Jose Antonio Olivas Arredondo
Expediente 170/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 76 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 76
- Última actuación
- 04/10/2023
Partes del expediente
- Jose Antonio Olivas Arredondo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 76.
- Principal
Consecuentemente, al haberse observado los lineamientos trazados en la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo y, en su oportunidad se ordena el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E., y archívese este asunto como totalmente concluido; en la inteligencia de que el presente juicio de amparo es conservable de conformidad con el artículo 1********************, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.....
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Mexicali, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Primer Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria que se dictó dentro del presente juicio de amparo, informa que mediante acuerdo de catorce de septiembre del año en curso, tuvo por recibido por parte del Director General del CECYTE Baja California oficio en el que remitió oficio dirigido al Juez Tercero de lo Familiar y copia de cheques 22001586 y 22001587 por las cantidades de $1,564,637.60 pesos y de $15,804.42 pesos, por concepto de pensión alimenticia, asimismo, de las constancias que al efecto remitió se advierte que las cantidades a pagar son considerándose la cantidad de $5,217,580.79 pesos según interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, cantidad de la cual el 70% equivalente a $3´652,306.55 pesos, serán a nombre de la parte actora aquí quejoso y el 30% equivalente a $1,580,442.02 pesos, a nombre de Lourdes Celeste Jiménez Ruiz por concepto de pensión alimenticia, así como la cantidad de $1,366,826.19 pesos, por concepto de retención de impuesto sobre la renta, cantidades estas que arrojan un total de $6,685,525.54 (seis millones seiscientos ochenta y cinco mil quinientos veinticinco pesos 54/100 moneda nacional); y para acreditar lo anterior anexa copia certificada de las constancias que acreditan lo anterior mismas que obran en el juicio contencioso administrativo 287/2014 de su índice; en virtud de lo anterior se tiene a la autoridad en cita en vías de cumplimiento. Con el contenido del oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Asimismo, córrase traslado a la parte descrita en párrafo supra y apercíbasele, en el sentido que de no desahogar la vista aquí ordenada, se procederá a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa....
- Principal
Mexicali, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que manifestara sobre el informe de la autoridad responsable en relación al cumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al impetrante. Por oficio y anexo que remitió el Primer Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, informó que en quince de agosto de dos mil veintitrés levantó comparecencia a nombre de ******************** en la cual se le hizo entrega de dos cheques, el primero con número ********************, expedido por la institución bancaria Bancomer BBVA, por la cantidad de $********************(******************** 07/100 moneda nacional) y el segundo con número ********************, expedido por la institución bancaria Bancomer BBVA, por la cantidad de $********************(treinta y seis mil, ochocientos setenta y seis 98/100 moneda nacional). En virtud de lo anterior y a fin de que la parte quejosa tuviera conocimiento del oficio y anexo antedicho por el cual la responsable dio cumplimiento al fallo protector; mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se mandó dar vista para que en el término de tres días expresara lo que a su respectivo interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En tales circunstancias, el uno de septiembre del presente año, el Actuario adscrito notificó vía electrónica a la parte quejosa, sin que hiciera manifestación alguna; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, como se estableció en el acuerdo veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, y se determina que no se encuentra cumplido el fallo protector, por las consideraciones siguientes: En sentencia dictada en el presente asunto, se concedió el Amparo y la Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto de la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En las relatadas condiciones y a fin de resarcir a ********************, en el goce del derecho fundamental vulnerado, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de cumplimiento de manera íntegra con las actuaciones que al efecto asentó el Pleno del Tribunal en la sentencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, a fin de que con ello la responsable continué con el procedimiento tendente a obtener el cabal cumplimiento de la sentencia de condena en los autos del juicio ********************". Resolución que se confirmó por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, ante varios requerimientos formulados en inmensas fechas, la autoridad responsable Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, presentó ante este Juzgado el diecisiete de febrero del año en curso, oficio sin número al que anexó copia certificada de la resolución interlocutoria de dieciséis de febrero del año en curso, que resolvió el incidente de liquidación aperturado en los autos del expediente de origen ********************, incidente en el que se resolvió: ".UNICO.- En cumplimiento a la ejecutoria dicada por el Pleno de este Tribunal el treinta de marzo de dos mil diecisiete, se determina que las prestaciones a cuyo pago tiene derecho la parte actora respecto al periodo comprendido del veintiséis de junio de dos mil nueve al quince de marzo de dos mil veintidós, asciende a la cantidad de $5,217,580.79 pesos (CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 79/100 M.N.)