado no sabe de qué se trata el asunto ni los motivos por los que ya no puede laborar como policía preventivo. 2) Que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, por lo que también se viola su garantía de legalidad y seguridad jurídica, lo anterior, porque al ser policía preventivo, se rige por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal y por el artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Es infundado el primer concepto de violación, y al respecto es conveniente citar el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 14.-.Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." El dispositivo constitucional precedente, señala que nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumpla las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo anterior establece las bases constitucionales del derecho fundamental de audiencia, que prescribe que la autoridad no puede despojar de manera permanente a las personas de su libertad, propiedades o derechos, arbitrariamente, sino únicamente mediante la interposición de un juicio en el que se resolverá si hay causas fundadas en la ley para privar al ciudadano de sus posesiones y/o prerrogativas, es decir, si es conforme a derecho castigarlo con el despojo de sus bienes materiales o inmateriales. En este sentido, el objeto del derecho humano de audiencia es que las autoridades no actúen de forma arbitraria, despojando de manera indiscriminada a los gobernados, es decir, es un freno que se impone a las autoridades estatales, y para ello, uno de los aspectos de este derecho fundamental son las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales constituyen un bloque de derechos mínimos que deben ser observados por los organismos jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales, a fin de llevar a cabo un juicio justo e imparcial; bloque que se encuentra constituidos por los siguientes derechos: 1) derecho a ser llamado a juicio; 2) derecho a aportar pruebas; 3) derecho a formular alegatos, y; 4) derecho a que se resuelva el juicio mediante el dictado de una sentencia que se pronuncie de manera exhaustiva sobre todos los puntos en conflicto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), con registro 2005716, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Página 396, de rubro siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." Luego, es infundado el concepto de violación, en virtud de que el quejoso sí tuvo oportunidad de defenderse, ya que fue oído y vencido en juicio y se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior se concluye así, en virtud de que antes de emitir el acto reclamado, esto es, al auto de veinte de junio de dos mil dieciocho dictado en el expediente administrativo UAI/PA/095/2015-11, suscrito por la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el quejoso ya había compareció a dicho procedimiento a defender sus derechos. Tan es así que hizo valer recursos, medios de defensa e incluso el juicio de amparo, pues del expediente administrativo UAI/PA/095/2015-11, se advierte lo siguiente: Mediante resolución emitida el doce de febrero de dos mil dieciséis por el Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, impuso al quejoso la remoción de la relación administrativa sin indemnización. Contra dicha determinación JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA interpuso recurso de revisión que correspondió resolver al Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, quien por resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, confirmó la recurrida. Inconforme, el quejoso promovió juicio de nulidad ante el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, registrado con el número TJA/1ªS/241/16, que en sentencia dictada el trece de junio de dos mil diecisiete, sobreseyó en ese juicio. Además, de las constancias se advierte que el quejoso promovió juicio de amparo directo contra dicha resolución, sin embargo, no existe actuación alguna de la que se advierta el juicio de amparo, sino solo la referencia que la autoridades hacen a dicha controversia constitucional; razón por la cual, como hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene dicha información de la página de internet del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual, se observa que el juicio de amparo directo A.D. 351/2017, fue promovido por JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el cual, mediante sentencia emitida en sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho, resolvió negar la protección constitucional. De ahí que a dicha información se le otorgue valor pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código adjetivo federal civil, de aplicación supletoria a la ley de la materia, es aplicable la tesis aislada I.1o.A.14 K (10a.) de la Décima Época, registro 2006082, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, materia común, página 1946, del rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. Así, de las citadas constancias se acredita que el solicitante de la protección constitucional compareció al procedimiento administrativo UAI/PA/095/2015-11, en el que se le impuso, la remoción de la relación administrativa sin indemnización, por lo que desde el momento en que compareció o se apersonó, el quejoso quedó materialmente incorporado a la relación jurídica procesal, en cuyo caso, estuvo en posibilidad de hacer valer los recursos y medios ordinarios de defensa previstos en la ley, para la preservación de sus intereses. Lo que sí realizó, puesto que promovió el juicio de nulidad ante el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el juicio de TJA/1ªS/241/16, el cual, en sentencia dictada el trece de junio de dos mil diecisiete, sobreseyó en ese juicio, y contra dicha determinación promovió juicio de amparo directo 351/2017, ante el Segundo Tribunal en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, el cual, mediante ejecutoria emitida en sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho, resolvió negar la protección constitucional. Es decir, tuvo conocimiento del procedimiento substanciado contra el peticionario de garantías que culminó con la sanción de remoción de su cargo, que a su vez se ordena cumplir en el acuerdo aquí combatido, por ello, no quedó inaudito, pues ejerció su derecho de audiencia ya que agotó el medio de defensa que prevé la ley, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Esto es, tuvo oportunidad de construir una defensa, siendo que al comparecer al procedimiento de origen y promover el juicio de nulidad, subsanó cualquier vicio respecto al derecho fundamental de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis con registro 