José Antonio Mojica Cosme

Expediente 174/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
174/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Mojica Cosme

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de abril de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa. Se ordena la devolución. Requiérase a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 1/2021) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito aclaratorio de cuenta, signado por el quejoso **********, por medio del cual desahoga la prevención efectuada en proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno. -DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Del análisis integral de la demanda de amparo, anexos a la misma y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso se duele de lo siguiente: A. La orden de comparecencia y citación contenida en el oficio sin número expedido el doce de febrero de dos mil veintiuno por el Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/D-XIX/F5/1002/2020, para presentarse ante dicha autoridad el uno de marzo de la presente anualidad. B. La notificación de la misma. C. El aseguramiento y retención del juego de placas número HDL819D del Estado de Guerrero que le corresponden al vehículo marca Ford línea Ikon modelo 2002, con número de serie 3FABP05B62M126657 propiedad del quejoso y que en fecha tres de diciembre de dos mil veinte le fueron aseguradas por personal de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, derivado de la carpeta de investigación aludida. Por lo que hace a los actos identificados con las letras A y B, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable (.)" Para que se configure el anterior motivo de improcedencia es necesario que el acto reclamado se lleve a cabo, lo que implica que se deja al Juzgador de Amparo en la imposibilidad jurídica de restituir a la parte quejosa en el goce pleno de los derechos fundamentales que estima violados con motivo de la realización de dicho acto. La causal en análisis se actualiza porque el impetrante combate solamente la orden de comparecencia y su notificación (no así los apercibimientos en ella contenidos). Como enseguida se verá: El citatorio era para que el impetrante se presentara en calidad de denunciado ante el Fiscal Quinto responsable el uno de marzo de dos mil veinte. Sin atender al mismo, el ocho de marzo siguiente (siete días naturales después) promovió el presente juicio de amparo. Mediante acuerdo de nueve de los actuales, al no señalar como actos reclamados los apercibimientos que se le formularon en el citatorio, pero sí solicitando como efectos de la suspensión que no se ejecutaran las medidas de apremio, sobre todo el arresto con que se le conminó, se previno al impetrante para que indicara si combatía también un mandato privativo de la libertad girado en la carpeta de investigación UIPJ/D-XIX/F5/1002/2020, del índice del Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Así como su ejecución. En cumplimiento a lo anterior, en el escrito de cuenta, el promovente indicó que no era su deseo combatir una orden privativa de la libertad emanada de la indagatoria de origen. En ese orden de ideas es claro el quejoso reclama únicamente la orden de comparecencia y citación, así como su notificación, y no los apercibimientos con que se le conminó, pues así expresamente lo manifestó al desahogar la prevención que se le realizó. Por tanto, la orden del Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, emitida dentro de la carpeta de investigación UIPJ/D-XIX/F5/1002/2020, de su índice, para que el quejoso se presentara ante el mismo el pasado uno de marzo, así como su notificación, son actos consumados de un modo irreparable, pues su finalidad era precisamente que el aquí quejoso compareciera ante las oficinas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en calidad de imputado, en esa fecha, sin que lo hiciera. Y dado que únicamente lo reclama por vicios propios, no así la posibilidad de que se le hagan efectivos los apercibimientos con que se le conminó, ese citatorio se encuentra consumado al haber transcurrido la data en que debía presentarse ante el Fiscal Quinto responsable. Lo cual incluso aconteció antes que iniciara el presente sumario constitucional (ocho de marzo de dos mil veintiuno). Situación que deja a este órgano de control constitucional en la imposibilidad jurídica de analizar los vicios que aduce el quejoso tiene dicho mandato. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 62, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 106, del Apéndice de 1988, Parte I, Quinta Época, Materia Común, Registro 395524, del tenor: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. IMPROCEDENCIA. El amparo contra ellos es improcedente y debe ser sobreseído." Así como la tesis consultable en la página 693, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo: XXII, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La improcedencia del amparo sólo puede decretarse, fundándose en que el acto se ha consumado de un modo irreparable, cuando la restitución de las cosas al estado anterior a la violación, es materialmente imposible." En otro entorno, toca ocuparse del diverso reclamo consistente en C. el aseguramiento y retención del juego de placas número HDL819D del Estado de Guerrero que le corresponden al vehículo marca Ford línea Ikon modelo 