Jose Antonio Maldonado Arzola
Expediente 558/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Antonio Maldonado Arzola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
... Téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario de Distrito 11, mediante el cual acusa recibo del comunicado, por el que se le remitió el expediente agrario ******, de su índice, en un tomo; agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes. Como está ordenado en acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, remítanse los presentes autos al archivo definitivo. Notifíquese.
- Principal
ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre1, así como el periodo de transición correspondiente a los días dos y tres de marzo en cita2; lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En consecuencia, toda vez que mediante circular SECNO/13/2021 relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19",3 se ordenó la reanudación de las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales, se provee: SE ACUERDA PROMOCIÓN Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso; en atención a su contenido, expídase a su costa copia certificada de todo lo actuado hasta el presente acuerdo4, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto, previa razón de recibo que se deje en autos. TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE COPIAS El centro de fotocopiado que se encontraba en el edificio sede de este juzgado dejó de prestar servicio definitivamente, por lo que, para la obtención de copias, personal de este órgano jurisdiccional debe trasladarse a algún centro de fotocopiado, siendo que sólo labora un número reducido de servidores públicos de manera presencial, a fin de llevar a cabo la recepción de todo tipo de promociones e integración de los expedientes que se trabajan diariamente. Ello, con motivo de la pandemia producida por el virus COVID-19, que dio lugar a las medidas dispuestas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 21/2020, en relación con del diverso Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia. De tal suerte, es que se estima necesario que sujetar el otorgamiento de copias a las siguientes reglas. 1. La reproducción de las copias sólo se efectuará el día miércoles a las nueve horas. 2. Para ello, el interesado deberá comunicarse, cuando menos con dos días de anticipación, al teléfono 462 123 9428, en donde deberá indicar el número del presente expediente, así como la fecha (en día miércoles) en que acudirá a realizar la reproducción fotostática, en el entendido que puede acudir cualquier persona facultada para ello, debidamente identificada con documento oficial (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional); siendo que, cualquier error en los datos que proporcione puede ser en su perjuicio, ocasionando un retardo en la obtención de las copias solicitadas. 3. El día miércoles agendado, deberá presentarse en la entrada del edificio sede de este juzgado (sin ingresar a él), donde personal del juzgado le indicará a qué centro de fotocopiado deberán trasladarse para la obtención de sus copias. 4. Si se trata de copias simples, éstas se entregarán en el propio centro de fotocopiado, una vez que obre la razón respectiva en autos y se cubra su costo (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional). 5. Si se trata de copias certificadas, deberá cubrirse su costo en el dentro de fotocopiado (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional) y, para su entrega, la parte interesada deberá agendar una cita para ese día o días subsecuentes, a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado; lo cual deberá realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2,[1] respecto de lo que se le informa que el horario de citas de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:00 horas de lunes a viernes; en el entendido que se entregarán previas las formalidades de ley. No obstante lo anterior, se informa que en caso de solicitar el acceso al expediente electrónico, con su firma electrónica, podrá descargar copia de las constancias que obran el expediente electrónico, las cuales, de incluir la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento del ocursante que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.
- Principal
...Son ciertos los actos que se atribuyen a la Magistrada y al Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en Guanajuato capital, en el ámbito de sus atribuciones, consistentes en la substanciación del juicio de origen, así como la orden de entrega del inmueble litigioso a terceros y su ejecución. Se afirma lo anterior, toda vez que dichas autoridades así lo reconocieron al rendir sus informes justificados ; lo cual además, se acredita con las constancias relativas al juicio de origen, exhibidas por la Magistrada responsable en apoyo a su informe de ley, a las que se confiere valor probatorio pleno por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones y no ser objetadas por las partes. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo a realizar el estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, para efectuar el análisis correspondiente, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se deducen de las constancias que obran en el juicio natural, a las que con anterioridad se concedió pleno valor probatorio y en lo que interesa, se advierte lo siguiente: 1. ***********, por propio derecho, en vía de jurisdicción voluntaria, promovió la prescripción positiva respecto de las parcelas *********** y ***********, localizadas en el ejido de San José de Jorge López, en esta municipalidad; la cual se radicó bajo el expediente *********** (Fojas 01 a 11, tomo I) 2. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria (foja 58, ídem), en que se depuró el procedimiento, teniéndose como parte actora a *********** y como demandada a ***********, quien formuló reconvención en que ejerció la acción reivindicatoria. 