." Asimismo, se precisa que el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, mediante sentencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, señaló los efectos que debía realizar el Juzgado Primero de dicho Tribunal para lograr el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el asunto de origen, fueron los siguientes: ".2.- El veintiuno de octubre de dos mil catorce la Primera Sala de este Tribunal admitió la demanda y registró bajo número de expediente ********************; y, seguidos los tramites de ley, con fundamento en el artículo 80 de la Ley del Tribunal, el cuatro de febrero de dos mil quince, celebró la audiencia de pruebas y alegatos y el veinte de noviembre de dos mil quince, la Sala emitió la sentencia en el juicio, la cual fue modificada por el Pleno en sentencia emitida el treinta de marzo de dos mi diecisiete, para quedar los resolutivos de la siguiente forma: PRIMERO. - Se declara la nulidad de la resolución de veinte de agosto de dos mil catorce, dictada en contra de ********************, emitida por la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental en el procedimiento administrativo de responsabilidades ********************. SEGUNDO. Se condena a la autoridad demandada a que emita una resolución la cual deje sin efectos la declarada nula; a que ordene la reinstalación de la actora en el puesto que veía desempeñando al momento en que fue separado del cargo por motivo del procedimiento administrativo que culminó con la resolución impugnada en el presente juicio; a que ordene a quien corresponda que pague a la actora las percepciones económicas que dejó de percibir con motivo de la sanción impuesta, desde el momento en que fue suspendido preventivamente sin goce de sueldo en el cargo hasta que sea reinstalado; asimismo, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de servidores públicos." 3.- El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete se declaró firme la sentencia dictada por el Pleno de este Tribunal se ordenó remitir los autos a la Sala de origen. ANTECEDENTES DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. [.] SÉPTIMO.- Estudio del problema planteado. [.] Precisado lo anterior, enseguida se procede a valorar los actos emitidos en cumplimiento por el Director General del ********************. [.] 1).- Reinstalación a la parte actora en el supuesto que venía desempeñando desde que fue separado del cargo. [.] 2).- Pagar a la parte actora las percepciones económicas que dejo de percibir con motivo de la sanción impuesta. [.] De esta manera, una vez que se tramita y resuelva lo necesario a fin de determinar la cantidad a pagar a la parte actora, la Primera Sala estará en posibilidad de requerir a las autoridades demandadas y a las vinculadas al cumplimiento, para que informen de inmediato la ejecución de la sentencia. OCTAVO.- Actuaciones que debe realizar la Primera Sala para lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia. 1. Deberá requerir al Director General de ******************** para que informe la hora, día, lugar y autoridad ante quien se tiene que presentar la parte actora para su reinstalación al cargo que desempeñaba, con el apercibimiento que, de no hacerlo sin causa justificada, se conminará a su superior jerárquico para que le solicite el debido cumplimiento y, en caso de persistir en su actitud omisa, lo turnará a este Pleno para su destitución, en términos del artículo 88 de la Ley del Tribunal. 2. Una vez que el Director General de ******************** cumpla con el mencionado requerimiento, la Sala deberá notificar personalmente a la parte actora, haciendo de su conocimiento que la reinstalación no está condicionada a que se le paguen las percepciones económicas que dejó de percibir con motivo de la sanción declarada nula en el juicio, ya que, como se expuso en el presente fallo, es necesario que primero sea reinstalado en el cargo, para que se determine en cantidad líquida las percepciones que se le adeudan. Asimismo, el Magistrado de Sala, en su carácter de rector del proceso de ejecución de sentencia, deberá resolver si resulta procedente conforme a la Ley del Tribunal lo solicitado por la parte actora, respecto a que el Actuario adscrito a la Sala Acuda a la diligencia de reinstalación, en el que de las partes deben de conducirse de buena fe en el cumplimiento de la sentencia, lo cual implica que la parte actora deberá presentarse para ser reinstalado independientemente de que acuda a la diligencia de reinstalación personal jurisdiccional de la Sala de conocimiento, y la autoridad tiene el deber de reinstalarlo y allegarse de los medios necesarios para facilitar dicha reinstalación. [.] 3. En caso de que el Director de ******************** informe que se ha reinstalado a la parte actora en el cargo, el Magistrado de la Sala deberá aperturar incidente innominado para determinar en cantidad liquida las prestaciones económicas que se le adeudan a la parte actora desde que fue suspendido preventivamente del cargo hasta su reinstalación; debiendo dictar las providencias necesarias, expuestas en el presente fallo, para resolver el incidente de referencia. 