Jose Antonio Lozano Cruz
Expediente 1199/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1199/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Antonio Lozano Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes, generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Finalmente, devuélvanse al Director de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, las documentales que allegó al presente sumario, consistentes en copias certificadas de diversas constancias que obran en el expediente 20181807-31896155, de su índice, en tres tomos. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Director de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; sin que haya lugar a tomar una determinación, toda vez que mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Director de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en atención a su contenido se provee: Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso José Antonio Lozano Cruz, reclama de la Directora de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, los actos que hizo consistir en: "La paralización total del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado ya que no me ha notificado la fecha de entrevista, la prórroga y/o el dictado de la resolución que conforme a derecho corresponda de conformidad a lo establecido en los artículo 18, 24 Y 25 de la Ley Sobre Refugiados, protección complementaría y asilo político en relación con los artículos 27, 29, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 45 Y 47, del Reglamento de La Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria." Precisado lo anterior, en el caso, el suscrito considera que con relación a dicho acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló con antelación, el impetrante del amparo reclama la paralización total del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, en virtud de que aduce no le ha sido notificado la fecha de entrevista, la prórroga y/o el dictado de la resolución correspondiente, protección complementaría y asilo político respectivo. En el caso, la Directora de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al rendir su informe justificado, manifestó que es falso el acto reclamado, pues informó que en el expediente administrativo CUR-20181807-31896155, dictó diversas determinaciones, entre las que se destacan: - ¬El acuerdo de admisión de la "solicitud de refugiado" de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, así como la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado a nombre del quejoso José Antonio Lozano Cruz; - El oficio COMAR/DPR/13181/2018, dirigido al Delegado Federal en el Estado de San Luis Potosí del Instituto Nacional de Migración, de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en el que se le solicitó que no se tomaran medidas que implicaran la devolución del aludido quejoso, ni de sus dependientes en caso de haberlos; - La entrevista de elegibilidad de José Antonio Lozano Cruz, de fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve; - La determinación de catorce de enero del año en curso, de la que se advierte que se resolvió la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado al aquí quejoso, en la que se determinó que no se le reconoce la condición de refugiado y no se le otorgaría protección complementaria, por las razones expuestas en la misma, determinación que se le hizo conocimiento del quejoso el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, tal como se desprende de la foja trece del anexo que acompaña la responsable a su oficio de cuenta. Circunstancia que se corrobora con las documentales que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, así como a su oficio recibido en este Juzgado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve y a su oficio de cuenta, consistentes en copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente administrativo CUR-20181807-31896155, a las que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En este orden de ideas, se aprecia que la omisión reclamada en esta instancia constitucional fue subsanada, tal como se acredita con las documentales a las que se ha hecho referencia con antelación, lo que origina que han cesado los efectos de la misma, porque con la emisión de la determinación respectiva y su notificación, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la aquí quejosa en el goce de sus derechos fundamentales y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que dicho acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos con veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en autos del presente juicio de amparo. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el telegrama que remite el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Director de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sin que haya lugar a tomar una determinación, toda vez que en párrafos que anteceden se está proveyendo respecto al sobreseimiento decretado en el presente juicio de garantías. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Director de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con un anexo que acompaña, mediante el cual remite copia certificada del expediente administrativo CUR-20181807-31896155, en la que obra entre otras constancias la resolución dictada el catorce de enero de dos mil diecinueve. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, toda vez que el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió un telegrama signado por la aludida autoridad oficiante en el que informó que remitió la constancia de notificación de la referida resolución dictada el catorce de enero de dos mil diecinueve, misma que adujo fue practicada al aquí quejoso el veintiocho de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se reciban las constancias de mérito por la vía ordinaria. Notifíquese.
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