José Antonio Luna Acevedo
Expediente 123/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Antonio Luna Acevedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes, en su caso, manifestaran si existía alguna inconformidad contra el proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 201, fracción I, de la citada ley; en consecuencia, se tiene por consentido el cumplimiento. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, con fundamento en los preceptos 196 y 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión de que este expediente, es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el citado consejo, toda vez que en este asunto se concedió el amparo y protección constitucional; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de conservar la demanda, sentencia respectiva y este proveído, de conformidad con lo establecido en el punto 7.3 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Asiéntense los anteriores datos en la carátula respectiva del expediente mencionado; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de cinco de los actuales, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector emitido en este expediente, sin que dentro de tal temporalidad haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a determinar si en el presente caso la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida o no, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Al respecto, se considera necesario mencionar que en sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo al quejoso José Antonio Luna Acevedo, para los efectos siguientes: "(.) lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, se cobre a José Antonio Luna Acevedo, únicamente el cinco por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos cero centavos) moneda nacional, por los servicios que recibió acorde a la factura fiscal, con número de operación 398453, de fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, a su nombre; reintegrándose la parte que cubrió en exceso.". Lo anterior, toda vez que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual la parte quejosa no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el servicio recibido, sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva. Es importante enfatizar que se consideró prudente que la autoridad registral le deberá cobrar al contribuyente por el servicio solicitado, el 5% de la tarifa total, es decir, la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos cero centavos) moneda nacional, por los servicios que recibió, acorde a la factura fiscal con número de operación 398453, de veintiocho de enero de dos mil veintidós, a su nombre. Motivo que pone en evidencia que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 5% de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. Sentencia que causó ejecutoria el trece de julio del presente año, al no haber sido recurrida por las partes, por lo que en esa fecha se requirió su cumplimiento a la autoridad exactora. Previos requerimientos que se hicieron a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para dar cumplimiento a la sentencia; el cuatro de los actuales, se recibió el oficio SH-DJR-1316/2022, firmado por el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal, de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación del Recaudación de Rentas en el Municipio de Juárez, con residencia en esta ciudad, de dos de ese mismo mes y año, al que adjuntó copia simple del cheque 1153287, de seis de septiembre de dos mil veintidós, a nombre del quejoso José Antonio Luna Acevedo, por la cantidad de $9,750.00 (nueve mil setecientos cincuenta pesos, cero centavos), moneda nacional, a cargo de la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, con el que en acuerdo de cinco de octubre que transcurre, se dio vista al impetrante de amparo, para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que a este día haya realizado pronunciamiento alguno. Consecuentemente, dado que el amparo se concedió para el efecto de que la secretaría responsable devolviera al amparista, la parte que cubrió en exceso por el concepto indicado, en términos del precitado artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento; asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo. Hágase del conocimiento del quejoso, que contra la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que dispone de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de igual nombre; en atención a su contenido, se le tiene informando que mediante el oficio DAJ-13809/2022, de diecinueve de septiembre del presente año, instruyó en su carácter de superior jerárquico a la Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda, a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo. Sin perjuicio de que lo anterior sea tomado en consideración al momento de que este órgano jurisdiccional realice los requerimientos necesarios para lograr el acatamiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 192 y 193, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio firmado por el Supervisor Administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y Delegado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que solicitó al Jefe del Departamento de Padrón y Control de Obligaciones, la liberación del recurso para la elaboración del cheque correspondiente a favor de la quejosa, y al efecto anexa copia de la constancia con la que acredita lo anterior; finalmente, solicita una prórroga para tales efectos. Por ende, por única ocasión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 192 de la ley de la materia, a la autoridad oficiante se le concede un plazo de diez días contados a partir del siguiente de la notificación del presente proveído, para que dé cumplimiento al fallo protector; apercibida que de no hacerlo dentro del lapso indicado, o bien, de no informar a este órgano judicial los trámites que realice al respecto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero del mismo año, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite del incidente de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese.
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