José Antonio Juárez Hernández
Expediente 607/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Antonio Juárez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
(AVISO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA y TERCERO INTERESADO MAURO HERNÁNDEZ NÁJERA..- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el tres de junio de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa José Antonio Juárez Hernández, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. Inconforme con lo anterior, el tercero interesado interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia, a la cual se le dio trámite mediante auto de seis de octubre de dos mil veinte, recurso que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien al resolver el toca 263/2020, relativo al citado recurso, determinó confirmar la sentencia dictada por este Juzgado Federal. Consecuentemente, por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables Jueza Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, así como al actuario de su adscripción, para que en el improrrogable término de tres días, legalmente computado, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector, realizándose el análisis del citado cumplimiento por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se le indicó a la juez responsable los puntos que debía perfeccionar a fin de poder declarar cumplida la sentencia amparadora. Así las cosas, con el oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el doce de los actuales, por acuerdo de trece de julio siguiente, se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, sin que lo hubieran hecho como se asentó en la certificación secretarial de cuenta, por ende, procede a analizar nuevamente la actuación de las autoridades responsables, a la luz de la sentencia amparadora, como sigue: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundado el concepto de violación aquí analizado, suplido en su deficiencia, lo que procede en la especie, es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Jueza Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, declare la nulidad de todo lo actuado en el juicio ordinario civil 854/2018/V, a partir de la diligencia de emplazamiento viciada, practicada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, así como los actos posteriores, y reponga el procedimiento para el efecto de que ordene el emplazamiento de José Antonio Juárez Hernández, ciñéndose a las formalidades legales. Concesión que debe hacerse extensiva, respecto de los demás actos del juicio, reclamados en vía de consecuencia, a virtud de que con la concesión del amparo, deben quedar insubsistentes. Mediante oficio 1559/2021, de nueve de julio de dos mil veintiuno, la Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, remitió copias certificadas deducidas del juicio ordinario civil 854/2018/V, de su índice, el cual fue recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el doce de los actuales, de los que se advierte que en estricto cumplimiento a la sentencia amparadora, por auto de esa misma fecha (nueve de julio de dos mil veintiuno), DEJÓ SIN EFECTO la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, declarando además la NULIDAD DE TODO LO ACTUADO en ese juicio, incluida la sentencia y los actos de ejecución. Asimismo, respecto de la Notaría Pública Número Cuatro de la Demarcación Judicial de Papantla, Veracruz y Encargado del Registro Público y del Comercio la misma ciudad, toda vez que les asiste el carácter de codemandados del quejoso en el juicio de origen, debe concluirse que existe litisconsorcio pasivo necesario. Cabe indicar que ello no implica que el emplazamiento que a aquéllos (Notaría Pública Número Cuatro de la Demarcación Judicial de Papantla, Veracruz y Encargado del Registro Público y del Comercio la misma ciudad) se les practicó deba dejarse insubsistente, en atención al principio de relatividad, rector del juicio de amparo, por lo que éstos deberán quedar incólumes, circunscribiéndose, entonces, dichos efectos, sólo respecto de la sentencia definitiva emitida en dicho juicio, así como de las actuaciones subsecuentes a ésta (incluyendo las practicadas en la fase de ejecución), las que deberán dejarse insubsistentes, y en el momento procesal oportuno, emitir una nueva sentencia en la que se resuelva respecto de los codemandados, incluyendo, desde luego, al aquí quejoso. Asimismo, de la lectura de dicho auto de nueve de los cursantes, se advierte que la juez responsable precisó que la nulidad de todo lo actuado no implicaba dejar sin efectos los emplazamientos de los codemandados Notaría Pública Número Cuatro de la Demarcación Judicial de Papantla, Veracruz y Encargado del Registro Público y del Comercio la misma ciudad, ya que deben subsistir, tal como se le indicó en la sentencia. Finalmente, la juez responsable ordenó realizar el emplazamiento del aquí quejoso con las formalidades de ley, para lo cual previno al demandante para que exhiba una copia de su demanda para correrle traslado, comisionando para tal efecto a las personas ahí nombradas, quienes deberán llevar a cabo a diligencia encomendada, en los términos del auto de radicación de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por las autoridades responsables, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede, en el que, además, se señalan las fojas en donde obra la actuación concreta con la que la autoridad dio debido cumplimiento. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." "Época: Décima Época Registro: 2017156 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. LXII/2018 (10a.) Página: 952 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo." Asimismo, se considera que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable la tesis que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente al quejoso y al tercero interesado; y a las autoridades responsables, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, con motivo de que la Titular disfrutará de su primer período vacacional del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio CCJ/ST/1685/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Sarah Carolina Vázquez García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de julio de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 1559/2021 con sus anexos, de la Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Papantla, Veracruz; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda y sin mayor proveído, habida cuenta que por acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno, se acordó lo conducente. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL)Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
