José Antonio Morales García

Expediente 810/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
810/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • José Antonio Morales García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por la secretaria de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede Xalapa, mediante el cual acusa recibo del oficio 28186 con el cual se ordenó notificar el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 810/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el último plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la justicia federal a José Antonio Morales García. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con sede en esta localidad, quien en sesión ordinaria virtual celebrada el catorce de julio de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida para en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Antonio Morales García, para los efectos siguientes: ".la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar, emita otra, en la que, analice los agravios formulados por la fiscalía, bajo el principio de estricto derecho, esto es, ciñéndose únicamente a lo expuesto y formulado en éstos; y hecho ello, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva al acto atribuido a la autoridad ejecutora, en virtud de no haber sido reclamado por vicios propios sino en vía de consecuencia." Posteriormente, mediante proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Seguidamente, por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado, con las constancias relativas con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3252c/a signado por la secretaria de acuerdos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz con sede en Xalapa, al cual anexó copia certificada de la resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en autos del toca 217/2021-A. Ahora, de la referida resolución se aprecia que la Sala responsable ordenó dejar insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Primera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y trata de personas con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo, declaró inoperantes los agravios formulados por la fiscalía, toda vez que la Sala se encontró impedida para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada en el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de José Antonio Morales García, a quien se le atribuyó el delito de violencia familiar en agravio del aquí tercero interesado. En ese mismo sentido, compartió el razonamiento realizado por el juez de origen en donde determinó acreditada la excluyente de delito de atipicidad, en términos del artículo 23 fracción II del Código Penal Vigente, toda vez que no se demostró que los protagonistas del ilícito compartieran el mismo domicilio. Igualmente, analizó puntualmente los agravios vertidos por el fiscal en su carácter de tercero interesado, consistentes en lo conducente: No tomar en consideración los hechos y datos de prueba, señalados por la fiscalía dejando de observar lo previsto en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resolver sin considerar la solicitud de la Fiscalía para acreditar la violencia física y psicológica en contra de la víctima. Invocar una tesis aislada para emitir la resolución, tomando en consideración solo lo que beneficiaba al investigado y no lo que la tesis señala en su parte final. Sentado lo anterior, la Sala responsable consideró inoperantes los argumentos planteados por el Fiscal para combatir el auto de no vinculación a proceso, así como los argumentos del Juez de Control, quien manifestó lo siguiente: No hay dato de prueba suficiente que acredite fehacientemente que se trata de un mismo núcleo familiar humano, como lo requiere la tesis invocada al respecto. El delito de violencia familiar, ser tiene que justificar "dado dentro del domicilio familiar" lo cual no se encontró justificado. No basta que las partes sean parientes sino que además "tendrán que haber pertenecido al mismo núcleo familiar" al resultar la familia el bien jurídico tutelado. En ese sentido, considerando lo plasmado en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, prohibiendo la extensión de los argumentos planteados por el recurrente, destacando como única excepción a lo anterior, que se trate de actos violatorios de derechos fundamentales del imputado, concluyó que como ente revisor no puede ocuparse de otros temas jurídicos que no sean los que el fiscal apelante propone en sus agravios. Es así que del examen comparativo de las consideraciones del fallo de primera instancia y de las manifestaciones formuladas por la representación social, determinó que la Fiscal Primera Especializada en Investigación de delitos de violencia contra la familia, Mujeres, Niños y trata de personas con sede en Veracruz, Veracruz, no controvirtió todas las razones que sustentan la resolución impugnada, al no existir verdaderos agravios que destaquen la ilegalidad de lo sustentado en la resolución que se combate, por tanto, en términos del artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales confirmó el auto de no vinculación a proceso apelado. Por otro lado, obra en autos el oficio 1167/2022-D signado por el Juez de Control Titular de la Sala "D" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada del auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, del cual se aprecia que ordenó levantar las medidas cautelares en la cual se encontraba sujeto el aquí quejoso, ordenando enviar oficio a la encargada de la Unidad de Medidas Cautelares y Supervisión de la Suspensión Condicional del proceso, tal y como se aprecia del acuse del oficio 1170/2022-D de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, lo anterior en los autos del proceso penal 298/2020 de su índice. En las relatadas consideraciones, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo, se realizaron con el actuar de la Sala responsable, al dejar insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, asimismo, analizó de los agravios formulados por la fiscalía, bajo el principio de estricto derecho, y con libertad de jurisdicción consideró inoperantes los argumentos planteados para combatir el auto de no vinculación a proceso, decretando confirmar dicha determinación. Por su parte el Juez de control en su carácter de autoridad ejecutora, ordenó levantar las medidas cautelares a las que se encontraba sujeto el aquí quejoso, ordenando enviar oficio a la encargada de la Unidad de Medidas Cautelares y Supervisión de la Suspensión Condicional del proceso. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) mediante resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el último plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la justicia federal a José Antonio Morales García. