José Antonio Medina Rojas
Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/06/2021
Partes del expediente
- Tribunal de Enjuiciamiento del Partido Judicial de Tijuana bajo la representación de la Jueza Leticia Larrañaga Vizcarra
- José Antonio Medina Rojas
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. Ahora bien, como no existen diligencias pendientes por desahogar, ni acuses pendientes de glosar, con fundamento n el numeral 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo, notifico por lista al promovente el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: «...Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Desahoga prevención. Agréguese a los autos, el escrito firmado por el licenciado Jorge Luis Becerra Ramírez, en su carácter de defensor particular del quejoso José Antonio Medina Rojas; en atención a su contenido, téngase por desahogada en sus términos la prevención formulada mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte, dado que del escrito en mención se advierte su manifestación bajo protesta de decir verdad que tiene el carácter de defensor del directamente agraviado, con lo que se estima satisfecho tal requisito al que alude el artículo 14 de la Ley de Amparo. Desechamiento. Previo al estudio de la demanda de amparo que nos ocupa y advertir si efectivamente se actualiza o no una causa manifiesta e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, se impone precisar lo que prevén los artículos 62 y 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo (.)". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (.)". De lo anterior, se desprende que es obligación del juzgador ante la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y deseche una demanda cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Es necesario precisar que por «manifiesto» debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además, que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Así pues, cabe precisar que de la demanda de amparo que se atiende, se desprenden los actos que se relacionan a continuación como motivo de reclamo en esta vía de control constitucional: 1) DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA BAJO LA REPRESENTACIÓN DE LA JUEZA LETICIA LARRAÑAGA VIZCARRA, SE RECLAMA EL NO HABER PERMITIDO QUE EL IMPUTADO INTERROGARA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO COMO AGENTE INVESTIGADOR QUE CONOCE DEL ASUNTO DE ACUERDO CON SUS INVESTIGACIONES, LO ANTERIOR, EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO; ASIMISMO, LA NEGATIVA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOLICITADAS VÍA INCIDENTAL DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 392 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 2) DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD SE RECLAMA EL NO PERMITIR QUE SE LE REALIZARAN PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL ASUNTO DENTRO DE LA AUDIENCIA DE FECHA DECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, COMO TAMBIÉN EL NO HABER PRESTADO EL APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO. 3) DE AMBAS AUTORIDADES SE REPROCHA QUE HAYAN IMPEDIDO INTERROGAR AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, PESE A SER OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN FAVOR DEL IMPUTADO. 4) DE AMBAS AUTORIDADES SE RECLAMA EL NO HABER PERMITIDO QUE EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SE ADMITIERAN PRUEBAS IMPORTANTES PARA DEMOSTRAR LA INOCENCIA DEL DETENIDO. 5) DE AMBAS AUTORIDADES SE RECLAMAN VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DENTRO DE LA CAUSA 2010/2018, RELACIONADOS CON EL INTERROGATORIO EFECTUADO AL MENOR ARMANDO ISAAC MEDINA CRUZ VÍCTIMA DEL DELITO Y TESTIGO, AL PERMITIR SE LE INTERROGARA POR POLICÍAS SIN PRESENCIA DE ABOGADOS, PADRES, TUTORES O ESPECIALISTAS, FUERA DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN, PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 6) LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE TALES DETERMINACIONES. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que en el caso se hacen patentes sendos motivos de improcedencia manifiestos e indudables al grado pleno de certeza antes explicado, como se expone a continuación. En efecto, en tratándose de los actos reclamados al Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado del distrito judicial de Tijuana, los mismos no son actos de imposible reparación en tanto no violan derechos sustantivos. Ciertamente, las actuaciones impugnadas al Tribunal de Enjuiciamiento consistentes en no permitir que el imputado interrogara al agente del ministerio público, en la audiencia celebrada el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; la negativa de recepción de pruebas solicitadas vía incidental de acuerdo con lo previsto en el artículo 392 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la audiencia celebrada el nueve de febrero del año en curso; y, las violaciones a las leyes del procedimiento dentro de la causa 2010/2018, relacionados con el interrogatorio efectuado a la víctima del delito y testigo; no tienen sobre la persona del quejoso una ejecución que sea de imposible reparación, ya que se trata de meros actos intraprocesales que por ahora no afectan sus derechos sustantivos, ya que no le impiden el ejercicio real y actual de un derecho de esa naturaleza, sino precisamente porque, en todo caso, se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. A efecto de tornar patente el motivo de improcedencia anunciado es conveniente traer a cuento el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De lo dispuesto en los artículos mencionados, se colige