Jose Antonio Lopez Perez

Expediente 923/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
923/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Jose Antonio Lopez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO EN CITA EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. En esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Notifíquese. Mesa III.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, en contra del ***. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 923/2021-III. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Con fundamento en lo previsto por los artículos***, por notoriamente improcedente, SE DESECHA de plano la demanda de amparo que nos ocupa. La decisión que se asume, de alguna forma trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Ley Fundamental, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se tiene como tal las listas que se fijan en los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones por haberlo señalado expresamente el solicitante de amparo en la demanda de amparo. Se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica siempre y cuando cuenten con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, respecto de las demás personas que menciona, se les tiene únicamente por autorizadas para oír y recibir notificaciones, conforme a lo establecido en el párrafo segundo, última parte, del numeral invocado. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así se practiquen. Por otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se exhorta al promovente que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (juicio en línea). Asimismo, para mejorar la comunicación, se le exhorta a que proporcione alguna modalidad a través de la cual se pueda tener un contacto expedito, es decir, a que señale un número telefónico en el que pueda recibir mensajería instantánea (verbigracia whatsapp), así como un correo electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista al promovente de amparo. mesa III.

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