2002, con número de serie 3FABP05B62M126657 propiedad del quejoso y que en fecha tres de diciembre de dos mil veinte le fueron aseguradas por personal de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, derivado de la carpeta de investigación aludida. Se configura la causal de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso (.)" Del artículo 17 transcrito se colige que el término genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual, conforme al diverso 18, debe computarse a partir de: 1. El día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado; 2. El día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos o su ejecución; o, 3. Al día siguiente a aquél en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Y de no promoverse el juicio de amparo dentro del término antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse cualquiera de los tres supuestos, la notificación, el conocimiento o la confesión, y que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser analizados para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto, que tener conocimiento de él, o confesar ser sabedor del mismo. Toda vez que la notificación es una actuación procesal que requiere formalidades, mientras que el conocimiento del acto reclamado no siempre proviene de una notificación, y la confesión implica la aceptación de un hecho vertido por los propios promoventes. Ahora, del capítulo relativo a los antecedentes se señala bajo protesta de decir verdad que: El veintiocho de febrero de dos mil veinte el impetrante fue intervenido supuestamente en flagrancia aparentemente por la comisión de hechos enmarcados en el artículo 277 del Código Penal del Estado de Veracruz ordenando abrir carpeta de investigación UIPJ/D-XIX/F5/1002/2020. Posteriormente el uno de diciembre siguiente por medio de oficio 10581/2020 se ordena el aseguramiento del juego de placas reclamado, del vehículo que se encontraba retenido por las autoridades responsables en el corralón de "Grúas San Martín" del Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. El tres de diciembre de dos mil veinte elementos de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial de San Andrés Tuxtla, Veracruz ejecutan la orden anteriormente citada. De lo anterior se puede apreciar que las placas fueron retenidas desde que se puso a disposición al quejoso ante el Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Quien por ese hecho (haber sido detenido) tiene acceso a la carpeta de investigación de origen, en términos del artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, dado que desde esa data las placas no están materialmente en poder del quejoso, es inconcuso los quince días para promover el juicio de amparo contra el aseguramiento dictado el uno de diciembre de dos mil veinte han trascurrido en exceso. Aceptar lo contrario implicaría dejar al arbitrio del quejoso cuando promover el juicio de amparo, a pesar que es de su conocimiento las placas están retenidas ante el Fiscal Quinto responsable desde el año pasado. Es aplicable, por su sentido, la jurisprudencia 446 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Tercera Sección - Plazos y notificaciones, Materia Común, página 474, Registro 1002512, siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito aclaratorio de cuenta, signado por el quejoso **********, por medio del cual desahoga la prevención efectuada en proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno. -DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Del análisis integral de la demanda de amparo, anexos a la misma y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso se duele de lo siguiente: A. La orden de comparecencia y citación contenida en el oficio sin número expedido el doce de febrero de dos mil veintiuno por el Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dentro de la carpeta de investigación **********, para presentarse ante dicha autoridad el uno de marzo de la presente anualidad... En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos...

  4. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos de la 1. Fiscal de Distrito Encargada de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz y otras autoridades. Regístrese con el número **********, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo y específicamente el artículo 114. El dispositivo mencionado otorga la facultad de prevenir al promovente de amparo a efecto de que aclare su demanda cuando ésta incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada. Por su parte, el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, indica: "ARTÍCULO 108. La demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; De lo transcrito se desprende que es requisito de la demanda de amparo señalar el acto u omisión que de cada autoridad se reclame. A fin de fijar la litis constitucional. Así, se previene a la parte quejosa para que cumpla con lo que más adelante se precisará. Tendrá para hacerlo el término de cinco días contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído. Sus manifestaciones deberán ser bajo protesta de decir verdad. Deberá acompañar las copias necesarias para correr traslado a las partes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 110 y 114 de la Ley de Amparo, .... (...) Notifíquese personalmente a la parte quejosa..."

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