José Antonio Martínez Banda

Expediente 994/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
994/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Martínez Banda

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 994/2023-IV. Puebla, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. SE ADMITIÓ QUEJA. Se agrega al expediente el oficio signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual informa un acuerdo dictado por el magistrado presidente del citado tribunal en el que: Acusa recibo de los anexos remitidos por este juzgado; y Admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por una autorizada del quejoso, contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo; medio de impugnación que se radicó con el número ****/2023. De lo anterior, esta juzgadora de tutela queda enterada, y a la espera de que el citado tribunal comunique la decisión para el mencionado recurso. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintitrés. RECURSO DE QUEJA. Se agrega al juicio en que se actúa, el ocurso signado de manera electrónica por xxxx, autorizada en términos amplios del quejoso xxx, mediante el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo por el cual se desechó la demanda de amparo. Además, la promovente solicita que se remita su escrito de agravios -el cual adjuntó y también firmó de manera electrónica-, al tribunal colegiado encargado de resolver la queja. Luego, con fundamento en los artículos 98, 99, 100, 101 y 103 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de marras. Pero se descarta proceder en términos del artículo 101 de la citada ley, es decir, otorgar una vista de tres días a las partes con el recurso de mérito, pues la demanda de protección fue desechada en el proveído inicial y por ende, nunca fue emplazada alguna otra parte. ENVÍO DEL RECURSO. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso. Se solicita en forma atenta al presidente del tribunal colegiado que por turno corresponda la queja, remita el acuse de recibo por los documentos que habrán de enviarse. VINCULACIÓN DEL EXPEDIENTE. Ahora, el recurso fue interpuesto a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Entonces, de conformidad con lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, desde este momento se procederá a vincular el expediente electrónico con el tribunal colegiado, para su resolución, por lo que resultará innecesario remitir copias certificadas de los autos que integran el presente asunto, pues tendrá acceso a través del expediente electrónico. Por lo tanto, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano". INFORME DE LA QUEJA. Por otro lado, se rinde el informe sobre el recurso en los términos siguientes ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. SIN SUSPENSIÓN. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. NOTIFICACIÓN POR LISTA. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para el quejoso, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite al recurso de su autorizada y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada electrónicamente por el quejoso XXX, por derecho propio, contra un acto del Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla (sic). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al hilo de lo apuntado, es evidente que el único acto reclamado en la demanda, está circunscrito al acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, donde el juez responsable negó la solicitud del quejoso de declinar la competencia de la causa penal XXX. Sin embargo, el proveído de marras encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. La causal de mérito contempla el principio de definitividad tratándose de actos jurisdiccionales, rector del juicio de amparo, esto es, en dicha fracción se impone al quejoso la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca. En particular aquellos que mediante su promoción o interposición pueda conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, pues la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que este se concibiera como un medio de defensa extraordinario y, por ende, que fuese la última instancia a la que tiene acceso el gobernado, cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. Así, el principio de definitividad tiene como fin preservar el carácter extraordinario del juicio de tutela. Entonces, el acto reclamado debe tener el carácter de definitivo, es decir, que el peticionario del amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios, antes de instar el último medio de tutela de derechos humanos. Sólo existe una ruta de excepción en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que se actualiza cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues en ese caso el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de protección constitucional en forma inmediata. Como puede verse, el recurso de revocación previsto en el transcrito numeral 465, posibilita el acceso a la jurisdicción del Estado, para que una autoridad judicial revise la determinación que haya emitido en una causa penal. De modo que una autoridad judicial, puede revisar el acuerdo donde haya negado la solicitud de declinar la competencia en una causa penal, siempre que el promovente de ese medio de impugnación le presente la revocación prevista en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre todo porque el recurso de revocación constituye un medio ordinario que puede interponer la parte inconforme, contra una negativa de incompetencia emitida en acuerdo de mero trámite; y permitirá que la autoridad judicial revise los términos de su negativa, a fin de que la revoque, modifique o confirme en la resolución correspondiente. Además, la interposición del recurso de revocación no tiene excepciones, es decir, resulta obligatorio agotarlo para cumplir el principio de definitividad, que rige el acceso al control extraordinario de constitucionalidad (el juicio de amparo indirecto). En el presente caso, el quejoso pretende combatir el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, donde el juez responsable negó de plano -sin trámite y fuera de audiencia- la petición de declinar competencia a diverso juez de control. Sin embargo, ese acuerdo es susceptible de ser impugnado con el medio de defensa ordinario, esto es, el recurso de revocación previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el quejoso tiene el carácter de imputado en la causa penal donde se emitió el acuerdo reclamado. Ello implica que se encuentra facultado para hacer valer sus derechos procesales y, por ende, en aptitud de interponer el aludido recurso de revocación, que constituye un medio de impugnación ordinario conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. A pesar de lo anterior, esta juzgadora de tutela advirtió que el quejoso, soslayó el recurso de revocación previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ejerció la acción de tutela contra el proveído que negó la declinación de competencia, sin haber agotado el referido medio ordinario de impugnación, razón por la cual es evidente que desatendió el principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto. Más aún, el quejoso soslayó el recurso de revocación, aun cuando la negativa de incompetencia no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Incluso puede señalarse que esa negativa, tampoco involucra una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, auto de formal prisión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto y el quejoso tampoco es persona extraña al procedimiento. Luego, es válido concluir que el quejoso tenía la obligación de agotar el recurso de revocación, contra el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, para cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto. Sobre todo porque el juez responsable negó de plano la declinación de competencia, es decir, emitió su decisión sin mayor trámite y fuera de audiencia, razón por la cual estaba habilitada la ruta de impugnación ordinaria, consistente en el mencionado recurso de revocación. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por el quejoso, porque el acuerdo reclamado a la única autoridad responsable, encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Pero además, esta juzgadora de tutela advierte que el proveído reclamado por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto, motivo por cual también puede imponerse otra causal de improcedencia, porque de igual forma resulta manifiesta e indudable.

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