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con sede en esta localidad, quien en sesión ordinaria virtual celebrada el catorce de julio de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida para en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Antonio Morales García, para los efectos siguientes: ".la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar, emita otra, en la que, analice los agravios formulados por la fiscalía, bajo el principio de estricto derecho, esto es, ciñéndose únicamente a lo expuesto y formulado en éstos; y hecho ello, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva al acto atribuido a la autoridad ejecutora, en virtud de no haber sido reclamado por vicios propios sino en vía de consecuencia." Posteriormente, mediante proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Seguidamente, por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado, con las constancias relativas con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3252c/a signado por la secretaria de acuerdos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz con sede en Xalapa, al cual anexó copia certificada de la resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en autos del toca 217/2021-A. Ahora, de la referida resolución se aprecia que la Sala responsable ordenó dejar insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Primera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y trata de personas con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo, declaró inoperantes los agravios formulados por la fiscalía, toda vez que la Sala se encontró impedida para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada en el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de José Antonio Morales García, a quien se le atribuyó el delito de violencia familiar en agravio del aquí tercero interesado. En ese mismo sentido, compartió el razonamiento realizado por el juez de origen en donde determinó acreditada la excluyente de delito de atipicidad, en términos del artículo 23 fracción II del Código Penal Vigente, toda vez que no se demostró que los protagonistas del ilícito compartieran el mismo domicilio. Igualmente, analizó puntualmente los agravios vertidos por el fiscal en su carácter de tercero interesado, consistentes en lo conducente: No tomar en consideración los hechos y datos de prueba, señalados por la fiscalía dejando de observar lo previsto en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resolver sin considerar la solicitud de la Fiscalía para acreditar la violencia física y psicológica en contra de la víctima. Invocar una tesis aislada para emitir la resolución, tomando en consideración solo lo que beneficiaba al investigado y no lo que la tesis señala en su parte final. Sentado lo anterior, la Sala responsable consideró inoperantes los argumentos planteados por el Fiscal para combatir el auto de no vinculación a proceso, así como los argumentos del Juez de Control, quien manifestó lo siguiente: No hay dato de prueba suficiente que acredite fehacientemente que se trata de un mismo núcleo familiar humano, como lo requiere la tesis invocada al respecto. El delito de violencia familiar, ser tiene que justificar "dado dentro del domicilio familiar" lo cual no se encontró justificado. No basta que las partes sean parientes sino que además "tendrán que haber pertenecido al mismo núcleo familiar" al resultar la familia el bien jurídico tutelado. En ese sentido, considerando lo plasmado en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, prohibiendo la extensión de los argumentos planteados por el recurrente, destacando como única excepción a lo anterior, que se trate de actos violatorios de derechos fundamentales del imputado, concluyó que como ente revisor no puede ocuparse de otros temas jurídicos que no sean los que el fiscal apelante propone en sus agravios. Es así que del examen comparativo de las consideraciones del fallo de primera instancia y de las manifestaciones formuladas por la representación social, determinó que la Fiscal Primera Especializada en Investigación de delitos de violencia contra la familia, Mujeres, Niños y trata de personas con sede en Veracruz, Veracruz, no controvirtió todas las razones que sustentan la resolución impugnada, al no existir verdaderos agravios que destaquen la ilegalidad de lo sustentado en la resolución que se combate, por tanto, en términos del artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales confirmó el auto de no vinculación a proceso apelado. Por otro lado, obra en autos el oficio 1167/2022-D signado por el Juez de Control Titular de la Sala "D" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada del auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, del cual se aprecia que ordenó levantar las medidas cautelares en la cual se encontraba sujeto el aquí quejoso, ordenando enviar oficio a la encargada de la Unidad de Medidas Cautelares y Supervisión de la Suspensión Condicional del proceso, tal y como se aprecia del acuse del oficio 1170/2022-D de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, lo anterior en los autos del proceso penal 298/2020 de su índice. En las relatadas consideraciones, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo, se realizaron con el actuar de la Sala responsable, al dejar insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, asimismo, analizó de los agravios formulados por la fiscalía, bajo el principio de estricto derecho, y con libertad de jurisdicción consideró inoperantes los argumentos planteados para combatir el auto de no vinculación a proceso, decretando confirmar dicha determinación. Por su parte el Juez de control en su carácter de autoridad ejecutora, ordenó levantar las medidas cautelares a las que se encontraba sujeto el aquí quejoso, ordenando enviar oficio a la encargada de la Unidad de Medidas Cautelares y Supervisión de la Suspensión Condicional del proceso. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) mediante resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Lo que se notifica por este conducto a la parte tercera interesada por así estar ordenado en autos.

  4. Principal

    En esta fecha se notifica a la parte quejosa por lista de acuerdos el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, mismo que dice: "...Boca del Río, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez de Control titular de la Sala "D" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, con el cual remite las constancias solicitadas en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, con las cuales considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora de autos, se aprecia que en proveídos de nueve y once de agosto de dos mil veintidós, se reservó dar vista respecto de lo informado por la citada autoridad responsable, así como por la Sala responsable, hasta en tanto remitiera las constancias que acreditaran el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual ya aconteció. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y a los terceros interesados con el oficio de cuenta y anexos con registro 14931, 14011 y 14268, por el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesado, así por estar ordenado en autos..."

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