228696, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Octava Época, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, materia administrativa, página 482, del rubro: "NOTIFICACION, CONVALIDACIÓN DE LA." Por otra parte, en el segundo concepto de violación, el quejoso alega substancialmente que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los principios de fundamentación y motivación que consagra el artículo 16 del Pacto Federal; sin embargo, dichas consideraciones también resultan infundadas. En efecto, el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el primer párrafo lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". De dicho precepto se advierte que todo acto de molestia debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también debe señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Resulta aplicable la Jurisprudencia con registro 238212, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, con el rubro: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION." Además, resulta importante hacer una distinción entre indebida motivación y falta de motivación; por ende, debe especificarse que la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se expone motivos, pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto; en cambio, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos; asimismo, la falta de fundamentación difiere de la indebida fundamentación en la medida en que la primera implica la ausencia total de preceptos que sustenten la actuación de la autoridad en el acto reclamado, mientras que la segunda conlleva una falta de adecuación, entre el texto de los preceptos citados en el acto y los motivos que justifican su emisión. Por los principios jurídicos que contiene, se invoca la jurisprudencia I.3o.C. J/47, con registro170307, que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, consultable en la página 1964, con el epígrafe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.". En cualquiera de los casos, la falta o indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, transgrede lo dispuesto en el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional. En esas condiciones, contrario a lo puntualizado por la parte quejosa, el acto que por esta vía se reclama consistente en el proveído de veinte de junio de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el expediente administrativo UAI/PA/095/2015-11, no carece de fundamentación y motivación, pues al analizar dicha determinación, se advierte que la responsable transcribió la parte conducente del oficio emitido el diecinueve de junio de este año, por el Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública, y le remitió copia simple del auto de cinco de junio pasado, dictado por el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el juicio de nulidad TJA/1ªS/241/16, el que transcribió en el acto reclamado, en dicha transcripción se citaron los preceptos legales que estimó aplicables al caso, para establecer que la sentencia dictada en el citado juicio había causado ejecutoria y, por ello, debería ejecutarse, ordenando notificar la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis; lo que aconteció el veintisiete de junio siguiente fecha en que fue notificado el quejoso. Luego, en virtud de que se trata del auto en el que se ordena la ejecución de la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis emitida por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en el cual se le impuso al quejoso la remoción de la relación administrativa sin indemnización, y al notificar éste se transcribió la propia resolución en la que se citaron los preceptos legales aplicables al caso, para que se diera fiel cumplimiento, por ello, se aprecia que los fundamentos legales fueron señalados desde la resolución que el quejoso combatió mediante el juicio de nulidad TJA/1ªS/241/16 y el juicio de amparo directo 351/2017, en el Segundo Tribunal en Materias Penal y Administrativa de este Decimoctavo Circuito. Asimismo, se observa que en el acto reclamado se expusieron las razones y motivos por los que determinó proveer en los términos antes señalados, lo anterior se afirma, dado que de la simple lectura de la determinación reclamada, se desprende que en virtud de que el Tribunal Administrativo emitió el acuerdo de cinco de junio del año en curso, en el que determinó que en el juicio de nulidad TJA/1ªS/241/16, había causado ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en ese juicio y, al haberse resuelto el juicio de amparo directo promovido por JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA, en el que negó la protección constitucional contra la sentencia del juicio de nulidad; razón por la cual, se encontraba en aptitud legal de levantar la suspensión del procedimiento administrativo UAI/PA/095/2015-11, para ejecutar la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis emitida por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, por lo que ordenó notificar al quejoso dicha resolución; aspectos que se estiman suficientes para motivar el acto de autoridad combatido. Ello es así, pues acorde a la reseña anterior se aprecia la adecuación fáctica de las normas invocadas desde la resolución definitiva de remoción y su posterior orden de acatamiento aquí combatido; así como la exposición de los hechos que justificaron su mandato al derivar precisamente de la declaratoria de firmeza indicada. Por tanto, debe concluirse que la responsable cumplió con las exigencias constitucionales de fundamentación y de motivación que debe contener un acto de autoridad. En consecuencia, toda vez que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resultaron infundados, y advertirse en este aspecto no se actualiza la suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acuerdo dictado por la responsable el veinte de junio de dos mil dieciocho dictado en el expediente administrativo UAI/PA/095/2015-11 por la Directora General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Negativa que se hace extensiva a las autoridades Dirección de Recursos Humanos y Encargado de la Guardia del Cuartel General de la Torre Morelos, ambos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado, toda vez que los actos no les fueron reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo expuesto y fundado, se, RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JOSÉ ANTONIO ORTEGA RIVERA, contra los actos y las autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veintiséis de julio de los corrientes, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DOCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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