(AVISO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para ello cabe precisar que: Mediante sentencia pronunciada el tres de junio de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso José Antonio Juárez Hernández, para efectos de que la autoridad responsable ordenadora Jueza Segunda de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, realizara lo siguiente: "En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundado el concepto de iolación aquí analizado, suplido en su deficiencia, lo que procede en la especie, es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Jueza Segundo de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, declare la nulidad de todo lo actuado en el juicio ordinario civil 854/2018/V, a partir de la diligencia de emplazamiento viciada, practicada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, así como los actos posteriores, y reponga el procedimiento para el efecto de que ordene el emplazamiento de José Antonio Juárez Hernández, ciñéndose a las formalidades legales. (.) Asimismo, respecto de la Notaría Pública Número Cuatro de la Demarcación Judicial de Papantla, Veracruz y Encargado del Registro Público y del Comercio la misma ciudad, toda vez que les asiste el carácter de codemandados del quejoso en el juicio de origen, debe concluirse que existe litisconsorcio pasivo necesario. Cabe indicar que ello no implica que el emplazamiento que a aquéllos (Notaría Pública Número Cuatro de la Demarcación Judicial de Papantla, Veracruz y Encargado del Registro Público y del Comercio la misma ciudad) se les practicó deba dejarse insubsistente, en atención al principio de relatividad, rector del juicio de amparo, por lo que éstos deberán quedar incólumes, circunscribiéndose, entonces, dichos efectos, sólo respecto de la sentencia definitiva emitida en dicho juicio, así como de las actuaciones subsecuentes a ésta (incluyendo las practicadas en la fase de ejecución), las que deberán dejarse insubsistentes, y en el momento procesal oportuno, emitir una nueva sentencia en la que se resuelva respecto de los codemandados, incluyendo, desde luego, al aquí quejoso. (.). Concesión que se hizo extensiva al acto reclamado de la autoridad ejecutora. La sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión con el número de expediente 263/2020, en sesión de dieciocho de marzo del año en curso. En auto de nueve de abril de dos mil veintiuno se tuvo por recibida la sentencia dictada en el recurso de revisión y se requirió a las responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 877 de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la Jueza Segunda de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, informó que, por auto de veinte del mismo mes y año, dejó sin efectos el emplazamiento practicado al demandado José Antonio Juárez Hernández, en fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho y ordenó emplazarlo legalmente a dicho juicio. En proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado determinó que la mencionada autoridad responsable fue omisa en emitir pronunciamiento alguno en relación a declarar la nulidad de todo lo actuado en el juicio ordinario civil 854/2018/V, a partir de la diligencia de emplazamiento viciada; por lo tanto, la requirió para que dentro del término de tres días contado a partir de que surtiera efectos la notificación del proveído, justificara haber dado cabal cumplimiento al fallo protector, o las gestiones que estuviera realizando para lograrlo, informando las medidas que decretara para tal efecto. Por oficio 982/2021 de tres de mayo de dos mil veintiuno, la Jueza Segunda de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, remitió a este Juzgado vía correo electrónico copia del acuerdo dictado el veintinueve de abril del citado año, en los autos del juicio ordinario civil 854/2018/V, en el cual proveyó lo siguiente: Así entonces, SE DEJA SIN EFECTO el emplazamiento al demandado JOSÉ ANTONIO JUÁREZ HERNÁNDEZ el día veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, por el C. EUSEBIO GARCÍA VALDÉZ, Oficial en funciones de actuario de este Juzgado, y se declara NULO todo lo actuado en el presente juicio a partir de dicha diligencia de emplazamiento viciada, incluyendo el emplazamiento practicado a la NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CUATRO y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE ESTA CIUDAD ambas de esta ciudad (sic), pues también deberán dejarse insubsistentes en atención al principio de relatividad, por lo que a fin de reponer el procedimiento para ordenar de nueva cuenta el llamamiento a juicio del citado demandado JOSÉ ANTONIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, y a los CC. NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CUATRO y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE ESTA CIUDAD ambas de esta ciudad (sic), de quienes deberá practicarse el emplazamiento en términos del auto de radicación emitido el veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, con el fin de cumplir con las formalidades y requisitos de Ley; facultándose para ello a los CC. SECRETARIA DE ACUERDOS y/o LICENCIADO JOSÉ LUIS BARÓN GARCÍA y/o EUSEBIO GARCÍA VÁZQUEZ y/o Ingeniero IGNACIO ORTIGOZA ATZIN, previniéndose al actor MAURO