José Antonio López Casillas
Expediente 253/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Antonio López Casillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó fuera de audiencia; sin embargo, toda vez que se concedió la suspensión de plano, se determina que es susceptible su depuración, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general.
- Principal
I. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la promoción de cuenta en que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula Quinta de Investigación y Litigación, Casos Transversales y Ejecución de EIL-2 de la Unidad de Investigación y Litigación en Cancún (en su denominación correcta), con sede en esta ciudad, rinde informe justificado, y entre otras cosas, adjunta fotocopia con firmas electrónicas de la resolución de audiencia inicial de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 78/2022 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. Al respecto, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la ley de la materia, téngase a la autoridad responsable rindiendo informe justificado y por ofrecidas las pruebas documentales que exhibe. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Luego, visto el estado procesal de los autos se desprende que por demanda presentada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, recibida en esa misma fecha, José Carlos Maytorena Nájera, en favor de José Antonio López Casillas, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación en Quintana Roo de la Fiscalía General de la República -Juan Martínez- y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en la detención del quejoso José Antonio López Casillas de dieciséis de marzo de dos mil veintidós y su ejecución. Ahora, de las constancias que integran la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000216/2022 del índice de la Fiscalía General de la República, Unidad de Investigación y Litigación en Cancún, remitidas por la responsable como anexo a su informe justificado, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que se analiza. En la especie, de las constancias que integran la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000216/2022 del índice de la Fiscalía General de la República, Unidad de Investigación y Litigación en Cancún y que fueron valoradas con antelación, se desprende lo siguiente: 1. Mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos de la causa penal 78/2022 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el Juez de Distrito, calificó la legal detención de José Antonio López Casillas -aquí quejoso-. 2. Mediante resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso José Antonio López Casillas, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de transporte del psicotrópico denominado clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, ambos del Código Penal Federal, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa a efectuarse en el interior del Centro de Readaptación Social de Benito Juárez, Quintana Roo. Lo anterior, evidencia que ha cambiado la situación jurídica en relación con la libertad personal de la parte quejosa, pues en caso de que hubieran existido las violaciones reclamadas en la orden de detención dictada en su contra, éstas han quedado irremediablemente consumadas, pues quedó jurídica y procesalmente sustituida cuando el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso José Antonio López Casillas, en la causa penal de origen y le impuso prisión preventiva oficiosa. Por tanto, no es posible estudiar la constitucionalidad de la detención reclamada sin afectar la nueva situación jurídica, lo cual vuelve improcedente este juicio. Ilustra lo anterior por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la tesis aislada que enseguida se invoca: "Época: Octava Época Registro: 221961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Septiembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 145 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." Por lo tanto, como se adelantó, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio constitucional respecto del acto reclamado consistente en la detención del quejoso José Antonio López Casillas de dieciséis de marzo de dos mil veintidós y su ejecución, al encontrarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por identidad de razones jurídicas, al no contrariar a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución reclamados, toda vez que no fueron impugnados por vicios propios. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia que enseguida se cita: "Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 Genealogía: Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 12, página 449. Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 450. Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 34, página 463. Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 1, página 453. Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 9, página 460. AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En estas condiciones, se deja sin efecto las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. III. Autoridad solicita fotocopia certificada. Por otro lado, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta con número de control interno 5617, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República, Titular de Célula II-1 en Cancún, Quintana Roo, a través del cual solicita fotocopia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto de libre, expídase las fotocopias certificadas que solicita al domicilio que proporciona para tal efecto. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad en mención que en líneas precedentes se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. IV. Agente del Ministerio Público federal adscrito, realiza manifestaciones. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda la diversa promoción con número de registro 5496, remitida por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual informa las gestiones realizadas en relación a la vista dada en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, respecto a los actos reclamados de tortura y malos tratos que se dice sufre el quejoso José Antonio López Casillas y manifiesta que remitió las constancias correspondientes al Agente del Ministerio Publico de la Federación, Encargado de la Ventanilla Única de Atención de la Fiscalía General de la República, a fin de que instruya a quien corresponda para que se avoque a la investigación de los posibles hechos que pudieran ser constitutivos de delito. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como correspondan las promociones de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula Quinta de Investigación y Litigación, Casos Transversales y Ejecución de la Unidad de Investigación y Litigación en Cancún, Quintana Roo (en contestación a los oficios 1238/2022-IV y 1239/2022-IV), rinde informe respecto a la suspensión de plano; en consecuencia, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes, para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. De igual manera, con apoyo en los artículos 117 y 119 de la ley de la materia, ténganse por ofrecida las pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable en mención, pónganse a la vista de las partes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