3. Seguido que fue el juicio en sus etapas procesales, el trece de mayo de dos mil diecinueve (fojas 136 a 151, ídem), se dictó sentencia definitiva, en que se declaró improcedente la acción intentada por el actor y se absolvió a la demandada; asimismo, se declaró procedente la acción reivindicatoria, por lo que se condenó al accionante y demandado reconvencional a que hiciera entrega a su contraria de la parcela ***********. 4. inconforme con esa resolución, el actor promovió juicio de amparo directo del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, el que lo radicó bajo el expediente A.D.A. 326/2019 y por ejecutoria de diecisiete de enero del año en curso, negó la protección constitucional solicitada. (Fojas 227 a 257) 5. En etapa de ejecución, por acuerdo de veintinueve de enero de la presente anualidad (foja 254), se requirió al actor y demandado reconvencional el cumplimiento de la sentencia, lo cual se verificó el veintiséis de agosto del año en curso. (Foja 290) Expuesto lo anterior, este juzgado, de oficio, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, dado que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar los actos impugnados. En efecto, de la intelección de los anteriores artículos se advierte que, en caso de que los actos impugnados deriven de órganos materialmente jurisdiccionales, el juicio de amparo solo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva un derecho subjetivo que asiste a un particular, esto es, que tenga interés jurídico. El interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." sostuvo que, para la procedencia de la acción constitucional, el promovente debe acreditar que es titular del derecho que aduce transgredido por el acto reclamado y que éste produjo una afectación a su esfera de derechos. Ahora bien, en el caso, el quejoso *********** instó el presente juicio constitucional ostentado la calidad de tercero extraño al juicio de origen, al aducir que no es parte en ese contradictorio; pero, que puede resentir una afectación con motivo de su substanciación, sobre el derecho de propiedad que aduce tener respecto de una superficie aproximada de cuatrocientos metros, consistente en el lote ubicado en kilómetro *********** de la carretera a la comunidad de *********** de esta ciudad, con medidas y colindancias siguientes: al norte veinte metros con ***********, al sur, veinte metros con predio de su propiedad, al oriente, veinte metros con *********** y al poniente veinte metros con calle sin nombre. Ello, pues manifestó que adquirió la propiedad del bien que defiende mediante la cesión de derechos que realizó sobre la venta celebrada entre ***********, como comprador, y *********** (sic) como vendedora, de un terreno con medidas de ***********. Por tanto, reclamó la privación de la propiedad, de la posesión, la eminente adjudicación y escrituración a terceros, así como la desposesión provisional y definitiva de dicho bien, que se hubiera ordenado en ese sumario, así como su ejecución. Sobre esa base, se precisa que el tercero extraño a una controversia es aquella persona que no figuró como parte en sentido material en un juicio o procedimiento, pero sufre un perjuicio en su tramitación o en la ejecución de sus resoluciones, al no haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer sus actuaciones. Luego, para que una persona sea considerada tercero extraño , necesita reunir las siguientes características: a) Que no figurara como parte en sentido material en un juicio o procedimiento; b) Sufrir un perjuicio en su substanciación o en ejecución de sus resoluciones; y, c) Que no haya tenido oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer sus actuaciones. Ahora, a fin de corroborar que el solicitante del amparo tiene la calidad de tercero extraño, se tiene que, de acuerdo con los antecedentes reseñados del expediente ***********, no se advierte que en éste se haya enderezado alguna prestación en su contra. Así, se obtiene que al promovente le asiste el carácter de tercero extraño y por ello, su legitimación para instar el presente juicio de amparo debe analizarse a partir de su interés jurídico dado que el acto reclamado proviene de una autoridad jurisdiccional. En ese sentido, se precisa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 sostuvo que la parte quejosa que acudía al amparo aduciendo interés jurídico debía resentir un perjuicio directo sobre sus intereses con motivo de un acto de autoridad; lo que tradujo en: I. Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos en una persona o en su patrimonio; II. Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; III. Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, IV. Que los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando la parte quejosa acredita una afectación en su persona o sus bienes, lo cual debe acreditar en forma fehaciente. Por tanto, para verificar la actualización de la causa de improcedencia propuesta, procede analizar las documentales que el quejoso exhibió para demostrar su interés jurídico, como lo dispone la tesis 2a. LII/97 de rubro "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." En ese orden, para acreditar su interés jurídico, el quejoso exhibió los siguientes documentos: ? Contrato de cesión de derechos de trece de junio de dos mil dos, ratificado ante la fe del Notario público 16, de esta municipalidad; y, ? El documento suscrito el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en que se hizo constar la venta entre ***********, como comprador, y *********** (sic) como vendedora, de un terreno con medidas de 20 (veinte) ***********. Sobre esa base, no obstante que el quejoso exhibió un contrato de cesión de derechos ratificado ante un notario público; cierto es que, en la especie, sostiene tener la titularidad de bienes de carácter ejidal. Esto, pues aduce defender su titularidad con motivo de la aparente traslación de dominio de bienes