José Antonio Noroña Cordero
Expediente 660/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Antonio Noroña Cordero
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de quince días, previsto en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, concedido a las partes quejosa y tercero interesada en el auto de veintiocho de junio pasado en que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ha transcurrido, sin que se haya recibido en la oficialía de partes de este juzgado en el período antes extinto, promoción alguna de dicha parte; en consecuencia, se tiene consentido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, en la inteligencia de que deberán conservarse y digitalizarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto; por lo que se establece como fecha probable el cuatro de agosto de dos mil veinticinco. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 7.5 y punto 3 del artículo 8.1.2, ambos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el cuatro de agosto de dos mil veinticinco. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el cuatro de febrero de dos mil veintitrés. Insértese el presente acuerdo en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, para que surta sus efectos legales procedentes. Con su contenido, se advierte que el veintiocho de julio del año dos mil veintiuno, aceptó la competencia declinada en el presente juicio y radicó el juicio de amparo 774/2022-IV-B del índice de ese órgano jurisdiccional, de lo que el suscrito toma nota. En tal razón, realícense las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al no existir trámites pendientes por acordar dentro del cuadernillo en que se actúa, archívese como asunto concluido, y en cumplimiento al capítulo 21, inciso "j" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución sin decidir en lo principal y se dio por concluido al haberse declarado la incompetencia, por lo que carece de relevancia documental, y se establece como fecha probable el uno de agosto de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a los autos el correo de cuenta, procedente de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, para que surta sus efectos legales procedentes, en atención a su contenido, se advierte que el juicio de amparo fue turnado al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos el veintiséis de julio del año en curso; así, estese en espera de que el juzgado de referencia informe sobre la aceptación de la competencia declinada. Por otra parte, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el comunicado telegráfico remitido por la Encargada de la Sucursal Telegráfica, con domicilio en la ciudad de Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele informando que el oficio telegráfico 6249-2 dirigido al Encargado de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz, quedó en lista de rezagos ya que se negaron a recibirlo con tal denominación, toda vez que lo correcto es: Encargado de la Subdirección de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz; en ese tenor, gírese oficio telegráfico con la denominación correcta, sin que pase inadvertido que el veintiuno de julio del año en curso, se ordenó librar oficio vía postal a la estación migratoria en esa ciudad, adjuntando copia del escrito de demanda. No obstante lo anterior, gírese oficio telegráfico con la denominación correcta a efecto de hacerle saber que en el auto en mención se otorgó la suspensión de plano para lo siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados la inminente deportación y/o expulsión del país, la privación ilegal de la libertad por más de treinta y seis horas, así como la incomunicación y señala como autoridad responsable a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz. Ahora, la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). En ese orden, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a José Antonio Noroña Cordero, para que de inmediato cese cualquier acto de incomunicación, de privación de la libertad fuera de procedimiento, actos de tortura y golpes, intimidación o cualquier acto que afecte la vida, la salud o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; por tanto, la autoridad responsable deberá hacerle saber a la parte quejosa el derecho que tiene a comunicarse con quien estime conveniente. Con independencia de lo anterior, con el único fin de salvaguardar los derechos humanos de la parte promovente del amparo, si ésta se encontrara a disposición de algún agente del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, salvo el caso de la detención por caso urgente, se concede la presente medida para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente; en el entendido que cuando se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, dicho plazo contará a partir de que sea puesta a disposición; en cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa, para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el entendido de que si la privación de la libertad se relaciona con algún procedimiento del orden penal iniciado en su contra o que no deba ser privado de dicha libertad, por no ser un ilícito de los considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, quedará a disposición de este órgano jurisdiccional, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que debe juzgarlos, para la continuación del procedimiento respectivo. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la legislación en comento, el cual contempla que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual la autoridad o autoridades responsables, como se dijo, de inmediato deben cumplir esta determinación con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violentados. De igual manera, se deberá girar oficio a la autoridad ejecutora o a la autoridad a donde la directa parte quejosa esté privada de su libertad o haya sido trasladada para que se notifique la suspensión concedida, o en su caso, a la autoridad que en ese momento lo represente o lo sustituya en sus funciones. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la orden de deportación o expulsión por parte de la autoridad responsable; con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero y 160 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no se ejecute y el quejoso José Antonio Noroña Cordero, quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007,Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, se cita la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), emitida por el Pleno del Décimo Circuito, publicada en la página 879, tomo I, Septiembre 2020, Libro 78, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2022090, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración". Cabe señalar que, en caso de que la medida de alojamiento reclamada derive del procedimiento administrativo migratorio, no procede conceder la suspensión de plano; en virtud de que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro del denominado procedimiento administrativo migratorio. Por las razones jurídicas que contiene, se comparte la tesis I.1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 3113, tomo IV, materia penal, con número de registro electrónico 2024119, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve". No obstante, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables brinden al directo quejoso agua, alimentos adecuados y proporcionen condiciones dignas propias a su naturaleza humana, en el lugar en el que se encuentra a su disposición, lo que implica que le den acceso a un baño para su aseo personal y necesidad fisiológicas, así como un lugar para dormir; lo anterior, a fin de salvaguardar su integridad física, todo ello mientras se dirima en definitiva este asunto. Se precisa que la presente medida cautelar no implica suspender la tramitación del procedimiento administrativo inherente a la situación migratoria de la parte promovente, toda vez que dicho procedimiento resulta una cuestión de orden público e interés social; solo tiene por objeto que la autoridad migratoria responsable mantenga las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, que se abstenga de trasladar al quejoso a otro lugar u obligarlo a abandonar materialmente el territorio nacional. Por tanto, hágase del conocimiento de la autoridad responsable esta medida suspensional, para que bajo su más estricta responsabilidad la acate inmediatamente, entiéndase que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído es de orden público y debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual la(s) autoridad(es) responsable(s), como se dijo, de inmediato debe(n) cumplir esta determinación. Signifíquese a la responsable que la Ley de Migración señala, como primer principio de la política migratoria, el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Atento a lo anterior, tratándose de actos que constriñen a las autoridades a un "hacer", éstas deben de informar en el término preestablecido, las providencias que dicten para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional, o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para hacerlo. Comuníquese lo anterior a la responsable para que lo acate bajo su más estricta responsabilidad, quien además dentro del término de veinticuatro horas, deberá comunicar a este Juzgado el cumplimiento a dicha medida cautelar, lo que podrá hacer enviando su informe a los correo electrónico oficial maribel.rodriguez.rojas@correo.cjf.gob.mx y al diverso 3jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al número (229) 9236720 extensión 1101 o al diverso teléfono móvil de la secretaria de guardia 229 781 1740, apercibida que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que contempla la imposición de pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con independencia de lo anterior, se precisa que, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo, procede imponer a la parte quejosa la obligación de comparecer ante las autoridades migratorias conducentes, con residencia en esa ciudad, siempre que sea requerido para la eventual prosecución de un procedimiento administrativo de migración." En el entendido que, de negarse a recibir el oficio, se tendrá por hecha la notificación. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada electrónicamente por Raúl Francisco Díaz Mortera en favor de José Antonio Noroña Cordero (quien dice es de nacionalidad cubana); fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 660/2022, y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SUSPENSIÓN DE PLANO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados la inminente deportación y/o expulsión del país, la privación ilegal de la libertad por más de treinta y seis horas, así como la incomunicación y señala como autoridad responsable a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz. Ahora, la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 2 dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). En ese orden, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a José Antonio Noroña Cordero, para que de inmediato cese cualquier acto de incomunicación, de privación de la libertad fuera de procedimiento, actos de tortura y golpes, intimidación o cualquier acto que afecte la vida, la salud o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; por tanto, la autoridad responsable deberá hacerle saber a la parte quejosa el derecho que tiene a comunicarse con quien estime conveniente. Con independencia de lo anterior, con el único fin de salvaguardar los derechos humanos de la parte promovente del amparo, si ésta se encontrara a disposición de algún agente del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, salvo el caso de la detención por caso urgente, se concede la presente medida para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente; en el entendido que cuando se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, dicho plazo contará a partir de que sea puesta a disposición; en cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa, para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el entendido de que si la privación de la libertad se relaciona con algún procedimiento del orden penal MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 JUICIO DE AMPARO 660/2022 3 iniciado en su contra o que no deba ser privado de dicha libertad, por no ser un ilícito de los considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, quedará a disposición de este órgano jurisdiccional, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que debe juzgarlos, para la continuación del procedimiento respectivo. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la legislación en comento, el cual contempla que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual la autoridad o autoridades responsables, como se dijo, de inmediato deben cumplir esta determinación con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violentados. De igual manera, se deberá girar oficio a la autoridad ejecutora o a la autoridad a donde la directa parte quejosa esté privada de su libertad o haya sido trasladada para que MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 4 se notifique la suspensión concedida, o en su caso, a la autoridad que en ese momento lo represente o lo sustituya en sus funciones. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la orden de deportación o expulsión por parte de la autoridad responsable; con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero y 160 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no se ejecute y el quejoso José Antonio Noroña Cordero, quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007,Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 JUICIO DE AMPARO 660/2022 5 procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, se cita la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), emitida por el Pleno del Décimo Circuito, publicada en la página 879, tomo I, Septiembre 2020, Libro 78, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2022090, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración". Cabe señalar que, en caso de que la medida de alojamiento reclamada derive del procedimiento administrativo migratorio, no procede conceder la suspensión de plano; en virtud de que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 6 Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro del denominado procedimiento administrativo migratorio. Por las razones jurídicas que contiene, se comparte la tesis I.1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 3113, tomo IV, materia penal, con número de registro electrónico 2024119, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 JUICIO DE AMPARO 660/2022 7 autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve". No obstante, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables brinden al directo quejoso agua, alimentos adecuados y proporcionen condiciones dignas propias a su naturaleza humana, en el lugar en el que se encuentra a su disposición, lo que implica que le den acceso a un baño para su aseo personal y necesidad fisiológicas, así como un lugar para dormir; lo anterior, a fin de salvaguardar su integridad física, todo ello mientras se dirima en definitiva este asunto. Se precisa que la presente medida cautelar no implica suspender la tramitación del procedimiento administrativo inherente a la situación migratoria de la parte promovente, toda vez que dicho procedimiento resulta una cuestión de orden público e interés social; solo tiene por objeto que la autoridad migratoria responsable mantenga las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, que se abstenga de trasladar al quejoso a otro lugar u obligarlo a abandonar materialmente el territorio nacional. Por tanto, hágase del conocimiento de la autoridad responsable esta medida suspensional, para que bajo su más estricta responsabilidad la acate inmediatamente, entiéndase que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído es de orden público y debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 8 que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual la(s) autoridad(es) responsable(s), como se dijo, de inmediato debe(n) cumplir esta determinación. Signifíquese a la responsable que la Ley de Migración señala, como primer principio de la política migratoria, el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Atento a lo anterior, tratándose de actos que constriñen a las autoridades a un "hacer", éstas deben de informar en el término preestablecido, las providencias que dicten para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional, o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para hacerlo. Comuníquese lo anterior a la responsable para que lo acate bajo su más estricta responsabilidad, quien además dentro del término de veinticuatro horas, deberá comunicar a este Juzgado el cumplimiento a dicha medida cautelar, lo que podrá hacer enviando su informe a los correo electrónico oficial maribel.rodriguez.rojas@correo.cjf.gob.mx y al diverso 3jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al número (229) 9236720 extensión 1101 o al diverso teléfono móvil de la secretaria de guardia 229 781 1740, apercibida que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que contempla la imposición de pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, destitución e inhabilitación de tres a nueve años MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 JUICIO DE AMPARO 660/2022 9 para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con independencia de lo anterior, se precisa que, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo, procede imponer a la parte quejosa la obligación de comparecer ante las autoridades migratorias conducentes, con residencia en esa ciudad, siempre que sea requerido para la eventual prosecución de un procedimiento administrativo de migración. INCOMPETENCIA Por otra parte, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que el promovente de la acción constitucional señala como autoridad responsable a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, y que le atribuye los actos consistentes en la inminente deportación y/o expulsión del país, la privación ilegal de la libertad por más de treinta y seis horas, así como la incomunicación y su ejecución; este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo a que se refiere el presente expediente, por razón de territorio, conforme con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En efecto, el transcrito precepto establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal invocado establece tres reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 10 a) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda En ese sentido, si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En el asunto