José Antonio Lugo Griego
Expediente 1335/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 27 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 25/04/2023
Partes del expediente
- José Antonio Lugo Griego
- Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Queda firme sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, declárese que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Constancias o actuaciones. No obran para su devolución. Documentos originales. No existen para su devolución. Notifíquese.
- Principal
En Mexicali, Baja California, a las nueve horas del cuatro de abril de dos mil veintitrés, el (la) suscrito (a), Actuario (a) Judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, hago constar que en virtud de que la parte quejosa José Antonio Lugo Griego, no compareció en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento citado en la razón que antecede y notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa el proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 1335/2022, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado de la resolución de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, ambos de la Ley de Amparo. Doy Fe.-
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a esta fecha no se encuentra emplazada al presente contradictorio federal a la tercero interesada ********************, asimismo, de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido en su totalidad el término otorgado a la parte quejosa en proveído de quince de febrero del presente año, para que compareciera a este órgano jurisdiccional a recibir los edictos ordenados a fin de emplazar a la tercero interesada antes mencionada y, acreditara haber hecho los trámites correspondientes de su publicación. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones y, atento a que la parte gestora del amparo no acreditó, sin causa razonable, haber comparecido para la entrega de los edictos y su publicación, que fueron puestos a su disposición en el proveído mencionado con anterioridad; en consecuencia, se procede a determinar lo siguiente: En primer lugar, debe decirse que la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." La anterior porción normativa establece que procede el sobreseimiento del juicio biinstancial, en la eventualidad de que se hubiese efectuado el requerimiento respectivo al quejoso para entregar los edictos correspondientes para emplazar a la parte tercero interesada, para su publicación y, a pesar de ello, no acredite sin causa razonable y a juicio del órgano jurisdiccional, haberlo hecho. Por su parte, la fracción III, del inciso b), del artículo 27 de la Ley de la Materia, dispone que si se desconoce el domicilio de la tercero interesada, el órgano jurisdiccional debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél, pero si a pesar de la investigación subsiste el desconocimiento del domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para el emplazamiento por edictos al tercero interesado. De esta hipótesis se obtiene que una vez que ha sido admitida la demanda de amparo, si a la postre se desconoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, como se anticipó, el juzgador de amparo debe dictar las medidas pertinentes para investigarlo y, cuando estime que éstas resultaron infructuosas, ordenar que el emplazamiento respectivo, como ya se dijo, se lleve a cabo por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado, que permite tener por válidamente constituida la relación jurídico procesal, está condicionado a que la parte agraviada realice el pago de los edictos correspondientes, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la parte tercero interesada con relación al acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En resumen, tomándose en cuenta la naturaleza del juicio constitucional, así como las formalidades esenciales que rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten los sumarios de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados; por ende, al no emplazárseles a éste último por una causa atribuible al gestor del amparo, ello impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por consecuencia, todo esto acarrea el sobreseimiento del asunto, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a todos los gobernados involucrados en la litis, ya que su esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos o al no acreditar que los publicó en el término otorgado con la finalidad de lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada, dicha circunstancia contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ello entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino como se anticipó, a la propia impetrante, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley, y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su conducta omisiva impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. De las constancias se aprecian, los siguientes antecedentes jurídicamente relevantes: 1. Mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó la búsqueda oficiosa ante diversas instituciones públicas y autoridades, del domicilio para poder emplazar, a la parte tercero interesada ********************, ello virtud que no se logró emplazar a la referida tercero interesada en el domicilio obrante en autos. 2. De los informes rendidos por las instituciones públicas y autoridades, no se logró obtener domicilio alguno de la parte tercero interesada ********************, por lo que no se logró el llamamiento a juicio de dicha parte procesal. 3. En auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se requirió por última ocasión a la quejosa para que proporcionara domicilio cierto, actual y exacto donde pudiera ser emplazada la tercero interesada en cuestión; sin que el gestor del amparo manifestara algún nuevo dato al respecto. 