José Antonio Moreno Montoya

Expediente 1319/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1319/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Moreno Montoya
  • José Luis Zamora Benitez
  • José Antonio Moreno Montoya y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de la Materia, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; por ende, se tiene por consentido el citado acuerdo. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 18, inciso b), se prevé que es susceptible de depuración los expedientes relativos a juicio de amparo en las que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente toda vez que se concedió la protección constitucional y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las parte quejosa con el oficio y anexo remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciara al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con la presente determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo; en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por consentida.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita una prórroga para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Al respecto, dígase a dicha autoridad que se concede la prorroga que solicita, por un plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que quede notificada del presente proveído, a fin de que remita las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior, de conformidad con el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, al advertirse que dicho órgano colegiado se encuentra integrado por el licenciado **************, en su carácter de Presidente, el licenciado **************, Representante del Capital y por *********, Representante del Trabajo. Por tanto, se apercibe a las personas físicas antes mencionadas, que integran la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento con lo aquí requerido, se impondrá a cada uno de ellos, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigentes. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, Apartado B, párrafo sexto y séptimo, Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos de lo previsto por el numeral 258 de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 43/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, página 2417, con registro digital 2024571 personas físicas que lo integran. Justificación: El artículo 267 de la Ley de Amparo establece la imposición de penas de prisión, multa y, en su caso, destitución e inhabilitación a la persona que incurra en los supuestos que describen sus fracciones; en tanto que el artículo 269 de la misma ley precisa que la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. En ese orden de ideas es claro que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno, ya que no es lógico sancionar a un ente por la conducta de las personas que lo integran, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Es por ello que el juzgado que lo requiera debe identificar a los integrantes de un ente colegiado para que en caso de incumplimiento se sancione a las personas físicas que lo integran". Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha concluido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución constitucional de uno de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el acatamiento que dé a la ejecutoria y remita las constancias con las que acredite lo anterior; APERCIBIDA que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente, para el trámite de inejecución de sentencia, de conformidad en el numeral señalado en primer término. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, Apartado B, párrafo sexto y séptimo, Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos de lo previsto por el numeral 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, cabe precisar que respecto a lo previsto en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de la materia, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada; sin embargo, este Juzgado Federal, estima que tanto las Juntas como los Tribunales de Conciliación y Arbitraje no tienen superiores jerárquicos, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales del trabajo. Lo anterior, en acatamiento a la jurisprudencia 2a./J. 36/2011(10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3515, registro 2000099, de rubro: "JUNTAS y TRIBUNALES ABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Para mayor ilustración se transcriben los efectos de la sentencia de amparo: "..."

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