que nos ocupa, dadas las características y naturaleza del acto reclamado, así como su ejecución, la hipótesis de competencia que aquí opera es la precisada en el inciso a), relativa a que si el acto reclamado tiene ejecución material; por tanto, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Es así, ya que del análisis integral de la demanda se advierte que los actos reclamados lo constituyen la inminente deportación y/o expulsión del país, la privación ilegal de la libertad por más de treinta y seis horas, así como la incomunicación de José Antonio Noroña Cordero, por parte de la autoridad señalada como responsable Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz; en cuyo lugar se encuentra detenido el directo quejoso, MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 JUICIO DE AMPARO 660/2022 11 a decir del promovente, lo que aconteció el diecinueve de julio pasado. En ese tenor, respetuosamente se estima que el Juez legalmente competente para resolver el presente asunto es el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, puesto que de conformidad con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es quien tiene jurisdicción en el lugar en donde tiene su residencia la autoridad responsable, que es donde, a decir del promovente, se verifican los actos reclamados. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número .2º.P. J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, Libro 56, Agosto de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 218721, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 12 juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En este orden de ideas, es claro que este juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por lo que se ordena remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, órgano jurisdiccional que se estima competente para conocer de la controversia planteada por ser dentro de su jurisdicción donde se ejecutará el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sin que sea óbice para declinar la competencia legal para el conocimiento de este asunto, el hecho de que el promovente hubiera señalado en la demanda de amparo como autoridad responsable a una con residencia en la ciudad de Veracruz; habida cuenta que el alojamiento bajo el cual se encuentra actualmente en una estación Migratoria, es en la ciudad de Acayucan, por lo que la deportación que eventualmente pudiera acontecer, naturalmente tendría ejecución en la referida ciudad de Acayucan, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado; máxime que la incomunicación de la que se duele se está ejecutando en todo caso en ese lugar. MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 JUICIO DE AMPARO 660/2022 13 Cabe señalar que a pesar de que en el caso la demanda de amparo fue promovida por Raúl Francisco Díaz Mortera, en favor del directo quejoso José Antonio Noroña Cordero, no resulta dable prevenir al quejoso que manifieste si desea ratificar dicho ocurso, como lo contempla el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; pues al haberse declinado la competencia para conocer del presente asunto a favor de un Juez de Distrito con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, será el juez a quien corresponda conocer del asunto, quien en su caso proveerá lo conducente, en caso de que así lo estime conveniente. A su vez, dada la incompetencia planteada, no se emite pronunciamiento sobre la solicitud del promovente, en el sentido de que se gire oficio a la Secretaría de Gobernación; debido a que conforme al marco legal, este órgano de control constitucional solo está facultado para proveer sobre la suspensión de plano, lo cual se abordó en páginas anteriores. Fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que hubiere lugar; háganse las anotaciones respectivas y solicítese al Juez de Distrito que haya de conocer del asunto, se sirva acusar recibo e informar lo conducente en torno a la competencia que se declina. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Raúl Francisco Díaz Mortera, ya que acreditó estar legalmente MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 14 facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y solo para oír y recibir notificaciones a las restantes personas. Asimismo, téngasele solicitando se autorice para acceder y consultar de manera electrónica el presente juicio de amparo, en el portal del Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el usuario "raulmortera". Por tanto, de acuerdo a lo peticionado se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al quejoso de mérito con el nombre de usuario "raulmortera", para que pueda acceder y consultar vía internet el juicio de amparo en que se actúa mediante el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Con fundamento en el artículo 1, 14, 34, 39, 55 y 58 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 JUICIO DE AMPARO 660/2022 15 como lo solicita, se ordena habilitar al quejoso para que se le notifique vía electrónica de los acuerdos correspondientes a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, señalando como clave de usuario "raulmortera"; en consecuencia, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. Asimismo, téngasele por señalados el correo electrónico y número telefónico que indica; en la inteligencia de que en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, dicho medio se utilizará tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables; por lo que se le tiene como medio de contacto el correo electrónico y número telefónico proporcionados. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 16 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 JUICIO DE AMPARO 660/2022 17 Se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s), que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente le(s) será(n) notificadas por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le(s) notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos MARIBEL RODRÍGUEZ ROJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.12.94 08/03/24 13:38:55 18 aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese, vía electrónica a la parte promovente, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez
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