HERNÁNDEZ NAJERA para que dentro del término de tres días exhiba las copias de la demanda respectiva para efectuar el traslado a los accionados. (.). De la transcripción efectuada se desprende que la autoridad responsable, en supuesto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictó acuerdo en el juicio ordinario civil 854/2018/V, de su índice, en el cual dejó sin efecto el emplazamiento practicado al ahí demandado José Antonio Juárez Hernández el día veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, y declaró nulo todo lo actuado a partir de dicha diligencia de emplazamiento viciada, incluyendo el emplazamiento practicado a la Notaría Pública Número Cuatro y al Encargado del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz, y ordenó el emplazamiento de la totalidad de los demandados, en términos del auto de radicación emitido el veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho. Por oficio 991/2021 de cuatro del mismo mes y año, remitido vía correo electrónico el mismo día, la referida autoridad responsable comunicó que con anterioridad había enviado el diverso oficio 982/2021 de tres de mayo de dos mil veintiuno, precisado con anterioridad. En auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado tuvo por recibidos el oficio 982/2021 con sus anexos y el diverso 991/2021, remitidos por la Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz y determinó dar vista a las partes con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que, en ese momento, había comunicado la autoridad responsable. De las constancias de autos antes destacadas, se aprecia que la sentencia protectora no se encuentra cumplida. En efecto, la Jueza Segunda de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, acreditó que dejó sin efectos el emplazamiento practicado al demandado José Antonio Juárez Hernández, en fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho y ordenó emplazarlo legalmente a dicho juicio, con lo cual cumplió uno de los efectos del fallo protector. Sin embargo, al declarar la nulidad de todo lo actuado en el juicio ordinario civil 854/2018/V, a partir de la diligencia de emplazamiento viciada, se excedió en su actuación, dado que mediante resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, declaró nulos también los emplazamientos practicados a la Notaría Pública Número Cuatro y al Encargado del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz, codemandados en la mencionada contienda civil y también ordenó su emplazamiento. Es decir, la autoridad dejó insubsistente todo lo actuado de manera general sin que acatara que respecto de los codemandados su actuación está limitada como lo refiere la sentencia, en tanto que este Juzgado fue claro en establecer que: .ello no implica que el emplazamiento que a aquéllos (Notaría Pública Número Cuatro de la Demarcación Judicial de Papantla, Veracruz y Encargado del Registro Público y del Comercio la misma ciudad) se les practicó deba dejarse insubsistente, en atención al principio de relatividad, rector del juicio de amparo, por lo que éstos deberán quedar incólumes, circunscribiéndose, entonces, dichos efectos, sólo respecto de la sentencia definitiva emitida en dicho juicio, así como de las actuaciones subsecuentes a ésta (.). De ahí que se estima que los citados lineamientos no se acataron en su integridad, por lo que la ejecutoria no está cabalmente cumplida. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Jueza Segunda de Primera Instancia de Papantla de Olarte, Veracruz, para que en el término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector, o las gestiones que esté realizando para lograrlo, informando las medidas que decrete para tal efecto. Para tal efecto, en complemento a lo acordado por la autoridad responsable en auto de veinte de abril del presente año, en el que dejó sin efectos el emplazamiento practicado al demandado José Antonio Juárez Hernández, en fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho y ordenó emplazarlo legalmente a dicho juicio, deberá dejar sin efectos la resolución dictada el veintinueve de abril del citado año, en los autos del juicio ordinario civil 854/2018/V, y emitir otra en la cual, declare la nulidad de todo lo actuado en el mismo juicio a partir de la diligencia de emplazamiento viciada, practicada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, así como los actos posteriores, y reponga el procedimiento, en el entendido de que deben subsistir los emplazamientos ya practicados a los codemandados Notaría Pública Número Cuatro de la Demarcación Judicial de Papantla, Veracruz y Encargado del Registro Público y del Comercio la misma ciudad, circunscribiéndose, entonces, dichos efectos, sólo respecto de la sentencia definitiva emitida en dicho juicio, así como de las actuaciones subsecuentes a ésta (incluyendo las practicadas en la fase de ejecución), las que deberán dejarse insubsistentes, y en el momento procesal oportuno, emitir una nueva sentencia. Tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz: Registro digital: 2007911 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 59/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); además de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, dígase al tercero interesado Mauro Hernández Najera, que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente al quejoso y al tercero interesado; y a las autoridades responsables, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Gerardo Flores Báez, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito del tercero interesado ****; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele por formuladas las manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo por las autoridades responsables, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la referida ley. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Finalmente, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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