Jose Antonio Martinez Banda
Expediente 454/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 15/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Antonio Martinez Banda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA I. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintitrés de mayo del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la diversa hipótesis a que se refiere la fracción III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo y acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amapro en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, devuélvase al Juez Quinto de Oralidad del Primer Departamento Judicial del Estado, las copias certificadas y los dos discos flexibles que acompañaron a su informe de ley y al oficio 945/2018. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos para lo que legalmente corresponda, el escrito de Addy Patricia Sabido Baquedano, representante especial de la menor M.M.R., mediante el cual hace diversas manifestaciones en vías de alegatos; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento legal alguno, toda vez que en proveído de veintitrés de mayo último, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Vistos los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, con motivo del recurso de revocación interpuesto por José Antonio Martínez Banda en contra del auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 1200/2015, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, promovidas por el citado Martínez Banda y Eneida Romero Vásquez, a fin de que se aprueben las bases de su divorcio voluntario, mediante el cual determinó en su punto resolutivo segundo ". Declárese que se suspende provisionalmente el régimen de convivencia pactado en la Base Segunda del convenio pactado por los señores JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BANDA Y ENEIDA ROMERO VASQUEZ.". Por otro lado, toda vez que de las constancias que acompañó al oficio 3953 de dieciséis de mayo del año en curso, de la Juez Decimoséptimo Familiar, con sede en Ciudad de México, autoridad no responsable en el presente juicio de amparo, adjuntó la audiencia de ocho de mayo del año, celebrada en la controversia del orden familiar, guarda y custodia número 310/2018, promovida por José Antonio Martínez Banda en contra de Eneida Romero Vasquez, de la que se advierte que la referida Juez estableció un régimen de visitas y convivencia provisional entre la menor M.M.R. y su progenitor, el cual se llevará a cabo dentro del Centro de Convivencias Supervisada de ese Tribunal con sede en Plaza Juárez, en la ciudad de México, los días sábado y domingo de cada quince días en el horario de las dieciséis a las diecisiete horas, a partir del doce de mayo del presente año. Circunstancia que se corrobora con las constancias que la referida Juez adjuntó al referido oficio, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" En relación con dicha causa de improcedencia, existen algunos criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que se fija el alcance de esa hipótesis. Dichos criterios son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Ahora, conviene precisar que generalmente la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, que se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en alguna medida en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo, con el fin de obtener sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violentadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del máximo tribunal de la Nación ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, los cuales condicionan a ésta, como la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Así las cosas, es importante mencionar que, respecto de la causa de improcedencia antes indicada, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime transgredido, o bien, la concesión de la sentencia correspondiente no tendría efecto jurídico alguno. Ello, porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o, en su caso, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera del peticionario de amparo. En ese orden de ideas, es preciso mencionar que en el caso a estudio, los actos reclamados se hicieron consistir en: La resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho que resuelve el recurso de revocación,, con motivo del recurso de revocación interpuesto por José Antonio Martínez Bandada en contra del auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio 1200/2015, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, promovidas por el citado y Eneida Romero Vásquez, a fin de que se aprueben las bases de su divorcio voluntario; mediante el cual determinó en su punto resolutivo segundo ". Declárese que se suspende provisionalmente el régimen de convivencia pactado en la Base Segunda del convenio pactado por los señores JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BANDA Y ENEIDA ROMERO VASQUEZ.". Ahora, para una mejor comprensión de lo que se resuelve, se destaca que la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de abril del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito de esta ciudad, y que los actos de autoridad de los que se duele la parte quejosa consistió en la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la diligencia de jurisdicción voluntaria número 1200/2015, en la que la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, decretó suspender provisionalmente el régimen de convivencia pactado en la Base Segunda del convenio pactado por los señores José Antonio Martínez Banda y Eneida Romero Vásquez; esto es, el régimen de convivencia padre no custodio -hija. Sin embargo, de autos se advierte que mediante audiencia de ocho de mayo del presente año, la Juez Decimoséptimo Familiar estableció un régimen de visitas y convivencias provisional entre la citada menor y su progenitor no custodio. Por tanto, si se parte de la base de que el quejoso reclama la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en la cual la juez responsable, declaró suspender provisionalmente el régimen de convivencia pactados en la Base Segunda del Convenio pactado entre los progenitores antes citados el veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis y que por diversa controversia de orden familiar la Juez Decimoséptimo Familiar, con sede en la Ciudad de México, en el expediente 310/2018, promovida por José Antonio Martínez Banda en contra de Eneida Romero Vasquez, de la que se advierte que la referida Juez estableció un régimen de visitas y convivencia provisional entre la menor M.M.R. y su progenitor, el cual se llevará a cabo dentro del Centro de Convivencias Supervisada de ese Tribunal con sede en Plaza Juárez, en la ciudad de México, los días sábado y domingo de cada quince días en el horario de las dieciséis a las diecisiete horas, a partir del doce de mayo del presente año. Es dable señalar que, como ya se dijo, este órgano de control constitucional advierte que la finalidad que perseguía el hoy quejoso al instar este juicio era, precisamente, que continuara el régimen de visitas y convivencia con su menor hija M.M.R. En ese contexto, es evidente que la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete combatida, a la fecha sigue subsistiendo, pero su objeto o materia dejó de existir, ello en virtud de que la Juez Decimoséptima Familiar con sede en Ciudad de México, el ocho de mayo del presente año, (fecha posterior a la presentación de la demanda), estableció en autos del juicio 310/2018, promovida por José Antonio Martínez Banda en contra de Eneida Romero Vasquez, un régimen de visitas y convivencia provisional entre la menor M.M.R. y su progenitor no custodio, el cual se llevará a cabo dentro del Centro de Convivencias Supervisada de ese Tribunal con sede en Plaza Juárez, en la ciudad de México, los días sábado y domingo de cada quince días en el horario de las dieciséis a las diecisiete horas, a partir del doce de mayo del presente año. Ello, sin que sea óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, misma que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. ...
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el oficio del Juez Décimo Séptimo Familiar, con residencia en Ciudad de México, en atención al requerimiento efectuado en proveído de diez de mayo último, remite copia certificada de la audiencia de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en la que se fijó las medidas provisionales de guarda y custodia provisional de la menor M.M.R. a favor de su progenitora y se estableció el régimen de visitas y convivencias provisional entre la nombrada menor y su progenitor; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto por el término de tres días y háganse relación de las constancias al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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