José Antonio León Fernández

Expediente 1298/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1298/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • José Antonio León Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales correspondientes del caso. Cabe señalar que toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. V i s t a la demanda de amparo presentada por **********************************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Juez Décimo Sexto de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Juez Séptimo civil de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Acto reclamado La falta de emplazamiento al juicio hipotecario ***************************, y como consecuencia todo lo actuado, incluso la sentencia definitiva, así como su ejecución. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1298/2022-II. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En la especie, por cuanto hace al acto reclamado consistente en: La falta de emplazamiento al juicio hipotecario 910/2017, y como consecuencia todo lo actuado, incluso la sentencia definitiva, así como su ejecución. Se advierte, que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La fracción XIV del citado artículo 61 regula la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo en forma extemporánea. Por otra parte el artículo 18 de la ley de la materia dispone que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que es tercera extraña por equiparación al juicio especial hipotecario 910/2017, y que tuvo conocimiento de la existencia de éste el veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Sin embargo, se da noticia que el diez de octubre de dos mil veintidós, el hoy también quejoso José Antonio León Fernández, por propio derecho, presentó un diverso escrito de demanda, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por cuanto hace al siguiente acto: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 910/2017, del índice del Juzgado Decimosexto de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México. Lo que se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Asunto que, por razón de turno, conoció el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo titular por auto de trece de octubre del año en curso, la radicó bajo el juicio de amparo 1161/2022, de su estadística, asimismo, por diverso proveído de tres del mes y año en curso, se declaró incompetente por territorio para resolver el citado expediente, del que correspondió conocer a este juzgado de distrito y que se encuentra radicado bajo el consecutivo 1294/2022-VI. Ahora bien, de la lectura integral de dicho escrito de demanda, se advierte que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que se ostentó sabedor del procedimiento especial hipotecario desde el tres de octubre de dos mil veintidós. La anterior expresión hace prueba plena en contra del solicitante de amparo, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. Al respecto, es aplicable, la jurisprudencia P./J.12/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Tomado en cuenta lo anterior, se llega a la convicción de que la demanda de amparo fue promovida de forma extemporánea, ya que el quejoso conoció de la existencia del juicio antes señalado, desde el tres de octubre de dos mil veintidós, tal como lo manifestó en el diverso juicio de amparo 1294/2022-VI, del índice de esta juzgado. Así se sostiene debido a que el plazo de quince días inició el cuatro de octubre de dos mil veintidós, es decir, al siguiente día hábil en el que la parte quejosa se hizo sabedora de la existencia del acto reclamado en estudio, y feneció el veinticinco de octubre de esa misma anualidad, sin contar los días ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre, todos de dos mil veintidós, por ser inhábiles, en términos del citado artículo 19 de la Ley de Amparo. En tanto que, la quejosa presentó su demanda de amparo el quince de noviembre de dos mil veintidós, a través del buzón judicial, cómo se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; es decir, cuando ya había trascurrido en exceso el citado término legal. Por tanto, la demanda de amparo es evidentemente extemporánea, por cuanto al acto reclamado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia en esencia radica en que la quejosa conoció de la existencia del expediente de donde se ostenta tercero extraña a juicio, en la fecha que indicó en el juicio de amparo 1294/2022-VI, del índice de este juzgado. Es indudable, ya que esa situación no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracciones XIV, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del ordenamiento en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DOMICILIO Dado que el promovente solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico, así como el uso de los demás servicios que proporciona el portal en línea del Poder Judicial de la Federación, entre los que se encuentra la notificación vía electrónica, para lo cual proporciona el nombre de usuario "Luisfloresfernandez"; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la parte quejosa el presente acuerdo, así como las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, por dicho medio. En el entendido que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y los artículos 35, 36 y40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se instruye al oficial judicial "A" (SISE) para que registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a los usuarios que proporciona el promovente. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando a la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. EXHORTO PARA SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA LÍNEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. MEDIOS DE CONTACTO Con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y/o cuenta de correo electrónico), para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Y FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese; vía electrónica al quejoso.

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