José Antonio Moya Jiménez

Expediente 1283/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1283/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Moya Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. II. Se recibe testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del presente asunto y remite testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión ******************** de su índice, cuyos resolutivos, a la letra, se transcriben: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de los actos y autoridades precisados en la sentencia que se revisa, por las razones y efectos especificados en los considerandos quinto y sexto de la misma." Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar; glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado y efectúense las anotaciones en los libros de gobierno. III. Requiere cumplimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad precisada en la sentencia, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES; contado a partir de que reciban la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla debidamente y en su totalidad, con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. IV. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. I. Alegatos. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el delegado del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, mediante el cual manifiesta diversas causales de improcedencia, las cuales de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, serán analizadas al momento de resolver el presente asunto. II. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tienen como pruebas las que refiere en su oficio, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional en el presente expediente, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de octubre de dos mil veintitrés. I. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio mediante el que se tiene por rendido el informe justificado a la autoridad responsable siguiente: Gobernador del Estado de Querétaro. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes, para los efectos legales conducentes. II. Domicilio y delegados. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de su parte a las personas que refiere en su informe, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. III. Medios de contacto. Asimismo, téngase a la autoridad Gobernador del Estado de Querétaro, proporcionando datos de localización, de los que se toma nota para los efectos conducentes. IV. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la autoridad responsable Gobernador del Estado de Querétaro la consulta electrónica del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a los usuarios registrados ante dicho sistema. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta y notificaciones del expediente electrónico, dígase a la autoridad responsable que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. V. Pedimento. Así también, súmese a los autos el pedimento suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este juzgado federal, el cual será tomado en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, mediante oficio que al efecto se gire, expídase copia de la sentencia que se emita en los presentes autos, con fundamento en el artículo 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. VI. Otras Consideraciones. Asimismo, se hace de su conocimiento que en términos del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, ya que cuando estas incluyan la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente. VII. Estado de autos. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que de una revisión de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Notario Número 30, en Querétaro, sin que se haya realizado algún pronunciamiento al respecto; en consecuencia, se provee: VIII. Desechamiento parcial. La parte quejosa señala como autoridades responsables, las siguientes: Legislatura del Estado de Querétaro; Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; Notario Público Número ****, en Querétaro. Asimismo, que los actos reclamados los hace consistir en: El proceso legislativo origen de los preceptos legales encargados de regular el pago de derechos registrales. La aplicación de dichos ordenamientos legales, materializados en el recibo de pago que acompañó a su demanda. Fijado lo anterior, cabe precisar que el artículo 113 de la Ley de que rige el Juicio Constitucional, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, por lo que hace a los actos reclamados al Notario Público Número 30 de esta ciudad; consistentes en la retención de las contribuciones cuya constitucionalidad se impugna, el presente controvertido deviene improcedente. Ello es así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, del que se advierte que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito, por lo que de existir jurisprudencia que prevea la improcedencia del juicio de amparo, ésta resulta de carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional. En el caso, existe jurisprudencia que establece que la autoliquidación de contribuciones no es imputable a las autoridades exactoras, tal como se advierte de la Jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367 del tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Así como la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Por ende, al actualizarse una causa de improcedencia derivada de la existencia de jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento, se desecha la demanda de amparo por lo que atañe a los actos atribuidos al Notario Público Número 30 de esta ciudad, al no ser autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia, publicada por la Segunda Sala, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 510 número de registro 2010018, que establece: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de octubre de dos mil veintitrés. I. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio mediante el que se tiene por rendido el informe justificado a la autoridad responsable siguiente: Legislatura del Estado de Querétaro. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes, para los efectos legales conducentes. II. Domicilio y delegados. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de su parte a las personas que refiere en su informe, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica.

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