I. Ratificación de demanda. Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que la actuaria judicial adscrita a este juzgado hizo constar que localizó al quejoso José Antonio López Casillas, en las instalaciones que ocupa la Fiscalía General de la República en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, le notificó el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el que se concedió la suspensión de plano y ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por José Carlos Maytorena Nájera; por lo que se procede a proveer sobre su admisión. II. Decisión sobre la acción de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. III. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: José Antonio López Casillas, por propio derecho. Autorizado(s). Debido a que el quejoso ratificó la demanda y a su autorizado, desde este momento procesal y vista la certificación secretarial de cuenta, se reconoce como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, al promovente José Carlos Maytorena Nájera, hasta en tanto acredite su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales o demuestre encontrarse autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. 2. Autoridad(es) responsable(s). a. Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en el plazo de quince días rinda(n) su informe con justificación, apercibida(s) que no hacerlo se le(s) impondrá multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. b. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en caso de que tenga conocimiento o con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique de inmediato a este juzgado de distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. c. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que remita en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 3. Tercero(s) interesado(s) a. Quién. De una lectura integral de la demanda, no se desprende que se actualice alguno de los supuestos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo cual se determina que a la fecha no existe tercero interesado, sin perjuicio de que con posterioridad se pueda reconocer ese carácter a alguna persona, una vez que obren datos que comprueben esa situación. 4. Representación social Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde, asentándose en el acta respectiva que se le corre traslado con fotocopia sin certificar del escrito inicial de demanda. Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que por proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado en el cuaderno de varios administrativo 2020 del propio índice, se determinó que a partir de esa fecha se autorizaría la consulta de todos los expedientes que se radiquen en este órgano jurisdiccional a Isaac Rodrigo Jiménez Torre, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, bajo el nombre de usuario "JITI750509" y que las notificaciones personales en esos expedientes, se le realizarían vía electrónica, a través de ese usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a partir de la siguiente notificación del auto de admisión correspondiente, la cual deberá verificarse de manera personal. Por tanto, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 6, 16, 34 a 37 y 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a Isaac Rodrigo Jiménez Torre, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, bajo el nombre de usuario "JITI750509" y que las notificaciones personales en el presente juicio de amparo, se le realicen vía electrónica, a través de ese usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a partir de la siguiente notificación del presente acuerdo, la cual deberá verificarse de manera personal. En la inteligencia que la autorización contenida en este acuerdo surtirá efectos siempre y cuando el mencionado fiscal se encuentre adscrito a este órgano jurisdiccional; de lo contrario, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo, se revocará dicha autorización. V. Incidente de suspensión. No es el caso abrir incidente de suspensión porque en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa contra los actos reclamados que ameritaban ese tratamiento. Asimismo, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que la fotocopia sin certificar de la demanda les fue enviada adjunta al oficio en el cual se le(s) notificó el auto de radicación. VI. Notificaciones a autoridad(es) responsable(s). Con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se indica que únicamente se harán las notificaciones a la(s) autoridad(es) mediante oficio de aquellas determinaciones cuyo contenido incida en algún aspecto en su esfera de derechos, practicándose las demás mediante lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." VII. Corrección de denominación de autoridades responsables. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en el supuesto de que este órgano jurisdiccional advierta que la denominación de alguna de las autoridades que señaló como responsables sea inexacta, pero se pueda identificar o individualizar, se corregirá oficiosamente ese error y se tendrá por señalada con su denominación correcta, incluso si eso se advierte durante el trámite del juicio, lo anterior debido a que conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Es aplicable la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006401 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: XXVII.3o.17 K (10a.) Página: 1933 AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." VIII. Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir su respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo.
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