Jose Antonio Leyva Jimenez

Expediente 602/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
602/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
20/12/2022

Partes del expediente

  • Jose Antonio Leyva Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 que el quejoso José Antonio Leyva Jiménez, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del cinco al veintiuno de septiembre del año en curso, con exclusión de los días diez, once, catorce, dieciséis, diecisiete y dieciocho de septiembre del año en curso, por ser inhábiles, en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; así como el quince de septiembre de dos mil veintidós, de conformidad con la circular 5/2022 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de amparo 602/2022-II 3 partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En relación con el duplicado del cuaderno incidental, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, debe destruirse; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. DESTINO DEL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN) En atención a que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar provisional y se declaró sin materia la definitiva, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión es destruible, una vez que se cumplan los tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. En consecuencia, hágase constar su valoración en las carátulas del expediente principal y de los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, mediante la leyenda "destruible" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Libro Uno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio S.A./3996/2022 de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, remite copia certificada de la diligencia de doce de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 860/2015, y solicita se le tenga dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Agréguese sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./3816/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con sede en Ciudad del Carmen, por el cual rinde su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado por el quejoso. Como justificación de su informe la autoridad responsable remite copia certificada del auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 860/2015, por el que ordenó el requerimiento de pago o embargo a la parte demandada por la cantidad de por la cantidad de $546,106.41 (quinientos cuarenta y seis mil ciento seis pesos con cuarenta y un centavos moneda nacional). En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la constancia que adjunta al oficio de cuenta, la cual, se desahoga dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, José Daniela Napoles Flores, en su carácter de apoderado legal de José Antonio Leyva Jiménez, promovió demanda de amparo contra la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la omisión de velar por la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral 80/2015. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa; sin embargo, el veintinueve de agosto del año en curso, dictó auto de requerimiento de pago y embargo, en el expediente laboral 860/2015; por el que ordenó requerir el pago o embargo a las demandadas Pollería y Carnicería Méndez y Carmen Aracely Méndez López¸ por la cantidad de $546,106.41 (quinientos cuarenta y seis mil ciento seis pesos 41/100 M.N), a favor del actor José Antonio Leyva Jiménez; por lo que comisionó al actuario adscrito realizara la diligencia respectiva. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 860/2015. Copia certificada a la que se le confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de documento público acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el auto de requerimiento de pago y embargo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, para efectos que el actuario realice la diligencia de requerimiento de pago y embargo a las demandadas Pollería y Carnicería Méndez y Carmen Aracely Méndez López, por la cantidad de $546,106.41 (quinientos cuarenta y seis mil ciento seis pesos 41/100 M.N), resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento, la razón de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para emplazar en el domicilio proporcionado por la parte quejosa a los terceros interesados Carmen Aracely Méndez López y Pollería y Carnicería Méndez, ello en razón de que la falta de emplazamiento a juicio de los terceros interesados, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente al quejoso y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. SE DECLARA SIN MATERIA este incidente de suspensión, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.

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