Jose Antonio Martínez Rodríguez
Expediente 2010/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2010/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jose Antonio Martínez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de marzo de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado estado para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de febrero de dos mil veintitrés. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, deriva que en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del mismo se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado en su demanda de amparo el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad responsable se reclama la VIOLACION DE MIS GARANTIAS DE JUSTICIA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL , DE AUDIENCIA Y DE DEBIDO PROCESO, así mismo se violan MIS DERECHO HUMANOS Y MI DERECHO A UN JUICIO JUSTO , de igual forma lo preceptuado en los artículos 01, 08, 14, 16, 17, 103, 107 y 123 y demás relativos de la Constitución, así mismo lo consagrado en los artículos 01, 79, 107, 108 y demás relativos de la Ley de Amparo y el contenido de los artículos 685°, 735°, 771°, 838°, 940°, 945°, 946°, 950° y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. PRIMER ACTO RECLAMADO: Me causa agravio la omisión, parcialidad e inconstitucionalidad que la Autoridad responsable y su presidente, han mostrado en los autos del expediente 298/2020/SA-IV, toda vez que a la fecha han transcurrido 02 MESES Y CONTANDO, sin que a la fecha la Autoridad Responsable y su presidente por conducto de su secretario de trámite de la mesa IV ELABOREN EL RESPECTIVO AUTO DE REQUERIMIENTO Y EMBARGO, ASI MISMO QUE FIRMEN DICHO AUTO, SOLICITADO MEDIANTE LA PROMOCIÓN PRESENTADA ANTE LA OFICIALÍA DE PARTES DE LA Autoridad Responsable y su presidente el día 18 de Octubre del 2022, sin que a la fecha la Autoridad Responsable y su presidente el día 18 de Octubre del 2022, sin que a la fecha la Autoridad Responsable y su presidente se pronuncien al respecto, razón por la cual se ven vulneradas mis GARANTIAS DE DEBIDO PROCESO, JUSTICIA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL, DE AUDIENCIA y demás consagradas en nuestra CARTA MAGNA, de igual forma se vulnera lo estipulado en los artículos 1°, 8°, 13°, 14°, 17° y demás relativos de la Constitución, así como lo preceptuado en los artículos 685°, 735°, 772°, 838° y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Dándose pasó además a que con dicha negligencia se sigan violentando garantías constitucionales en perjuicio de la clase trabajadora como es el presente caso. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: Me causa agravio la omisión, parcialidad e inconstitucionalidad que la Autoridad Responsable y su presidente, por conducto de su secretario titular de la mesa VI, han mostrado en los autos del expediente 298/2020/SA-IV, ya que derivado del PRIMER ACTO RECLAMADO no ha sido posible que el C. Actuario Adscrito se constituya con la apoderada jurídica del hoy quejoso, a realizar la debida EJECUCIÓN DEL AUTO DE REQUERIMIENTO Y EMBARGO en los autos del juicio laboral radicado bajo el número 298/2020/IV, haciendo imposible que los autos del juicio en mención puedan concluir y ocasionando que el presente procedimiento se encuentre en un estado completamente paralizado desde hace 02 meses, pese a que la Autoridad Responsable y su presidente tiene la obligación de realizar las gestiones necesarias a efecto de que los autos de los juicios laborales que son tramitados en sus instalaciones puedan finalizar y/o puedan llegar a su conclusión, siendo inconstitucional y vulnera con ello mi DERECHO A JUSTICIA PRONTA EXPEDITA E IMPARCIAL, así como mis GARANTIAS DE JUSTICIA, PRONTA, EXPEDITA, COMPLETA E IMPARCIAL Y DE IGUAL FORMA MI GARANTIA DE DEBIDO PROCESO, y demás consagradas en nuestro CARTA MAGNA, de igual forma se vulnera lo estipulado en los artículos 1°,8°,|3°,|4°,17° y demás relativos de la Constitución, así como lo preceptuado en los artículos 685°,940°,945°,946|,950° y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Dándose pasó además a que con dicha negligencia se sigan violentando garantías constitucionales en perjuicio de la clase trabajadora como es el presente caso". Efectivamente, de las constancias que fueron allegadas a este contradictorio federal por la autoridad responsable, a las que cabe otorgarles valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que mediante acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, ordenó la ejecución en contra de los demandados hasta por la cantidad de $1,001,670.25 (un millón mil seiscientos setenta pesos 25/100 moneda nacional), cantidad a la que asciende el monto de las prestaciones a que resultó condenada la parte demandada en el resolutivo tercero del laudo dictado en el juicio de origen el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, se comisionó al actuario adscrito a la autoridad responsable se constituyera en el domicilio de la parte demandada, y le requiriera el pago de la cantidad mencionada con antelación, lo anterior dentro de los autos del juicio laboral 298/2020-SAAI, del índice de la autoridad responsable. Como se advierte, de las constancias que hacen llegar la autoridad responsable deriva que ya se dictó el acuerdo por el cual se despacha ejecución en el juicio laboral de origen, comisionando al actuario adscrito su realización, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos de los actos reclamados. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la propia autoridad responsable dictó el acuerdo por el cual se despacha ejecución en el juicio laboral de origen, comisionando al actuario adscrito su realización, lo que evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa, ha sido subsanada, lo que se acredita con las constancias allegadas por la autoridad responsable. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés. Escrito. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones. Acuerdo. Atento a su contenido, dígase al compareciente que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Vista la razón puesta por la actuaria judicial adscrita, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para emplazar al tercero interesado Bar la Puerta de Alcalá, por los motivos expuestos en la misma. Requerimiento. En tales condiciones, con fundamento en lo establecido por el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio actual, correcto y completo en donde pueda ser emplazado a juicio el referido tercero interesado, o bien, en caso de que lo desconozca, así deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo, previa investigación por parte de este tribunal, se procederá al emplazamiento del tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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