que correspondían a ***********, quien según las constancias de autos, se advierte que adquirió la titularidad de sus tierras (parcelas *********** y ***********) a través de los certificados parcelarios *********** y ***********. Además, de lo narrado en la demanda y en el escrito registrado con el número de orden 6849/2020, con el que ofreció diversas probanzas, se advierte que el quejoso alega el bien que defiende corresponde, guarda identidad o se encuentra inmerso en los diversos predios que fueron objeto de estudio en el juicio de origen, los cuales corresponden a los certificados señalados en el párrafo que antecede. Por tanto, como tales actos implican la transmisión de la propiedad de bienes ejidales, la revisión de las citadas documentales debe realizarse con base en la Ley Agraria, al ser la norma especial que regula su traslación de dominio. Por tanto, para realizar el estudio de las citadas documentales, se precisa que el numeral 80 de la Ley Agraria dispone: "Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada." El artículo transcrito prevé la facultan con que cuentan los ejidatarios para poder enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del núcleo ejidal. Y, para que el acto de transmisión sea válido, bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora el respectivo certificado de propiedad; asimismo, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. En ese sentido, resulta necesario señalar que los requisitos de validez de los actos por los que se transmite la propiedad de bienes ejidales consisten en: 1. Escrito en que las partes expresen su conformidad para llevar a cabo la enajenación del bien, ante dos testigos. 2. Notificar al Registro Agrario Nacional. 3. Certificado de propiedad que expida el Registro Agrario Nacional. 4. Inscripción que del acto se realice por el comisariado ejidal en el libro respectivo. De ahí que los documentos que contengan las condiciones reseñadas resultan aptos para acreditar el interés jurídico de quien sostenga tener derechos sobre un inmueble de carácter ejidal. En ese orden, para verificar el cumplimiento de los aludidos requisitos, se tiene que el quejoso exhibió el contrato de cesión de derechos de trece de junio de dos mil dos, ratificado ante la fe del Notario público 16, de esta municipalidad, que celebró en su carácter de cesionario, con ***********, quien tuvo la calidad del cedente, a través del cual se transmitió la propiedad de una superficie aproximada de cuatrocientos metros, consistente en el lote ubicado en kilómetro *********** de la carretera a la comunidad de *********** de esta ciudad, con medidas y colindancias siguientes: al norte veinte metros con ***********, al sur, veinte metros con predio de su propiedad, al oriente, veinte metros con *********** y al poniente veinte metros con calle sin nombre. Lo anterior, con motivo del acto contenido en el documento suscrito el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en que se hizo constar la venta entre ***********, como comprador, y *********** (sic) como vendedora, de un terreno con medidas de ***********. Sobre esa base, hecha la revisión de las citadas documentales, se concluye que no cumplen con los requisitos previstos en el numeral 80 de la Ley Agraria para conferirles valor de títulos traslativos de dominio. Se afirma tal aserto, pues no obstante que obra el escrito en que las partes expresan su conformidad para llevar a cabo la enajenación de un bien, ante dos testigos, no se advierte que se haya llevado a cabo la notificación de ese acto al Comisariado Ejidal ni al Registro Agrario Nacional, ni menos aun que se hubiera expedido el respectivo certificado de propiedad al comprador primigenio ***********, y con posterioridad, al ahora quejoso. Lo que se considera relevante porque de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 21/2002, de rubro "REGISTRO AGRARIO NACIONAL. LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR ÉL, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE CONTROL DE TENENCIA DE LA TIERRA Y SEGURIDAD DOCUMENTAL, HACEN PRUEBA PLENA." ; el Registro Agrario Nacional ejerce las funciones el control de la tenencia de la tierra, y para ello, tiene a su cargo la expedición de certificados y títulos de naturaleza agraria, la inscripción en sus asientos registrales de tales documentos, las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras, los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal, comunal y las correspondientes a la propiedad de sociedades, así como la inscripción de la transmisión de derechos agrarios por sucesión, y extender las constancias y copias certificadas de sus inscripciones y documentos. De modo que, la expedición de tales documentos acredita, tanto la calidad de ejidatario, o bien, los derechos que se tengan sobre las tierras ejidales, y son suficientes e idóneos para justificar en juicio o fuera de él aquello a lo que su contenido se refiere. Por tanto, el certificado expedido por dicha autoridad brinda certeza jurídica sobre la titularidad de los derechos ejidales, así como de quiénes fueron las partes que intervinieron en el respectivo acto jurídico; lo cual debe imperar en este tipo de operaciones por versar sobre la transmisión de derechos de bienes ejidales. En esas condiciones, las documentales exhibidas por el quejoso no reúne los requisitos de legalidad necesarios para su validez, previstos en el numeral 80 de la Ley Agraria, a efecto de conferirle validez, al no concatenarse con el certificado de propiedad que expidiera el Registro Agrario Nacional. Incluso, se precisa que de la revisión de las constancias que obran en el expediente de origen, se advierte que el tribunal responsable solicitó a la citada autoridad la expedición de una constancia de vigencia de derechos, de la que se advierte que, al menos al veintiocho de abril de dos mil diecisiete, que fue la data en que se expidió, las parcelas *********** y ***********, a que aluden los certificados parcelarios *********** y ***********, correspondían a ***********. Así, las documentales exhibidas por el quejoso que previamente fueron analizadas resultan ser de carácter privado para efectos del presente juicio de amparo, al incumplir los requisitos de validez previstos en el artículos 80 de la Ley Agraria, y no obstante que hayan sido celebrados ante fedatario público, por sí solos, son insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso; lo que en el caso resulta necesario tomando en consideración que se ostenta como tercera extraño al procedimiento de origen. Ello, máxime que el interés jurídico en el juicio de amparo debe probarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones. Sin embargo, la decisión asumida sobre la eficacia de los documentos exhibidos por el quejoso tiene efectos exclusivos en este juicio de amparo, sin resolver sobre el derecho sustantivo que constituyen, esto es, respecto de la propiedad que el quejoso defiende, en tanto que su revisión se realizó a fin de verificar la actualización de la causa de improcedencia expuesta y con ello determinar la procedencia del juicio de amparo, lo cual es una cuestión de orden público. Esto, porque las cuestiones sobre la validez, existencia o nulidad que pudieran derivar de ese pacto volitivo deben ser dilucidadas ante la potestad común, con independencia de lo resuelto en el presente sumario constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Registro digital: 194589 Aislada Materias(s): Administrativa Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo IX, Febrero de 1999 Tesis: 2a./J. 5/99 Página: 170 "SOLAR URBANO NO TITULADO, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU TENENCIA. De la Ley Agraria en vigor, título tercero, capítulo II, sección cuarta, que comprende los artículos 63 a 69 relativos a las tierras del asentamiento humano, se infiere que una vez consolidado el derecho de propiedad respecto de un solar de la zona de urbanización del ejido, el mismo queda fuera de las prescripciones de las leyes agrarias, como lo confirma la circunstancia que la propia ley prevé, de que procede la prescripción positiva, la enajenación y la embargabilidad de los lotes urbanos de un ejido; de tal suerte, que si se otorgó a una persona el título de propiedad de determinado solar, esta propiedad no se comprende dentro de las previsiones de las leyes agrarias y, en consecuencia, su titular ya se trate de un ejidatario o de quien no tiene ese carácter, en caso de menoscabo o perturbación del dominio no puede recurrir a las autoridades agrarias para obtener la protección de su derecho, sino que debe acudir a las autoridades judiciales del fuero común, mediante el ejercicio de la acción que corresponda. Lo anterior significa que mientras el ejidatario o avecindado únicamente tenga la posesión de un solar sin habérsele expedido aún el título de propiedad correspondiente, tal predio seguirá sujeto al régimen ejidal y, por tanto, los conflictos que deriven del mismo, deben ser legalmente resueltos por los Tribunales Unitarios Agrarios." Contradicción de tesis 17/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 5/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. En consecuencia, al no haber acreditado el peticionario de amparo el interés jurídico necesario para ocurrir a la instancia constitucional procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, primera parte, página 236, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro es "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985)". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al actuario adscrito al tribunal responsable, en el ámbito de sus atribuciones, por no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia del acuerdo reclamado. Robustece lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, localizable en la página 50, del Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que de rubro dice "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente; cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley, lo que en la especie acontece dadas las consideraciones expresadas en la presente resolución. SÉXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio.
- Principal
...SE APERSONA TERCERO INTERESADO Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por *********, a través del cual se apersona al presente juicio en su carácter de tercera interesada, señala domicilio procesal, designa autorizados, ofrece pruebas y formula alegatos. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada a la tercera interesada en comento. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en esta ciudad. AUTORIZADOS De igual manera, a ********* y *********, se les tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, en restringidos del propio ordinal a *********, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta. PRUEBAS Por otra parte, se le tiene anunciando como pruebas la documental que exhibe, consistente en el certificado parcelario número *********, así como las constancias remitidas por la responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en Guanajuato capital, en apoyo a su informe justificado; sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. ALEGATOS Finalmente, se tienen por hechas las alegaciones que vierte, los que de ser el caso, serán tomados en consideración al resolver el asunto.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes
- Jose Antonio Garcia de Rueda1181/2022
- Jose Antonio Garcia di Bella540/2023
- JOSE ANTONIO GARCIA MOSQUEDA y Otros.820/2017
- Jose Antonio Gil Jimenez381/2023
- José Antonio Gonzalo Tornero Soto937/2014
- Jose Antonio Hernandez Razo556/2018
- Jose Antonio Mares Perez1057/2019
- José Antonio Martínez67/2012
- José Antonio Melendez Ursua221/2016
- José Antonio Melendez Vaca274/2016
- Jose Antonio Morales Portillo708/2019
- Jose Antonio Oceguera Torres491/2016