4. Finalmente, en proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a los terceros interesados en mención, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, otorgándose a la parte gestora del amparo un término de veinte días, contado a partir del día siguiente a que surtiera efectos su notificación, para que compareciera a recibir los edictos de mérito y acreditara haber hecho los trámites correspondientes de su publicación; con el apercibimiento que de no cumplir con dicho requerimiento en el término concedido, se decretaría el sobreseimiento en este juicio. 5. De dicho auto la parte quejosa quedó notificada el veinte de febrero de dos mil veintitrés. Así, de lo antes relatado, se obtiene que a la fecha ya feneció el plazo de veinte días concedido a la parte solicitante del amparo para que compareciera a recoger los edictos de que se trata y, acreditar haberlos publicado; lo anterior, porque tal como se certificó previamente, tomando en cuenta que el impetrante quedó legalmente notificado del auto en el que se dejaron a su disposición los edictos de mérito, luego, dicho término empezó a contar a partir del veintidós de febrero y concluyó el veintitrés de marzo del presente año, sin que haya comparecido a este Juzgado Federal para recibirlos, ni formulado manifestación alguna respecto ello, ni justificación fáctica o imposibilidad al efecto. En ese tenor, es claro que, con tal omisión injustificada, se impide el debido establecimiento de la relación jurídico procesal necesaria para la válida integración y resolución de la cuestión planteada en este juicio. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a hacer efectivo el apercibimiento aludido en el punto número cuatro arábigo referido en párrafos superiores, motivo por el cual se actualiza la causa de sobreseimiento invocada, prevista en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo; consecuentemente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio biinstancial. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia que es del tenor siguiente: "Registro digital: 164074 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 108/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 416 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Asimismo, sirve de apoyo al caso, el criterio que sostuvieron los Tribunales Colegiados de Circuito, contenido en la tesis de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2013988 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.10o.P.1 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, página 2702 Tipo: Aislada EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." Igualmente, los argumentos antes expuestos tienen apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia del rubro y texto: "Registro digital: 2014220 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 38/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 714 Tipo: Jurisprudencia TERCERO INTERESADO. SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEBE REALIZARSE POR EDICTOS CUANDO SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuando no conste en autos el domicilio para emplazar al tercero interesado, el juzgador deberá dictar las medidas pertinentes para investigarlo; cuando éstas se hayan agotado y la notificación no pudiere efectuarse, se hará por edictos a costa del quejoso, con el fin de evitar la paralización del juicio. Por ello, es a través de edictos como debe emplazarse al tercero cuando se desconozca su domicilio, ya que las formalidades de ese procedimiento de notificación le dan mayores posibilidades de enterarse del juicio en el que le resulte el carácter de parte, lo que excluye que se realice por medio de lista, al no preverlo expresamente la ley. No obsta a lo anterior la existencia de manifestación del tercero ante autoridad distinta al Juez de amparo, en el sentido de que las notificaciones se le realicen por lista, pues esa expresión de voluntad aplicaría, en todo caso, únicamente con relación a las actuaciones efectuadas en ese procedimiento, no así ante el Juez Federal, respecto del cual el tercero ignora que se tramita un juicio en el que le resulta ese carácter." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a todos los gobernados involucrados en la litis, como acontece en el presente, en que, por una causa atribuible a la gestora del amparo, no pudo emplazársele al tercero interesado al presente contradictorio constitucional. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese, y personalmente. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, ya que se encuentra pendiente el emplazamiento de la parte tercero interesada Asesoría Inmobiliaria Casas Moreno Ricalday, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien se ordenó emplazar por edictos mediante proveído de quince de febrero del año en curso, y se encuentra transcurriendo el término de veinte días concedido a la parte quejosa para que comparezca a este órgano jurisdiccional a recibir los edictos en cuestión. Diferimiento. Atento a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las doce horas con diez minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2021, en virtud de la licencia autorizada a Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, titular de este Juzgado Federal, de las 16:00 horas del 13 de marzo de 2023 y hasta las 15:00 horas del 17 siguiente, por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial comunicado mediante oficio CCJ/ST/943/2023, de seis de marzo del año en curso, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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