Jose Antonio Lopez de Llergo Alvirez
Expediente 5/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla
- Jose Antonio Lopez de Llergo Alvirez
- Alejandro Rodríguez Cid
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud por medio del cual solicita una ampliación del término concedido para dar cumplimiento a la resolución de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Acorde a lo anterior, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se concede a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, una prórroga por el término de diez días siguientes a la notificación del presente auto, para que realice lo siguiente: "1. Dejen sin efectos el oficio ************* de veintiocho de junio de dos mil veintitrés. 2. Emitan la respuesta a la solicitud del denunciante registrada con el número ***********, y si no advierten diverso impedimento legal, otorguen la autorización sanitaria para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha para el autoconsumo lúdico -es importante precisar que el presente criterio no supone una autorización para que la parte denunciante siembre semillas de mariguana, cultive y coseche su producto en lugares públicos-, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, observando los términos de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en la autorización que emita, deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias aludidas. Además, al emitir la autorización deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros." Con el apercibimiento que, de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193, 237, fracción I, 238, y 258, de la ley de la materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se señala el QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para verificar las gestiones que ha realizado la autoridad denunciada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), no ha dado cumplimiento a la resolución de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación de este proveído, dé cabal cumplimiento a la resolución emitida en el presente asunto, para lo cual deberán: "1. Dejen sin efectos el oficio *************** de veintiocho de junio de dos mil veintitrés. 2. Emitan la respuesta a la solicitud del denunciante registrada con el número **************, y si no advierten diverso impedimento legal, otorguen la autorización sanitaria para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha para el autoconsumo lúdico -es importante precisar que el presente criterio no supone una autorización para que la parte denunciante siembre semillas de mariguana, cultive y coseche su producto en lugares públicos-, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, observando los términos de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en la autorización que emita, deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias aludidas. Además, al emitir la autorización deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros." Con el apercibimiento que, de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Se señala el VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para verificar las gestiones que la(s) autoridad(es) responsable(s) ha(n) realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el escrito signado por *****************, mediante el cual solicita que las autoridades responsables den cumplimiento a la resolución dictada en el presente asunto, en tales condiciones dígase al ocursante que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, visto su contenido se le tiene remitiendo copia certificada de las constancias de notificación a la demandada ******************** y a *****, apoderado de dicha moral de los acuerdos de quince y veintitrés de agosto del año en curso, dictados en el juicio laboral de origen, en el que se le requirió el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, por lo que transcurrido el término concedido para ello, acordará lo procedente; de lo que queda enterada la suscrita. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación del presente auto, informe a este órgano judicial el cabal cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo dictada en autos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193, 237, fracción I, 238, y 258, de la ley de la materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En razón de lo anterior, se deja sin efectos el SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS señalado para para verificar las gestiones que ha(n) realizado la(s) autoridad(es) responsable(s) para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, se señala el VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para verificar las gestiones que ha(n) realizado la(s) autoridad(es) responsable(s) para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja ********************, interpuesto en contra del auto dictado el ********************, dentro del presente juicio de amparo. Acúsese de recibo correspondiente. Dése a conocer a las partes que el citado medio de impugnación fue resuelto bajo el siguiente punto: "ÚNICO.- Es fundado el recurso de queja hecho valer por ********************, apoderado general para pleitos y cobranzas de Condominio********************, asociación civil, en contra del auto de ********************, en la parte conducente al desechamiento de la ampliación de demanda de amparo, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto ********************, en el que se desecharon pruebas ofrecidas y la ampliación de demanda de amparo indirecto." En consecuencia y en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, se provee: Con fundamento en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto a los actos reclamados al: DIRECTOR DE CONCESIONES INTEGRALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, consistentes en: "Acto Reclamado. a) El cobro indebido, excesivo y sin la debida fundamentación y motivación que pretende realizar Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable por el consumo de agua del NIS ********************, por la cantidad de $******************** b) El cobro indebido, excesivo y sin la debida fundamentación y motivación que pretende realizar Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable a mi Representada Condominio********************, Asociación Civil por el consumo de agua de los 225 departamentos que integran el condominio que represento, por la cantidad de $********************, cuando la aquí Responsable, Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, ha celebrado contratos de suministro de agua con todos y cada uno de ellos. el consumo de agua, con número de folio ********************, correspondiente al número de NIS: ********************, expedido por la Autoridad Responsable, con fundamento al artículo 16 constitucional, y del mismo acto reclamado" Asimismo, se tiene a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo, señalando como nuevos conceptos de violación lo que hace valer a través de su escrito recibido vía electrónica el ******************** (mismo que al efecto se adjunta). En tales condiciones, se admite a trámite la ampliación de amparo de referencia. Por tanto, con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, las que deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de tener signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, deberán remitir su informe a través de dicho sistema, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. Hágase saber a las autoridades responsables, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, reformado mediante el diverso del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas Administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se REQUIERE a las autoridades responsables que los documentos que remitan, lo hagan debidamente digitalizados, a fin de integrar el expediente electrónico. Asimismo, se REQUIERE a las autoridades responsables para que bajo su más estricta responsabilidad informen si la documentación que envíen contiene información clasificada como confidencial o reservada, deberá hacerlo del conocimiento a este juzgado por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuestos por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, 113, 114. 116 y 117 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el entendido de que aquellos documentos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que encuentren bajo resguardo en la secretaria de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del Acuerdos 12/2020. En tales condiciones, SE REQUIERE a las autoridades responsables para que tramiten y obtengan la firma electrónica, y de esa forma estén en condiciones de rendir informes y en general de intervenir en el juicio en forma electrónica. De igual manera, se precisa que en caso de que las autoridades responsables rindan su informe de ley vía electrónica DEBERÁ contar con la respectiva evidencia criptográfica; y, de adjuntar documentos al mismo, DEBERÁN realizar la protesta de decir verdad con relación a que tales documentos electrónicos son copia íntegra e inalterada de su documento impreso, como lo establece el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, deberán manifestar si fueron exhibidos en original o copias certificadas o simples. Se hace de su conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta y siete minutos del veintiuno de septiembre dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Apercíbase a las autoridades responsables que la omisión a rendir su informe justificado en relación a la ampliación de demanda de amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, inciso k) de la ley de la materia, córrase traslado con copia simple del escrito de ampliación de la demanda a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este juzgado en materia de amparos. Cabe destacar que por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en cumplimiento a lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante testimonio de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, emitido dentro del diverso recurso de queja ********************, interpuesto en contra del auto de fecha ********************, este juzgado federal tuvo por anunciadas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa a través de su escrito recibido vía electrónica el catorce de julio de dos mil veintidós, consistentes en: 1. Inspección judicial; 2. Pericial en operación hidráulica e hidrología; y 3. Testimonial (fojas 225 a 228). Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de la encargada del Despacho de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, mediante el cual da contestación al auto de veinticuatro de agosto del año en curso (fojas 377 a 379) y en atención a su contenido, remítase impresión electrónica de los escritos por los cuales la parte quejosa ofreció la pericial en operación hidráulica e hidrológica, así como el escrito de ampliación al cuestionario correspondiente; lo anterior, para que se encuentre en condiciones de designar un perito para el desahogo de dicho medio de convicción, lo que deberá efectuar dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese en términos de ley.
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