4. En caso de que el Director de ******************** informe que la actora no fue reinstalado, deberá dar vista a la parte actora, y resolver con las constancias exhibidas por las parte, si la causa de no reinstalarlo es imputable al Director General de ******************** o a la parte actora. [.] En caso de que considere que es imputable a la parte actora, deberá tenerlo por reinstalado y proceder a la apertura del incidente innominado de referencia. Lo anterior tomando en consideración que mientras no sea reinstalado la parte actora se siguen generando a su favor las percepciones económicas que ha dejado de percibir en perjuicio del erario público, o cual implica que presentarse para ser reinstalado no es optativo para el actor, sino que es su obligación considerando que el cumplimiento del fallo no puede quedar a su voluntad. Por lo anterior, deberá remitirse de inmediato el expediente original a la Sala del conocimiento a efecto de que, siguiendo los lineamientos del presente fallo, dicte las providencias necesarias a fin de que las autoridades obligadas al cumplimiento del fallo en función de sus atribuciones legales, lleven a cabo los actos tendientes a salvaguardar el derecho afectado del actor y con ello se logre el cabal cumplimiento de la sentencia. [.]" Dicha resolución, fue confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en esta ciudad, mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión ******************** de su índice, misma que fue recibida el siete de julio de dos mil veintiuno, por lo que en esa fecha misma, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, de autos se advierte que la parte actora del juicio de origen fue reinstalado física, material y legalmente en el cargo que veía desempañado hasta antes de la suspensión preventiva. Asimismo, que el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, emitió sentencia interlocutoria respecto al incidente de liquidación aperturado en los autos del juicio de origen para determinar las prestaciones a cuyo pago tiene derecho la parte actora. Ahora bien, el Primer Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, informó que en catorce de marzo de dos mil veintitrés, envió aviso electrónico previo a la notificación mediante boletín jurisdiccional, respecto al proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés dentro del expediente ******************** P.S de su índice del que se advierte que por oficios ******************** y ******************** requirió al Director General y Junta Directiva del Centro de Estudios y Tecnológicos del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a efecto de realizar el pago de prestaciones a que tiene derecho la parte quejosa; lo anterior, a efecto de cumplir con lo resuelto en la ejecutoria de amparo. De igual forma, por acuerdo de veintiuno de agosto del presente año, se tuvo al Primer Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez Titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, informando que en quince de agosto de dos mil veintitrés levantó comparecencia a nombre de ******************** en la cual se le hizo entrega de dos cheques, el primero con número ********************, expedido por la institución bancaria Bancomer BBVA, por la cantidad de $********************(******************** 07/100 moneda nacional) y el segundo con número ********************, expedido por la institución bancaria Bancomer BBVA, por la cantidad de $********************(treinta y seis mil, ochocientos setenta y seis 98/100 moneda nacional). De lo expuesto, se obtiene que siguiendo los lineamientos de la sentencia motivo de Litis en la presente ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, no ha efectuado lo siguiente: [.] De esta manera, una vez que se tramita y resuelva lo necesario a fin de determinar la cantidad a pagar a la parte actora, la Primera Sala estará en posibilidad de requerir a las autoridades demandadas y a las vinculadas al cumplimiento, para que informen de inmediato la ejecución de la sentencia. [.]". Lo anterior, se estima de esa manera, dado que de la sentencia interlocutoria respecto al incidente de liquidación aperturado en los autos del juicio de origen para determinar las prestaciones a cuyo pago tiene derecho la parte actora, se determinó que la cantidad a pagar ascendía a $5,217,580.79 pesos y la cantidad que se advierte recibió la parte quejosa lo fue de $3,687,698.05 pesos, existiendo a la fecha una diferencia de $1´529,882.74 pesos que a su vez la responsable no justificada. De ahí que, este Juzgador estime que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, por las consideraciones ya expuestas. En consecuencia, a fin dar cumplimiento a la ejecutoria que se dictó en el presente juicio, conforme al artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, informe el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio, únicamente en relación al punto en el que se consideró no cumplida la ejecutoria de amparo, esto es, respecto a la diferencia en el pago a la parte aquí quejosa. Apoya lo anterior la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 19, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diez de enero de dos mil veintitrés, misma que asciende a $10,374.00 pesos (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior, al multiplicarse la Unidad de Medida y Actualización de $103.74 pesos (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), por cien veces la unidad de medida y actualización, conforme lo establece el artículo 258 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas." "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinada desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo." Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo....
- Principal
Con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Asimismo, córrase traslado a la parte descrita en párrafo supra y apercíbasele, en el sentido que de no desahogar la vista aquí ordenada, se procederá a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa....
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