que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse mediante el amparo indirecto cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable y el acto reclamado por el quejoso únicamente tiene efectos intraprocesales, sin que lo afecten en un grado predominante o superior, es decir cuando se trate de actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Asimismo, que se está en presencia de actos de ese tipo cuando se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dictados dentro de juicio cuando se afecten materialmente derechos sustantivos, lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Ejemplo de tal pronunciamiento es la tesis de jurisprudencia P./J 37/2014 (10A), de epígrafe: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Publicada en la foja 39 del Libro 7, junio de 2014, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. En tal virtud, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del juicio para efectos de decidir la procedencia del juicio de amparo indirecto, el órgano de control constitucional, de acuerdo con un criterio racional, orientado en la jurisprudencia obligatoria emitida sobre el tema por el Máximo Tribunal debe, en primer lugar, discernir si el acto afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución General de la República. En tales circunstancias, este Juzgado de Amparo considera que contra los aludidos actos reclamados al Tribunal de Enjuiciamiento no procede el amparo indirecto, en virtud de que se tratan de actos intraprocesales que no tienen ejecución de imposible reparación, pues no impiden el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, como la vida, la libertad e integridad personal, etcétera, pues por el contrario, tales actos constituyen una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses de la parte quejosa, y por el otro dispuso que en el juicio de orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley. Aspecto que se presenta en el caso a examen, pues si el recurrente se inconforma de que no se le permitió interrogar al agente del ministerio público, en la audiencia celebrada el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; se le negó la recepción de pruebas solicitadas vía incidental de acuerdo con lo previsto en el artículo 392 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la audiencia celebrada el nueve de febrero del año en curso; y, se cometieron en su perjuicio violaciones a las leyes del procedimiento dentro de la causa 2010/2018, relacionados con el interrogatorio efectuado a la víctima del delito y testigo; entonces, es claro que tales tópicos acomodan en la fracción X en cita, relativa a que "no se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes". En efecto, conforme a lo previsto por este numeral, una violación como la que en concepto del inconforme cometió la autoridad responsable en el acto reclamado, está catalogada por la Ley de Amparo como una infracción a las leyes del procedimiento penal, lo que implica que su análisis en sede constitucional se debe efectuar ante el tribunal de amparo en el juicio de derechos fundamentales directo y no en el juicio de amparo indirecto, ya que, la legislación en consulta, establece expresamente que el reclamo de ese tipo de violaciones (procesales) podrá hacerse mediante el juicio de amparo directo cuando ellas trasciendan el sentido del fallo y afecten las defensas del quejoso. Al caso es aplicable, por las consideraciones que lo sustentan, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo tesis I.5o.P.51 P (10a.), visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, del rubro siguiente: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NIEGA EXCLUIR O INADMITIR MEDIOS DE PRUEBA EN DICHA FASE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO EN JUICIO, CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Asimismo, sustenta lo anterior, a contrario sensu, la tesis que se comparte, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 343, del rubro siguiente: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL". Sin que con la decisión adoptada se deje de aplicar el principio pro personae al quejoso, porque si bien es verdad que a partir de la antes mencionada reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hubo una modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el aludido principio pro personae, el cual se resume en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver de fondo el asunto como lo pretende el recurrente en sus agravios (tutela judicial efectiva), sin importar la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2354/2012, indicó que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos por el quejoso no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo. Derivado de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó, que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, no constituye una violación a dicho derecho humano. Al respecto, por las razones que las informan, tienen aplicación las jurisprudencias 1a./J. 22/2014 (10a.)1 y 1a./J. 10/2014 (10a.),2 de rubros siguientes:"DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" y "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Bajo esa tesitura, como ya se apuntó, las partes deben respetar las formalidades procesales establecidas en las legislaciones reglamentarias que sí precisan tales aspectos, en tanto que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de velar el cumplimiento de éstas; pues, como en el caso acontece, las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo dispone el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de Nuestra Carta Magna. Por otro lado, por cuanto hace a los actos reclamados al agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Especializada en Delitos contra la Vida y la Integridad, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque no constituyen actos de autoridad para efectos del amparo. Tales preceptos en el orden de su cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver 0toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que 1 Época: Décima Época, Registro: 2005917, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.), Página: 325. 