José Antonio Lorenzana Toledo
Expediente 1293/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 51 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1293/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- José Antonio Lorenzana Toledo
- José Antonio Lorenzana Toledo y Otros.
- Coordinador General de Centros Federales del Organo Administrativos Desconcentrados Prevención y Readaptación Social, en la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
MESA 1-B.- Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de trece de agosto de dos mil veinte, se ordenó remitir el despacho 74/2020, orden 169/2020, al Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, para el efecto de notificar al quejoso José Antonio Lorenzana Toledo, dicho proveído, sin que el mismo se haya remitido; en tal virtud, dése de baja en el libro correspondiente, para los efectos legales procedentes.
- Principal
MESA 3-B.- Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, por el cual manifiesta la imposibilidad que tiene para realizar el traslado del quejoso José Antonio Lorenzana Toledo al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número Nueve, con sede en Acapetahua, Chiapas o al Centro Penitenciario que se encuentre más cercano a su domicilio; toda vez que dicha facultad recae en la diversa autoridad responsable Subsecretaria de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En ese sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y en obvio de mayores dilaciones, se requiere al Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, ordene el traslado de José Antonio Lorenzana Toledo, del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con residencia en esta ciudad, para ser ingresado al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Nueve, con sede en Acapetahua, Chiapas. En el entendido de que, si aún continúan las obras de remodelación en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número nueve, con sede en Acapetahua, Chiapas, de conformidad con lo establecido en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, ordene el traslado del impetrante al centro de reclusión más cercano a su domicilio, que en este caso, como bien lo manifestó el citado quejoso mediante escrito de veinticuatro de septiembre de esta anualidad (foja 440), y en diligencia de notificación (foja 560), es el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, con residencia en Tonalá, Chiapas, debiendo informar respecto al citado cumplimiento. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra "podrán" que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Por otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión del legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido; por lo que si la ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el goce de dicho beneficio, si se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo contrario implicaría que el derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del Constituyente Permanente, quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los Poderes derivados del Estado. Apercibidas que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258, en relación al 237, fracción I de la ley de la materia, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para los efectos a que alude el referido numeral 192 de la Ley de Amparo, esto es, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Hágase saber a la referida autoridad responsable, como precedente, que en sesión de doce de enero de dos mil quince, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 580/2014, derivado de la sentencia dictada el veinte de marzo de dos mil trece, por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el juicio de amparo 939/2012, en el que se decretó separar de sus cargos de manera inmediata al entonces Subdelegado de Prestaciones y Delegado, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por haber cumplido extemporáneamente la sentencia constitucional, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenó consignar a las personas mencionadas directamente ante el Juez de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Nuevo León, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad, según lo previene la fracción I del artículo 267 de la Ley de Amparo.
- Principal
MESA 3-B.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante estar debidamente notificado de dicho requerimiento, según la constancia de notificación que obra en autos (foja 572). En ese sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y en obvio de mayores dilaciones, se requiere nuevamente al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, ordene el traslado de José Antonio Lorenzana Toledo, para ser ingresado al diverso Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, con residencia en Tonalá, Chiapas. En el entendido de que, si aún continúan las obras de remodelación en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número nueve, con sede en Acapetahua, Chiapas, de conformidad con lo establecido en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, ordene el traslado del impetrante al centro de reclusión más cercano a su domicilio, que en este caso, como bien lo manifestó el citado quejoso mediante escrito de veinticuatro de septiembre de esta anualidad (foja 440), y en diligencia de notificación (foja 560), es el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, con residencia en Tonalá, Chiapas, debiendo informar respecto al citado cumplimiento. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra "podrán" que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Por otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión del legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido; por lo que si la ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el goce de dicho beneficio, si se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo contrario implicaría que el derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del Constituyente Permanente, quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los Poderes derivados del Estado. Apercibidas que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258, en relación al 237, fracción I de la ley de la materia, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para los efectos a que alude el referido numeral 192 de la Ley de Amparo, esto es, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Hágase saber a la referida autoridad responsable, como precedente, que en sesión de doce de enero de dos mil quince, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 580/2014, derivado de la sentencia dictada el veinte de marzo de dos mil trece, por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el juicio de amparo 939/2012, en el que se decretó separar de sus cargos de manera inmediata al entonces Subdelegado de Prestaciones y Delegado, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por haber cumplido extemporáneamente la sentencia constitucional, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenó consignar a las personas mencionadas directamente ante el Juez de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Nuevo León, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad, según lo previene la fracción I del artículo 267 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Agréguese a los antecedentes la diligencia de notificación realizada por el actuario adscrito a este juzgado, mediante la cual José Antonio Lorenzana Toledo pate quejosa en el presente asunto, desahoga la vista otorgada mediante proveído de diecinueve de noviembre de la presente anualidad (foja 559), y al efecto realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En atención a las manifestaciones de la parte quejosa y visto el estado procesal de los autos, es preciso resaltar que mediante auto de tres de octubre de dos mil diecinueve (foja 416-418), se les requirió a las autoridades responsables de manera precisa que en virtud de que el Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, manifestó la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por encontrase el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número nueve, con sede en Acapetahua, Chiapas, actualmente realizando obras de remodelación; de ahí que se encuentra temporalmente suspendido su funcionamiento (fojas 414 y 415). En ese sentido, el suscrito giró nuevas instrucciones a fin de que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, ordene el traslado del impetrante al centro de reclusión más cercano a su domicilio. Asimismo mediante proveído de veinticuatro de octubre del año que transcurre (fojas 507-509), se hizo reiterativo que el traslado del aquí quejoso José Antonio Lorenzana Toledo, sea realizado al cetro de reclusión mas cercano a su domicilio; precisando a las autoridades responsables que este es el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, con residencia en Tonalá, Chiapas. Ahora toda vez que la autoridad responsable realizo en traslado del quejoso al Centro Estatal número tres, con sede en esta ciudad, sin tomar en cuenta que se le preciso que el centro de reclusión más cercano al domicilio de José Antonio Lorenzana Toledo parte quejosa en el presente asunto, es el ya citado Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, con residencia en Tonalá, Chiapas. En ese sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y en obvio de mayores dilaciones, se requiere nuevamente al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, ordene el traslado de José Antonio Lorenzana Toledo, para ser ingresado al diverso Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, con residencia en Tonalá, Chiapas. En el entendido de que, si aún continúan las obras de remodelación en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número nueve, con sede en Acapetahua, Chiapas, de conformidad con lo establecido en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, ordene el traslado del impetrante al centro de reclusión más cercano a su domicilio, que en este caso, como bien lo manifestó el citado quejoso mediante escrito de veinticuatro de septiembre de esta anualidad (foja 440), y en diligencia de notificación que antecede es el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, con residencia en Tonalá, Chiapas, debiendo informar respecto al citado cumplimiento. Apercibidas que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258, en relación al 237, fracción I de la ley de la materia, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para los efectos a que alude el referido numeral 192 de la Ley de Amparo, esto es, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Hágase saber a la referida autoridad responsable, como precedente, que en sesión de doce de enero de dos mil quince, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 580/2014, derivado de la sentencia dictada el veinte de marzo de dos mil trece, por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el juicio de amparo 939/2012, en el que se decretó separar de sus cargos de manera inmediata al entonces Subdelegado de Prestaciones y Delegado, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por haber cumplido extemporáneamente la sentencia constitucional, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenó consignar a las personas mencionadas directamente ante el Juez de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Nuevo León, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad, según lo previene la fracción I del artículo 267 de la Ley de Amparo. Finalmente, con apoyo en el Artículo 3 de la ley de Amparo, se agrega a los presentes autos el oficio enviado por el Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual informa respecto al cumplimiento dado al fallo protector del presente juicio de amparo; en relación a lo que comunica, este órgano jurisdiccional ya proveyó lo conducente en párrafos que anteceden.
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