José Antonio López Pérez
Expediente 869/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- José Antonio López Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos: 1. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, Punto 8.1.2. apartado 1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, acorde con el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General multicitado, el duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses, siempre que se cuenta con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguiente, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Hágase constar en la caratula del cuaderno principal la leyenda "DESTRUIBLE" y, en las caratulas del original y duplicado de los incidentes de suspensión la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en revisión el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en este juicio de garantías sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. 1. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinado en sesión celebrada el veinte de junio del año en curso y comunicado mediante oficio CCJ/ST/2700/2022 suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México; asistida del Secretario que autoriza Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que el presente proveído se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la notificación de cuenta, de la que se desprende que el quejoso ***, manifestó que ya fue atendido pero que no lo han canalizado a los especialistas (nutriólogo y optometrista); con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los legales conducentes, sin que se emita pronunciamiento alguno respecto a las manifestaciones del quejoso, en virtud de que en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de las constancias que le remitió la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, consistentes en el comunicado ****, nota médica, constancia médica y hoja de baja de enfermería de entrega de medicamentos relativas al quejoso ***; con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, debe precisarse que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye: La omisión de dar cumplimiento a la suspensión que se dictó en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, emitido en la controversia 800/2022, Asimismo, de las constancias remitidas por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se desprende que mediante auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós (fojas 56 y 57), dictado en la controversia judicial 800/2022, entre otras cosas, dicho órgano jurisdiccional decretó la suspensión de plano de los actos ahí controvertidos y ordenó que la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, realizara lo siguiente: Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional de manera oficiosa advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI , de la Ley de Amparo, contra el acto reclamado por el impetrante de amparo consistente en la omisión de dar cumplimiento a la suspensión que se dictó en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, emitido en la controversia 800/2022, en virtud de que el seis de agosto de dos mil veintidós, el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, le realizó la valoración médica correspondiente al quejoso José Antonio López Pérez y le entregó los medicamentos que le fueron recetados. En principio, debe indicarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, de donde derivó la tesis de jurisprudencia 59/99, estudió el contenido de la fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, de igual confección a la actual XXI, del mencionado ordinal 61. En ese fallo se dijo, el análisis gramatical de tal disposición permite precisar según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer y el término "efecto", lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el cual se hace algo; la Segunda Sala añadió, las consecuencias jurídicas del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes del nacimiento de la actuación combatida. Precisó, ello también ocurre cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la motivante del amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido; agregó el Alto Tribunal, bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa la autoridad emitente deja de invadir la esfera jurídica del quejoso, al culminar su actuación, implica, además de la detención definitiva de los actos de autoridad, la desaparición total de sus consecuencias. Expuso, la situación puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de lo combatido, pues es patente la justificación de la improcedencia de mérito es lo ocioso de examinar la constitucionalidad de una actuación que cesó de surtir efectos, tampoco los surtirá, ni dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Añadió, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el objeto justificante de la existencia e importancia del juicio de amparo, o sea, el de obtener la reparación constitucional prevista en el arábigo 80 de la Ley de la Materia -abrogada, el cual indicó, es la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, restableciendo las cosas al estado previo a su transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y si es de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetarlo y a cumplir lo exigido en derecho. La Segunda Sala sostuvo, en términos de la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, es improcedente la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Arribó el Máximo Tribunal, a la plena convicción la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de lo impugnado, todos sus efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, tampoco dejó huella. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia visible en la Página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Registro 193758, del Semanario Judicial de la Federación de Rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También, sirve de sustento a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia visible en la Página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Registro 196820, del Semanario Judicial de la Federación de Rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sobre esa base, se afirma como se dijo que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las copias certificadas de la nota médica, constancia médica y hoja de baja de enfermería de entrega de medicamentos relativas al quejoso ***, se desprende que el seis de agosto de dos mil veintidós, el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, le realizó la valoración médica correspondiente al impetrante de amparo y le otorgó los medicamentos que le fueron recetados. Se destaca la nota médica de seis de agosto de dos mil veintidós, en donde el galeno inspeccionó al paciente, quien refirió dolor de abdomen, gastritis, eructos fuertes y secuelas de fistula anal, misma que mencionó ya le fue operada, así como dolor lumbar, comezón en los pies y afectación de las uñas, entre otras cuestiones, por lo cual, después de inspeccionarlo, el médico estableció que el paciente se encontraba orientado, tranquilo, lo catalogó como un paciente estable, sin signos de alarma, con gastritis, reflujo gastroesofágico y colitis; se le recetó dieta blanda hiposodica, esomeprazol, metoclopramida e ibuprofeno, entre otras cosas. Así también, se destaca la hoja de enfermería de módulos, de la cual se desprende el nombre del quejoso y consta su firma de recepción de los medicamentos prescritos, consistentes en esomeprazol, metoclopramida e ibuprofeno. Documentales a las que se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o. de dicho ordenamiento, por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En ese tenor, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues se han dejado de afectar los derechos del solicitante de amparo, ello en virtud de que el seis de agosto de dos mil veintidós, el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, le realizó la valoración médica correspondiente al quejoso José Antonio López Pérez y le otorgó los medicamentos que le fueron recetados; ello en cumplimiento a la suspensión que se dictó en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, emitido en la controversia 800/2022, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Novena Época, con número de registro: 197367, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Se precisa que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor desde el día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haberse integrado con la ley anterior, continúan rigiendo y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretaria respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las diez horas con treinta minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el lugar en que se encuentra recluido ***, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS Chiapas 15", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, no obstante que la referida población, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción, a efecto de que le notifique el presente proveído. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 136 y 138, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx.
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