2 Época: Décima Época, Registro: 2005717, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.), Página: 487. violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Si bien el Ministerio Público está facultado para integrar las investigaciones de carácter penal y ejercer la acción penal, de conformidad con el artículo 21 Constitucional y el numeral 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, una vez que judicializa la investigación y hace del conocimiento del juez su intención de ejercer acción penal, cambia su calidad procesal, porque de ser autoridad en la integración de la carpeta de investigación o investigación inicial, se convierte en parte del proceso penal, en términos del numeral 105 del citado código. En efecto, el Ministerio Público es la autoridad rectora en la fase de investigación inicial, pero una vez que el procedimiento se judicializa, el juez es quien dirige el proceso y el representante social solo actúa como parte, en igualdad de condiciones adjetivas que el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Así, el quejoso reclama en su demanda de amparo la conducta del órgano investigador en las audiencias celebradas por el Tribunal de Enjuiciamiento; sin embargo, por la judicialización del asunto, el titular ya es el aludido órgano jurisdiccional; por tanto, no se cumple con los presupuestos cualitativos de un acto de autoridad, por lo que el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados al agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad, con residencia en Tijuana, Baja California. En apoyo se cita la tesis I.8o.P.23 P (10a.), de instancia Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5285, con registro electrónico 2020129, y rubro "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE". Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable los motivos de improcedencia antes invocados, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, concatenada con los numerales 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en sentido contrario; y, 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la propia ley de la materia. Finalmente, agréguese a los autos el diverso ocurso de cuenta de la parte quejosa, sin que haya necesidad de mayor acuerdo, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente al promovente...»
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte promovente el auto de dieciocho de febrero del año en curso, el cual en lo conducente dice: vista la demanda de amparo que promueve *******, quien se ostenta como defensor del directamente agraviado ********, en contra de actos reclamados del Tribunal de Enjuiciamiento del Partido Judicial de Tijuana bajo la representación de la Jueza ******* y otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 103, 107 y 133 constitucionales; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 90/2021-III registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Previo acordar sobre la admisión de la demanda, es obligación de este órgano jurisdiccional examinar el mismo y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. En ese sentido, del escrito inicial de demanda se advierte que el promovente ****** manifiesta que tiene el carácter de defensor del directo quejoso ******, sin embargo, considerándose que el artículo 14, de la Ley de Amparo, establece que para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal, bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad tener tal carácter, lo que al caso para este órgano jurisdiccional, no se encuentra satisfecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 6, 10, 11, 108, fracción I, 110 y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: a) Manifieste bajo protesta de decir verdad que *******, tiene el carácter de defensor particular de ******. b) Exhiba copias suficientes de su escrito aclaratorio, en términos del artículo 110, de la Ley de Amparo, esto es, para cada una de las partes en el presente sumario constitucional. Se hace saber al promovente que, como se precisó en párrafos precedentes, lo requerido debe expresarlo bajo protesta de decir verdad, pues se encuentra promoviendo una demanda de amparo, en cuyo caso los hechos y abstenciones que constituyen el acto reclamado, deben ser verdaderos, de lo contrario se puede estar en el supuesto a que alude el imperativo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la Tesis de Jurisprudencia número 2ª/J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título que sigue: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Página: 170, de rubro siguientes: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS". Así como la diversa la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, página 79, que a continuación se cita: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Lo anterior, en virtud que la personalidad constituye un presupuesto procesal que debe estar plenamente acreditado al momento de recibirse la demanda y no inferirse. Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo otorgado para tal efecto, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 114, de la Ley de Amparo.
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